Es hora de que nuestro país se preocupe por tanta discriminación homofóbica, ejercida en una escala diversa de reacciones que van desde dolorosos comentarios, siempre fundamentalistas, hasta la chacota generalizada refiriéndose a una condición humana, en el mayor de los cachondeos.
Y es bien preocupante que pasemos por alto los crímenes por homofobia cometidos en los últimos años en nuestro país, algunos trascendidos a las notas periodísticas, otros no, pero todos estigmatizados en el olvido y la impunidad.
La semana pasada, el relato de Melvin Durán, sobre el vía crucis que pasaron él y un amigo mientras conversaban en la Plaza España y fueron desconsiderados por una patrulla policial que decidió arrestarlos por el "delito" de "parecer" homosexuales, debe ponernos en alerta.
En nuestra comunidad social, abundan las personas machistas, autoritarias, dominantes, mandonas y violentas a la hora de la discusión, encajada en los fundamentalismos y los mitos, que se sostienen aún a costa de la vida de quienes consideran diferentes.
Que un policía, servidor de la población civil en su deber ser, entre otras cosas, armado y con poder, se convierta en el mayor peligro para la ciudadanía, ya debe de dejar de dar risa, porque es demasiado serio el asunto como para no pararse y reflexionarlo.
Con el último caso denunciado por el joven Melvin Duran, como dice el refrán, ir cortando por lo sano: un tal Comandante Serna, supuesto cabecilla del destacamento, quien pidió transferir a los dos muchachos a los destacamentos de San Carlos y la zona comercial Duarte “para que fueran abusados sexualmente” y un tal Terrero, que intentó extorsionarlos pidiéndoles dinero para liberarlos, ambos vestidos con el uniforme de Camisa blanca y pantalón azul oscuro de la Policía Turística, (POLITUR), deben ser castigados y cancelados por no saber comportarse, por constituir un peligro público y por ser fuertemente violentos. Y así, a todos los que participaron en la “cacería”.
Las autoridades deben de velar por las personas, independientemente de su color o etnia, preferencias sexuales, ideas o creencias, se esté o no de acuerdo con ellas, porque su objetivo es preservar la vida de cualquier ser humano.
Apelamos a los Principios Legales de Yogyakarta, 2007, un documento cuya finalidad es aplicar las reglas del derecho internacional de los derechos humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género de las personas, con estándares básicos para que las Naciones Unidad y los estados, como el nuestro, garanticen la protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, LGTB.
¿Padres y madres de personas LGTB, que harían si su hijo/a fuera Melvin?
(susipola@gmail.com)
Nuevo embarazo infantil
Esta vez, se trata de una niña de 10 años que está siendo tratada en la unidad para cuidados a menores embarazadas, del Hospital Regional Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, donde el 25% de los embarazos, dicen allí, es de adolescentes.
El director del hospital, doctor Miguel Ángel Geraldino, cuenta que “la institución le está prestando cuidados especiales a este embarazo debido al alto riesgo que el mismo significa para la salud de la niña y para la criatura fruto del embarazo”. De acuerdo con sus declaraciones, debido al alto número de adolescentes embarazadas en la región, el hospital ha tenido que crear una unidad especial en donde se les da seguimiento a estos casos.
También dice que “la niña está en los primeros meses de gestación y que es atendida de manera especial por un equipo de galenos designado por el centro, a fin de poder llevar a feliz término ese embarazo”. Estas declaraciones reafirman el gran impacto de un embarazo para la salud, tanto de la madre preadolescente, como para el hijo o hija que va a tener, lo que debiera constituirse en la mayor razón para implementar una adecuada educación sexual preventiva y promotora de conductas sexuales responsables entre la población adolescente.
Razones sobran para impedir que una niña de 10 años mantenga un embarazo, desde su integridad física y síquica, hasta las consecuencias de por vida, si sobrevive, y se conforman los argumentos necesarios para interrumpirlo, más aún si agregamos razones delictivas, probables en este caso, como incesto y violación, presentes en un alto porcentaje como causales de embarazos en preadolescentes.
La anemia y el síndrome hipertensivo, conocidas como las complicaciones más frecuentes en el embarazo infantil, la morbilidad maternoinfantil, presentan consecuencias graves y muchas veces insuperables que si no matan, dejarán en la niña secuelas permanentes con restricción de su expectativa de vida. Por otro lado, el 100% de las adolescentes embarazadas, en este caso, apenas entrando en la adolescencia, desertan de los programas escolares, reforzando un círculo de pobreza como futuro para las que sobreviven.
Cuando el sistema de salud habla de redoblar esfuerzos para estos casos, en nuestro país, no incluye la posibilidad de desembarazar a una niña de 10 años, con cuerpo y mente inmaduras para afrontar responsabilidades y esfuerzos físicos a esa edad, con lo que el mismo sistema, se convierte solo el testigo, y cómplice, de un proceso vital para la niña obligada a asumir la maternidad.
Y si esta otra niña de San Cristóbal fuese la tuya o la mía, ¿qué haríamos?
(susipola@gmail.com)
El director del hospital, doctor Miguel Ángel Geraldino, cuenta que “la institución le está prestando cuidados especiales a este embarazo debido al alto riesgo que el mismo significa para la salud de la niña y para la criatura fruto del embarazo”. De acuerdo con sus declaraciones, debido al alto número de adolescentes embarazadas en la región, el hospital ha tenido que crear una unidad especial en donde se les da seguimiento a estos casos.
También dice que “la niña está en los primeros meses de gestación y que es atendida de manera especial por un equipo de galenos designado por el centro, a fin de poder llevar a feliz término ese embarazo”. Estas declaraciones reafirman el gran impacto de un embarazo para la salud, tanto de la madre preadolescente, como para el hijo o hija que va a tener, lo que debiera constituirse en la mayor razón para implementar una adecuada educación sexual preventiva y promotora de conductas sexuales responsables entre la población adolescente.
Razones sobran para impedir que una niña de 10 años mantenga un embarazo, desde su integridad física y síquica, hasta las consecuencias de por vida, si sobrevive, y se conforman los argumentos necesarios para interrumpirlo, más aún si agregamos razones delictivas, probables en este caso, como incesto y violación, presentes en un alto porcentaje como causales de embarazos en preadolescentes.
La anemia y el síndrome hipertensivo, conocidas como las complicaciones más frecuentes en el embarazo infantil, la morbilidad maternoinfantil, presentan consecuencias graves y muchas veces insuperables que si no matan, dejarán en la niña secuelas permanentes con restricción de su expectativa de vida. Por otro lado, el 100% de las adolescentes embarazadas, en este caso, apenas entrando en la adolescencia, desertan de los programas escolares, reforzando un círculo de pobreza como futuro para las que sobreviven.
Cuando el sistema de salud habla de redoblar esfuerzos para estos casos, en nuestro país, no incluye la posibilidad de desembarazar a una niña de 10 años, con cuerpo y mente inmaduras para afrontar responsabilidades y esfuerzos físicos a esa edad, con lo que el mismo sistema, se convierte solo el testigo, y cómplice, de un proceso vital para la niña obligada a asumir la maternidad.
Y si esta otra niña de San Cristóbal fuese la tuya o la mía, ¿qué haríamos?
(susipola@gmail.com)
Personas adultas mayores
La situación de la población mayor de 65 años de edad, permanece invisible en nuestro imaginario, y la falta de seguridad social, de salud y de protección en general, en una edad crucial, hace obligatoria la referencia sobre este grupo etario.
La reflexión bien puede partir de la descripción situacional que hace Julia Pérez, de la Unión de Asociaciones Familiares (Unaf), en España, cuando dice que el progresivo envejecimiento de la población y su repercusión en las situaciones de dependencia funcional y emocional favorece que las personas mayores se hayan convertido en uno de los grupos sociales más susceptibles de sufrir abuso, malos tratos y violencia. Como consecuencia de la desigualdad, en nuestra región, las mujeres adultas carecen de ingresos propios, convirtiéndolas en las más vulnerables de este grupo.
Para visualizar el problema, podemos ver la diferencia socio cultural entre las personas adultas mayores con la nota anecdótica siguiente: cuando muere el patriarca, es frecuente que hijos e hijas hasta discutan por recibir a la madre viuda, porque significa, frecuentemente, una ganancia en términos domésticos siendo una especie de “ama de llaves” no remunerada, que facilita la vida de la familia que la acoge, con el plus de cocinar buenísimo, atender a la gente menuda, saber los secretos mejores para rendir presupuestos y hasta lavar y planchar perfectamente.
Sin embargo, cuando es la madre quien muere, las cosas son diferentes y poca es la pelea por un adulto mayor viudo, dependiente hasta para colar café, preparar alimentos simples, mantener su espacio y ropa limpios y en fin, ocupar su tiempo “doméstico” para el que no fue preparado. Entonces, es frecuente que hijos e hijas, a poco de su viudez, consideren que “a papá hay que buscarle una compañera, si posible una solterona tranquila, porque está muy solo, el pobre”, alentándolo en ese sentido.
Actualmente, en América Latina y El Caribe, viven más de 40 millones de personas con más de 65 años, aproximadamente el 7% de la población total, y es notable la diferencia por sexo, cuando las cifras muestran que las mujeres que no reciben ingresos propios, superan al menos dos veces las de los hombres en ese grupo, el 27% de ellas en las zonas urbanas y el 30% en las rurales.
En 8 países de la región, incluyendo el nuestro, más del 75% de las adultas mayores de 65 años no perciben jubilaciones o pensiones retributivas, problema que se agudiza por la expectativa mayor de vida en las mujeres, haciéndolas más dependientes y vulnerables al maltrato de sus derechos y su salud.
En nuestro país, tenemos que empezar a mirar hacia las personas adultas mayores. ¡Ya es tiempo!
(susipola@gmail.com)
La reflexión bien puede partir de la descripción situacional que hace Julia Pérez, de la Unión de Asociaciones Familiares (Unaf), en España, cuando dice que el progresivo envejecimiento de la población y su repercusión en las situaciones de dependencia funcional y emocional favorece que las personas mayores se hayan convertido en uno de los grupos sociales más susceptibles de sufrir abuso, malos tratos y violencia. Como consecuencia de la desigualdad, en nuestra región, las mujeres adultas carecen de ingresos propios, convirtiéndolas en las más vulnerables de este grupo.
Para visualizar el problema, podemos ver la diferencia socio cultural entre las personas adultas mayores con la nota anecdótica siguiente: cuando muere el patriarca, es frecuente que hijos e hijas hasta discutan por recibir a la madre viuda, porque significa, frecuentemente, una ganancia en términos domésticos siendo una especie de “ama de llaves” no remunerada, que facilita la vida de la familia que la acoge, con el plus de cocinar buenísimo, atender a la gente menuda, saber los secretos mejores para rendir presupuestos y hasta lavar y planchar perfectamente.
Sin embargo, cuando es la madre quien muere, las cosas son diferentes y poca es la pelea por un adulto mayor viudo, dependiente hasta para colar café, preparar alimentos simples, mantener su espacio y ropa limpios y en fin, ocupar su tiempo “doméstico” para el que no fue preparado. Entonces, es frecuente que hijos e hijas, a poco de su viudez, consideren que “a papá hay que buscarle una compañera, si posible una solterona tranquila, porque está muy solo, el pobre”, alentándolo en ese sentido.
Actualmente, en América Latina y El Caribe, viven más de 40 millones de personas con más de 65 años, aproximadamente el 7% de la población total, y es notable la diferencia por sexo, cuando las cifras muestran que las mujeres que no reciben ingresos propios, superan al menos dos veces las de los hombres en ese grupo, el 27% de ellas en las zonas urbanas y el 30% en las rurales.
En 8 países de la región, incluyendo el nuestro, más del 75% de las adultas mayores de 65 años no perciben jubilaciones o pensiones retributivas, problema que se agudiza por la expectativa mayor de vida en las mujeres, haciéndolas más dependientes y vulnerables al maltrato de sus derechos y su salud.
En nuestro país, tenemos que empezar a mirar hacia las personas adultas mayores. ¡Ya es tiempo!
(susipola@gmail.com)
Violencia de género en reforma
La diferencia entre los países que reaccionan ante la violencia de género y los que, como ocurre en el nuestro, se hace lo que se puede, está demostrada en la voluntad política desde la inversión para producir cambios que puedan mejorar la situación de mujeres, menores y envejecientes.
Los asesinatos de hijos e hijas por padres agresores, con historias de violencia de pareja registradas en el sistema judicial, son sucesos que evidencian que los victimarios también constituyen un peligro para ellos/as, comprobación que debe alarmar. Las cifras de muertes de mujeres, hombres, niños y niñas, a causa de la violencia de género desbordada, en la República dominicana sobrepasan “las razonables”.
Alternativas para el proceso criminal, como la de agilizar el trámite en casos de violencias basadas en el género, como el juicio de urgencia indicado en algunos países en la violencia doméstica, dentro del plazo máximo de dos días a partir de la denuncia, protegen a madres e hijos/as a cargo, lo que en nuestro sistema de atención haría falta. También la de suspender la guarda y hasta la patria potestad a los padres registrados violentos, como protección a la vida de niños y niñas.
Hace unos años atrás, decía Juan Luis Rascón, de Jueces para la Democracia en España, que los políticos y las políticas deben plantearse soluciones integrales, siendo muy importante, además de la rapidez de los juicios, las “medidas cautelares, como el desalojo inmediato del agresor y soluciones económicas para la supervivencia de la víctima”, todo en plazos mínimos.
¿Falta de creatividad judicial y legislativa o de conocimiento del tema de las violencias contra las mujeres? Parece que ambas cosas de parte del sistema jurídico y legislativo impiden que avancemos en ese sentido.
Al sistema judicial le falta mayor experticia del tema y a los legisladores y legisladoras, también, a pesar de que hay más apertura y conocimiento. Ambos espacios debieran acompañarse de asesorías puntuales para entender la complejidad del fenómeno legal de la violencia contra la mujer.
Las comisiones legislativas, todas con asesores y asesoras del área del Derecho, solo tendrían que prever el conocimiento del género para ese acompañamiento, un ejercicio que es de justicia, porque las mujeres no son un sector, sino la mitad del todo, porque los crímenes contra ellas se corresponden a un número significativo y porque son resultado de la complejidad que plantean las relaciones entre hombres y mujeres.
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