Mujeres maltratadas: hijas e hijos

Por Susi Pola

Publicado en El Nacional, el martes 11 de agosto

La semana pasada en Moca fueron encontrados los cadáveres de una niña de un año de edad y de su padrastro, ambos con signos de envenenamiento. Yasmary María, había sido raptada por Francisco Alberto Rodríguez Bretón, de 42 años, porque la madre de la niña se negaba a retomar la relación sentimental con él. “El daño que me hiciste al dejarme, lo pagará tu hija”, fue la amenaza que mediante nota escrita dejó el asesino y suicida.

Este suceso de violencia basada en el género contra las mujeres, no ha sido el único con violencias ampliadas y dirigidas específicamente a los hijos e hijas, para castigar y dejar en el dolor y la culpa permanente, a las mujeres víctimas. Todavía recordamos a Manuel Pimentel, un dominicano residente en Puerto Rico, quien en julio de 2013, mató a su hija de 5 años con arma de fuego, y luego se suicidó, dejando una nota en que culpaba a la madre de la niña y la sentenciaba a quedarse sola, por haber roto la relación de ambos.

Como país, en los casi 20 años que tenemos reconociendo estas violencias, hemos comprobado que tanto la ley como la estructura de apoyo a las víctimas, precisan una reflexión permanente del fenómeno mismo, para poder reaccionar de manera propositiva frente a los diferentes escenarios y crear una verdadera línea de frente preventivo. Por ejemplo, necesitamos una articulación especializada y oportuna entre las instituciones que tocan la atención a estas violencias, tribunales con experticia en el tema, capaces de reconocer los riesgos, sobre todo los de los Niños, Niñas y Adolescentes, TNNA, que actualmente creen que un agresor puede ser un buen padre y hasta priorizan sus derechos, muchas veces, al mismo interés de la criatura, y por supuesto, al de las mujeres agredidas.

Necesitamos que la ley reconozca como víctimas directas a los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia y en ese sentido, que la misma ley restrinja la patria potestad a los padres que ejercen violencia contra la mujer, habida cuenta que el componente vengativo forma parte del cuadro de estos masculinos. También que existan en todos los puntos de contacto y entrada al sistema de atención a las víctimas de hombres violentos, mecanismos de valoración de riesgos para estas mujeres, sus hijos e hijas.

Es menester invertir más en la comprobación y prevención de la violencia machista. Tenemos un presupuesto recortado para otras urgencias mucho menos pertinentes y obedientes a la politiquería y el clientelismo, mientras los dominicanos violentos siguen matando mujeres, niños y niñas.

 

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Armas de fuego y feminicidios

Martes 3 de agosto, publicado en El Nacional

El proyecto de ley de armas sometido a la Cámara de Diputados y Diputadas, sometido por Ito Bisonó, nos sorprende y nos conmueve, en momentos en que la violencia delincuencial se acrecienta revelándonos que la población está más armada de la cuenta. El alto porcentaje de crímenes por arma de fuego, lo demuestra.

 

Para quienes estamos alerta a las causas y consecuencias de la violencia basada en el género contra las mujeres, es inadmisible que el proyecto de marras mantenga un enfoque tan ciego al género que ignore la media de 200 dominicanas al año, asesinadas por ser mujeres, la mayoría con armas de fuego, por un buen porcentaje de portadores legales de ellas.

 

En realidad, lo bueno de pensar es que existieran legisladores y legisladoras que propusieran leyes de desarme total de la población civil, lo que evitaría muertes ciudadanas y entre ellas, un buen número de mujeres que sufren maltrato y violencia, que terminan siempre trágicamente.

 

La propuesto de ley de armas, además, no diferencia bien el porte y la tenencia, ni establece limitaciones para ambas categorías, cuando debería restringir el uso en personas con historial, al menos registrado, de masculinos violentos contra las mujeres, porque sabido es y demostrado está, que con un arma, un agresor resuelve matando a mujeres y también, a menores a cargo para castigarlas.

 

Además, permitiría carabinas y fusiles desde el calibre 0.117 para uso civil, y teniendo en cuenta que dentro de esta categoría entran los fusiles tipo M-16 y AKA-47, considerados armas de guerra para uso exclusivo de ejércitos, entrarían a los hogares sofisticados armamentos que aumentarían el riesgo de muchos entornos familiares.

En último caso, el proyecto de ley, debiera mantener una perspectiva de desarme transversal en su extensión, determinando que el propio Estado asuma la responsabilidad de incluir en sus acciones y políticas, al menos dos campañas de desarme por año, que desmotiven el uso de armas de fuego.

Tenemos una cultura machista y violenta, en la que tener un arma, es el sueño de todo varón desde que empieza a crecer y de hecho, son muchos los que, lo primero que consiguen en cuanto tienen dinero, es un arma que suelen exhibir con orgullo de ¨verdadero hombre¨ y con la que resuelven cualquier contienda, del tipo que sea.

Frente a una ciudadanía asustada como la que vivimos hoy en nuestro país, por la acelerada carrera de la descomposición que tenemos, lo que menos necesitamos es una población armada -aún como ya estamos peligrosa- que responda a cualquier impasse a balazos.

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A tres años de la muerte de “Esperancita”, madre de la joven insiste en que la justicia investigue este caso de mortalidad materna prevenible

 

 

Declaración

 

 

Hoy recordamos este caso en el que una joven dominicana de 16 años con leucemia y embarazada murió porque no le aplicaron a tiempo la quimioterapia que requería para luchar por su vida. Así mismo, acompañamos a su madre que reclama justicia.

 

Santo Domingo, agosto 17 de 2015.- Hoy hace tres años falleció Rosaura Almonte, conocida públicamente como “Esperancita”, una joven dominicana de 16 años con leucemia a quien no le aplicaron la quimioterapia que requería para luchar por su vida porque estaba embarazada. Durante el tiempo que permaneció en la clínica, ni Rosaura ni su madre –Rosa Hernández- fueron informadas sobre las causas de la enfermedad ni las consecuencias de no iniciar a tiempo el tratamiento indicado para estos casos, ni tampoco de los riesgos de aplicar quimioterapia sin interrumpir el embarazo. Todas las decisiones sobre la vida y la enfermedad de su hija se tomaron sin informarles ni consultarles, ha dicho Rosa Hernández en repetidas oportunidades.

 

En busca de que se investigue y aclare qué se hizo mal en el caso de su hija fallecida, se establezcan responsabilidades y las sanciones correspondientes, en julio de 2013 la madre de la joven entabló los recursos legales que tenía a disposición, sin que hasta el momento haya habido avance alguno.

 

Por eso hoy, tanto la madre como Women’s Link y La Colectiva Mujer y Salud –apoderadas de la señora Hernández- insistimos en la necesidad de avanzar el proceso judicial, y manifestamos confianza en que con su actuación, el sistema de justicia dominicano garantizará los derechos a la salud, la integridad y la vida de las mujeres embarazadas. De esta manera, contribuirá a evitar que nuevos casos como éste ocurran en República Dominicana, considerado el cuarto país en donde se presenta el mayor número de muertes maternas de la región de Latinoamérica y el Caribe. 

 

A tres años del fallecimiento de Rosaura (“Esperancita”), es preciso recordar que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, los Estados deben garantizar el acceso completo a todos  los  tratamientos de salud que tanto mujeres como niñas requieran, incluyendo el aborto terapéutico.

 

Para que casos como el de Esperancita no se repitan en el país se hace impostergable adoptar la Ley de salud sexual y salud reproductiva que cursa en el Congreso, que junto al Código Penal que entra en vigencia en diciembre, constituyen el principal marco jurídico para garantizar el acceso seguro y de calidad a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres dominicanas.