Llamamos la atención a que los distintos Comités de las Naciones Unidas
han manifestado preocupación por la elevada tasa de mortalidad materna
que existe en la región
Como miembra del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, capítulo dominicano, comparto el documento de demandas que, con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, circula en todos los países de la región:
El Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, CLADEM, red de organizaciones y mujeres activistas en más de 13 países de la región exigimos en este día que los Estados respeten los derechos reproductivos de las mujeres. La ciudadanía empieza en democracia, por decidir en libertad y sin coerción sobre el propio cuerpo, el poder optar sexualmente sin temor a la discriminación o violencia. No hay ciudadanía real para las mujeres si nuestros cuerpos están colonizados y/o controlados por políticas y leyes que nos colocan como personas que deben ser tuteladas por el Estado.
Reivindicamos que la autonomía reproductiva es un derecho humano de las mujeres y se traduce en la posibilidad de decidir si tenemos o no hijos, cuántos, con qué intervalos y con quién; la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado o forzado; de contar con el asesoramiento y los medios para prevenir un embarazo no deseado, para acceder a él a través de nuevas tecnologías, o para llevarlo a cabo sin riesgos; para tener partos seguros y prevenir y evitar la morbilidad y mortalidad materna.
Reivindicamos que la sexualidad es una dimensión constituyente de la dignidad de las personas, que se expresa como el derecho a la autonomía sexual, consistente en ejercer la ciudadanía sobre el propio cuerpo y en el poder de decisión sobre las opciones sexuales sin temor a discriminación o violencia. Por ello es necesario que los Estados proporcionen educación sexual como estrategia de calidad de vida actual y futura.
Llamamos la atención a que los distintos Comités de las Naciones Unidas han manifestado preocupación por la elevada tasa de mortalidad materna que existe en la región y que especialmente afecta a las mujeres más pobres. Frente a esto han recomendado a los Estados revisar la legislación que criminaliza el aborto. Sin embargo, los Estados con visión patriarcal continúan penalizándolo en alianza con la jerarquía de la iglesia católica y de iglesias fundamentalistas, pese a que está entre las principales causas de muerte materna.
Decimos noa la criminalización de las mujeres que deciden abortar, más aún cuando su vida está en peligro o porque producto de violación sexual o incesto enfrentan un embarazo no deseado. Tal como lo establece el Comité de Derechos Humanos los Estados deben brindar el servicio de aborto terapéutico, de lo contrario violan el derecho de las mujeres a no ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Exigimos a los Estados que revisen su legislación en materia de aborto y que prevean excepciones a la prohibición total del aborto ante casos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, embarazos productos de violación o incesto, tal como lo han recomendado el Consejo de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en distintas observaciones finales.
Denunciamos que aún en los Estados donde existen estas excepciones a la ley y se permite la interrupción legal del embarazo bajo ciertas circunstancias como salvar la vida, la salud o en casos de violación, se dificulta su acceso en los hospitales públicos por falta de información, de servicios amigables y con calidad y por la tan aludida “objeción de consciencia” de los servidores/as públicos/as Estos casos muchas veces son judicializados constituyendo una práctica institucional innecesaria e ilegal que coloca en mayor riesgo a las mujeres.
Convocamos a todas las personas, a las organizaciones de derechos humanos, a los Estados y a la comunidad internacional a no dar un paso atrás por el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El aborto es una problemática que requiere ser analizada desde la perspectiva de los derechos humanos, como un problema social y de salud pública.
¡Exigimos respeto irrestricto a la laicidad de los Estados de la región!¡Autonomía sexual y reproductiva, ya!
susipola@gmail.com
SDOG y el aborto
El miércoles pasado, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, SDOG, presentó al país su posicionamiento sobre el aborto inseguro en la República Dominicana a partir de lo que llamó, una declaración de consenso, leída por su actual presidente, el doctor Ruddy Guerrero.
En su discurso, el doctor Guerrero dijo que en el país, a pesar del rígido marco legal que penaliza la práctica del aborto en todas sus formas, este sigue estrechamente vinculado a la muerte materna, estableciendo que su control no depende de intervenciones punitivas sino de la efectividad de programas y políticas de prevención.
Guerrero manifestó que las cifras estadísticas oficiales reflejan que el aborto se registra entre las primeras cinco causas de muerte materna, promediando el 9% en el periodo 2000-201 , asociándose las complicaciones a condiciones médicas como infecciones, hemorragia uterina y lesión de órganos, destacándose la perforación uterina o intestinal, situaciones clínicas precedidas por demoras para acceder a los servicios a consecuencia de la ilegalidad, la práctica del aborto en medios no habilitados, la intervención de personal no entrenado y el empleo de instrumentos contaminados, y las complicaciones derivadas de procedimientos anestésicos.
La SDOG, llama la atención de que las mujeres afectadas, por lo general, son jóvenes y pobres, víctimas de la exclusión social y con escaso acceso a métodos anticonceptivos modernos.
De acuerdo a los datos reportados por el doctor Guerrero, la Asamblea Mundial de la OMS del año 2004, identificó la prevención del aborto como parte de los objetivos para el desarrollo del milenio en la meta de mejora de la salud materna y la SDOG, afiliada a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), se siente comprometida con el mejoramiento de la salud sexual y salud reproductiva de la ciudadanía dominicana.
Como factores que profundizan el problema, se destacó la insuficiencia de métodos anticonceptivos en general; control ejercido por los grupos religiosos en las escuelas; barreras socioculturales existentes; falta de enfoque de género que garantice una educación afectivo sexual en niños y niñas; atención deficiente post aborto inseguro y total penalización por la interrupción del embarazo, aún en casos de violación, incesto y peligro de muerte de la madre.
La SDOG, llamó a sus afiliadas/os a participar de forma activa en el debate nacional relacionado con la modificación del Código Penal, el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva, y la Ley Especial de Violencia Contra las Mujeres, considerando que el aborto debe abordarse de forma esencial desde la perspectiva sanitaria, excluyendo las conceptualizaciones de orden religioso.
Nos queda felicitar a la SDOG por su pronunciamiento, oportuno y necesario para las dominicanas.
susipola@gmail.com
En su discurso, el doctor Guerrero dijo que en el país, a pesar del rígido marco legal que penaliza la práctica del aborto en todas sus formas, este sigue estrechamente vinculado a la muerte materna, estableciendo que su control no depende de intervenciones punitivas sino de la efectividad de programas y políticas de prevención.
Guerrero manifestó que las cifras estadísticas oficiales reflejan que el aborto se registra entre las primeras cinco causas de muerte materna, promediando el 9% en el periodo 2000-201 , asociándose las complicaciones a condiciones médicas como infecciones, hemorragia uterina y lesión de órganos, destacándose la perforación uterina o intestinal, situaciones clínicas precedidas por demoras para acceder a los servicios a consecuencia de la ilegalidad, la práctica del aborto en medios no habilitados, la intervención de personal no entrenado y el empleo de instrumentos contaminados, y las complicaciones derivadas de procedimientos anestésicos.
La SDOG, llama la atención de que las mujeres afectadas, por lo general, son jóvenes y pobres, víctimas de la exclusión social y con escaso acceso a métodos anticonceptivos modernos.
De acuerdo a los datos reportados por el doctor Guerrero, la Asamblea Mundial de la OMS del año 2004, identificó la prevención del aborto como parte de los objetivos para el desarrollo del milenio en la meta de mejora de la salud materna y la SDOG, afiliada a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), se siente comprometida con el mejoramiento de la salud sexual y salud reproductiva de la ciudadanía dominicana.
Como factores que profundizan el problema, se destacó la insuficiencia de métodos anticonceptivos en general; control ejercido por los grupos religiosos en las escuelas; barreras socioculturales existentes; falta de enfoque de género que garantice una educación afectivo sexual en niños y niñas; atención deficiente post aborto inseguro y total penalización por la interrupción del embarazo, aún en casos de violación, incesto y peligro de muerte de la madre.
La SDOG, llamó a sus afiliadas/os a participar de forma activa en el debate nacional relacionado con la modificación del Código Penal, el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva, y la Ley Especial de Violencia Contra las Mujeres, considerando que el aborto debe abordarse de forma esencial desde la perspectiva sanitaria, excluyendo las conceptualizaciones de orden religioso.
Nos queda felicitar a la SDOG por su pronunciamiento, oportuno y necesario para las dominicanas.
susipola@gmail.com
Adolescentes dominicanas
En el mundo, anualmente nacen 17 millones de hijos/as de madres adolescentes entre 15 a 19 años, lo que equivale al 13% de todos los nacimientos. Esto ocurre entre las mujeres más pobres y con menor educación, estableciendo una inequidad social de raíces en las discriminaciones por género, constituyéndose en una puerta de entrada a la pobreza, así como en un mecanismo de reproducción generacional de ella.
En América Latina y el Caribe, cerca del 50% de las y los adolescentes menores de 17 años ya son sexualmente activos antes de cumplir los 18 años y el 65% de ellos/as, no usan una protección anticonceptiva ni contra las infecciones de transmisión sexual en su primera relación sexual.
De acuerdo a Prevención del Embarazo en Adolescentes con Perspectiva de Género y Enfoque de DDHH: Hacia una Política Nacional, publicación del Comité Técnico Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, del país, es un fenómeno que va más allá del sector salud, debido a que acarrea múltiples consecuencias no sólo en el orden de la salud, sino también para el desarrollo social en general, con consecuencias que alcanzan a la mujer adolescente, a su hijo o hija, a su pareja, a su familia y a la comunidad misma a la cual pertenece.
Además, entre los países de la región, la República Dominicana está entre los 5 con más altos índices de embarazos en adolescentes, presentando una de las más altas tasas de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad, registrada en 92 por 1.000 mujeres.
Como causas estructurales y complejas el estudio mencionado, habla de las deficiencias respecto a la sexualidad de las y los adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad, sin una educación sexual que permita a los/as adolescentes manejar su sexualidad con responsabilidad, así como la falta de oportunidades educativas y laborales y de proyecto de vida, todo esto dentro de una visión familista que a través de diversos mecanismos, amortigua los costos de la reproducción temprana.
El país aún está abrumado con el caso de Esperancita o Rosaura, la adolescente embarazada y con leucemia, que la ciencia criolla, timorata y genuflexa, no pudo salvar por empecinarse en conservar un embrión de pocas semanas que también se fue en el intento.
El 26 de septiembre es el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes y debemos recordar que su prevención es tarea de todos los sectores gubernamentales y de la sociedad civil, incluyendo a los medios de comunicación y la iniciativa privada.
¡No más casos de Esperanzas que matan a Rosauras!
susipola@gmail.com
En América Latina y el Caribe, cerca del 50% de las y los adolescentes menores de 17 años ya son sexualmente activos antes de cumplir los 18 años y el 65% de ellos/as, no usan una protección anticonceptiva ni contra las infecciones de transmisión sexual en su primera relación sexual.
De acuerdo a Prevención del Embarazo en Adolescentes con Perspectiva de Género y Enfoque de DDHH: Hacia una Política Nacional, publicación del Comité Técnico Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, del país, es un fenómeno que va más allá del sector salud, debido a que acarrea múltiples consecuencias no sólo en el orden de la salud, sino también para el desarrollo social en general, con consecuencias que alcanzan a la mujer adolescente, a su hijo o hija, a su pareja, a su familia y a la comunidad misma a la cual pertenece.
Además, entre los países de la región, la República Dominicana está entre los 5 con más altos índices de embarazos en adolescentes, presentando una de las más altas tasas de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad, registrada en 92 por 1.000 mujeres.
Como causas estructurales y complejas el estudio mencionado, habla de las deficiencias respecto a la sexualidad de las y los adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad, sin una educación sexual que permita a los/as adolescentes manejar su sexualidad con responsabilidad, así como la falta de oportunidades educativas y laborales y de proyecto de vida, todo esto dentro de una visión familista que a través de diversos mecanismos, amortigua los costos de la reproducción temprana.
El país aún está abrumado con el caso de Esperancita o Rosaura, la adolescente embarazada y con leucemia, que la ciencia criolla, timorata y genuflexa, no pudo salvar por empecinarse en conservar un embrión de pocas semanas que también se fue en el intento.
El 26 de septiembre es el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes y debemos recordar que su prevención es tarea de todos los sectores gubernamentales y de la sociedad civil, incluyendo a los medios de comunicación y la iniciativa privada.
¡No más casos de Esperanzas que matan a Rosauras!
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Diputados en pena
El caso del diputado perredeista por Santiago Rodríguez, Ramón Antonio Fernández, Papo, efectivamente no es el primero, ni será el último, mirando como funciona la solidaridad entre pares, aún sean mujeres y en el pesar de violencias de género y violaciones sexuales, para eso la doble moral quedó establecida en parte del Congreso Dominicano.
Por cierto y sin casualidad, de los 39 diputados/as del PRD que se opusieron al retiro de la inmunidad parlamentaria al acusado, once que ocupaban una curul durante la discusión de la reforma constitucional de 2009, votaron a favor del controvertido artículo 30, hoy 37, que prohíbe toda forma de interrupción del embarazo, incluso si con ello salva la vida de la madre. Un buen intento de parte de esos/as diputados/as, de agregar solidariamente a la inmunidad, la impunidad.
Condenado en marzo pasado en la Suprema Corte de Justicia por haber seducido y convivido maritalmente con una adolescente de 14 años, Ramón Antonio Fernández, de acuerdo a la prensa, reconoció ser "un chin culpable", durante la audiencia celebrada el jueves en la Cámara de Diputados, sin que podamos identificar los dicotómicos valores mínimos, que atraen simpatías para los “bandoleros que buscan ser agradables”.
Otro desacierto imprudente del presunto violador, es el alegato de que “los hechos sucedieran cuando él no era diputado”, con lo que, además de asegurar que las cosas se dieron, pretende confundir respecto a la integridad de un funcionario, elegido por el pueblo, antes, durante o después de su asunción como representante de un buen grupo ciudadano. (Deberían de condenarlo también, por el engaño).
Los partidos políticos tienen que recogerse porque están demasiado expuestos y en evidencia de sus males, mayores de lo que se creía. Van a tener que espulgar bien sus candidaturas para no pasar vergüenzas tan grandes, sabiendo que las personas candidatas, no pueden pasear colas tan largas que terminan siendo pisoteadas.
Entre quienes favorecieron la “impunidad” –que ya no es inmunidad- del legislador está Radhamés Ramos, el que compartió, en los “debates” del artículo 30 la receta del aborto permitido -porque ni la iglesia se opuso- consistente en que la embarazada se “tirara de nalgas” por una escalera, coincidentemente, condenado por la justicia por traficar chinos.
También se inclinaron por la peculiar inmunidad, las herederas
diputadas que no lo eran cuando el artículo 30: Sonya Abreu, esposa de Julio Romero, y Aracelis Duarte, viuda da Pablo Adón, coherentes con el voto de sus maridos entonces.
En fin, el “hoy por mí, mañana por ti”, conmovió, pero no ganó. ¡Ahora, es hora de ver si el refajo de la Justicia sigue asomando!
susipola@gmail.com
Por cierto y sin casualidad, de los 39 diputados/as del PRD que se opusieron al retiro de la inmunidad parlamentaria al acusado, once que ocupaban una curul durante la discusión de la reforma constitucional de 2009, votaron a favor del controvertido artículo 30, hoy 37, que prohíbe toda forma de interrupción del embarazo, incluso si con ello salva la vida de la madre. Un buen intento de parte de esos/as diputados/as, de agregar solidariamente a la inmunidad, la impunidad.
Condenado en marzo pasado en la Suprema Corte de Justicia por haber seducido y convivido maritalmente con una adolescente de 14 años, Ramón Antonio Fernández, de acuerdo a la prensa, reconoció ser "un chin culpable", durante la audiencia celebrada el jueves en la Cámara de Diputados, sin que podamos identificar los dicotómicos valores mínimos, que atraen simpatías para los “bandoleros que buscan ser agradables”.
Otro desacierto imprudente del presunto violador, es el alegato de que “los hechos sucedieran cuando él no era diputado”, con lo que, además de asegurar que las cosas se dieron, pretende confundir respecto a la integridad de un funcionario, elegido por el pueblo, antes, durante o después de su asunción como representante de un buen grupo ciudadano. (Deberían de condenarlo también, por el engaño).
Los partidos políticos tienen que recogerse porque están demasiado expuestos y en evidencia de sus males, mayores de lo que se creía. Van a tener que espulgar bien sus candidaturas para no pasar vergüenzas tan grandes, sabiendo que las personas candidatas, no pueden pasear colas tan largas que terminan siendo pisoteadas.
Entre quienes favorecieron la “impunidad” –que ya no es inmunidad- del legislador está Radhamés Ramos, el que compartió, en los “debates” del artículo 30 la receta del aborto permitido -porque ni la iglesia se opuso- consistente en que la embarazada se “tirara de nalgas” por una escalera, coincidentemente, condenado por la justicia por traficar chinos.
También se inclinaron por la peculiar inmunidad, las herederas
diputadas que no lo eran cuando el artículo 30: Sonya Abreu, esposa de Julio Romero, y Aracelis Duarte, viuda da Pablo Adón, coherentes con el voto de sus maridos entonces.
En fin, el “hoy por mí, mañana por ti”, conmovió, pero no ganó. ¡Ahora, es hora de ver si el refajo de la Justicia sigue asomando!
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Poder Judicial y violencia
Apenas hace unos días, una abogada defensora de un juez indefendible, recordó lo “inadmisible de la crítica por parte de organizaciones y personas de la sociedad civil” con las sentencias, pero mantengo mis trece y creo que la judicatura dominicana se está relajando. Lo reitero aunque, enganchados/as a doctrinólogos/as del derecho tradicional, me llamen “penalista populista”.
Algunas sentencias, en especial si se refieren a las violencias contra las mujeres, hablan por sí solas y la ciudadanía tiene derecho de cuestionarlas cuando considere que vulneran los derechos de las víctimas, sobre todo de las sobrevivientes.
Es notoria la desproporción de algunas sentencias dictadas en el marco de la resistencia sociocultural al tema de la discriminación de género, por hombres y mujeres que, nos queda desear, nunca tengan que esperar justicia para sus madres, hermanas, hijas, compañeras, amigas o a ellas mismas.
El 28 de agosto, otro tribunal colegiado se destapó con una sentencia condenatoria de 6 años de cárcel, a Enmanuel Pérez Santos o David Guzmán, quien el 17 de noviembre de 2010, infirió a su exesposa, Fiordaliza Fructuoso, 19 puñaladas porque “si no es de él, no será de nadie”, dejándola por muerta. Pero como no murió, los magistrados José Aníbal Madera Francisco y Eduardo de los Santos Rosario y la magistrada Josefina Guerrero, alegaron a favor de su decisión, que Enmanuel Pérez Santos o David Guzmán no mató a Fiordaliza Fructuoso, quien, según ellos, a pesar de una perforación del pulmón y otras lesiones permanentes, bien puede restablecer su vida con normalidad.
Así de simple. No importa que de los seis años, apenas queden casi cuatro, y posiblemente menos en este sistema, que el frustrado feminicida llame aún desde la cárcel para advertirle que cuando salga, termina su trabajo, que ella haya manifestado su terror siempre frente al tribunal y sobre todo, que si no la mató, no fue porque la “diligencia” del crimen no fuera bien hecha, sino más bien, por un milagro.
En un país como el nuestro, donde cada día y medio se asesina a una mujer por razones de género, ninguna persona en la línea sancionadora de la administración de justicia, debe mostrar ignorancia frente a estos casos, complejos y difíciles. No pueden existir jueces y juezas que se resistan al tema y lo consideren irrelevante y no especializado. Cuando se tratan estas violencias, hay que conocer la perspectiva de género como una transversalidad permanente.
De lo contrario, habrá que incluir, junto a la incidencia y la impunidad, al Poder Judicial como parte del problema del feminicidio en República Dominicana.
susipola@gmail.com
Algunas sentencias, en especial si se refieren a las violencias contra las mujeres, hablan por sí solas y la ciudadanía tiene derecho de cuestionarlas cuando considere que vulneran los derechos de las víctimas, sobre todo de las sobrevivientes.
Es notoria la desproporción de algunas sentencias dictadas en el marco de la resistencia sociocultural al tema de la discriminación de género, por hombres y mujeres que, nos queda desear, nunca tengan que esperar justicia para sus madres, hermanas, hijas, compañeras, amigas o a ellas mismas.
El 28 de agosto, otro tribunal colegiado se destapó con una sentencia condenatoria de 6 años de cárcel, a Enmanuel Pérez Santos o David Guzmán, quien el 17 de noviembre de 2010, infirió a su exesposa, Fiordaliza Fructuoso, 19 puñaladas porque “si no es de él, no será de nadie”, dejándola por muerta. Pero como no murió, los magistrados José Aníbal Madera Francisco y Eduardo de los Santos Rosario y la magistrada Josefina Guerrero, alegaron a favor de su decisión, que Enmanuel Pérez Santos o David Guzmán no mató a Fiordaliza Fructuoso, quien, según ellos, a pesar de una perforación del pulmón y otras lesiones permanentes, bien puede restablecer su vida con normalidad.
Así de simple. No importa que de los seis años, apenas queden casi cuatro, y posiblemente menos en este sistema, que el frustrado feminicida llame aún desde la cárcel para advertirle que cuando salga, termina su trabajo, que ella haya manifestado su terror siempre frente al tribunal y sobre todo, que si no la mató, no fue porque la “diligencia” del crimen no fuera bien hecha, sino más bien, por un milagro.
En un país como el nuestro, donde cada día y medio se asesina a una mujer por razones de género, ninguna persona en la línea sancionadora de la administración de justicia, debe mostrar ignorancia frente a estos casos, complejos y difíciles. No pueden existir jueces y juezas que se resistan al tema y lo consideren irrelevante y no especializado. Cuando se tratan estas violencias, hay que conocer la perspectiva de género como una transversalidad permanente.
De lo contrario, habrá que incluir, junto a la incidencia y la impunidad, al Poder Judicial como parte del problema del feminicidio en República Dominicana.
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