Todo el país, también sabe, que el mismo Adriano Román desde su celda de Rafey, pagó para matar al abogado que defendió y apoyó a Miguelina en el proceso, Jordi Veras Rodríguez, el 2 de junio de 2010, en un atentado que dejó a este joven profesional con secuelas de por vida.
Todo el país conoce la historia de Miguelina Llaverías, una dominicana que sobrevivió al intento de feminicidio en octubre del año 2005, cuando el padre de sus cuatro hijos e hijas, el industrial Adriano Román, casi consiguió asesinarla de un tiro en la cabeza, disparado por un sicario pagado que la dejó por muerta.
El proceso legal que siguió en la justicia penal desde el año 2006, terminó en una condena firme el 25 del mes de Junio del año 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia envió a Adriano Román y a sus cómplices, Engels Carela Castro, Fausto Aris Pérez, a la cárcel por 20 años, y a Dámaso Nova Peralta, autor material del intento, por 30 años, sentenciando definitivamente, en los dos grados y en casación, el crimen del feminicidio en contra de Miguelina Llaverías.
Todo el país, también sabe, que el mismo Adriano Román desde su celda de Rafey, pagó para matar al abogado que defendió y apoyó a Miguelina en el proceso, Jordi Veras Rodríguez, el 2 de junio de 2010, en un atentado que dejó a este joven profesional con secuelas de por vida.
La historia de Miguelina es la de una mujer víctima sobreviviente de violencia de género intrafamiliar que empezó cuando se casó con el condenado Adriano Román, sufriendo maltratos y vejámenes que no terminaron con el divorcio después de 13 años de matrimonio, dos hijos y dos hijas. En 1978, ya divorciada, Miguelina fue secuestrada, maltratada física, sexual y emocionalmente por Román,en una finca que tenía este en la comunidad de Villa González, torturándola cruelmente por espacio de 72 horas y haciéndola violar por un peón, mientras él tomaba fotos, un hecho que consternó a la ciudad de Santiago y al país, al extremo que una multitud enardecida de hombres y mujeres de todas las clases sociales, trató de linchar al referido imputado que para entonces fue privilegiado con una fianza de apenas $100.00 y protegido por una justicia ciega al género, además de corrupta.
Desde 1978, Adriano Román ha demostrado que es un masculino violento coherente y forma parte de ese 10 a 15% de los hombres machistas que son peligrosos porque no son fácilmente regenerables: durante 20 años amenazó a Miguelina con matarla, una lógica que los especialistas en masculinidad violenta suelen reconocer como la mayor adhesión a los roles de género que, en el caso de los hombres, obliga al control y hasta la muerte.
El caso es que, el miércoles 29 de agosto, el condenado Román, recluido en la cárcel de Rafey por sentencia definitiva, solicitó por tercera vez, un cambio de su régimen penitenciario y el permiso de cumplirlo en su domicilio, alegando sus 74 años cumplidos y el privilegio del artículo 342 del Código Procesal Penal.
Hay que llamar a la atención de la Justicia sobre el compromiso que tiene de proteger a Miguelina a quien, precisamente por haberla desamparado en 1978, sin reconocer el riesgo que significaba para ella la extrema violencia de género, física, emocional y sexual cometida por Román contra ella entonces, facilitó los acontecimientos del año 2005.
Hay aún más, el condenado Román no solo representa peligro contra Miguelina, también ha mantenido las peores amenazas para toda persona que la rodea y la apoya, incluyendo a sus hijas e hijos, su actual esposo de más de 20 años, periodistas, amistades, abogados/as y hasta Ministerio Público y Judicatura. Y la justicia no tiene porque dudarlo, solo con recordar que Román también atentó contra la vida de su hermano Pablo, a quien le echó ácido de baterías y dio choques eléctricos, hecho por el que estuvo preso tres meses y cuya querella fue retirada en diciembre de 2005 por el abogado del agredido, sin que la víctima supiera. (Estas violencias están registradas en la justicia de Santiago, pero hay muchas más, hacia su hermana fallecida, a un sobrino y más, asentadas en la memoria de esta ciudad).
No, la edad de Adriano Román importa poco ante la peligrosidad de sus acciones violentas prolongadas en el tiempo y si la cárcel no lo ha cambiado, hay que asegurar que lo que le queda de los 20 años de condena tampoco serán suficientes. Román es tan selectivamente violento e incapaz de reconocer y aceptar su personalidad asesina, que debe quedarse donde está para tranquilidad de todo el país.
En las cárceles dominicanas hay alrededor de sesenta condenados masculinos que sobrepasan la edad de Adriano Román y cuyos expedientes estudiados en los tribunales, determinaron que la tranquilidad del envejecimiento es una labor de las personas para crecer cuando somos jóvenes y adultas. Porque la serenidad, el sosiego, la paz y la calma son virtudes de aquellas personas envejecientes que se las ganaron construyendo la fortaleza y el amor de la familia que crearon y mantuvieron.
Apoyo a Rita Mella
Rita Mella Febles, emigró a Estados Unidos a los 22 años, licenciada en Educación, graduada Summa Cum Laude y egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). En ese país, realizó una maestría en Historia de América, en la Universidad de Gainsville, Florida, y se graduó como abogada de la Facultad de Derecho en CUNY, en New York.
Inició carrera en una oficina especializada en defensoría penal, acompañando clientes ante los tribunales y sirviendo como abogada durante 14 años. Sirvió a la Corte de Sucesiones y Tutela del Condado de Kings, como asistente principal de la jueza Margarita López Torres, donde, además de asistir a casos y apoyar decisiones legales, trabajó en el establecimiento del sistema de rendición de cuentas de la Corte para una administración más ágil, eficaz y transparente.
En noviembre 2006, fue electa para la Corte de lo Civil de la Séptima Jurisdicción para el Distrito de Manhattan, comprendiendo el área de Washington Heights, Inwood y el oeste de Harlem. Estando asignada al Tribunal Penal de Manhattan, durante dos años ha presidido la Sala de Tratamiento para la Drogadicción por Delitos Menores en Manhattan, ofreciendo a los imputados que hayan delinquido por causa de una adicción la oportunidad de ingresar a un programa de rehabilitación en lugar de ir a la cárcel.
Actualmente, preside el Comité para la Equidad de Género del Tribunal Penal de Manhattan, luchando contra la violencia de género, incluyendo la trata con fines de explotación sexual y comercial de mujeres jóvenes, la violencia basada en género en adolescentes y los vínculos entre la comunidad transgénero y el Tribunal Penal. Además, forma parte de la Junta Directiva del Centro de Desarrollo de Mujeres Dominicanas y del Centro Altagracia de Fe y Justicia, organizaciones comunitarias dedicadas a la promoción de la justicia social en Washington Heights.
Forma parte de la Asociación Nacional de Mujeres Juezas; la Asociación de Jueces Hispanos, la Asociación de Abogados/as del Estado de Nueva York, Trusts and Estates Section; la Asociación de Mujeres abogadas de Nueva York; la Asociación de Abogados/as Hispanos; la Asociación de Abogados/as Dominicanos y la Asociación de Abogados/as de Puerto Rico. Y le queda tiempo para ejercer como profesora adjunta de la Facultad de Derecho de CUNY, donde imparte Derecho Administrativo.
Para el 13 de septiembre, en comicios que se realizan cada 14 años, Rita quiere convertirse en magistrada titular de la Corte de Sucesiones y Tutela de Manhattan, una de las más prestigiosas de la justicia estadounidense, oportunidad singular para esta dominicana de origen y nacimiento, y motivo de orgullo para el país.
¡Desde aquí, voto por ella!
susipola@gmail.com
Inició carrera en una oficina especializada en defensoría penal, acompañando clientes ante los tribunales y sirviendo como abogada durante 14 años. Sirvió a la Corte de Sucesiones y Tutela del Condado de Kings, como asistente principal de la jueza Margarita López Torres, donde, además de asistir a casos y apoyar decisiones legales, trabajó en el establecimiento del sistema de rendición de cuentas de la Corte para una administración más ágil, eficaz y transparente.
En noviembre 2006, fue electa para la Corte de lo Civil de la Séptima Jurisdicción para el Distrito de Manhattan, comprendiendo el área de Washington Heights, Inwood y el oeste de Harlem. Estando asignada al Tribunal Penal de Manhattan, durante dos años ha presidido la Sala de Tratamiento para la Drogadicción por Delitos Menores en Manhattan, ofreciendo a los imputados que hayan delinquido por causa de una adicción la oportunidad de ingresar a un programa de rehabilitación en lugar de ir a la cárcel.
Actualmente, preside el Comité para la Equidad de Género del Tribunal Penal de Manhattan, luchando contra la violencia de género, incluyendo la trata con fines de explotación sexual y comercial de mujeres jóvenes, la violencia basada en género en adolescentes y los vínculos entre la comunidad transgénero y el Tribunal Penal. Además, forma parte de la Junta Directiva del Centro de Desarrollo de Mujeres Dominicanas y del Centro Altagracia de Fe y Justicia, organizaciones comunitarias dedicadas a la promoción de la justicia social en Washington Heights.
Forma parte de la Asociación Nacional de Mujeres Juezas; la Asociación de Jueces Hispanos, la Asociación de Abogados/as del Estado de Nueva York, Trusts and Estates Section; la Asociación de Mujeres abogadas de Nueva York; la Asociación de Abogados/as Hispanos; la Asociación de Abogados/as Dominicanos y la Asociación de Abogados/as de Puerto Rico. Y le queda tiempo para ejercer como profesora adjunta de la Facultad de Derecho de CUNY, donde imparte Derecho Administrativo.
Para el 13 de septiembre, en comicios que se realizan cada 14 años, Rita quiere convertirse en magistrada titular de la Corte de Sucesiones y Tutela de Manhattan, una de las más prestigiosas de la justicia estadounidense, oportunidad singular para esta dominicana de origen y nacimiento, y motivo de orgullo para el país.
¡Desde aquí, voto por ella!
susipola@gmail.com
¿Un país sin Esperanza?
Visitando a nuestros hijos en New Orleans y en vacaciones, nos llega la noticia del fallecimiento de Esperancita, un nombre inventado para la ilusión de conservar una vida de 16 años que despuntó con demasiada carga para esta sociedad.
Los hombres -y algunas mujeres- elegidos para que “nos representen”, no se interesaron por las Esperanzas dominicanas. Los médicos y médicas que la atendieron tuvieron miedo, se auto amordazaron y le impusieron el martirio. Porque Rosalba Almonte, Esperancita, cayó en las manos del sobresalto producido por la propia Constitución dominicana.
La Iglesia romana, la jerárquica, fue la que estableció las pautas frente a un personal pusilánime que no solo obedeció: se dice de médicos y médicas que manipulaban a la niña con sonografías donde se veía un embrión que ellas y ellos figuraban como “un bebé en salud” y alentaban la maternidad que la mató.
Algunas personas especialistas personalmente consultadas, dicen que lo primero como tratamiento, en aquellas siete u ocho semanas de preñez al hacer el diagnóstico, era desembarazarla, antes de empezar la famosa quimio que se retardó por razones “de conciencia”.
Médicas y médicos sabían que la mayoría de las drogas que cruzan la placenta en los tres primero meses de embarazo, actúan sobre el feto y en el caso de Rosalba/Esperancita, la situación se agravaba con una enfermedad que afectaba su propia sangre.
Un sistema de salud desforzado, acobardado por la intimidación de una Iglesia desubicada del contexto religioso, empoderada frente a una sociedad de políticos y políticas timorata a la que manipula fácilmente.
Faltaron manos intrépidas, corazones conmovidos e inteligencias libres de prejuicios entre quienes atendían a esta niña, sacrificada en nombre de la decencia fingida y la doble moral practicada.
¡Pobre país el nuestro, que ni siquiera puede salvar a una niña! Triste sistema que antepone la muerte de quien conoce a la vida desconocida y finalmente, en el intento, mata a ambos!
¿Qué dirán ahora los y las congresistas que se doblegaron a la Iglesia y al artículo 30/37 y justificaron sus posturas haciendo célebre la frase de que “no se podían suicidar políticamente”?
No valió que la madre de esa niña manifestara públicamente que elegía a su hija viva, un círculo eclesiástico la encerró y oró con ella por la dicotomía de la vida y la muerte, y cerró los ojos de Rosalba/Esperancita arropándola con cantos religiosos. Amén
susipola@gmail.com
Los hombres -y algunas mujeres- elegidos para que “nos representen”, no se interesaron por las Esperanzas dominicanas. Los médicos y médicas que la atendieron tuvieron miedo, se auto amordazaron y le impusieron el martirio. Porque Rosalba Almonte, Esperancita, cayó en las manos del sobresalto producido por la propia Constitución dominicana.
La Iglesia romana, la jerárquica, fue la que estableció las pautas frente a un personal pusilánime que no solo obedeció: se dice de médicos y médicas que manipulaban a la niña con sonografías donde se veía un embrión que ellas y ellos figuraban como “un bebé en salud” y alentaban la maternidad que la mató.
Algunas personas especialistas personalmente consultadas, dicen que lo primero como tratamiento, en aquellas siete u ocho semanas de preñez al hacer el diagnóstico, era desembarazarla, antes de empezar la famosa quimio que se retardó por razones “de conciencia”.
Médicas y médicos sabían que la mayoría de las drogas que cruzan la placenta en los tres primero meses de embarazo, actúan sobre el feto y en el caso de Rosalba/Esperancita, la situación se agravaba con una enfermedad que afectaba su propia sangre.
Un sistema de salud desforzado, acobardado por la intimidación de una Iglesia desubicada del contexto religioso, empoderada frente a una sociedad de políticos y políticas timorata a la que manipula fácilmente.
Faltaron manos intrépidas, corazones conmovidos e inteligencias libres de prejuicios entre quienes atendían a esta niña, sacrificada en nombre de la decencia fingida y la doble moral practicada.
¡Pobre país el nuestro, que ni siquiera puede salvar a una niña! Triste sistema que antepone la muerte de quien conoce a la vida desconocida y finalmente, en el intento, mata a ambos!
¿Qué dirán ahora los y las congresistas que se doblegaron a la Iglesia y al artículo 30/37 y justificaron sus posturas haciendo célebre la frase de que “no se podían suicidar políticamente”?
No valió que la madre de esa niña manifestara públicamente que elegía a su hija viva, un círculo eclesiástico la encerró y oró con ella por la dicotomía de la vida y la muerte, y cerró los ojos de Rosalba/Esperancita arropándola con cantos religiosos. Amén
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Ministerio Público para la Mujer
Las dominicanas somos las que votamos y elegimos, los políticos lo saben y nos convocan desde el discurso solamente para después, ¿Seguir haciendo lo mismo?
Con gran sorpresa vimos que entre las ratificaciones y designaciones de los/as pocuradores/as adjuntos, por parte del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que no se encuentra el de la Magistrada Roxanna Reyes, Procuradora Adjunta de la Mujer y persona con experticia para el cargo que ha desempeñado proactivamente en estos últimos siete años.
Conforme al artículo 31 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, es atribución del Procurador General de la República, designar a la mitad de sus procuradores adjuntos, seleccionados entre los procuradores generales de la corte de apelación que cumplan con los requisitos establecidos en la ley ya que de conformidad con las disposiciones del artículo 30, acápite 2 de la ley orgánica del ministerio público.
Roxanna Reyes, junto a otros/as, está pendiente de confirmación, o en su defecto de ser removida: es el Presidente quien decidirá su suerte, y en el caso de la actual Procuradora Adjunta de la Mujer, es la de todas las dominicanas, bastante minimizadas ya en las primeras disposiciones, que solo han incluido a un 14.8% de mujeres en las altas funciones del nuevo gobierno.
La actual Procuradora Adjunta, además de tener una experticia indispensable para su línea de trabajo, acaba de iniciar la implementación de un protocolo de atención a la Violencia Contra la Mujer para las Unidades de Atención a la Violencia Contra la Mujer, Intrafamiliar y/o Sexual, fundamentado en una planeación estratégica que pondría en funcionamiento un programa estable de atención desde el Ministerio Público, vinculado al resto de las acciones que interactúan en el proceso.
Esta planeación estratégica establecida por la Procuradora de la Mujer, nos consta que ha sido con el mayor de los consensos y reconocimiento del fenómeno de este tipo de violencia, una consulta que fue manejada por ella y su equipo de trabajo con visión técnica y experticia.
Las dominicanas no aguantamos más improvisación en la línea de atención a las acciones violentas contra nosotras y pedimos una muestra de interés real desde el gobierno que se inaugura, dejando a las funcionarias que si responden, como se hizo con la Ministra de la Mujer.
Por otro lado, nos sentimos impotentes frente a tanta indiferencia de parte del Estado dominicano, mientras los feminicidios aumentan y la transversalización del género a la temática del poder, se diluye en la politiquería.
Las dominicanas somos las que votamos y elegimos, los políticos lo saben y nos convocan desde el discurso solamente para después, ¿Seguir haciendo lo mismo?
Queremos estabilidad y mejoramiento en lo que se ha avanzado, como en la atención desde la Procuraduría Adjunta de la Mujer: quitar a Roxanna Reyes es retroceder, un lujo que no podemos permitirnos en este país donde las mujeres mueren víctimas de feminicidios cometidos por particulares y por la indiferencia del mismo Estado dominicano.
¡Qué se quede la Magistrada Roxanna Reyes al frente de la Procuraduría Adjunta de la Mujer!
susipola@gmail.com
Con gran sorpresa vimos que entre las ratificaciones y designaciones de los/as pocuradores/as adjuntos, por parte del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que no se encuentra el de la Magistrada Roxanna Reyes, Procuradora Adjunta de la Mujer y persona con experticia para el cargo que ha desempeñado proactivamente en estos últimos siete años.
Conforme al artículo 31 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, es atribución del Procurador General de la República, designar a la mitad de sus procuradores adjuntos, seleccionados entre los procuradores generales de la corte de apelación que cumplan con los requisitos establecidos en la ley ya que de conformidad con las disposiciones del artículo 30, acápite 2 de la ley orgánica del ministerio público.
Roxanna Reyes, junto a otros/as, está pendiente de confirmación, o en su defecto de ser removida: es el Presidente quien decidirá su suerte, y en el caso de la actual Procuradora Adjunta de la Mujer, es la de todas las dominicanas, bastante minimizadas ya en las primeras disposiciones, que solo han incluido a un 14.8% de mujeres en las altas funciones del nuevo gobierno.
La actual Procuradora Adjunta, además de tener una experticia indispensable para su línea de trabajo, acaba de iniciar la implementación de un protocolo de atención a la Violencia Contra la Mujer para las Unidades de Atención a la Violencia Contra la Mujer, Intrafamiliar y/o Sexual, fundamentado en una planeación estratégica que pondría en funcionamiento un programa estable de atención desde el Ministerio Público, vinculado al resto de las acciones que interactúan en el proceso.
Esta planeación estratégica establecida por la Procuradora de la Mujer, nos consta que ha sido con el mayor de los consensos y reconocimiento del fenómeno de este tipo de violencia, una consulta que fue manejada por ella y su equipo de trabajo con visión técnica y experticia.
Las dominicanas no aguantamos más improvisación en la línea de atención a las acciones violentas contra nosotras y pedimos una muestra de interés real desde el gobierno que se inaugura, dejando a las funcionarias que si responden, como se hizo con la Ministra de la Mujer.
Por otro lado, nos sentimos impotentes frente a tanta indiferencia de parte del Estado dominicano, mientras los feminicidios aumentan y la transversalización del género a la temática del poder, se diluye en la politiquería.
Las dominicanas somos las que votamos y elegimos, los políticos lo saben y nos convocan desde el discurso solamente para después, ¿Seguir haciendo lo mismo?
Queremos estabilidad y mejoramiento en lo que se ha avanzado, como en la atención desde la Procuraduría Adjunta de la Mujer: quitar a Roxanna Reyes es retroceder, un lujo que no podemos permitirnos en este país donde las mujeres mueren víctimas de feminicidios cometidos por particulares y por la indiferencia del mismo Estado dominicano.
¡Qué se quede la Magistrada Roxanna Reyes al frente de la Procuraduría Adjunta de la Mujer!
susipola@gmail.com
A Roberto Salcedo
Distinguido alcalde del Distrito Nacional: felicitarlo por encabezar la semana pasada, junto a personalidades de la vida nacional, una marcha de protesta a la violencia contra las mujeres y por decir a los hombres que abandonen la creencia de que somos objetos de su propiedad. A usted, figura pública relevante, le oye y sigue mucha gente.
Como dijo usted en la manifestación, las mujeres nos estamos tratando de emancipar no solo siendo madres, también preparándonos en las universidades, capacitándonos y trabajando en el aparato productivo nacional.
La marcha solo de hombres impactó: engalanados de rosado compartiendo valientemente un color indefinido y dudoso que nos identifica -no de manera inocente- por una cultura que reservó el azul, color de fuerza e inmensidad, para los varones, un mito que por cierto, a desmontar.
Las dominicanas del Distrito Nacional y de todo el país, agradecemos el gesto y después de más de 10 años en la alcaldía más importante del país, esperamos como continuación a esta marcha una serie de acciones que, de seguro ya se estarán implementando desde su Alcaldía como políticas públicas para la prevención de la violencia machista.
Sobre todo, pensando que la ejecución de las políticas públicas solo es posible si se cuenta con los recursos presupuestarios necesarios, tenemos la seguridad de que, el 4% del presupuesto de esa Alcaldía, como lo señala el artículo 21 de la ley 176-07, estará siendo dedicado a la aplicación de programas de género, salud y educación, una de las nueve líneas presupuestarias municipales que más se ha regateado hasta ahora en todo el país, sin excepción.
Que el límite del veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal fijo o bajo contrato temporal, señalado en el mismo artículo mencionado, se esté respetando y de ninguna manera, tomándose del dinero correspondiente al 4% para nóminas y nominillas donde se inscriben hombres y mujeres adláteres.
Que el mismo presupuesto municipal, señalado como participativo en el artículo 237 de la ley mencionada, y garantizando la participación de la comunidad y los diferentes sectores de desarrollo local, identifique las demandas de las mujeres, sus necesidades y prioridades y que en general, haya una línea presupuestaria para prevenir la violencia contra la mujer. Además, imaginamos que esa Alcaldía estará planificando la Casa de Acogida o Refugio a establecer en el Distrito Nacional.
Finalmente, esperamos que Ud. esté aplicando una Auditoría Municipal de Género para transversalizar la perspectiva de género en los hombres y mujeres que planifican, ejecutan y evalúan los trabajos municipales.
¡Entonces sí valdrá la pena la marcha rosada!
susipola@gmail.com
Como dijo usted en la manifestación, las mujeres nos estamos tratando de emancipar no solo siendo madres, también preparándonos en las universidades, capacitándonos y trabajando en el aparato productivo nacional.
La marcha solo de hombres impactó: engalanados de rosado compartiendo valientemente un color indefinido y dudoso que nos identifica -no de manera inocente- por una cultura que reservó el azul, color de fuerza e inmensidad, para los varones, un mito que por cierto, a desmontar.
Las dominicanas del Distrito Nacional y de todo el país, agradecemos el gesto y después de más de 10 años en la alcaldía más importante del país, esperamos como continuación a esta marcha una serie de acciones que, de seguro ya se estarán implementando desde su Alcaldía como políticas públicas para la prevención de la violencia machista.
Sobre todo, pensando que la ejecución de las políticas públicas solo es posible si se cuenta con los recursos presupuestarios necesarios, tenemos la seguridad de que, el 4% del presupuesto de esa Alcaldía, como lo señala el artículo 21 de la ley 176-07, estará siendo dedicado a la aplicación de programas de género, salud y educación, una de las nueve líneas presupuestarias municipales que más se ha regateado hasta ahora en todo el país, sin excepción.
Que el límite del veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal fijo o bajo contrato temporal, señalado en el mismo artículo mencionado, se esté respetando y de ninguna manera, tomándose del dinero correspondiente al 4% para nóminas y nominillas donde se inscriben hombres y mujeres adláteres.
Que el mismo presupuesto municipal, señalado como participativo en el artículo 237 de la ley mencionada, y garantizando la participación de la comunidad y los diferentes sectores de desarrollo local, identifique las demandas de las mujeres, sus necesidades y prioridades y que en general, haya una línea presupuestaria para prevenir la violencia contra la mujer. Además, imaginamos que esa Alcaldía estará planificando la Casa de Acogida o Refugio a establecer en el Distrito Nacional.
Finalmente, esperamos que Ud. esté aplicando una Auditoría Municipal de Género para transversalizar la perspectiva de género en los hombres y mujeres que planifican, ejecutan y evalúan los trabajos municipales.
¡Entonces sí valdrá la pena la marcha rosada!
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