Jordi y la justicia lenta


En junio de 2010, Jordi Veras, sufrió un atentado, dejándole secuelas irremediables físicas y emocionales, perpetrado por un sicario pagado desde la cárcel de Rafey, de Santiago, junto a una asociación de malhechores, con conexiones fuera de la cárcel y dentro del cuerpo de la Policía Nacional. Jordi había sido el abogado de Miguelina Llaverías, víctima de tentativa de feminicidio. Ambos crímenes dirigidos por la mente maquiavélica del agresor de Miguelina, con tiempo, dinero y suficiente maldad como para ordenar las ejecuciones. 

El sicariato en los casos de violencias de género y la ampliación de esos crímenes hacia el entorno de la víctima mujer, hacia toda persona relacionada, se han analizado suficientemente. Un odio asesino a ultranza, materializado por un sistema que favorece la impunidad.

El caso de Jordi Veras contra Adriano Román y compartes, tuvo catorce reenvíos en audiencia preliminar y una vez enviado a juicio de fondo, mantiene la manipulación histórica de los juicios realizados a este imputado que suele favorecerse en sus demandas.

El 4 de enero pasado, primera audiencia al fondo, el abogado del imputado, alegando haber sido contratado recientemente por el reo, solicitó plazo para estudiar el expediente, fijándose nueva audiencia para el 22 de febrero, cuando alegó no haberse puesto de acuerdo con Román, abandonando su defensa.

El tribunal aplazó el proceso a fin de se busque otro defensor, dándole  plazo de 10 días y enviando el expediente a Defensoría Pública, pero con una ampliación del tiempo a solicitud del imputado.

El pasado día 19 de abril, fijado por el tribunal para conocer la causa, el abogado de la Defensa Pública alegó que el expediente le había sido asignado hacía 20 días, plazo “no suficiente para estudiarlo”, por lo que solicitó extensión para hacerlo. El plazo fue concedido, a pesar de los alegatos del Ministerio Público y de Jordi Veras Rodríguez, que se empezara a conocer el caso, al menos con la lectura de las acusaciones correspondientes, aunque el juicio fuera suspendido luego.

La defensa del reo, apoyada por los otros tres abogados del resto de la asociación de malhechores imputados, obtuvo la ganancia del tribunal que agregó un nuevo reenvío al rosario de los anteriores.

La justicia lenta, no es justicia y enumerando los males que aquejan a la nuestra, hay que señalar cómo se desgasta este procedimiento penal que la agilizaba y que se apaña en el tiempo para favorecer a las personas imputadas de crímenes tan maquiavélicos, como el que casi termina con la vida de Jordi.

Matrimonios igualitarios

La semana pasada el Senado francés aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, subiendo el porcentaje de países que tienen ya este régimen en el mundo:

• Países Bajos (desde 2001)

• Bélgica (desde 2003)

• España (desde 2005)

• Canadá (desde 2005)

• Sudáfrica (desde 2006)

• Noruega (desde 2009)

• Suecia (desde 2009)

• Portugal (desde 2010)

• Islandia (desde 2010)

• Argentina (desde 2010)

• Dinamarca (desde 2012)

• Uruguay (desde 2013)

Además, es legal en catorce jurisdicciones de Estados Unidos, tres de ellas  tribales; en dos entidades federativas de México y en diez unidades federales de Brasil.

El matrimonio igualitario es un tema respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que lo considera un derecho de todas las personas, independientemente de la orientación sexual y en ese sentido, trabajan para su reconocimiento.

En realidad, las uniones homosexuales son antiguas, oficializadas por diferentes sociedades a lo largo de la historia del mundo y acalladas en el surgimiento de la cultura de la doble moral, que prefiere mantener las apariencias y en base a ellas, vivir la dicotomía del “deber ser”, la “normalización” y la hipocresía de aparentar, todo a costa de la salud de la humanidad.

La definición laica de matrimonio es “la suscripción de un contrato jurídico que representa la relación y convivencia de una pareja, basada en el afecto y un proyecto de vida en común, comunicando formalmente a la comunidad su voluntad de contraer los derechos y deberes pertinentes a la formulación jurídica vigente”.

El reconocido investigador y Profesor de Psicología de la Universidad de California, Gregory M. Herek, afirma que, “las relaciones heterosexuales y homosexuales, no se diferencian en sus dimensiones psicológicas fundamentales; que la orientación sexual de un/a progenitor/a no tiene relación con su habilidad para proporcionar un entorno familiar sano; que el matrimonio otorga beneficios psicológicos, sociales y de salud sustanciales; y que las parejas del mismo sexo y sus hijos probablemente se beneficiarán, de numerosas maneras, con el reconocimiento jurídico de sus familias”.

Las políticas estatales que vetan el matrimonio entre personas del mismo sexo, como en nuestro caso, son consecuencia del estigma asociado históricamente al rechazo por el respeto a la diversidad sexual, que a su vez, promueve el desarrollo de prácticas socioculturales depredadoras ejecutadas a la sombra de esa misma sociedad.

Para quienes creemos en los derechos fundamentales de las personas, la actitud ultra conservadora de algunos sectores nacionales, es irracional. ¿Cuál es el miedo?

susipola@gmail.com

Incesto en el país


A finales de la semana pasada, leíamos en la prensa que una jueza en La Vega envió a la cárcel pública, con medida de coerción de tres meses, al jornalero Carlos Díaz, acusado de violar y embarazar a su hijastra de 13 años de edad. La menor, con 5 meses de embarazo, era violada por su padrastro desde hacía más de un año y fue su madre la que, al enterarse, hizo la denuncia acusando al violador.

En el mes de enero, en San Cristóbal, dio a luz una niña de 11 años de edad, por lo que estuvo dos semanas en cuidados intensivos, entre la vida y la muerte. Su embarazo, era fruto de las violaciones reiteradas de un cuñado que la mantenía amenazada para que no hablara.

Mientras se recuperaba la niña madre de San Cristóbal, en la Plaza de la Salud, otra niña de 12 años que reside junto a su madre, su padrastro y seis hermanitos en una finca agrícola en la costa Sur de Baní, fue llevada por su abuela al Hospital de Baní, con un embarazo de 14 semanas producto de una violación en el entorno familiar, para lo que se investigaba también al padrastro de la niña.

El día 4 de abril, un reconocido noticiero de televisión, reportaba la situación de una joven que fuera embarazada a los 13 años por su padrastro y violada durante 4 años, hasta procrear un hijo. Su abogado refería que esta niña fue echada de la casa por su propia madre que, además, la obligó a retirar la denuncia contra el padrastro.

Cuando se habla de violencia hacia los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, hemos oído mencionar que se exagera poniendo al incesto como una causal de embarazo, porque no existe una frecuencia que lo amerite ni que deba de preocupar.

Sin embargo, calculando empíricamente, mal contando y sin fuentes pertinentes, solo por la referencia de la prensa, el índice se acerca a una docena por año, es decir, uno por mes. En lo que va del año, tenemos la referencia pública de tres casos, los tres a menores de 13, 12 y 11 años, que deben ser suficientes para provocar  interés en salud y en derecho, y reconocer que aquí, hay un problema grave de incesto.

Las cifras a las cuales tenemos acceso por la prensa, nos indican que son menores de edad las víctimas reveladas. Entonces, el Estado dominicano, comprometido internacionalmente con la protección a esta población etaria, ¿se quedará con los brazos cruzados?