Los festejos del bicentenario de Juan Pablo Duarte ponen al desnudo el poder fáctico de la Iglesia Católica en nuestro país y sus grandes debilidades, las cuales, gracias a personas que reviven la Historia, demuestran que la jerarquía de la iglesia romana, para mantenerse en primera fila, hace lo que sea. Y lo consigue cuando las autoridades sucumben a sus presiones.
El Gobierno dominicano encargó a la Conferencia del Episcopado Dominicano la presidencia de la Comisión Oficial para la Celebración del Bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, no sabemos bajo cual presuposición, aunque podemos sospechar varias, siempre relacionadas con el poder de facto que esta jerarquía sostiene habilidosamente al paso de los años.
Es que, en la época en que se trataba de establecer la República, las cosas eran bien diferentes y en la Carta Pastoral del 24 de julio de 1844, el Arzobispo Tomás de Portes, excomulgó a Juan Pablo Duarte y a los Trinitarios, amenazando a mayores, “…El [Dios] os dice por el órgano de mi débil voz,…se dará por ofendido si no obedecéis los mandatos y órdenes, tanto del Gral. de División, y jefe supremo Santana, como los de la Junta Directiva, para lo cual os conminamos con excomunión mayor, a cualquiera clase de persona que se mezclase en trastornar las disposiciones de nuestro sabio gobierno” (Carta Pastoral del obispo Tomás de Portes, 24 de julio de 1844. Archivo General de la Nación, Colección del Centenario de la República Dominicana, Volumen II páginas 47 a 55).
El oportunismo demostrado por la jerarquía romana a lo largo de la historia, es tal que puede desdecirse con la mayor facilidad y desmontar fundamentos que fueron de su práctica de fe en segundos, cuando se trata de aliarse al poder, que es definitivamente su mayor interés. Ayer Juan Pablo Duarte, en vida y desterrado, recibió el mayor de los repudios de una iglesia que entonces mandaba y hoy, es la encargada de dirigir en sus propios cultos y en los festejos del país, como serán las loas al excomulgado.
El gobierno, en este capítulo, hace lo mismo ignorando la Constitución que obliga al Estado dominicano a garantizar la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres, cuando se refiere a la libertad de conciencia y cultos, en su artículo 45.
Permitir que la Conferencia del Episcopado sea quien dirija los actos del Bicentenario, es casi una burla que reprime a una mayoría de la ciudadanía dominicana por sus creencias. ¡Y si no, que se comience a relevar el dato en los censos para que se vean los mansos y los cimarrones!
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Atención Neyba
En la madrugada del pasado 2 de diciembre, Juliana Morillo Pérez, salía de una presentación de Bachata en Neyba, cuando León Sánchez (El Chey) se brindó para acercarla hasta su casa, a lo que ella asintió, por la dificultad de encontrar transporte a esa hora. Sin embargo, El Chey, pese a la oposición de la muchacha, la llevó a un punto identificado como la Tina de Aná, donde la arrastró golpeó y violó con extrema violencia, dejándola inconsciente, situación en que la encontraron quienes la trasladaron al Hospital San Bartolomé, donde posteriormente recobró el conocimiento.
El fiscal adjunto, Erasmo Matos Díaz, junto a la policía, allanaron la vivienda de León Sánchez (El Chey), encontrando la motocicleta en que el violador trasladó su víctima, sin poderlo apresar porque se encontraba ausente. De acuerdo al encargado de la sección contra Crímenes y delitos del Departamento de la Policía Nacional, Francisco Jiménez Mesa, la policía de Neyba aún no ha dado con el paradero del violador; sin embargo, ciudadanos y ciudadanas refieren al “Chey” circulando libremente en el municipio de Galván. Mientras, la Jueza de la Instrucción, Lissette del Carmen Pérez Gell, dispuso arresto y conducencia contra el perseguido para que responda por los actos que se le imputan, lo que no se ha podido cumplir porque al parecer, el violador prófugo, se escondió en una de las lomas del Municipio.
De acuerdo a la prensa, personas consultadas manifiestan que en Neyba, se da con bastante frecuencia este tipo de crímenes y la Policía no hace los esfuerzos necesarios para identificar y traducir a la justicia a los violadores, provocando la impunidad. Dicen, además, que mientras el caso sea investigado por un Teniente oriundo del mismo municipio del agresor, es bien probable que el buscado Chey, no sea apresado.
Se conoce poco los crímenes de violencia basada en el género que se dan en las provincias alejadas de la capital, donde a las víctimas se les hace más difícil mantener procesos con la justicia, debido al apoyo que reciben los agresores de la misma comunidad, por eso, debemos hacer de conocimiento nacional estos casos que deben conmocionar a todos los munícipes, no importa cuan lejos estén.
La Policía Nacional y la Justicia, deben apuntar el caso de Juliana Morillo Pérez como uno a resolver lo antes posible, porque además de tener que sobrellevar las secuelas de la violación y la extrema violencia, ella está en grave peligro.
Y la comunidad de Neyba, que se mueva en apoyo a la víctima y a las autoridades, para encontrar a León Sánchez (El Chey) y hacerlo pagar en la justicia por su crimen.
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Martha Celeste Trujillo
Martha Celeste Trujillo dijo que Camilo Rodríguez, ex pareja y agresor, la quiere matar y por eso, anda prácticamente huyéndole. Se querelló al Ministerio Público de Moca, que apresó al agresor, pero la jueza Rosa Molina, de ese distrito judicial, lo favoreció con una garantía económica de diez mil pesos, a pesar de que la amenazó de muerte y la agredió reiteradamente.
Mientras esta mujer espera para comparecer ante la Corte de Apelación de La Vega, es responsabilidad del país, porque ya ella lo dijo y nadie en esta media isla puede ignorarlo: la quiere matar Camilo Rodríguez, un agresor que ha dejado marcas en su cuerpo y en su alma, con siete querellas interpuestas por ella. (Él, se pasea tranquilo, acechándola).
La amenaza de muerte en el marco de la violencia basada en el género contra las mujeres, pone en riesgo a las víctimas y debe mover a toda la justicia que, pareciera, no acaba de entender que un masculino violento que amenaza de muerte a una mujer, puede matarla. A quien menos le luce minimizar esta situación es al juez o jueza, como en este caso, ya que tiene en sus manos la seguridad, al menos inmediata de la víctima amenazada.
Otro detalle que aumenta el peligro en la vida de Martha Celeste Trujillo, es que Camilo Rodríguez es adicto a las drogas, factor complementario que potencializa el riesgo de esta mujer que, como muchas en el país, sienten que su vida está amenazada desde el marco de una relación de pareja, sobre todo si ha sido terminada.
Una autoridad ubicada en la línea de atención a la violencia ejercida contra las mujeres, debe saber que uno los factores fundamentales que la provocan es la posición desigual y cultural de hombres y mujeres, lo que genera un desbalance de poder, en detrimento de ellas, y es posible que no lo entienda, como la jueza de Moca, porque no está preparada por el sistema.
También deben saber que, además de esa cultura permanentemente reciclada, en nuestra realidad existe un “plus” y es la utilización normalizada de la violencia en las resoluciones de conflictos: todo se resuelve a trompadas, insultos y últimamente, como la gente parece andar armada, a balazos o cuchilladas.
También, las drogas y el alcohol, junto a una baja autoestima, experiencias de maltrato en la niñez, adhesión a los roles masculinos tradicionales, religiosidad, etc., son potencializadores de una conducta violenta que funcionan incrementando las posibilidades de que la víctima corra una suerte fatal.
¡No es juego, Martha Celeste Trujillo, en Moca de este país, está en peligro real y la justicia, el entorno, Estado y sociedad, tenemos que protegerla!
susipola@gmail.com
Mientras esta mujer espera para comparecer ante la Corte de Apelación de La Vega, es responsabilidad del país, porque ya ella lo dijo y nadie en esta media isla puede ignorarlo: la quiere matar Camilo Rodríguez, un agresor que ha dejado marcas en su cuerpo y en su alma, con siete querellas interpuestas por ella. (Él, se pasea tranquilo, acechándola).
La amenaza de muerte en el marco de la violencia basada en el género contra las mujeres, pone en riesgo a las víctimas y debe mover a toda la justicia que, pareciera, no acaba de entender que un masculino violento que amenaza de muerte a una mujer, puede matarla. A quien menos le luce minimizar esta situación es al juez o jueza, como en este caso, ya que tiene en sus manos la seguridad, al menos inmediata de la víctima amenazada.
Otro detalle que aumenta el peligro en la vida de Martha Celeste Trujillo, es que Camilo Rodríguez es adicto a las drogas, factor complementario que potencializa el riesgo de esta mujer que, como muchas en el país, sienten que su vida está amenazada desde el marco de una relación de pareja, sobre todo si ha sido terminada.
Una autoridad ubicada en la línea de atención a la violencia ejercida contra las mujeres, debe saber que uno los factores fundamentales que la provocan es la posición desigual y cultural de hombres y mujeres, lo que genera un desbalance de poder, en detrimento de ellas, y es posible que no lo entienda, como la jueza de Moca, porque no está preparada por el sistema.
También deben saber que, además de esa cultura permanentemente reciclada, en nuestra realidad existe un “plus” y es la utilización normalizada de la violencia en las resoluciones de conflictos: todo se resuelve a trompadas, insultos y últimamente, como la gente parece andar armada, a balazos o cuchilladas.
También, las drogas y el alcohol, junto a una baja autoestima, experiencias de maltrato en la niñez, adhesión a los roles masculinos tradicionales, religiosidad, etc., son potencializadores de una conducta violenta que funcionan incrementando las posibilidades de que la víctima corra una suerte fatal.
¡No es juego, Martha Celeste Trujillo, en Moca de este país, está en peligro real y la justicia, el entorno, Estado y sociedad, tenemos que protegerla!
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Final y comienzo
La violencia contra las mujeres ha conmovido el final del año recién pasado y el comienzo de este y los comentarios muestran una preocupación real de pueblo y autoridades. La ejecución y el atentado de sendos feminicidios ampliados al entorno de mujeres víctimas, se convirtió en reflexión obligada y es de provecho llamar la atención de quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambios en acciones y políticas. Por lo demás, todo el mundo en este país tenemos que hacer algo para que estos crímenes disminuyan.
De la 114 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, realizada en Nairobi en el año 2006, ya hace bastante tiempo, rescatamos el plan de políticas a aplicar para enfrentar la violencia contra las mujeres en todas las áreas, eficaces en algunos países que las adoptaron.
Nos referimos a seis prioridades básicas que un Estado debe desarrollar para obtener resultados positivos en la lucha contra este flagelo, partiendo de un presupuesto adecuado en disposición. Si las revisamos en nuestro país, podemos sacar algunas conclusiones:
1. Adoptar leyes que funcionen: se han realizado evaluaciones del marco jurídico nacional que tenemos para la violencia basada en el género, desde espacios intersectoriales, y solo hay que aplicar resultados.
2. Asegurarse de la aplicación efectiva de las leyes: la Ley 24-97 no es suficiente para resolver el fenómeno, hay vacíos entre la igualdad de jure y la de facto, por lo tanto la aplicación no siempre es efectiva y las brechas, producen impunidad y reincidencia.
3. Educar y sensibilizar: no hemos logrado desde el sistema formal e informal de educación un cambio de actitud en la interlocución social y se mantiene poca conciencia de lo relacionado con los derechos de las mujeres y las acciones positivas.
4. Crear alianzas: en nuestro país, hay experiencias de trabajo coordinado entre sectores e instituciones que han funcionado con dificultad por la resistencia relacionada con la poca institucionalización de parte de los sectores de poder, sobre todo, pero que podrían servir de ejemplos.
5. Demostrar una firme voluntad política: el Estado dominicano no se ha comprometido firmemente con las dominicanas en este sentido, la violencia contra la mujer es una cuestión que exige una fuerte voluntad política que debe partir de la consideración de prioridad nacional.
6. Establecer un marco institucional sólido: necesario junto a organismos nacionales con capacidad y poder para actuar y que no tenemos aún en la República Dominicana donde, fuera del Ministerio Público en la justicia, no hay concurso de otras instituciones, ni de salud ni de educación.
¡Solo un repaso a la luz de nuestra realidad!
susipola@gmail.com
De la 114 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, realizada en Nairobi en el año 2006, ya hace bastante tiempo, rescatamos el plan de políticas a aplicar para enfrentar la violencia contra las mujeres en todas las áreas, eficaces en algunos países que las adoptaron.
Nos referimos a seis prioridades básicas que un Estado debe desarrollar para obtener resultados positivos en la lucha contra este flagelo, partiendo de un presupuesto adecuado en disposición. Si las revisamos en nuestro país, podemos sacar algunas conclusiones:
1. Adoptar leyes que funcionen: se han realizado evaluaciones del marco jurídico nacional que tenemos para la violencia basada en el género, desde espacios intersectoriales, y solo hay que aplicar resultados.
2. Asegurarse de la aplicación efectiva de las leyes: la Ley 24-97 no es suficiente para resolver el fenómeno, hay vacíos entre la igualdad de jure y la de facto, por lo tanto la aplicación no siempre es efectiva y las brechas, producen impunidad y reincidencia.
3. Educar y sensibilizar: no hemos logrado desde el sistema formal e informal de educación un cambio de actitud en la interlocución social y se mantiene poca conciencia de lo relacionado con los derechos de las mujeres y las acciones positivas.
4. Crear alianzas: en nuestro país, hay experiencias de trabajo coordinado entre sectores e instituciones que han funcionado con dificultad por la resistencia relacionada con la poca institucionalización de parte de los sectores de poder, sobre todo, pero que podrían servir de ejemplos.
5. Demostrar una firme voluntad política: el Estado dominicano no se ha comprometido firmemente con las dominicanas en este sentido, la violencia contra la mujer es una cuestión que exige una fuerte voluntad política que debe partir de la consideración de prioridad nacional.
6. Establecer un marco institucional sólido: necesario junto a organismos nacionales con capacidad y poder para actuar y que no tenemos aún en la República Dominicana donde, fuera del Ministerio Público en la justicia, no hay concurso de otras instituciones, ni de salud ni de educación.
¡Solo un repaso a la luz de nuestra realidad!
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