Doña Francia, un caso de noviembre

Por Susi Pola

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Doña Francia, una mujer de ochenta años, dedicada al trabajo doméstico en casa de un particular, cuyo salario es de unos seis mil pesos, es evangélica y trabaja como activista en varias comunidades.

Más de diez años casada, enviudó sin haber procreado hijos, pero el matrimonio hicieron dos casitas de zinc, cemento y madera en terrenos no declarados catastralmente, cercanas a la familia del difunto.

A los cinco días del fallecimiento del marido, ya hace más de seis años, arbitrariamente y de manera agresiva Doña Francia fue sacada de sus viviendas por un cuñado que alegaba le pertenecían ya que ella no procreó hijos con el hermano fallecido, por lo que él las consideró propiedad familiar. La empujó a salir para apropiarse a seguidas de las mejoras y terreno donde estaban construidas.

Para ese entonces, ella interpuso una querella en acción privada por violación de propiedad contra su cuñado, en la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, quien después de más de diez audiencias, sentenció declinando el expediente ante la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal, la que fue apelada por Doña Francia, considerando la Corte de Apelación competente al Tribunal, para reconocer el caso.

En enero de 2010, y después de 8 audiencias, el Tribunal sentenció a favor de Doña Francia reconociendo que hubo una violación de la propiedad, pero no le fueron restituidas sus viviendas, dejándola en la indefensión y sin ejecutar la parte penal que obligaba al querellado a un año de cárcel y una multa.

A partir de ahí, comienza una ruta crítica para Doña Francia, llena de irregularidades procesales, con la desidia de un sistema de derecho hostil sobre todo para las mujeres y dentro del colectivo, adultas mayores. Diez Fiscales intervinieron en el desarrollo del caso y ninguno lo asumió, dejando a Doña Francia en la indefensión total, permitiendo con su actitud, que el imputado concretara la posesión sobre viviendas y terreno.

La violencia contra las mujeres, es un fenómeno marcado por la impunidad y el olvido del Estado y pese a las instituciones encargadas de responder por este mal, en la realidad, son ellas mismas quienes discriminan en sus obligados servicios, ignorando o desdeñando las denuncias de las mujeres, prolongando sinuosos procesos para ellas, con indolencia e indiferencia.

Doña Francia, es víctima de violencia basada en el género que la justicia civil no reconoce y la penal no siempre identifica a pesar de la Constitución y hasta las leyes. Es un caso de noviembre!

Un espectáculo deprimente y vergonzoso

Por: Ramon Antonio Veras.

1.- Toda persona física que ha llegado a la tercera edad, de seguro que ha sido testigo de acontecimientos que, por una u otra razón, retiene en su conciencia; un imprevisto se fija, a veces, como una estampa en la mente y se convierte en una especie de grabado.

2.- Mientras más extraño es un evento, la motivación de desconcierto genera en el espectador mucha más inquietud, llegando hasta un estado de espanto, a una demostración excesiva de admiración, de gran asombro.

3.- Debo confesar que en el curso de mi vida he sido testigo, en mi país y en el extranjero, de episodios que nunca los he olvidado, y mientras más años transcurren más los recuerdo, razón por la que no es cualquier peripecia la que me deja sorprendido.

4.- El día viernes 6 de noviembre en curso, en un desfile de niñas estudiantes, efectuado con motivo de las festividades del día de la Constitución, quedé atónito con lo que presencié; por un instante permanecí estupefacto con lo que contemplaba por televisión.

5.- Las niñas estudiantes que vi desfilando en San Cristóbal, me causaron asombro por el movimiento cadencioso de sus caderas. Aquello me impactó porque nunca había visto en público, en mi país, semejante espectáculo.

6.- No soy ni pretendo ser mojigato, ni un hipócrita santurrón. Soy un hombre nacido aquí, que ha corrido la vida, y no procuro presentarme como beato, falso puritano, ni nada por el estilo, pero la verdad es que lo que vi me llenó de asombro.

7.- La forma armoniosa que las niñas estudiantes ejecutaban el movimiento de sus glúteos, hacia adelante y atrás, evidencia que han recibido un adiestramiento especial de parte de verdaderos maestros, en el arte de como una mujer debe comportarse para demostrar su destreza en erotismo.

8.- El hecho de ver niñitas con las palmas de sus manitas apoyadas en el pavimento, y en forma acelerada accionar sus cinturitas, en lugar de divertirme, me causó pena e indignación; nostalgia por las niñitas, enfado con sus padres e irritación con las autoridades del Ministerio de Educación.

9.- Para colmo, como si no hubiera bastado la obscenidad en el baile estimulante de lujuria de las impúber, las mismas se exhibieron uniformadas con los colores de la bandera nacional, el mismo lienzo que en los libros de cívica se define como el símbolo que representa el alma de la patria.

10.- Al ver las niñas ejecutando movimientos propios de trabajadoras sexuales desesperadas por concluir sus labores, confirmé la creencia que tengo de que la sociedad dominicana está averiada, enferma, y que lo peor es que todavía no ha tocado fondo.

11.- Aquel que crea que el hecho que he narrado aquí es una niñería, le invito a que solicite al canal de televisión CDN, una copia del video que recoge el acto en San Cristóbal, al cual he hecho referencia, para que comprenda que el medio social dominicano va por mal camino, y que a cada momento exhibe su cara fea de degradación.

Santiago de los Caballeros,

12 de noviembre de 2015.

2 de nA los 65 meses de la tentativa de asesinato contra mi hijo Jordi

Por: Ramón Antonio Veras.

1.- Para cumplir con un deber no podemos fijarnos plazos ni condiciones; debemos acatar hasta consumar el compromiso que hemos asumido, si en verdad estamos decididos a actuar con la responsabilidad que implica la misión o encargo.

2.- En mi condición de padre de Jordi Veras, me he impuesto la obligación de accionar para que impere la justicia en el caso de la tentativa de asesinato de que fue objeto el 2 de junio de 2010. No puedo, bajo ninguna circunstancia, permitir que por una negligencia o despreocupación mía, triunfe la impunidad. El deber me manda a mantenerme vigilante, ser cuidadoso y desplegar todo mi empeño para que sean castigados los culpables como bien merecen.

3.- La acción criminal contra mi hijo Jordi, no fue la obra de un delincuente actuando en forma individual, sino un operativo orquestado, planificado por un colectivo, una asociación que trabaja con los métodos del crimen organizado al más alto nivel del sicariato moderno.

4.- Se ha comprobado que el concierto criminal instrumentado para matar a Jordi, no terminaría con el asesinato, sino que fue pactado hasta más allá, lo que se ha evidenciado por la armonía, la coordinación, la coincidencia que han mantenido los coautores ante los tribunales.

5.- Adriano Román y la asociación de criminales que contrató para asesinar a Jordi, en todo el curso del proceso judicial, en lugar de arrepentimiento, han demostrado satisfacción por el acto criminal. En ellos no hay remordimientos, sino contumacia, persistencia, obstinación en seguir abrazados al crimen, desconocer la justicia y continuar matando por encargo.

6.- De la misma forma que calmadamente se reunieron para planificar el crimen contra mi hijo, en igual sentido, tranquilamente han preparado los incidentes para eternizar el conocimiento del asunto. Proceden a ritmo, sincopado, para que nada sea discordante. Aunque con diferentes defensores, tienen semejanza en los argumentos a los fines de burlar el sistema judicial.

7.- No escapa a la inteligencia de los hombres y mujeres sensatos del país, que la asociación de criminales que procuraron matar a Jordi, han recurrido a todas las maniobras ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación, para que no sea conocido el recurso que ellos mismos interpusieron, lo que prueba que la impugnación que hicieron a la sentencia de primer grado no ha sido más que con el fin de continuar burlando el sistema judicial, a la sociedad, a la víctima y a su familia.

8.- Los responsables de la tentativa de asesinato contra mi hijo Jordi, en forma colectiva acordaron ejecutar el crimen, y también en sociedad han coordinado que no concluya el proceso en grado de apelación. Pero la dilación del caso no ha impedido ni impedirá mantenernos en firme reclamando justicia, y el transcurso de los meses no hará que cambiemos de actitud. Cualquier ocasión será oportuna para que predomine la justicia sobre la criminalidad y su aliada la impunidad.

9.- La sociedad dominicana se ha mantenido atenta a todo el curso del expediente del caso de mi hijo Jordi, no sólo por lo execrable del acto criminal, sino también por la alta peligrosidad que representa la cáfila de asesinos que componen Adriano Román y la banda de sicarios que contrató.

10.- En la etapa actual de la vida dominicana, cuando la criminalidad mantiene en estado de desasosiego a la sociedad, constituye un mensaje tranquilizador, para la comunidad decente del país que aspira a no vivir bajo la voluntad y capricho de la delincuencia, que se aplique la ley a los que se unificaron para llevar a cabo el asesinato contra Jordi.

Santiago de los Caballeros,

2 de noviembre de 2015.

CNDH VALORA COMO EXTREMADAMENTE GRAVES DECLARACIONES DE MINISTRO DE INTERIOR Y POLICÍA SOBRE PRM

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera como extremadamente graves, peligrosas y privas de fundamentos las declaraciones del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, quien “acusó el PRM de estar detrás de las protestas que se han registrado en el país en contra de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE)”.

Antes que todo señalamos que el ministro está completamente desubicado y alejado del panorama social actual de la República Dominicana, ya que las protestas en contra de la OISOE, que se realizan bajo forma de Cadena Humana todos los miércoles frente a las Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, nacen de forma espontanea de la indignación generalizada de la ciudadanía frente a un escándalo de corrupción de enormes proporciones. Escándalo que debería indignar las autoridades y sobre todo las que responden a la cartera que Ramón Fadul administra.

Precisamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es parte de una coalición llamada Poder Ciudadano, surgida a raíz de una asamblea popular y conformada por un gran número de organizaciones grandes y pequeñas y que esta coalición y no el Partido Revolucionario Moderno es la convocante de las Cadena Humanas que desde el 7 de octubre se realizan todos los miércoles frente a la OISOE.

“Acusar públicamente un partido de oposición de estar detrás de una protesta cívica y pacífica en estos términos indica una grave retroceso respecto al Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país, ya que el derecho a la protesta es un derecho constitucional y el señalamiento de opositores es una práctica que llama a la memoria un pasado que el país creía superado” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Lo que debería hacer el ministro Fadul, lejos de rendir tan infelices declaraciones, debería ser más bien activar su ministerio para que se agilicen las investigaciones alrededor del escándalo OISOE y así tranquilizar la población que la confianza que ha depositado en las urnas al actual gobierno es merecida” ha finalizado el Dr. Mercedes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos valora que en estas últimas semanas el país parece estar viviendo una vuelta atrás por lo que concierne el respeto de los derechos civiles y políticos.

Antes una manifestación viene negada desacatando una autorización del mismo Tribunal Superior Administrativo, luego los señalamientos públicos de los “presuntos” organizadores con tono acusatorio, mientras el pueblo no ve ninguno de sus reclamos de justicia y alto a la corrupción y la impunidad acogidos.

Invitamos las autoridades a ser más responsables en el momento de rendir declaraciones a la prensa y a escuchas los reclamos de la ciudadanía a fines de contribuir a construir un clima de tranquilidad y paz social en vista también de las próximas elecciones.

Cambio religioso inexorable

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Por Susi Pola

Con la visita del papa Francisco a Cuba y Estados Unidos, se habló de esperanzas por una Iglesia Católica renovada, también del intento de la Iglesia Católica por acicalarse. Lo que sea está dando resultados inmediatos en las emociones de fieles y otros colectivos y en general, hay noticias positivas, esperanzas planteadas y hasta propósitos adelantados. En realidad, que el papa Francisco haya salido del Vaticano, para acciones concretas de reconciliación y recuperación, es una buena cosa.

En 2005, cuando Joseph Ratzinger era Benedicto XVI, decía que frecuentemente la Iglesia Católica “parece una barca que hace agua por todas partes”, y sus colaboradores se quejaban posteriormente de que El Vaticano era “un nido de lobos y una viña devastada por jabalíes”, la feligresía ya empezaba a hacer contrastaciones.

Los reportes y entrevistas hechas en las ciudades visitadas y en otras impactadas por la visita papal, destacan las comparaciones entre el comportamiento de las propias jerarquías clericales asentadas y la mística de un papa como Francisco, al que llaman del pueblo. Y hay mucha nostalgia expresada por tener como obispo, cardenal y hasta sacerdote, a un Jorge Mario Bergoglio en su lugar.

Pareciera que en realidad, en una misma institución, hubiera dos iglesias diferentes y de eso sabemos en nuestro país, con un clero católico jerárquico empoderado para servirse a sí mismo y a propósitos mezquinos, sin sentido comunitario cristiano, mil veces amigo del deleite terrenal y desencolado de las comunidades menesterosas.

Para nuestra Iglesia Católica dominicana, la salvación va de la mano de los más de cincuenta sacerdotes y el obispo Antonio Camilo de La Vega, que protestaron contra la Barrick Gold en Cotuí y contra Miranda en La Vega. De los “curitas” que trabajan en las parroquias más pobres donde comparten las miserias del pueblo y lo acompañan en la esperanza y en la lucha cotidiana, algunos extranjeros ya aplatanados. De los religiosos y religiosas entregados a vivir al lado de la ciudadanía de a pie y sentir como ella.

El pasado mes de abril, un estudio del Pew Research Center, decía que la pérdida neta del catolicismo, acelerada en la región en el último medio siglo, es más dramática en R. Dominicana que en resto del continente, con un descenso de 37 puntos de 1970 a 2014, quedando en el 57% de la población.

Es que la jerarquía católica se propasó y ya no media con Dios para este pueblo, y si no fuera por los Rogelio, Nino, Tony, Isidro, Julián y tantos, aquí solo se asistiría a la Iglesia en los grandes Te Deum de los actos políticos.

Siempre impunidad. Por Susi Pola, El Nacional 8 de septiembre 2015

Diferentes hechos acontecidos en las últimas semanas vuelven a alertarnos sobre los efectos devastadores de la impunidad en nuestro país, evidenciando que cuando la justicia no se aplica o se aplica mal, favorece la reincidencia general de crímenes y también, deja una enseñanza distorsionada de dimensiones éticas y morales inmensas.

Quizás, el ejemplo mejor sea la caída accidental del helicóptero en el sector de Maquiteria y el acto de pillaje registrado por las grabaciones instantáneas desde los celulares. Ante el apresamiento y traducción a la justicia de los tunantes, las reacciones de justificación y disculpa, frente a la acción de ¨salvarle la vida¨ al piloto accidentado, dejaron gran sorpresa por la tergiversación de valores que creíamos, aún teníamos.

La sentencia que absolvió a un feminicida confeso de dos jóvenes mujeres en Santiago, alegando falta de pruebas, conmovió a esta ciudad que había visto en un programa televisivo la propia confesión del acusado en el momento de apresarlo, inculpándose. Sin embargo, la intervención de representantes y el presunto intercambio de altas sumas de dinero, variaron declaraciones, callaron testimonios y produjeron una audiencia irregular y llena de ausentes, que determinó la inocencia de un presunto criminal.

Como si poco fuera, y para adición del paquetón de impunidades asumidas por representantes del Estado y de su corrupción, una vez más la militancia política masculina se reitera con el poder de descalificar a servidores del orden y en el ninguneo, recordarles quien es que manda en este país. Como si no fuera suficiente, en el lugar del político y apoyándolo, se traslada la dotación maltratada y el propio militante y funcionario, sin límite para la necedad, decide explayarse por los medios explicando los motivos de defender a su ¨segunda base¨, motivo del atropello. Como consecuencia, la indignación pública de la esposa del político, y el desconcierto de quienes observamos estupefactos de que la política, dé para tanto.

Años de justicia mal aplicada nos dejan como consecuencia un incremento alarmante en el índice de criminalidad, discutido como percepción o realidad por quienes, en su imaginario de poder, sancionan solo a quien no lo tiene. Además, el resultado grave de una distorsión y pérdida de valores razonables en la población que se conforma a partir de sus paradigmas, una complicidad del Estado por no hacer justicia y por no evitar estos crímenes. Como decía Eduardo Galeano, ¨la impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula la delincuencia y contagia su ejemplo¨.

La adolescencia perdida

En el mundo, más de una cuarta parte de niños y niñas se inician en la vida sexual antes de los 15 años, la mayoría de las veces de manera involuntaria y con la intervención de personas adultas, eso indican las cifras internacionales, y nos comprenden.

Sin embargo, no reconocemos la necesidad de información y conocimientos de la niñez, adolescencia y juventud para protegerse contra enfermedades de transmisión sexual y de embarazos. Dejamos la posibilidad de tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su vida sexual y reproductiva a personas adultas cercanas, la mayoría de doble moral, juzgadoras y castigadoras. Y el Estado permite que esto ocurra, sin servicios de salud que satisfagan sus necesidades de atención, aún cuando hayan iniciado sus relaciones sexuales.

En este marco nacional, en períodos cada vez más cerradamente cíclicos, quedan con graves secuelas y mueren niñas adolescentes y muy jóvenes, en sucesos asociados a maternidades precoces, con un amargo sabor a pérdida en la sociedad dominicana. Una embocadura, sin embargo, capaz de mantenernos en la misma crueldad, sin trascender a resolverlo.

El intento de suicidio de una menor embarazada, públicamente nombrada y fotografiada a pesar de la prohibición en las leyes, es otro grito desgarrador de ese sector etario tan poco respetado, que nos dice lo mal que estamos llevando los derechos de las niñas y los niños, las jóvenes y los jóvenes, en fin, de las personas.

La acción de lanzarse al vacío desde un túnel como el de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, teniendo cinco meses de un embarazo tan secreto que ni una sola persona adulta de su entorno lo haya presumido tan siquiera, es tan alarmante como para remitir a la necesidad de reconocer de una vez y por todas, la salud sexual y salud reproductiva de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes ahora, si no queremos seguir ignorando un problema real arraigado entre nosotros.

Un escándalo para los sistemas de salud y educación, por supuesto, que siguen permitiendo que estas cosas ocurran, manteniendo la indiferencia en los servicios y en las currículas atrasadas y aberrantes. Un pecado, seguramente imperdonable, para congresistas adocenados en los ritos de las fechas más patrias y por los sustos politiqueros más grandes. Un amonestación grave para las ausentes paternidades dominicanas. Un aviso de peligro al conjunto entumecido por prácticas sociales deshumanizadas. Una vergüenza para toda la sociedad.

Las incumbencia de los Ministerios, entiendan que su trabajo no es solamente hablar de logros. Este es un tema del que no han opinado y debieran hacerlo ya.

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Se puede prevenir

Leía un artículo de la periodista española Ana Requena Aguilar, dirigido a identificar algunas medidas a establecerse para prevenir la violencia contra las mujeres, o machista, recordándonos que, este tipo de violencia es evitable, una cosa que el sistema de atención muchas veces ignora. Es evitable, en tanto el desmonte cultural se realice desde todos los espacios de la vida nacional, abarcando lo privado y lo público, una acción que tiene que vincularse al cambio de actitudes y prácticas, para modificar este modelo violento de respuestas.

Precisamente, Requena Aguilar, nos recuerda la urgencia en la incorporación al sistema educativo, del ¨trato de las relaciones afectivas, sexuales, la gestión de las emociones, la igualdad, o los roles de hombres y mujeres¨, una recomendación que viene como anillo al dedo frente a las reformas prometidas de la ¨revolución educativa¨.

También la periodista recuerda la necesidad de ¨más contundencia en el posicionamiento¨, ya que ¨muchas veces se sigue justificando al agresor o culpando a las mujeres¨. Y en eso participa el imaginario socio cultural entero, hay que ver que, mientras dirigimos nuestras acusaciones a una justicia desorganizada frente a estos crímenes, nos olvidamos del mensaje trasmitido por los programas en los medios audiovisuales, o los contenidos de las currículas de las diferentes carreras, o el sermón de los domingos, o los mismos titulares de la reseña de un feminicidio, etc. Es decir, de nada vale tanta normativa, si mantenemos el mismo talante y disposición de juicio mítico a las mujeres.

Otra cosa interesante, la profesionalidad de los servidores y servidoras de todo el proceso que sigue a las violencias contra las mujeres, un trato que nunca debe depender de la sensibilidad de cada una de esas personas que, por el contrario, se ha de fundamentar en una capacitación sólida respecto a la complejidad de estas violencias y en un enfoque de respeto a los derechos humanos de las víctimas, siempre.

Detectar el riesgo que corre una mujer agredida y sus menores a cargo, es también una nota para la diferencia, lo que solo se conoce si la persona que realiza las primeras aproximaciones institucionales, tiene una experticia que la pone en conocimiento inmediato con los peligros que rodean a las víctimas.

Y con los masculinos violentos? como dice el español, Dr. Manuel Lorente: ¨Los hombres tenemos que entender que los maltratadores nos están utilizando para ejecutar su violencia en nombre de la masculinidad. Tenemos que señalar a los maltratadores, señalar el machismo y plantear nuevas formas de ser hombres y de ejercer la masculinidad. No podemos minimizar ni justificar esta violencia"

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La paternidad del maltratador

Para la comunidad científica internacional, que se mantiene estudiando el comportamiento de los crímenes complejos, específicamente los que ejecutan los hombres contra las mujeres en el ámbito de una relación de pareja y familia, un hombre que maltrata a la mujer, no es buen padre.

Este reconocimiento, es el que ha producido que legislaciones más proactivas y coordinaciones exitosas en los procesos por violencia contra la mujer, consideren el retiro temporal y hasta indefinido de la guarda del agresor sobre sus hijos e hijas y también de la patria potestad, eviten la ampliación de las violencias hacia estos menores.

Vivimos en una realidad social en la que la violencia masculina, sobre todo si es dirigida a su pareja, es comprendida y justificada, lo que afecta definiciones de las relaciones jurídicas entre hombres y mujeres y también en materia de familia, a la hora de decidir sobre la custodia y bienestar de niños y niñas, incluso cuando se trata de violencia de género contra las mujeres.

Nuestro sistema de atención a los casos de violencia machista contra las mujeres, tiene baches de importancia que muchas veces ponen en riesgo la vida de las víctimas directas de estos agresores y también de las que son indirectas. Hijos e hijas, hermanas y hermanos, y otros familiares, aunque no se crucen en la línea de fuego preparada por el agresor, suelen caer también cuando hay feminicidios.

Hay muchos ejemplos, recientes y menos recientes, de hijos e hijas, asesinados por el padre violento para castigar a la víctima, una situación que confirma que, además de considerar que un masculino violento no es buen padre, hay que decir que es un factor de riesgo grave para sus propios hijo e hijas, o los compartidos con la víctima.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de España, tomando en cuenta casos concretos, dispone la suspensión para los inculpados por violencia de género, del ejercicio de la patria potestad, así como de la guarda respecto a los y las menores a su cargo, además de suspender también el régimen de visitas.

A nuestro sistema jurídico legal aún le falta comprender la expansión y complejidad del fenómeno de la violencia contras las mujeres y al entenderla, la necesitad de una articulación del mismo derecho civil con el penal, para minimizar el impacto negativo para mujeres, niños y niñas, en torturas y muerte cruel, por seguir creyendo que, un hombre, aunque sea agresor, es buen padre.

No sigamos asombrándonos, actuemos!

Mujeres maltratadas: hijas e hijos

Por Susi Pola

Publicado en El Nacional, el martes 11 de agosto

La semana pasada en Moca fueron encontrados los cadáveres de una niña de un año de edad y de su padrastro, ambos con signos de envenenamiento. Yasmary María, había sido raptada por Francisco Alberto Rodríguez Bretón, de 42 años, porque la madre de la niña se negaba a retomar la relación sentimental con él. “El daño que me hiciste al dejarme, lo pagará tu hija”, fue la amenaza que mediante nota escrita dejó el asesino y suicida.

Este suceso de violencia basada en el género contra las mujeres, no ha sido el único con violencias ampliadas y dirigidas específicamente a los hijos e hijas, para castigar y dejar en el dolor y la culpa permanente, a las mujeres víctimas. Todavía recordamos a Manuel Pimentel, un dominicano residente en Puerto Rico, quien en julio de 2013, mató a su hija de 5 años con arma de fuego, y luego se suicidó, dejando una nota en que culpaba a la madre de la niña y la sentenciaba a quedarse sola, por haber roto la relación de ambos.

Como país, en los casi 20 años que tenemos reconociendo estas violencias, hemos comprobado que tanto la ley como la estructura de apoyo a las víctimas, precisan una reflexión permanente del fenómeno mismo, para poder reaccionar de manera propositiva frente a los diferentes escenarios y crear una verdadera línea de frente preventivo. Por ejemplo, necesitamos una articulación especializada y oportuna entre las instituciones que tocan la atención a estas violencias, tribunales con experticia en el tema, capaces de reconocer los riesgos, sobre todo los de los Niños, Niñas y Adolescentes, TNNA, que actualmente creen que un agresor puede ser un buen padre y hasta priorizan sus derechos, muchas veces, al mismo interés de la criatura, y por supuesto, al de las mujeres agredidas.

Necesitamos que la ley reconozca como víctimas directas a los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia y en ese sentido, que la misma ley restrinja la patria potestad a los padres que ejercen violencia contra la mujer, habida cuenta que el componente vengativo forma parte del cuadro de estos masculinos. También que existan en todos los puntos de contacto y entrada al sistema de atención a las víctimas de hombres violentos, mecanismos de valoración de riesgos para estas mujeres, sus hijos e hijas.

Es menester invertir más en la comprobación y prevención de la violencia machista. Tenemos un presupuesto recortado para otras urgencias mucho menos pertinentes y obedientes a la politiquería y el clientelismo, mientras los dominicanos violentos siguen matando mujeres, niños y niñas.

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Armas de fuego y feminicidios

Martes 3 de agosto, publicado en El Nacional

El proyecto de ley de armas sometido a la Cámara de Diputados y Diputadas, sometido por Ito Bisonó, nos sorprende y nos conmueve, en momentos en que la violencia delincuencial se acrecienta revelándonos que la población está más armada de la cuenta. El alto porcentaje de crímenes por arma de fuego, lo demuestra.

Para quienes estamos alerta a las causas y consecuencias de la violencia basada en el género contra las mujeres, es inadmisible que el proyecto de marras mantenga un enfoque tan ciego al género que ignore la media de 200 dominicanas al año, asesinadas por ser mujeres, la mayoría con armas de fuego, por un buen porcentaje de portadores legales de ellas.

En realidad, lo bueno de pensar es que existieran legisladores y legisladoras que propusieran leyes de desarme total de la población civil, lo que evitaría muertes ciudadanas y entre ellas, un buen número de mujeres que sufren maltrato y violencia, que terminan siempre trágicamente.

La propuesto de ley de armas, además, no diferencia bien el porte y la tenencia, ni establece limitaciones para ambas categorías, cuando debería restringir el uso en personas con historial, al menos registrado, de masculinos violentos contra las mujeres, porque sabido es y demostrado está, que con un arma, un agresor resuelve matando a mujeres y también, a menores a cargo para castigarlas.

Además, permitiría carabinas y fusiles desde el calibre 0.117 para uso civil, y teniendo en cuenta que dentro de esta categoría entran los fusiles tipo M-16 y AKA-47, considerados armas de guerra para uso exclusivo de ejércitos, entrarían a los hogares sofisticados armamentos que aumentarían el riesgo de muchos entornos familiares.

En último caso, el proyecto de ley, debiera mantener una perspectiva de desarme transversal en su extensión, determinando que el propio Estado asuma la responsabilidad de incluir en sus acciones y políticas, al menos dos campañas de desarme por año, que desmotiven el uso de armas de fuego.

Tenemos una cultura machista y violenta, en la que tener un arma, es el sueño de todo varón desde que empieza a crecer y de hecho, son muchos los que, lo primero que consiguen en cuanto tienen dinero, es un arma que suelen exhibir con orgullo de ¨verdadero hombre¨ y con la que resuelven cualquier contienda, del tipo que sea.

Frente a una ciudadanía asustada como la que vivimos hoy en nuestro país, por la acelerada carrera de la descomposición que tenemos, lo que menos necesitamos es una población armada -aún como ya estamos peligrosa- que responda a cualquier impasse a balazos.

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A tres años de la muerte de “Esperancita”, madre de la joven insiste en que la justicia investigue este caso de mortalidad materna prevenible

Declaración

Hoy recordamos este caso en el que una joven dominicana de 16 años con leucemia y embarazada murió porque no le aplicaron a tiempo la quimioterapia que requería para luchar por su vida. Así mismo, acompañamos a su madre que reclama justicia.

Santo Domingo, agosto 17 de 2015.- Hoy hace tres años falleció Rosaura Almonte, conocida públicamente como “Esperancita”, una joven dominicana de 16 años con leucemia a quien no le aplicaron la quimioterapia que requería para luchar por su vida porque estaba embarazada. Durante el tiempo que permaneció en la clínica, ni Rosaura ni su madre –Rosa Hernández- fueron informadas sobre las causas de la enfermedad ni las consecuencias de no iniciar a tiempo el tratamiento indicado para estos casos, ni tampoco de los riesgos de aplicar quimioterapia sin interrumpir el embarazo. Todas las decisiones sobre la vida y la enfermedad de su hija se tomaron sin informarles ni consultarles, ha dicho Rosa Hernández en repetidas oportunidades.

En busca de que se investigue y aclare qué se hizo mal en el caso de su hija fallecida, se establezcan responsabilidades y las sanciones correspondientes, en julio de 2013 la madre de la joven entabló los recursos legales que tenía a disposición, sin que hasta el momento haya habido avance alguno.

Por eso hoy, tanto la madre como Women’s Link y La Colectiva Mujer y Salud –apoderadas de la señora Hernández- insistimos en la necesidad de avanzar el proceso judicial, y manifestamos confianza en que con su actuación, el sistema de justicia dominicano garantizará los derechos a la salud, la integridad y la vida de las mujeres embarazadas. De esta manera, contribuirá a evitar que nuevos casos como éste ocurran en República Dominicana, considerado el cuarto país en donde se presenta el mayor número de muertes maternas de la región de Latinoamérica y el Caribe.

A tres años del fallecimiento de Rosaura (“Esperancita”), es preciso recordar que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, los Estados deben garantizar el acceso completo a todos los tratamientos de salud que tanto mujeres como niñas requieran, incluyendo el aborto terapéutico.

Para que casos como el de Esperancita no se repitan en el país se hace impostergable adoptar la Ley de salud sexual y salud reproductiva que cursa en el Congreso, que junto al Código Penal que entra en vigencia en diciembre, constituyen el principal marco jurídico para garantizar el acceso seguro y de calidad a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres dominicanas.

El agua en Santiago

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Por falta de lluvias, hay escasez de agua en el país y el presidente Medina, acaba de encomendar a ese sector, presentar un plan de contingencia con medidas urgentes que mitiguen los efectos de la sequía en el país, una de las peores de los últimos 20 años.

No es un problema dominicano solamente, afecta a todos los continentes y cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones, se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos.

En nuestro país, ambos riesgos están presente, por un lado, atravesamos la peor sequía en los últimos 20 años, y por otro, carecemos de una infraestructura de redes y vías necesarias de recolección y repartición del agua sólida. Pero además, hay que considerar que esta escasez se agudiza a causa de una construcción socio cultural de costumbres derrochadoras, que impiden una actitud sana frente a este recurso de vida.

Ahora mismo, mientras Ud. lee esto, aquí en nuestra ciudad, hay seguramente un número alto de personas con acceso al agua corriente, manguera en mano mojando frentes de casas y aceras para refrescar del resol, o lavando y barriendo el patio a manguera abierta, o dejando que niños y niñas se mojen ¨a manguerazo¨, para mitigar el calor jugando, etc.

Dentro de esos planes de contingencia, el desmonte de prácticas cotidianas de derroche y descuido de los bienes naturales, tendría que haberse incluido hace muchos años, pero al menos, ahora, hay que tenerlo en cuenta. En Santiago, como en todo el país, es frecuente encontrarse con personas haciendo uso indiscriminado del agua y la aplicación de algunas reglas de constreñimiento, se hace necesaria.

Pero cualquier plan a nivel local o nacional, debe reconocer que las mujeres juegan un importante papel en el manejo del agua, ya que son las que la recogen, utilizan y administran no solo en los hogares, sino también en la agricultura pluvial y de riego, en muchos casos. Son las que tienen mayor conocimiento de este recurso, su calidad, fiabilidad, restricciones y métodos para almacenarla. Por lo tanto, son la clave del éxito de toda política y programa para el desarrollo de los recursos agua y riego, así como para administrarla en períodos de escasez.

Son leyes, no sacramentos

Publicado el 11:43 am por Susi Pola susipola@gmail.com
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Asociar el proyecto de ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva a un mandato de la ONU, así como decir que propone validar los matrimonios igualitarios, además de asegurar que sería la apertura al erotismo y la debacle sexual para las niñas, es una mentira utilizada por las iglesias para denostar la pieza legislativa.

Mal informar deliberadamente y sin haber leído el proyecto de ley, es pecaminoso para quienes se erigen en ¨conciencia moral¨, con la única base de una tradición que mantiene la especie de teocracia nuestra en la que, las políticas de gobierno siguen siendo influidas por los principios de la religión.

En el caso de la Iglesia Católica, su intervencionismo en la política del Estado, a partir del Concordato firmado hace 61 años por el Papa Pío XII y el tirano Trujillo, debiera avergonzar a la propia iglesia por la desproporción de beneficios que se otorga, haciéndola una institución que le cuesta mucho al Estado dominicano. En estas circunstancias, qué calidad moral y ética pueden tener estos ¨gerentes¨, protectores de grandes ilícitos desde la dicotomía y la doble moral?

El proyecto de ley, sometido por los diputados Cristian Paredes y Hugo Núñez, de las provincias de Sánchez Ramírez y La Vega, respectivamente, responde a necesidades reales de bajar los niveles de morbilidad y mortalidad materna, así como las tasas de embarazo en adolescentes, índices de vergüenza para un país en el que la atención a los partos es institucional en casi el 100% de los casos.

Por qué en tantos años nuestro país no es capaz de bajar las estadísticas vitales negativas que inciden directamente en las mujeres y las niñas? Probablemente, quien esté leyendo encontrará más de 10 razones, que las hay, y una de las más identificables es la falta de educación sexual en el proceso de formación de niños y niñas, precisamente, otra negación de las iglesias que han hecho lo imposible porque así sea.

Esa tendencia a considerar que el acceso a la salud reproductiva es para las personas ya autónomas o con madurez, impide reconocer que desde el nacimiento somos seres sexuales y que en la adolescencia, niños y niñas tienen capacidad para reproducirse, de ahí la necesidad de que puedan conocer y razonar el manejo de su propio cuerpo, de acuerdo a las diferentes etapas de crecimiento.

Las religiones pueden promover sus creencias en sus feligresías, que remitiéndonos a las cifras han fracasado, por cierto. Pero la salud y el respeto a la autonomía de nuestros propios cuerpos, son derechos puramente ciudadanos y laicos!

Día Mundial de la Población

Escribe Susi Pola
El Nacional http://elnacional.com.do/dia-mundial-de-la-poblacion/

El sábado pasado se conmemoró el Día Mundial de la Población, que desde 1989 nos recuerda la importancia de los problemas demográficos, sobre todo, aquellos que se relacionan al concepto de derechos humanos en el proceso de desarrollo de los pueblos.

Hoy, la reflexión es sobre unas 60 millones de personas desplazadas en el mundo por las crisis más diversas, desde guerras, persecuciones, pobreza, desastres naturales, epidemias, etc., procesos en los que no siempre se respetan sus derechos. Y en este 2015, la referencia principal es destacar las necesidades de las mujeres, las adolescentes y las niñas, para respetar su dignidad, cuidar su seguridad y el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, en cualquier situación de emergencia, que es cuando son más vulnerables.

El Secretario General de la ONU, recordaba para esta ocasión, como los extremistas violentos y los grupos armados cometen abusos terribles que provocan traumas, embarazos no deseados, infecciones por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, recordando que la responsabilidad recae directamente sobre los autores de esos actos cobardes que se ensañan en el cuerpo de las mujeres y las niñas.

Y no es necesario estar en tiempos de guerra para que las mujeres sean las cuidadoras de niños y niñas, de personas enfermas y personas adultas mayores, ya que es una de las tareas cotidianas asignadas por el imaginario social como femenino, pero que frente a cualquier situación de emergencia, son cargas de atención que se multiplican.

En nuestro país, de acuerdo a la Cruz Roja Dominicana, para el año pasado, el 40% de la población vive en situación de vulnerabilidad, porque gran parte de las ciudades y pueblos están orillas de ríos y los barrios marginados de estos, en la ribera de cañadas y arroyos. Además, tenemos una población de casi diez millones de habitantes, de la que el 40% de las familias son sostenidas totalmente por mujeres.

Pero la fecha nos encuentra como país, en una situación que puede destapar una crisis humanitaria en cualquier momento, por la compleja dinámica migratoria con la República de Haití, la doble moral que la fundamentó durante tantos años y la desdichada sentencia del Tribunal Constitucional que si desnacionalizó en su momento a muchas personas dominicanas de origen haitiano, haciendo la ley retroactiva.

En este escenario, es un deber de todas las autoridades, aquí y en Haití, proteger a las mujeres, de cualquier edad, en sus derechos todos, teniendo en cuenta que son las que mayor carga social llevan sobre sus hombros.

susipola@gmail.com

Organizaciones sociales iniciarán campaña educación sexual en parques

Santo Domingo, D.N.- Hoy Jueves 15 de julio varias organizaciones sociales entre ellas Educación Espejo, CONAMUCA, estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Lucha X Tus Derechos, Colectiva Mujer y Salud y CODEMO, procederán a obsequiar a los jóvenes que se encuentren en el Parque Colón, desde las 5:00 p.m. pastillas de emergencia y condones.

Esta actividad se realiza a propósito del conocimiento en el Congreso de la República de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, la cual ha causado el rechazo de sectores religiosos.

Las organizaciones que realizan la actividad, reclaman la inclusión de estos productos de prevención dentro de los demás artículos que se venden en las boticas populares dominicanas, como estrategia para reducir la cantidad de embarazos no deseados y tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos e inseguros. De igual modo, exigen el uso del 4% del PIB invertido en la educación nacional para fomentar una educación sexual inclusiva, informativa, sin discriminación ni prejuicios que en la actualidad se instituyen mediante los sistemas de control.

Al regalar estos servicios amigables, las entidades que convocan aluden a la negligencia de los organismos estatales a los que les compete garantizar el derecho a la no violencia sexual, tales como el Ministerio de Salud y Pública y de Educación, y su manera de sustentar y perpetuar mediante la no información la vulnerabilidad en la que se encuentra la población joven dominicana sin acceso a medidas y conocimientos efectivos sobre la prevención natal, bajo el entendido de que, según el Fondo de las Naciones Unidas, (2012), en el país solo 7 de cada 100 estudiantes recibe educación sexual.

“Desde los sistemas de control por la vía del miedo (Iglesias) no les interesan una sociedad informada y con acceso a métodos anticonceptivos. No les permiten a las mujeres ejercer el derecho que tienen a decidir sobre su cuerpo se oponen a una educación científica y oportuna para que las mujeres y sobretodo la mujeres jóvenes dejen de morir por abortos inseguros, ninguna mujer quiere abortar, pero si queremos poder decidir y que se nos garanticen educación y salud sexual oportuna y tener acceso a métodos anticonceptivos. Ya es hora de que los derechos sexuales se respeten incluso es tarde” dice Tania Hernández, una de las coordinadoras de la actividad.

Exigimos que el estado les dé a las y los jóvenes información científica y oportuna sobre salud sexual y reproductiva para garantizar seguridad y responsabilidad en el ejercicio de su sexualidad, previniendo embarazos no planificados y riesgos de infecciones de transmisión sexual. Y proponemos que se comience ofertando desde las boticas populares los métodos anticonceptivos (DIU, condones masculinos y femeninos, partillas de emergencia, etc.).La indiferencia es violencia.

Att.

C+ POSTULA CANDIDATURA DE COMUNICADOR HOMERO FRÍAS REGIDOR DE MAO.

¨Homero entiende que hay que cambiar la correlación de fuerzas en los gobiernos locales y el congreso para hablar de cambio político¨

13 de Julio 2015, Valverde, El movimiento ciudadano C+ presentó al periodista Homero Frías como candidato a regidor en el municipio de Mao, provincia Valverde, ubicada en el noroeste de la República Dominicana.

Homero Frías es un destacado activista social, ecologista, ingeniero agrónomo y periodista que ha dedicado la mayor parte de su vida a la lucha social y democrática por la construcción de un mejor país.

Con este lanzamiento C+ da continuidad a su política de pujar por la “democratización de los ayuntamientos y del Congreso”, es decir, de “construcción de la democracia desde las bases mismas de las instituciones”, dijo el arquitecto Alexis Álvarez, coordinador general de Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia (CCD), una de las organizaciones impulsoras de las “candidaturas ciudadanas”.

De la lista de candidaturas C+ hasta el momento han sido presentadas, además de Homero Frías regidor Mao, Randy Custodio Brito, regidor Azua de Compostela; Cesar Mieses, regidor Las Terrenas; Rubén Rodríguez, regidor Santiago, Darío García, diputado Santo Domingo Este; Deivis Ventura, regidor circunscripción 03 Distrito Nacional y Alex Mundaray, regidor circunscripción 01 Distrito Nacional.

Al presentar su candidatura, Homero Frías dijo que más que una acción individual se trata de un propósito común de varias organizaciones e instituciones que “hemos llegado a la conclusión de que el cambio político no vendrá del cielo ni de los partidos políticos constituidos en mafias, sino que tendrá que ser construido desde la participación política directa de la ciudadanía”.

Para Homero Frías, el cambio político para que sea real tiene que construirse desde abajo, desde los poderes locales, desde los ayuntamientos. “Esto no quiere decir –argumenta- que descuidemos la lucha por ganar las elecciones de mayo de 2016 en todos los niveles, pero para los movimientos sociales y las fuerzas alternativas lo más importante son los ayuntamientos y el Congreso porque sin cambiar la correlación de fuerzas en esos espacios y esas instituciones hablar de cambio político resultaría una quimera”.

De acuerdo con lo expuesto por Frías, en Mao están dadas las condiciones para la articulación de una gran coalición política y social que gane las elecciones, ya que, según dice, por primera vez en lo que lleva gobernando el oficialismo está dividido, la dirigencia del PLD esta desprestigiada y la Convergencia por un Mejor País se ha convertido en la primera fuerza del municipio.

Explica que Ciudadanía Responsable, organización de la sociedad civil a la que pertenece, ha decidido involucrarse en la política por entender que el momento que vive el país, caracterizado por el control mafioso de las instituciones estatales, amerita que los movimientos sociales jueguen un rol que vaya más allá del luchismo. “Queremos llevar nuestras demandas y nuestras luchas al seno de las instituciones, queremos que nuestras organizaciones tengan representantes en los ayuntamientos y en el Congreso, es por donde comienza el verdadero cambio”, indica.

VIDA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Homero Frías es ecologista, ingeniero agrónomo y periodista. Desde muy joven se vinculó a las luchas sociales en la provincia Valverde y en la región noroeste.

Ha sido dirigente estudiantil, miembro del consejo universitario UASD-Mao, presidente varios periodos de la Sociedad Ecológica de Valverde (SOEVA), coordinador-fundador de la Sociedad Cultural Cimarrona, propulsor y presidente de la Unión Carnavalesca de Valverde (UCAVA), secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa-SNTP- filial Valverde, coordinador del movimiento local Ciudadanía Responsable, dirigente nacional de la Red de Acción Política (RAP) y actual coordinador de la Convergencia por un Mejor País en Mao.

Asimismo, Homero Frías es director de prensa de Telenovisa 43 del sistema de cable Mao Visión y productor del noticiario televisivo Noticias 43 que se transmite de lunes a viernes de 10:00 a 11:00 de la noche por el canal local Telenovisa.

Homero Frías se postula como regidor a la alcaldía de Mao por C+ con un programa sintético pero sustancioso que recoge las demandas históricas por las que vienen luchando los movimientos sociales sin que las autoridades de todos los partidos hayan dado respuesta satisfactoria.

Entre los puntos de la propuesta Homero Frías regidor se destacan los siguientes:

Velar por el cabal cumplimiento de la Ley Municipal 176-07 obligando al ayuntamiento a realizar cabildos abiertos para aprobar el plan de gobierno municipal. Basado en esta ley impulsaremos que el 40% de las trasferencias presupuestarias del municipio se someta a la discusión y seguimiento de los ciudadanos y las ciudadanas.

Garantizar que los servicios públicos de la alcaldía (aseo, recolección de desechos sólidos, alumbrado público) lleguen a todos los sectores y munícipes.
Impulsar un programa municipal de reconstrucción y reorganización de calles, aceras, contenes y ornato que incluye la recuperación y remozamiento de los espacios públicos.
Instalar cabildos abiertos en los diferentes barrios y sectores del municipio para rendir cuentas y fiscalizar la gestión municipal.
En coordinación con el Ministerio de Educación desarrollar campanas permanentes de educación ambiental, salud preventiva, diversidades sexuales, derechos humanos, entre otras.
Relanzar el carnaval provincial en coordinación con los ayuntamientos de los municipios de la provincia en el marco de una nueva política cultural y deportiva que incluye los centros educativos públicos y las organizaciones juveniles.
Elaborar y presentar un proyecto de integración de ayuntamientos, juntas municipales y organizaciones comunitarias para clasificar, reciclar, industrializar y comercializar los desechos sólidos producidos por la provincia.

CARTA ABIERTA AL PAPA FRANCISCO EN OCASIÓN DE SU VISITA A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (BOLIVIA, ECUADOR y PARAGUAY)

Por el cese inmediato de la violencia sexual y el embarazo infantil forzado en América Latina y el Caribe y en el mundo

Estimado Papa Francisco:

La Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir[1], y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)[2], consideramos que su presencia en la región va a posibilitar la evidencia de que estamos en una de las regiones más desiguales del mundo, donde particularmente las niñas y las mujeres atraviesan formas de violencia y discriminación basada en el género.

En tanto mujeres feministas latinoamericanas, comprometidas con los destinos de nuestra región, nos sentimos legitimadas y en la obligación ética de expresarle preocupaciones y problemáticas que causan dolor a las mujeres y a las niñas de los países que lo reciben por estos días, para hacer un llamado a superar las formas de violencia, discriminación, abuso sexual y embarazo forzado como una forma de tortura, trato cruel inhumano y degradante.

Si bien reconocemos su disposición en combatir los desafueros como la pederastia clerical y la corrupción de la banca vaticana, como actos de honestidad que hacían falta; igualmente valoramos los esfuerzos por abordar preocupaciones sustanciales en la agenda mundial, como la sostenibilidad del medio ambiente y la desigualdad, y por su mediación en conflictos internacionales, entre muchos otros desafíos.

Pero persiste el patrón de violencia, el abuso sexual y el embarazo infantil en nuestros países. La violencia sexual se ha cometido de forma desproporcionada contra las niñas, y se estima que 150 millones de niñas menores de 18 años han sufrido violación u otras formas de violencia sexual[3]. Muchas niñas quedan embarazadas como resultado del abuso sexual infantil[4] y tienen más probabilidades de abandonar la escuela y vivir en la pobreza. Alrededor del 19 por ciento de las joìvenas en países en desarrollo se quedan embarazadas antes de los 18 años de edad, 2 millones de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 que ocurren cada año en los países en desarrollo, ocurren en ninÞas menores de 15 anÞos[5]. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa principal de muerte entre las niñas de 15-19 años a nivel mundial.

El último informe de Estado de Población Mundial 2011 del UNFPA, reporta que América Latina y el Caribe se constituye en una de las dos regiones del mundo con tasas más elevadas de fecundidad en adolescentes, el abuso sexual hacia las niñas, embarazo infantil, la falta de una educación sexual integral en las políticas públicas, la vigencia de leyes penalizadoras del aborto en muchos de nuestros países; son indicadores de la violencia sistemática y generalizada. Los Estados de la región, han ratificado numerosos tratados internacionales de derechos humanos, compromisos internacionales (el más reciente el Consenso de Montevideo), que los obligan a proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas incluyendo su derecho a la vida, la salud, la integridad física y psicológica, la autonomía y de estar libres de la violencia sexual, así como el acceso a la justicia y soluciones para tales crímenes[6].

Tanto en Bolivia[7], en Paraguay[8], y en la mayoría de nuestros países de la región, miles de niñas son atropelladas en su dignidad con la brutalidad de la violación sexual, generalmente perpetrada por sus padres o familiares, y muchas de ellas obligadas a continuar con un embarazo forzado. Nos preocupa que persista una cultura de impunidad y tolerancia de la violencia sexual en el mundo[9], y en especial que en muchos de nuestros países persista la fuerte influencia del fundamentalismo religioso de sectores vinculados a la iglesia católica, para la adopción de leyes y políticas públicas, sin respetar que los Estados sean constitucionalmente laicos.

Lamentamos que la postura oficial de la iglesia institucional sobre el aborto no haya variado, e incluso sea contraria a los estándares de derechos humanos. Conocedoras de la realidad concreta de las mujeres de nuestra región, reafirmamos que son hondos y razonados los motivos por los cuales las mujeres deciden tomar esta seria decisión en su vida. Nos asiste certeza de que ninguna mujer aborta con alegría en su corazón; esta decisión no es tomada de forma irresponsable o inconsciente, cuando la vida que se anuncia ha surgido de una violación, en un contexto de extrema pobreza y, peor aún, en niñas menores de edad, víctimas constantes de abuso sexual. La Iglesia debería acompañar y proteger de manera apostólica, sinceramente humana y respetuosa la decisión de interrumpir un embarazo.

La Red de Católicas por el Derecho a Decidir, perteneciente a la tradición religiosa católica y conocedora de sus principios fundamentales, considera que las mujeres tienen capacidad ética y moral para tomar decisiones sobre su vida; por lo tanto, entendemos que condenarlas por ejercer el derecho de decidir, es negarles una condición básica de la dignidad humana como es: disfrutar del derecho a la vida, la salud, la libertad, la autodeterminación, entre otros derechos fundamentales.

En consonancia con lo anterior, y basadas en las obligaciones que tienen los Estados en garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la integridad, la libertad y la autonomía y vigencia plena de los derechos humanos, rechazamos aquellas posturas y visiones religiosas que legitiman la violencia sexual hacia las niñas y el embarazo infantil forzado, penalizan, condenan y restringen el derecho a decidir; afirmamos que frente a una situación de difícil decisión, el recurso más válido es la propia conciencia, en la cual las mujeres encuentran respaldo para asumir como el mejor camino la interrupción del embarazo.

Para finalizar, deseamos que su visita ayude a construir en nuestra región un ambiente de respeto por la laicidad de los Estados y por la libertad de conciencia.

Saludos cordiales,

Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir y

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

Asunción, Bogotá y Sao Paulo, 4 de julio del 2015