No sé ustedes, pero hay personas que sentimos mucha vergüenza ajena, unida al dolor ancestral que produce la indiferencia, terminando en una sensación de desamparo ciudadano que solo las mujeres podemos describir, sobre todo en nuestro país y en este momento.
Las dominicanas tenemos la impresión de la indefensión aprendida -de verdad y sin exageraciones- aún apoyadas por una mayoría considerable de la ciudadanía y también contando con apoyo en buena parte de ustedes, honorables, que coloquialmente nos han hecho saber que entienden y se adhieren a nuestros reclamos y formalmente, nos han apoyado en plenaria.
Sin embargo, una parte de ese hemiciclo, no se pone en nuestros zapatos, ni aún pensando en madres, hijas, hermanas, que se llevan en la vida con expresiones de amor que rematan discursos hasta políticos. La imagen es de un conglomerado de funcionarios y funcionarias elegidas que no ven y no sienten por el resto de la gente que representan.
Es fuerte comprobar que los derechos de las mujeres, en este país, no se permiten plenos y se mutilan en cada trabajo legislativo, regateados por un grupo que está en el Congreso para atender precisamente, las necesidades ciudadanas. ¿No es cierto qué las personas representantes del pueblo, es en el pueblo en quien deben pensar? En un conjunto conformado de diferencias, hay que atenderlas para que la democracia sea y no actuar solo por intereses y creencias personales.
La decepción es el Código Penal, que sin constitucionalizar, será modificado con grandes restricciones para las dominicanas. Después de la muerte negligente de Esperancita, ocasionada por el Código Penal dominicano, este país comprobó que somos inoperantes para salvar mujeres y niñas de la mortalidad materna, un dato que hace mucho conocíamos pero que nos resistíamos a creer. La penalización absoluta del aborto, mata a las mujeres.
Y dejamos que sigan las Esperancitas muriendo, en su misma situación, diciendo que son aislados, cuando solo hay que pararse en una emergencia de hospital para verlas llegar y morir. Empíricamente, se conoce que son muchas las mujeres y niñas que mueren por embarazos incompatibles con la vida de la madre. Pero no conmueve, preferimos recordar a la niña de 11 años, violada y embarazada por un cuñado en San Cristóbal, que sobrevivió al nacimiento de un niño, a costa de su propia salud, dignidad y expectativa de vida.
Diputados y diputadas, están en el lugar y en el momento indicado para responder inclusivamente protegiendo los derechos de las mujeres, una deuda histórica de este Congreso que si nos abandonó en el pasado, debe rectificar hoy.
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Reforma leyes penales
En un par de semanas, se ha dicho, la Cámara de Diputados/as, estará
discutiendo el Código Penal, para adecuarlo a la realidad, como
instrumento valioso en el combate a la criminalidad, una pieza
legislativa que está en discusión desde hace más de 10 años. En este
tiempo, ha sido revisada por diferentes comisiones hasta octubre del año
pasado, cuando fue aprobada en primera lectura, sin embargo, las
mujeres organizadas e independientes, y el Foro Feminista, consideraron
que se mantenían los retrocesos para las mujeres del anteproyecto de
2003, y no lo aceptaron.
Las dominicanas hemos esperado pacientemente que la reforma penal se realice reflejando los avances constitucionales a favor de las mujeres y manteniendo las conquistas adquiridas en 1997, con la ley 24-97 que entonces modificó el Código Penal Dominicano.
Es motivo de inquietud, que siendo el feminicidio un crimen probadamente diferente al homicidio, con un iter criminis distinto fundamentado en las relaciones socio culturales entre mujeres y hombres, la complejidad que lo desencadena, tanto en el marco de la pareja, como fuera de ella, no sea tomada en cuenta. Preocupa que legisladores y legisladoras, solo reconozcan el llamado feminicidio íntimo, ejecutado por un compañero sentimental, sin tomar en cuenta el que mata mujeres por desconocidos.
Intranquilidad también, porque a pesar de que los/as congresistas dicen reconocer que los derechos sexuales y derechos reproductivos, son derechos humanos, principales y básicos, seguimos siendo uno de los 6 países del mundo con una legislación que criminaliza absolutamente el aborto, imponiendo una norma religiosa restrictiva para los/as católicos/as, a todo el resto del país, pese a que, las iglesias no deben intervenir en las leyes ni en el Estado y que, nuestro país no es totalmente católico. (Existen cuestionantes a los verdaderos índices de catolicismo nacional y algunas personas entendidas, aseguran que la cifra es mucho menor de lo que creemos).
Los movimientos de mujeres en el país, han reclamado históricamente la despenalización del aborto por causales, para permitir que cada mujer pueda elegir su suerte cuando el embarazo es fruto de una violación, de incesto o cuando peligra la vida de la madre.
Si la decisión legislativa que debemos esperar, no tiene en cuenta estas demandas de mayoría en número y de permanencia en tiempo, va a ser difícil hasta pensar en una buena imagen dentro y fuera del país para este Congreso que, prometió cumplir con la deuda que tiene con las dominicanas.
Sugerimos que movimientos de mujeres y Foro Feminista, sean recibidas por las comisiones de diputados/as encargadas del proceso porque hay mucho que decirles y recodarles en esta ¡hora cero!
susipola@gmail.com
Las dominicanas hemos esperado pacientemente que la reforma penal se realice reflejando los avances constitucionales a favor de las mujeres y manteniendo las conquistas adquiridas en 1997, con la ley 24-97 que entonces modificó el Código Penal Dominicano.
Es motivo de inquietud, que siendo el feminicidio un crimen probadamente diferente al homicidio, con un iter criminis distinto fundamentado en las relaciones socio culturales entre mujeres y hombres, la complejidad que lo desencadena, tanto en el marco de la pareja, como fuera de ella, no sea tomada en cuenta. Preocupa que legisladores y legisladoras, solo reconozcan el llamado feminicidio íntimo, ejecutado por un compañero sentimental, sin tomar en cuenta el que mata mujeres por desconocidos.
Intranquilidad también, porque a pesar de que los/as congresistas dicen reconocer que los derechos sexuales y derechos reproductivos, son derechos humanos, principales y básicos, seguimos siendo uno de los 6 países del mundo con una legislación que criminaliza absolutamente el aborto, imponiendo una norma religiosa restrictiva para los/as católicos/as, a todo el resto del país, pese a que, las iglesias no deben intervenir en las leyes ni en el Estado y que, nuestro país no es totalmente católico. (Existen cuestionantes a los verdaderos índices de catolicismo nacional y algunas personas entendidas, aseguran que la cifra es mucho menor de lo que creemos).
Los movimientos de mujeres en el país, han reclamado históricamente la despenalización del aborto por causales, para permitir que cada mujer pueda elegir su suerte cuando el embarazo es fruto de una violación, de incesto o cuando peligra la vida de la madre.
Si la decisión legislativa que debemos esperar, no tiene en cuenta estas demandas de mayoría en número y de permanencia en tiempo, va a ser difícil hasta pensar en una buena imagen dentro y fuera del país para este Congreso que, prometió cumplir con la deuda que tiene con las dominicanas.
Sugerimos que movimientos de mujeres y Foro Feminista, sean recibidas por las comisiones de diputados/as encargadas del proceso porque hay mucho que decirles y recodarles en esta ¡hora cero!
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Atención, Ministerio Educación
Escuadrón de Rescate de la Parroquia Juncalito (EDEREPAJUN), así se llama al equipo de niños, adolescentes y jóvenes preparados para salvar a quienes tengan inconvenientes en nuestras montañas. Un nombre de guerra para este grupo que nació con formalidad en febrero de 2010, “en el corazón de la República Dominicana, donde existe un verdadero reino entre las montañas, el Distrito Municipal de Juncalito, dirigido por el síndico, en la Parroquia San Antonio de Padua”. (Así se anuncia en su página web).
La Escuela de Rescate EDEREPAJUN en Juncalito, base de estos recursos formados, invita a quienes quieran aprender primeros auxilios, de 8 años de edad en adelante, con espacio para grupos de 5 a 30 personas, a Escuelas, Colegios, Boy Scouts, Empresas y diferentes instituciones públicas y privadas a participar. Para estos fines promueven, por RD$ 2,500.00 por persona, fines de semana que incluyen: alojamiento y comida; entrenamiento en primeros auxilios; taller de comportamiento y seguridad propia en los balnearios, en las montañas y en el bosque; taller de sobrevivencia en caso de terremotos, tsunami o huracán; viaje por el río con entrenamiento de rescate acuático y ruta del café; todo con la asistencia de los oficiales de EDEREPAJUN en cada taller, para prácticas con los equipos más modernos y nuevos, dicen.
La página web, muy completa y con errores de lenguaje, empieza por definir el lema de EDEREPAJUN, “Con la ayuda de Dios, servir hasta el final! Nunca y por ninguna razón, dejar sin ayuda a los que confían en mi”. A seguidas, presenta a sus patrocinadores, haciendo un aparte especial para agradecer a embajadores, cónsules, empresas, al síndico y hasta al senador de Santiago, quienes han contribuido con el costeo de los viajes a Polonia de los entrenados. Todas personas de buena fe, atrapadas en el discurso de un “cura de pueblo con buenas intenciones”.
No sabemos si el Ministerio de Educación tiene registro de esta escuela, en caso de tenerlo, faltó la supervisión debida para descubrir irregularidades que el cura se permitió mantener durante ocho años. Lo contrario, es decir, no estar registrada, habla de la facilidad con que las iglesias, erigen sus propias instituciones sin necesidad de consultar con nadie.
Como sea, esta situación nos habla de mucho descuido de parte de todo el mundo, Estado, Iglesia Católica, comunidad y hasta familias afectadas, por suponer que estas actividades “de la iglesia” son buenas, en un tiempo en el que es, precisamente, ese empeño el que debe investigarse.
susipola@gmail.com
La Escuela de Rescate EDEREPAJUN en Juncalito, base de estos recursos formados, invita a quienes quieran aprender primeros auxilios, de 8 años de edad en adelante, con espacio para grupos de 5 a 30 personas, a Escuelas, Colegios, Boy Scouts, Empresas y diferentes instituciones públicas y privadas a participar. Para estos fines promueven, por RD$ 2,500.00 por persona, fines de semana que incluyen: alojamiento y comida; entrenamiento en primeros auxilios; taller de comportamiento y seguridad propia en los balnearios, en las montañas y en el bosque; taller de sobrevivencia en caso de terremotos, tsunami o huracán; viaje por el río con entrenamiento de rescate acuático y ruta del café; todo con la asistencia de los oficiales de EDEREPAJUN en cada taller, para prácticas con los equipos más modernos y nuevos, dicen.
La página web, muy completa y con errores de lenguaje, empieza por definir el lema de EDEREPAJUN, “Con la ayuda de Dios, servir hasta el final! Nunca y por ninguna razón, dejar sin ayuda a los que confían en mi”. A seguidas, presenta a sus patrocinadores, haciendo un aparte especial para agradecer a embajadores, cónsules, empresas, al síndico y hasta al senador de Santiago, quienes han contribuido con el costeo de los viajes a Polonia de los entrenados. Todas personas de buena fe, atrapadas en el discurso de un “cura de pueblo con buenas intenciones”.
No sabemos si el Ministerio de Educación tiene registro de esta escuela, en caso de tenerlo, faltó la supervisión debida para descubrir irregularidades que el cura se permitió mantener durante ocho años. Lo contrario, es decir, no estar registrada, habla de la facilidad con que las iglesias, erigen sus propias instituciones sin necesidad de consultar con nadie.
Como sea, esta situación nos habla de mucho descuido de parte de todo el mundo, Estado, Iglesia Católica, comunidad y hasta familias afectadas, por suponer que estas actividades “de la iglesia” son buenas, en un tiempo en el que es, precisamente, ese empeño el que debe investigarse.
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El crimen de Juncalito
La semana pasada, padres y madres denunciaron en la Unidad de Género de la Fiscalía de Santiago, al cura Alberto Gil Wojciech, quien prestaba servicios en la parroquia de Juncalito, en el Municipio de Jánico, en esta ciudad de Santiago, desde hace varios años.
El sacerdote, de la congregación San Miguel Arcángel, se había ganado la confianza de la comunidad serrana que le confiaba a sus hijos incluso, para que pasaran fines de semana con él y hasta los llevara de viajar a Europa en vacaciones, permitiéndole mantener un abuso constante y por años contra una cantidad indeterminada aún de niños.
Una vez más, el caso que escandaliza al país, nos llama la atención sobre lo poco preparada que está la sociedad dominicana frente a estos crímenes cometidos desde lo interno de la comunidad y con frecuencia, a manos de personas consagradas.
En otros países donde sobre todo la Iglesia Católica ha tenido que hacerse cargo de cientos de casos de pedofilia y pederastia, existen códigos de conducta para la prevención de estos crímenes, con avisos claros acerca del perfil de estos criminales que prefieren a los niños y a las niñas.
En el caso del cura Gil, la Fiscalía de Santiago, asegura que las pruebas lo incriminan con varios menores, todos varones, de los cuales, algunos han podido relatar las agresiones sexuales a que eran sometidos desde hace al menos unos 8 años, amenazándolos con “el poder de la iglesia y con la maldición que caería sobre ellos y sus familias”, si hablaban.
Lo acontecido debe advertir a todo el país sobre la necesidad de desarrollar un relacionamiento diferente, de mayor confianza y más sano, primero con nuestros hijos e hijas, y luego, con las iglesias, a las que solemos subsumirnos con la certeza de que se trata de instituciones sagradas y divinas que nos protegen.
Desde la segunda mitad del siglo XX, las denuncias por abuso sexual infantil por parte de religiosos católicos romanos, aumentaron y cambiaron la imagen de la institución en muchos países donde las autoridades locales procesaron culpables a partir de cientos de acusaciones de pederastia y los escándalos sacudieron los cimientos del Vaticano, costándole a la Iglesia Católica sumas tan altas hasta quebrar congregaciones enteras y además, la misma renuncia del Papa Benedicto XVI.
Es hora de exigir a las iglesias mayor transparencia en sus acciones y de disminuir el poder absoluto que las establece en nuestro país, como palabra de Dios. Todo por el interés mayor que son nuestros niños y niñas.
susipola@gmail.com
El sacerdote, de la congregación San Miguel Arcángel, se había ganado la confianza de la comunidad serrana que le confiaba a sus hijos incluso, para que pasaran fines de semana con él y hasta los llevara de viajar a Europa en vacaciones, permitiéndole mantener un abuso constante y por años contra una cantidad indeterminada aún de niños.
Una vez más, el caso que escandaliza al país, nos llama la atención sobre lo poco preparada que está la sociedad dominicana frente a estos crímenes cometidos desde lo interno de la comunidad y con frecuencia, a manos de personas consagradas.
En otros países donde sobre todo la Iglesia Católica ha tenido que hacerse cargo de cientos de casos de pedofilia y pederastia, existen códigos de conducta para la prevención de estos crímenes, con avisos claros acerca del perfil de estos criminales que prefieren a los niños y a las niñas.
En el caso del cura Gil, la Fiscalía de Santiago, asegura que las pruebas lo incriminan con varios menores, todos varones, de los cuales, algunos han podido relatar las agresiones sexuales a que eran sometidos desde hace al menos unos 8 años, amenazándolos con “el poder de la iglesia y con la maldición que caería sobre ellos y sus familias”, si hablaban.
Lo acontecido debe advertir a todo el país sobre la necesidad de desarrollar un relacionamiento diferente, de mayor confianza y más sano, primero con nuestros hijos e hijas, y luego, con las iglesias, a las que solemos subsumirnos con la certeza de que se trata de instituciones sagradas y divinas que nos protegen.
Desde la segunda mitad del siglo XX, las denuncias por abuso sexual infantil por parte de religiosos católicos romanos, aumentaron y cambiaron la imagen de la institución en muchos países donde las autoridades locales procesaron culpables a partir de cientos de acusaciones de pederastia y los escándalos sacudieron los cimientos del Vaticano, costándole a la Iglesia Católica sumas tan altas hasta quebrar congregaciones enteras y además, la misma renuncia del Papa Benedicto XVI.
Es hora de exigir a las iglesias mayor transparencia en sus acciones y de disminuir el poder absoluto que las establece en nuestro país, como palabra de Dios. Todo por el interés mayor que son nuestros niños y niñas.
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