El próximo sábado, es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, desde 1990 cuando en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, decidió declararlo así.
Más de 600 organizaciones de mujeres de la región, reafirman que, en países y gobiernos que se dicen democráticos, es inaudito que las mujeres no puedan ejercer el derecho a decidir cuándo pueden o no ser madres, que tengan embarazos forzados, muchas veces producto de violaciones sexuales y que eso no sea lo condenable.
Para este año, la campaña internacional del 28 de septiembre, entiende que la sanción penal a la interrupción del embarazo en todas las circunstancias constituye en un acto injusto y violatorio de los Derechos Humanos de las mujeres, negándoles y/o lesionando su derecho a la vida, salud, autonomía, integridad personal, libertad de conciencia y a no ser discriminada ni sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Destaca que la penalización del aborto en todas las circunstancias fomenta y profundiza la injusticia social, convirtiendo el acceso a interrupción segura en problemática discriminatoria; ya que son las mujeres de escasos recursos económicos quienes se ven obligadas a recurrir al aborto en condiciones, deplorables, insalubres y peligrosas, poniendo en riesgo su vida y salud.
Teniendo en cuenta que la tendencia en el mundo es a la promulgación e implementación de leyes que se circunscriben desde el ámbito de la despenalización total hasta la interrupción por causales, sea por peligro de la vida de la madre; de violación sexual, incesto y deformidad del feto; resulta totalmente inaceptable, cruel e inhumano que en siete países de América Latina y el Caribe el aborto permanezca siendo objeto de penalización absoluta.
Por eso, solicitan al Gobierno de la República Dominicana:
• Reformar sin más dilación y con carácter de urgencia la legislación nacional a los fines de garantizar a todas las mujeres el acceso al aborto legal y seguro.
• Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto a la capacidad de las mujeres para decidir de manera autónoma sobre su sexualidad y su reproducción, en especial sobre la interrupción de embarazos no deseados.
• Considerar los acuerdos del Consenso de Montevideo los cuales instan a los países a eliminar el aborto inseguro.
• Tomar acciones para evitar la injerencia de sectores integristas, religiosos y ultraconservadores en la puesta en marcha de políticas públicas sobre salud y derechos sexuales y derechos reproductivos.
¡Por la salud y los derechos de las dominicanas, apoyamos la campaña!
(susipola@gmail.com)
Tenares: epílogo de feminicidios
A la solicitud de cese de prisión preventiva y revisión del estado de privación de libertad, del imputado Belarmino Antonio Polanco Toribio, de 47 años, profesor, y aplicación de medidas de coerción que sustituyan la prisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, regularmente constituida en la sala donde acostumbra a celebrar sus audiencias públicas, admitió el pedimento imponiendo en cambio las obligaciones de comparecencia periódica, la presentación de una garantía económica de seis millones de pesos dominicanos e impedimento de salida del país.
Es el epílogo del doble feminicidio cometido por Polanco Toribio en el mes de abril de 2012, en la ciudad de Tenares, contra Dianelba Santana, de 30 años y madre de tres menores, y Leticia Liriano Ortiz, de 22 y estudiante de medicina de noveno semestre, tía y sobrina, respectivamente. En la ejecución de las dos mujeres, el feminicida también hirió de bala en el vientre a un menor de dos años; dos menores más lograron escapar de la escena del crimen y posteriormente, reconocieron el vehículo del asesino condenado el 25 de febrero de 2013 por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial Hermanas Mirabal, a 30 años de reclusión, por sentencia No. 006-2013.
El profesor Belarmino Antonio Polanco Toribio, 26 años mayor que Leticia Liviano Ortiz, tenía en su carro una pistola marca BRICO, Cal. 9Mm., que portaba ilegalmente y el celular de ella, del que había revisado sus llamadas esa noche y confrontado telefónicamente a un compañero de ella, de la Universidad Católica Nordestana, para posteriormente, en horas de la madrugada, cometer el crimen.
Es evidente que el sistema judicial, aún contando con leyes que evidencian la violencia contra la mujer, está frente al fracaso de controlar este fenómeno que mata a tantas dominicanas como para preocuparse. La persistencia y el aumento, unido a las nuevas formas de matar mujeres y a la impunidad que servidores y servidoras de la justicia penal favorecen, se puede llamar fracaso nacional de un Estado comprometido desde su Constitución en la protección de la violencia contra las mujeres.
La decisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, que será súper justificada con alegatos de orden procesal, es una burla a las que sobrevivimos a Dianelba y a Leticia, y un premio para quienes se mueven en la misoginia y el crimen.
¿Tiene derecho a la libertad quien mata a dos mujeres a sangre fría y también hiere en el vientre a un niñito de casi dos años?
(susipola@gmail.com)
Es el epílogo del doble feminicidio cometido por Polanco Toribio en el mes de abril de 2012, en la ciudad de Tenares, contra Dianelba Santana, de 30 años y madre de tres menores, y Leticia Liriano Ortiz, de 22 y estudiante de medicina de noveno semestre, tía y sobrina, respectivamente. En la ejecución de las dos mujeres, el feminicida también hirió de bala en el vientre a un menor de dos años; dos menores más lograron escapar de la escena del crimen y posteriormente, reconocieron el vehículo del asesino condenado el 25 de febrero de 2013 por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial Hermanas Mirabal, a 30 años de reclusión, por sentencia No. 006-2013.
El profesor Belarmino Antonio Polanco Toribio, 26 años mayor que Leticia Liviano Ortiz, tenía en su carro una pistola marca BRICO, Cal. 9Mm., que portaba ilegalmente y el celular de ella, del que había revisado sus llamadas esa noche y confrontado telefónicamente a un compañero de ella, de la Universidad Católica Nordestana, para posteriormente, en horas de la madrugada, cometer el crimen.
Es evidente que el sistema judicial, aún contando con leyes que evidencian la violencia contra la mujer, está frente al fracaso de controlar este fenómeno que mata a tantas dominicanas como para preocuparse. La persistencia y el aumento, unido a las nuevas formas de matar mujeres y a la impunidad que servidores y servidoras de la justicia penal favorecen, se puede llamar fracaso nacional de un Estado comprometido desde su Constitución en la protección de la violencia contra las mujeres.
La decisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, que será súper justificada con alegatos de orden procesal, es una burla a las que sobrevivimos a Dianelba y a Leticia, y un premio para quienes se mueven en la misoginia y el crimen.
¿Tiene derecho a la libertad quien mata a dos mujeres a sangre fría y también hiere en el vientre a un niñito de casi dos años?
(susipola@gmail.com)
La Iglesia y sus pecados
La denuncia de la periodista Nuria Piera es un duro golpe para la ciudadanía, especialmente a la feligresía católica, conturbada por los supuestos actos de agresión sexual de parte del Nuncio Apostólico del Vaticano en nuestro país, Josef Wesolowski.
Referencia que agrega desazón por las anteriores denuncias de presuntos violadores, a los también sacerdotes católicos, padre Wojciech, conocido aquí como “Alberto”, acusado de violar a más de diez niños en la comunidad de Juncalito, y al padre Juan Manuel de Jesús Mota, llamado Johnny, señalado violador por al menos cuatro jóvenes cuando eran menores de edad.
Parece que, finalmente, el tema del abuso sexual clerical, traspasa las paredes de nuestra iglesia católica local y desborda los intentos de esconder tanto dolor infantil ocasionado desde el poder del púlpito, eso si, sin que la jerarquía local atine a enfrentarlo.
Las reacciones dentro del clero dominicano, públicas por necesidad, mostraron la gran división de esa institución. Monseñor Antonio Camilo, obispo de La Vega, fue directo al manifestar: “Pedimos perdón a las personas afectadas, a sus familias, a la sociedad y al pueblo sencillo, por las veces que con el mal ejemplo y la falta de un testimonio coherente, como servidores de Jesucristo, hemos ofendido”. Monseñor Agripino Núñez, reconoció que el nuncio Wesolowski había hecho “bellaquerías” y fue destituido, cuando la Santa Sede se enteró que "andaba en malos pasos".
Inaceptable fue la reacción del Cardenal que en rueda de prensa convocada a nombre del episcopado dominicano, sin que fuera así, permitiera que tres sacerdotes sin preparación para ser portavoces, leyeran un documento reactivo y en la misma línea autoritaria de siempre, firmado por él mismo. El mensaje presentado frente a las personas de la prensa, no fue un acto de contrición necesario hacia las víctimas, a la feligresía católica y a la ciudadanía, porque la soberbia y la altanería, fue la regla. Además, la misma jactancia y endiosamiento exhibidos por los portavoces, que acusaron irresponsablemente a sectores de esa misma prensa convocada, a la que le llevaron personas a desdecirse, produjo un gran repudio por lo burdo de la situación.
La iglesia católica local, manejada desde hace mucho con despotismo y sin planes, a partir de un poder ignominioso sostenido por la clase política dominicana e impuesto al resto del pueblo, está bastante rota. Sin que sea culpa de nadie más que de la iglesia misma.
Los jerarcas católicos locales pongan su reloj en hora, hasta con el nuevo Papa, para enfrentar el abuso clerical y el episcopado que se renueve, de lo contrario, ¡acabará con la fe del pueblo!
(susipola@gmail.com)
Referencia que agrega desazón por las anteriores denuncias de presuntos violadores, a los también sacerdotes católicos, padre Wojciech, conocido aquí como “Alberto”, acusado de violar a más de diez niños en la comunidad de Juncalito, y al padre Juan Manuel de Jesús Mota, llamado Johnny, señalado violador por al menos cuatro jóvenes cuando eran menores de edad.
Parece que, finalmente, el tema del abuso sexual clerical, traspasa las paredes de nuestra iglesia católica local y desborda los intentos de esconder tanto dolor infantil ocasionado desde el poder del púlpito, eso si, sin que la jerarquía local atine a enfrentarlo.
Las reacciones dentro del clero dominicano, públicas por necesidad, mostraron la gran división de esa institución. Monseñor Antonio Camilo, obispo de La Vega, fue directo al manifestar: “Pedimos perdón a las personas afectadas, a sus familias, a la sociedad y al pueblo sencillo, por las veces que con el mal ejemplo y la falta de un testimonio coherente, como servidores de Jesucristo, hemos ofendido”. Monseñor Agripino Núñez, reconoció que el nuncio Wesolowski había hecho “bellaquerías” y fue destituido, cuando la Santa Sede se enteró que "andaba en malos pasos".
Inaceptable fue la reacción del Cardenal que en rueda de prensa convocada a nombre del episcopado dominicano, sin que fuera así, permitiera que tres sacerdotes sin preparación para ser portavoces, leyeran un documento reactivo y en la misma línea autoritaria de siempre, firmado por él mismo. El mensaje presentado frente a las personas de la prensa, no fue un acto de contrición necesario hacia las víctimas, a la feligresía católica y a la ciudadanía, porque la soberbia y la altanería, fue la regla. Además, la misma jactancia y endiosamiento exhibidos por los portavoces, que acusaron irresponsablemente a sectores de esa misma prensa convocada, a la que le llevaron personas a desdecirse, produjo un gran repudio por lo burdo de la situación.
La iglesia católica local, manejada desde hace mucho con despotismo y sin planes, a partir de un poder ignominioso sostenido por la clase política dominicana e impuesto al resto del pueblo, está bastante rota. Sin que sea culpa de nadie más que de la iglesia misma.
Los jerarcas católicos locales pongan su reloj en hora, hasta con el nuevo Papa, para enfrentar el abuso clerical y el episcopado que se renueve, de lo contrario, ¡acabará con la fe del pueblo!
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Mortalidad materna en Santiago
La mortalidad materna dominicana sorprende, porque las parturientas en este país alumbran, casi el ciento por ciento, en instituciones hospitalarias. Ya para el año de 2007, se estimaba que de cada 100 mil niños/as que nacían vivos/as en nuestro país, morían 159 madres; una tasa superior a la media para América Latina y el Caribe, de 130 mujeres muertas. Para esa época, Marcela Suarzo, Directora Regional para el UNFPA, decía que el 73% de las muertes maternas eran totalmente por causas prevenibles, asociadas a la falta de atención en el proceso del embarazo y la vulnerabilidad de las madres menores que, en la región, constituyen el 18% de los embarazos entre los 15 y 19 años; y si son antes de los 15 años, con doble riesgo de morir embarazadas, en el parto o en los 40 días posteriores.
Actualmente, el promedio de muertes maternas en la región es de 80 mujeres por cada 100,000 niños/as nacidos/as vivos/as, según UNFPA, con diferencias en los países; mientras Chile y Uruguay tienen una mortalidad materna de 25 y 29 muertes por cada 100,000 nacidos/as vivos/as. Haití es el país que más muertes tiene, con 350.
El hospital regional José María Cabral y Báez de Santiago, está bajo la mira del sistema de salud por tener el mayor número de muertes maternas este año, 5 mujeres en los dos primeros meses de este 2013.
A este hospital regional, de difícil manejo por su complejidad, llegan parturientas desde las 14 provincias del Cibao y desde Haití; muchas de ellas referidas ya desahuciadas y en malas condiciones. En declaraciones a la prensa, el doctor Rolando Báez, médico director del HJMCB, reconocido en Santiago por años de práctica intachable, recientemente dijo a la prensa el dato de que un 26% de las parturientas que alumbran mensualmente en este hospital son haitianas que llegan sin atención prenatal.
Es importante incorporar una visión diagnóstica más amplia, que incluya otras variables sociales para dar con cifras reales de dominicanas muertas alrededor de su maternidad. Si las pacientes llegan de unidades periféricas a “morir” al Hospital Cabral y Báez, el dato geográfico y su contexto, es importante. Lo mismo con las 90 parturientas haitianas por mes, cuya identificación, a la hora de establecer las estadísticas, debe diferenciarse.
El mismo director del HJMCB sugería la creación de uno o dos hospitales de maternidad ubicados en la frontera con Haití, donde las parturientas puedan acudir sistemáticamente a chequeos y a partos, aliviando el presupuesto de 10 millones de pesos mensuales de este hospital; dos millones de los cuales son para parturientas del hermano país.
(susipola@gmail.com)
Actualmente, el promedio de muertes maternas en la región es de 80 mujeres por cada 100,000 niños/as nacidos/as vivos/as, según UNFPA, con diferencias en los países; mientras Chile y Uruguay tienen una mortalidad materna de 25 y 29 muertes por cada 100,000 nacidos/as vivos/as. Haití es el país que más muertes tiene, con 350.
El hospital regional José María Cabral y Báez de Santiago, está bajo la mira del sistema de salud por tener el mayor número de muertes maternas este año, 5 mujeres en los dos primeros meses de este 2013.
A este hospital regional, de difícil manejo por su complejidad, llegan parturientas desde las 14 provincias del Cibao y desde Haití; muchas de ellas referidas ya desahuciadas y en malas condiciones. En declaraciones a la prensa, el doctor Rolando Báez, médico director del HJMCB, reconocido en Santiago por años de práctica intachable, recientemente dijo a la prensa el dato de que un 26% de las parturientas que alumbran mensualmente en este hospital son haitianas que llegan sin atención prenatal.
Es importante incorporar una visión diagnóstica más amplia, que incluya otras variables sociales para dar con cifras reales de dominicanas muertas alrededor de su maternidad. Si las pacientes llegan de unidades periféricas a “morir” al Hospital Cabral y Báez, el dato geográfico y su contexto, es importante. Lo mismo con las 90 parturientas haitianas por mes, cuya identificación, a la hora de establecer las estadísticas, debe diferenciarse.
El mismo director del HJMCB sugería la creación de uno o dos hospitales de maternidad ubicados en la frontera con Haití, donde las parturientas puedan acudir sistemáticamente a chequeos y a partos, aliviando el presupuesto de 10 millones de pesos mensuales de este hospital; dos millones de los cuales son para parturientas del hermano país.
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