¿Quiénes atienden los casos de personas abandonadas en la calle? ¿Corresponde a la Policía? ¿A la Fiscalía? ¿Y cuando hay niños y niñas? Cansada de recorrer todas estas instancias, una amiga angustiada, hace estas preguntas.
Desde hace más de tres meses, una mujer joven con dos niños de 3 y 7 años, y una niña de 10, se instaló en el portal de su apartamento. Llega alrededor de las diez de la noche cada día, acomoda un pedazo de colcha y encima unas cuantas sábanas viejas y sucias, duerme allí con sus hijos e hija y a eso del medio día siguiente, se marcha para volver otra vez por la noche. Como esto es entre la puerta de dos apartamentos, las personas que viven en ellos tienen que pasar por arriba de la mujer, sus hijos e hija y soportar las incomodidades de una persona desbordada por la drogadicción que en ese espacio, consume drogas y convive con diferentes hombres frente a sus hijos e hija.
Mi amiga ha recurrido a la Fiscalía y a la Policía y, aunque han tratado, no han podido hacer nada, porque es una enferma, dicen. La Policía se la lleva y a las horas, vuelve insultando y amenazando. CONANI y el Tribunal de NNA recogieron a los varones, pero la niña sigue estando con su madre, expuesta al peligro de la prostitución infantil. Cuando la mujer, sin techo y abandonada a su suerte con tres criaturas, vuelve de los “arrestos”, se manifiesta de manera muy violenta especialmente contra mi amiga, a quien considera culpable por denunciarla.
En estos momentos, acaban de reforzar la seguridad del zaguán, porque al parecer, tendrán que cargar con su propia defensa y así, sin más, velar por su cuidado de cara al vacío de estrategias nacionales y municipales para enfrentar la situación de las personas que viven en la calle. Pero en este caso, la mujer sin hogar, debido a las drogas, es muy agresiva y se torna peligrosa.
Hablamos mucho de la pobreza pero pocas realidades humanas son descarnadas como la pobreza severa y miserable de quienes no tienen siquiera un lugar en donde cobijarse, un problema cuya frecuencia desconocemos pero que empíricamente, vemos en aumento.
La realidad que vive esta mujer, ha traído el desasosiego a quienes agrede, manteniendo en riesgo permanente a sus menores, sin que hasta la fecha nadie pueda resolver la situación. Es desidia del Estado y el Ministerio de Salud Pública, es abulia de las autoridades municipales, es un lavarse las manos.
En otros países, existe refugio mínimo para estos casos y autoridades que protegen y hacen la diferencia.
susipola@gmail.com
Corrupción y mujeres
Como dijo este año el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-Moon, la corrupción malogra las oportunidades, crea desigualdades flagrantes, socava los derechos humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y distorsiona los mercados.
El domingo pasado fue el Día Internacional Contra la Corrupción, establecido por la Asamblea General de la ONU en el 2003, para llamar la atención a la cantidad de recursos públicos malversados y robados con sus consecuencias para la salud, educación, vivienda y demás necesidades fundamentales de las personas.
En la República Dominicana, ubicada entre los países donde hay más corrupción, nos arropa con consecuencias negativas que comprometen la vida de la ciudadanía, un costo que ya el país se ha cansado de pagar. De la región de Latinoamérica y el Caribe, nos ubicamos entre los 15 países con mayor corrupción.
Las secuelas de la corrupción son desproporcionadamente negativas para mujeres y niñas, porque comprometen seriamente su acceso a centros educativos y clínicas de calidad, su propio empoderamiento social y económico e incluso las perspectivas para el país de crecimiento, igualdad de género y equidad en general.
Las investigaciones sociales aseguran que las mujeres somos las más afectadas por los resultados de la corrupción, debido a la brecha de desigualdad existente entre los hombres y las mujeres, en detrimento de estas últimas, especialmente en países en vías de desarrollo como el nuestro, donde la brecha de género tiene una tasa en rango 73 entre 134 países, y un valor de desigualdad debajo de uno, 0.6774, de acuerdo al índice del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para mayo de 2011.
Como dijo este año el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-Moon, la corrupción malogra las oportunidades, crea desigualdades flagrantes, socava los derechos humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y distorsiona los mercados. Además, dice Ki-Moon, agudiza los problemas ambientales, a causa del vertimiento ilegal de residuos peligrosos y el comercio ilegal de la fauna y la flora facilitados por el soborno y los incentivos encubiertos que determinan a quién se han de adjudicar los contratos, en particular cuando se trata de proyectos de infraestructura a gran escala sumamente lucrativos.
Cuando existe corrupción en la prestación de servicios básicos, todos los sectores sufren y los efectos pueden continuar manifestándose generación tras generación, pero las mujeres y las niñas soportamos en mayor medida por: la dificultad que tenemos para acceder a los recursos; somos las principales usuarias de los servicios públicos; tenemos menos voz y participación político social y estamos menos implicadas en funciones públicas y administrativas relacionadas con la prestación de servicios clave tales como agua, salud, saneamiento y escolarización; quedamos al margen de la toma de decisiones y finalmente, nuestros derechos no gozan de la protección adecuada.
La corrupción profundiza la pobreza, ¡y la feminiza!
susipola@gmail.com
El domingo pasado fue el Día Internacional Contra la Corrupción, establecido por la Asamblea General de la ONU en el 2003, para llamar la atención a la cantidad de recursos públicos malversados y robados con sus consecuencias para la salud, educación, vivienda y demás necesidades fundamentales de las personas.
En la República Dominicana, ubicada entre los países donde hay más corrupción, nos arropa con consecuencias negativas que comprometen la vida de la ciudadanía, un costo que ya el país se ha cansado de pagar. De la región de Latinoamérica y el Caribe, nos ubicamos entre los 15 países con mayor corrupción.
Las secuelas de la corrupción son desproporcionadamente negativas para mujeres y niñas, porque comprometen seriamente su acceso a centros educativos y clínicas de calidad, su propio empoderamiento social y económico e incluso las perspectivas para el país de crecimiento, igualdad de género y equidad en general.
Las investigaciones sociales aseguran que las mujeres somos las más afectadas por los resultados de la corrupción, debido a la brecha de desigualdad existente entre los hombres y las mujeres, en detrimento de estas últimas, especialmente en países en vías de desarrollo como el nuestro, donde la brecha de género tiene una tasa en rango 73 entre 134 países, y un valor de desigualdad debajo de uno, 0.6774, de acuerdo al índice del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para mayo de 2011.
Como dijo este año el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-Moon, la corrupción malogra las oportunidades, crea desigualdades flagrantes, socava los derechos humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y distorsiona los mercados. Además, dice Ki-Moon, agudiza los problemas ambientales, a causa del vertimiento ilegal de residuos peligrosos y el comercio ilegal de la fauna y la flora facilitados por el soborno y los incentivos encubiertos que determinan a quién se han de adjudicar los contratos, en particular cuando se trata de proyectos de infraestructura a gran escala sumamente lucrativos.
Cuando existe corrupción en la prestación de servicios básicos, todos los sectores sufren y los efectos pueden continuar manifestándose generación tras generación, pero las mujeres y las niñas soportamos en mayor medida por: la dificultad que tenemos para acceder a los recursos; somos las principales usuarias de los servicios públicos; tenemos menos voz y participación político social y estamos menos implicadas en funciones públicas y administrativas relacionadas con la prestación de servicios clave tales como agua, salud, saneamiento y escolarización; quedamos al margen de la toma de decisiones y finalmente, nuestros derechos no gozan de la protección adecuada.
La corrupción profundiza la pobreza, ¡y la feminiza!
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Círculo de Mujeres con Discapacidad
esde 1982, cada 3 de diciembre es Día Internacional de Personas con Discapacidad, para informar y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas discapacitadas, alrededor del 15% de la población mundial, cifra en aumento por las catástrofes naturales.
Entre estas personas, las mujeres son las más vulnerables a la violencia basada en el género y a otras discriminaciones que se suman por el solo hecho de ser mujeres, amenaza que aumenta si la discapacidad es mental. Las que enfrentan una discapacidad motora, además de las barreras arquitectónicas de nuestras ciudades inclusivas, también ven disminuido su acceso a una vida normal por todo tipo de brechas de género que se les presentan.
En nuestro país, existe el Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS, fundado por Brunilda Amaral, Cristina Francisco e Hindia Matos el 28 de marzo de 1998, para promover el liderazgo, la participación e igualdad a favor de las mujeres con alguna discapacidad, alcanzando reconocimiento a nivel nacional e internacional por su ejemplar actuación a favor de los derechos de las mujeres en estas condiciones.
El CIMUDIS es la primera ONG dominicana con organismos de dirección, como un Consejo Permanente, para velar por la correcta marcha de esta entidad; una Junta Directiva en el Distrito Nacional y Directivas Regionales en cada uno de sus núcleos, que se encargan de agrupar a mujeres con diferentes discapacidades (sordas, ciegas y con discapacidad motora). De esta manera integran la diversidad y el esfuerzo colectivo para el logro de objetivos de este sector.
Está conformado por más de 450 socias organizadas en el Distrito Nacional, 14 núcleos regionales activos y dos comités gestores, localizados en Jarabacoa, Bonao, San Francisco de Macorís Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, Samaná, San José de Ocoa, San Cristóbal, Las Matas de Farfán, Azua, Sabana Grande de Boya, La Vega y Sabana del Puerto.
Las mujeres del CIMUDIS son fuertes, emprendedoras y aportan al país con el ejercicio de una ciudadanía comprometida, como sus fundadoras. Todo el país recuerda a Brunilda Amaral, una de ellas, quien a causa de las lesiones recibidas el 9 de febrero de 1966, cuando en la protesta de estudiantes secundarios/as y universitarios/as por el reconocimiento de las autoridades de la UASD, la entrega del subsidio a ese centro de estudios y la desocupación de los liceos por las tropas norteamericanas, sufrió lesiones que la llevaron a permanecer en una silla de ruedas.
Como Brunilda, las mujeres del CIMUDIS, son ejemplo de las dominicanas, bravas, valerosas e intrépidas, no se rinden frente a un detalle que, en lugar de disminuirlas, las engrandece.
susipola@gmail.com
Entre estas personas, las mujeres son las más vulnerables a la violencia basada en el género y a otras discriminaciones que se suman por el solo hecho de ser mujeres, amenaza que aumenta si la discapacidad es mental. Las que enfrentan una discapacidad motora, además de las barreras arquitectónicas de nuestras ciudades inclusivas, también ven disminuido su acceso a una vida normal por todo tipo de brechas de género que se les presentan.
En nuestro país, existe el Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS, fundado por Brunilda Amaral, Cristina Francisco e Hindia Matos el 28 de marzo de 1998, para promover el liderazgo, la participación e igualdad a favor de las mujeres con alguna discapacidad, alcanzando reconocimiento a nivel nacional e internacional por su ejemplar actuación a favor de los derechos de las mujeres en estas condiciones.
El CIMUDIS es la primera ONG dominicana con organismos de dirección, como un Consejo Permanente, para velar por la correcta marcha de esta entidad; una Junta Directiva en el Distrito Nacional y Directivas Regionales en cada uno de sus núcleos, que se encargan de agrupar a mujeres con diferentes discapacidades (sordas, ciegas y con discapacidad motora). De esta manera integran la diversidad y el esfuerzo colectivo para el logro de objetivos de este sector.
Está conformado por más de 450 socias organizadas en el Distrito Nacional, 14 núcleos regionales activos y dos comités gestores, localizados en Jarabacoa, Bonao, San Francisco de Macorís Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, Samaná, San José de Ocoa, San Cristóbal, Las Matas de Farfán, Azua, Sabana Grande de Boya, La Vega y Sabana del Puerto.
Las mujeres del CIMUDIS son fuertes, emprendedoras y aportan al país con el ejercicio de una ciudadanía comprometida, como sus fundadoras. Todo el país recuerda a Brunilda Amaral, una de ellas, quien a causa de las lesiones recibidas el 9 de febrero de 1966, cuando en la protesta de estudiantes secundarios/as y universitarios/as por el reconocimiento de las autoridades de la UASD, la entrega del subsidio a ese centro de estudios y la desocupación de los liceos por las tropas norteamericanas, sufrió lesiones que la llevaron a permanecer en una silla de ruedas.
Como Brunilda, las mujeres del CIMUDIS, son ejemplo de las dominicanas, bravas, valerosas e intrépidas, no se rinden frente a un detalle que, en lugar de disminuirlas, las engrandece.
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Con Olaya Dotel
Existen maneras y maneras de ejercer la ciudadanía que tienen que ver con la capacidad de intervenir, conscientemente o no, de las personas, frente a procesos de transformación de la sociedad y de regeneración de las estructuras estatales. Así dice Demetrio Valentín, obispo brasileño exponente de la Doctrina Social de la Iglesia, asegurando también que es la ciudadanía la que puede reciclar la sociedad, de manera continua, oxigenándola con nuevos valores, los que la conciencia ética vaya indicando de manera siempre más clara.
Para Valentín, sin el ejercicio consistente, articulado y perseverante de la ciudadanía, los valores resultan utópicos, y el permanecer inaccesibles puede provocar la frustración y el desánimo. Y, consciente del compromiso que tiene la ciudadanía de realizar las utopías, entiende que es importante preguntarnos: ¿Qué ciudadanía queremos?
Como un grupo interesante de dominicanas que provienen de todas las áreas del colectivo, Olaya Dotel es una de las personas conscientes que se ha respondido a esa pregunta, eligiendo los valores de la ética, la dignidad, la sensibilidad social, la participación solidaria y todos los que empujan hacia la utopía de una sociedad inclusiva y democrática. Es lo que transmiten sus escritos y sus actuaciones, es una ciudadana activa con apertura a lo transcendente.
Politóloga, con una licenciatura en Ciencias Políticas de la UASD, y con Maestría en Ciencias Sociales, orientación en Educación, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en Buenos Aires, Argentina, entre muchos otros títulos, Olaya Dotel, tiene varias publicaciones e investigaciones realizadas y es, además, articulista. A través de sus artículos convoca a la ciudadanía a la reflexión, siempre democrática, para ubicarnos en los márgenes de una mejor democracia.
Sin embargo, hay quienes ejercen la ciudadanía exclusiva, apoyados por grandes cuentas bancarias crecidas en el ejercicio de la adulonería alabanciosa prepagada que no soportan el disenso a sus estrechas visiones y por estos días de fervor politiquero a ultranza, maquinan historias que le adjudican a personas como Olaya, capacidades funestas que demostradamente no tiene. Son lo que alguien ha dado en llamar “paleros intelectuales”, nunca mejor dicho y para ellos, el pueblo no es nadie y el país parece funcionar para un grupo autosostenido entre sí, a partir de un “arroz con mango” construido en un tiempo entre funciones y trabajo mediático -la proporción no se sabe- y alabando al poder se mantienen en él.
Así, a Olaya Dotel, intelectual, trabajadora, democrática y con derecho a expresar sus ideas, la convierten en una peligrosa amenaza para la estabilidad que en su mundo y para su grupo creen vigente, sin saber que en este país tan pequeño, nos conocemos todos y todas.
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Feministas y Código Penal
En 1999 la Comisión Redactora, compuesta por cinco hombres y una mujer, abogados y abogada que no tenían trayectoria de trabajo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, terminó y presentó el anteproyecto de Código Penal dominicano, que había estado trabajando por decreto presidencial.
Desde entonces, la Coalición de ONG por un Código Penal Moderno y Consensuado, compuesta por feministas y mujeres organizadas e independientes, iniciaron un periplo que se extiende hasta la fecha, hoy con el nombre de Foro Feminista y cuenta con las mismas abogadas técnicas de entonces, ahora más especializadas y otras jóvenes expertas incorporadas en el proceso.
En 2003, el proyecto fue aprobado por el Senado. La Coalición de ONG por un Código Penal Moderno y Consensuado y la entonces Secretaría de la Mujer, presentaron previamente sendos documentos de propuestas muy similares, enfocadas a introducir la perspectiva de género desde los derechos humanos de las mujeres, pero no fueron escuchadas.
El documento aprobado por el Senado en aquel momento, provocó reacciones de diferentes sectores de la sociedad civil y del sector estatal. CONANI, entidad máxima del Sistema Nacional de Protección a las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia y la Coalición de ONG por la Infancia señalaron el irrespeto a los derechos humanos de los Niñas, Niñas y Adolescentes y otras reacciones fueron la de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, Colegio Médico Dominicano y Asociación de Dueños de Clínicas quienes se oponían a las severas sanciones impuestas a los médicos y personal de salud por prácticas de abortos. Junto a las mujeres de la Coalición, solicitaron al entonces presidente de la República observar la pieza para que fuera devuelta a la Cámara de Diputados y Diputadas a fines de revisión.
El presidente entonces, doctor Leonel Fernández, observó el anteproyecto advirtiendo sobre la desnaturalización y/o abandono de las previsiones establecidas en la ley 24-97 y apelaba a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano.
A través de estos años, la pieza ha estado en discusión en diferentes comisiones hasta hace tres semanas que fue dado a conocer el último informe que contiene prácticamente los mismos retrocesos para las mujeres que el anteproyecto de 2003. El Foro Feminista, solicitó una reunión el día 30 de octubre al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados/as, porque entendió que los debates estaban abiertos y nadie respondió para refutarlo.
Entonces, decir que “las feministas no entienden la reforma” no parece que sea lo correcto, tanto la entienden que, de manera propositiva, llevan acompañándola ¡desde sus inicios!
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Código Penal y Feminicidio
Estamos en noviembre, mes de la No Violencia Contra las Mujeres, el menos propicio para que se tomen decisiones contra los derechos de las dominicanas.
La Organización canadiense Hombres de Montreal en Contra del Sexismo, decía que “los hombres matan a las mujeres, a los niños y a las niñas como un acto de propiedad, terrorismo y venganza, con el apoyo de una sociedad y un sistema judicial sexista y sentenciaban que, esta masacre y continuo exterminio, seguirá hasta que no se termine el sexismo y la violencia sexista, junto con todas las excusas de los hombres para consigo mismos”.
La cultura patriarcal y machista se mantiene incólume en el imaginario del poder dominicano que rechaza incorporar una visión democrática, equitativa e inclusiva, resistiéndose a todo razonamiento en este sentido y mirando hacia atrás, con el apoyo de una cultura política desvirtuada y en un espacio que da la impresión de situarse a espaldas del pueblo.
Es lo que está aconteciendo en el Congreso dominicano, donde un grupo mayoritario de legisladores y legisladoras, no terminan de entender que el feminicidio es un crimen de género que trasciende las fronteras de lo doméstico, empeñándose en nombrarlo diferente y tipificarlo solo cuando se mata a la pareja.
Preocupa la confusión conceptual y el afán de desconocer el trabajo de investigación sobre el fenómeno del feminicidio de personas e instituciones que en este país, trabajan desde hace más de quince años coordinando conocimientos internacionales con personas investigadoras en la región y en el mundo. La acción obstinada de limitar la tipificación del crimen al ámbito doméstico y de pareja, dejaría fuera y en la impunidad a más del 35% de las muertes violentas de las mujeres, por el hecho de ser mujeres.
La aparición de nuevos escenarios del feminicidio en los últimos 5 a 10 años, señalan una modificación en el operativo de este crimen, pasando de ser, para comienzos de 2000, en un 70% íntimo, es decir ejecutado por parejas o ex parejas de las víctimas, a un 62.52% para el año 2006, indicando que más de 37% de estas muertes violentas de mujeres, no son ejecutadas por la pareja, de ahí la necesidad de ampliar la nominación de un crimen que preocupa a todo el país.
Junto a un feminicidio exclusivo, despojar a la ley penal de una definición de la violencia contra la mujer, como propone la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados/as, es otra señal de la confusión y la resistencia respecto a la complejidad cultural de las relaciones desiguales de género y la violencia que generan.
Estamos en noviembre, mes de la No Violencia Contra las Mujeres, el menos propicio para que se tomen decisiones contra los derechos de las dominicanas.
susipola@gmail.com
La Organización canadiense Hombres de Montreal en Contra del Sexismo, decía que “los hombres matan a las mujeres, a los niños y a las niñas como un acto de propiedad, terrorismo y venganza, con el apoyo de una sociedad y un sistema judicial sexista y sentenciaban que, esta masacre y continuo exterminio, seguirá hasta que no se termine el sexismo y la violencia sexista, junto con todas las excusas de los hombres para consigo mismos”.
La cultura patriarcal y machista se mantiene incólume en el imaginario del poder dominicano que rechaza incorporar una visión democrática, equitativa e inclusiva, resistiéndose a todo razonamiento en este sentido y mirando hacia atrás, con el apoyo de una cultura política desvirtuada y en un espacio que da la impresión de situarse a espaldas del pueblo.
Es lo que está aconteciendo en el Congreso dominicano, donde un grupo mayoritario de legisladores y legisladoras, no terminan de entender que el feminicidio es un crimen de género que trasciende las fronteras de lo doméstico, empeñándose en nombrarlo diferente y tipificarlo solo cuando se mata a la pareja.
Preocupa la confusión conceptual y el afán de desconocer el trabajo de investigación sobre el fenómeno del feminicidio de personas e instituciones que en este país, trabajan desde hace más de quince años coordinando conocimientos internacionales con personas investigadoras en la región y en el mundo. La acción obstinada de limitar la tipificación del crimen al ámbito doméstico y de pareja, dejaría fuera y en la impunidad a más del 35% de las muertes violentas de las mujeres, por el hecho de ser mujeres.
La aparición de nuevos escenarios del feminicidio en los últimos 5 a 10 años, señalan una modificación en el operativo de este crimen, pasando de ser, para comienzos de 2000, en un 70% íntimo, es decir ejecutado por parejas o ex parejas de las víctimas, a un 62.52% para el año 2006, indicando que más de 37% de estas muertes violentas de mujeres, no son ejecutadas por la pareja, de ahí la necesidad de ampliar la nominación de un crimen que preocupa a todo el país.
Junto a un feminicidio exclusivo, despojar a la ley penal de una definición de la violencia contra la mujer, como propone la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados/as, es otra señal de la confusión y la resistencia respecto a la complejidad cultural de las relaciones desiguales de género y la violencia que generan.
Estamos en noviembre, mes de la No Violencia Contra las Mujeres, el menos propicio para que se tomen decisiones contra los derechos de las dominicanas.
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Gobierno y Código Penal
El jueves primero de noviembre, se llevó a cabo la Declaración de Compromiso de las instituciones y organizaciones que integran la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI), en presencia del presidente de la República y la primera dama, ministros y ministras y otras personas funcionarias del gobierno dominicano, así como representantes de la sociedad civil y de agencias internacionales de financiamiento.
Una gran convocatoria respondida en apoyo a esta comisión que viene trabajando desde finales de la década de los noventa, conformada por diferentes ministerios e instituciones del Estado dominicano, con una representación de dos ONG que trabajan la violencia contra la mujer, Profamilia y el Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM, de Santiago.
El trabajo de la CONAPLUVI, presidido por la ministra de la Mujer, ha tenido sus altas y sus bajas en estos años, la más de las veces reunida sin la presencia de los/as ministros/as que la componen, porque aún no se entiende la importancia de trabajar contra la violencia de género contra la mujer desde todas las instancias del Estado, pero desde el año pasado, impulsada por el Ministerio de la Mujer, planteando un plan de trabajo que es la base del compromiso declarado la semana pasada.
El acto tuvo solo dos intervenciones, de la ministra Alejandrina Germán y del procurador general de la República. La primera leyó la Declaración de Compromiso, con lo pactado por cada una de las instituciones y organizaciones que lo componen y el Procurador, anunció la campaña Promesa de Hombre, establecida para frenar la violencia contra las mujeres. Ambos, manifestaron preocupación por las altas cifras de violencia y se adhirieron al compromiso del presidente Medina en su discurso de toma de posesión de asumir “la responsabilidad de desarrollar un esfuerzo integral para erradicar esa horrible lacra que nos avergüenza, que es la violencia intrafamiliar y de género”.
La ministra Alejandrina Germán, se declaró en contra de los cambios que contradicen la Ley 24-97 en el Código Penal y los avances logrados en materia de protección a la mujer, apelando a la Constitución dominicana, al igual que el Francisco Domínguez Brito, quien también mencionó la modificación en curso del Código Procesal Penal. Ambas personalidades instaron a los/as legisladores/as a no retroceder en ambas reformas.
La administración del Estado, al igual que el movimiento de mujeres que viene dando seguimiento a estas reformas desde hace más de trece años, han enviado un mensaje claro a los/as legisladores/as y ojalá, en este noviembre que empieza de manera diferente para el gobierno, no se convierta en la fecha del atraso, en materia de leyes penales contra la violencia hecha a las mujeres.
susipola@gmail.com
Una gran convocatoria respondida en apoyo a esta comisión que viene trabajando desde finales de la década de los noventa, conformada por diferentes ministerios e instituciones del Estado dominicano, con una representación de dos ONG que trabajan la violencia contra la mujer, Profamilia y el Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM, de Santiago.
El trabajo de la CONAPLUVI, presidido por la ministra de la Mujer, ha tenido sus altas y sus bajas en estos años, la más de las veces reunida sin la presencia de los/as ministros/as que la componen, porque aún no se entiende la importancia de trabajar contra la violencia de género contra la mujer desde todas las instancias del Estado, pero desde el año pasado, impulsada por el Ministerio de la Mujer, planteando un plan de trabajo que es la base del compromiso declarado la semana pasada.
El acto tuvo solo dos intervenciones, de la ministra Alejandrina Germán y del procurador general de la República. La primera leyó la Declaración de Compromiso, con lo pactado por cada una de las instituciones y organizaciones que lo componen y el Procurador, anunció la campaña Promesa de Hombre, establecida para frenar la violencia contra las mujeres. Ambos, manifestaron preocupación por las altas cifras de violencia y se adhirieron al compromiso del presidente Medina en su discurso de toma de posesión de asumir “la responsabilidad de desarrollar un esfuerzo integral para erradicar esa horrible lacra que nos avergüenza, que es la violencia intrafamiliar y de género”.
La ministra Alejandrina Germán, se declaró en contra de los cambios que contradicen la Ley 24-97 en el Código Penal y los avances logrados en materia de protección a la mujer, apelando a la Constitución dominicana, al igual que el Francisco Domínguez Brito, quien también mencionó la modificación en curso del Código Procesal Penal. Ambas personalidades instaron a los/as legisladores/as a no retroceder en ambas reformas.
La administración del Estado, al igual que el movimiento de mujeres que viene dando seguimiento a estas reformas desde hace más de trece años, han enviado un mensaje claro a los/as legisladores/as y ojalá, en este noviembre que empieza de manera diferente para el gobierno, no se convierta en la fecha del atraso, en materia de leyes penales contra la violencia hecha a las mujeres.
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Código Penal y el incesto
La cuestión del incesto, un tema polémico universal, ha sido históricamente cuestionada por todas las culturas y castigado en la mayoría de los países, primando la prohibición, con las variaciones dadas dependiendo del contexto.
En nuestra ley penal actual, se define como incesto a todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer grado y la acción se castiga con el máximo de la reclusión sin que, además, puedan acogerse atenuantes para quien cometa el crimen. (Artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal dominicano).
Actualmente, cuando hablamos de pena de reclusión mayor, nos referimos a la de 3 a 20 años de prisión, salvo en aquellos casos establecidos por el artículo 303-4 del Código Penal, como es el del incesto, en que significará la pena de 30 años, el máximo de la reclusión.
La modificación al Código Penal, presentada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados/as, define el incesto en el artículo 110 de la propuesta, como todo acto de naturaleza sexual cometido por una persona, no importa su forma, en contra de otra persona con la cual esté vinculada por parentesco hasta el cuarto grado o afinidad hasta el tercer grado, lo sanciona con las penas de cuatro a diez años de prisión mayor y multa de cuatro a diez salarios, y cuando sea cometido contra un/a menor de edad, establece la pena de veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios. Es decir que se eliminaría el parentesco adoptivo, se reconocería el incesto contra personas adultas y sí se disminuiría la pena, porque en la ley propuesta, la pena máxima es de cuarenta años.
La aprobación en primera lectura de la propuesta de Código Penal, presentada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados/as, asombró al país y sobre todo, a las organizaciones y movimientos de mujeres que tienen más de doce años siguiendo el proceso de modificación de leyes de manera activa.
Tan solo dos diputadas y tres diputados, de los 132 presentes al pleno, rechazaron, votando no, la propuesta de no leer la pieza legislativa, nos referimos a Guadalupe Valdés, diputada por la APD, Magda Rodríguez, por el PLD y los diputados perredeistas Eugenio Cedeño, Miguel Collado y Hugo Tolentino. Para el resto de los/as presentes, es indiferente la importancia de una reforma de tanta envergadura, a pesar de tratarse del Congreso con más disponibilidad de tiempo y sin presiones pre electorales.
susipola@gmail.com
En nuestra ley penal actual, se define como incesto a todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer grado y la acción se castiga con el máximo de la reclusión sin que, además, puedan acogerse atenuantes para quien cometa el crimen. (Artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal dominicano).
Actualmente, cuando hablamos de pena de reclusión mayor, nos referimos a la de 3 a 20 años de prisión, salvo en aquellos casos establecidos por el artículo 303-4 del Código Penal, como es el del incesto, en que significará la pena de 30 años, el máximo de la reclusión.
La modificación al Código Penal, presentada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados/as, define el incesto en el artículo 110 de la propuesta, como todo acto de naturaleza sexual cometido por una persona, no importa su forma, en contra de otra persona con la cual esté vinculada por parentesco hasta el cuarto grado o afinidad hasta el tercer grado, lo sanciona con las penas de cuatro a diez años de prisión mayor y multa de cuatro a diez salarios, y cuando sea cometido contra un/a menor de edad, establece la pena de veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios. Es decir que se eliminaría el parentesco adoptivo, se reconocería el incesto contra personas adultas y sí se disminuiría la pena, porque en la ley propuesta, la pena máxima es de cuarenta años.
La aprobación en primera lectura de la propuesta de Código Penal, presentada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados/as, asombró al país y sobre todo, a las organizaciones y movimientos de mujeres que tienen más de doce años siguiendo el proceso de modificación de leyes de manera activa.
Tan solo dos diputadas y tres diputados, de los 132 presentes al pleno, rechazaron, votando no, la propuesta de no leer la pieza legislativa, nos referimos a Guadalupe Valdés, diputada por la APD, Magda Rodríguez, por el PLD y los diputados perredeistas Eugenio Cedeño, Miguel Collado y Hugo Tolentino. Para el resto de los/as presentes, es indiferente la importancia de una reforma de tanta envergadura, a pesar de tratarse del Congreso con más disponibilidad de tiempo y sin presiones pre electorales.
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Código Penal ¿qué pensar?
De sancionarse tal como está la propuesta de Código Penal conocida en primera lectura por la Cámara de Diputados/as, para el tema de las violencias contra la mujer significaría un atraso tan grande como volver a la normativa penal de antes de la reforma de 1997.
La propuesta elimina la disposición que sanciona la violencia de género contra las mujeres, con lo que una mujer solo podría ampararse en la ley cuando fuera agredida en el marco de una relación de pareja, dejando fuera a más de un 30% de las violencias que se ejecutan contra mujeres.
Además, reduce las penas por incesto y la posibilidad de acogerse a ninguna circunstancia atenuante, dispuesta por la reforma de 1997.
También elimina la obligación que actualmente tienen los agresores infractores de asistir a programas terapéuticos o de orientación familiar por un lapso no menor de seis meses en una institución pública o privada, única disposición regenerativa para los masculinos violentos.
Asimismo, elimina la sanción a la violencia sexual hecha por la pareja y reduce la violencia a daños corporales, al descartar “daños sicológicos o físicos” en la definición de violencia intrafamiliar y en las sanciones y agravantes.
Estos retrocesos respecto a las violencias de género contra la mujer, lesionan los acuerdos internacionales firmados, la propia Constitución de 2010 y toda la conceptualización de este tipo de violencias, adelantada desde 1997 en el sistema de atención que se vería altamente disminuido, produciéndose muchos más casos de feminicidios que hasta ahora, lo que de por sí es una tragedia.
Igualmente, el anteproyecto que nos presentan los/as diputados/as, incorpora la figura del “femicidio”, un término desconocido para el imaginario dominicano que siempre lo nombró feminicidio, pero sólo cuando el crimen se da en el marco de una relación de pareja, una restricción lamentable que dejará impunes los feminicidios que sean cometidos por extraños.
Además, penaliza el aborto en todas las circunstancias, pronunciando penas mayores para los/as médicos/as y haciendo oídos sordos a todo razonamiento lógico científico y humano, profundizando así la mortalidad materna por abortos inseguros e ilegales.
En consecuencia, tendríamos un marco legal referido a las violencias contra las mujeres, que incluyen la obligación de no abortar aún en peligro de muerte, cuando el embarazo es producto de una violación o de un incesto, tan atrasado que ni siquiera responde a la Constitución actual dominicana.
El pesar de la sorpresa es que estos/as congresistas fueron elegidos por seis años con la esperanza de que harían bien las cosas, sin festinar las normativas, sin la prisa y las presiones de períodos electorales. No se que pensar, de verdad. Digan Uds.!
susipola@gmail.com
La propuesta elimina la disposición que sanciona la violencia de género contra las mujeres, con lo que una mujer solo podría ampararse en la ley cuando fuera agredida en el marco de una relación de pareja, dejando fuera a más de un 30% de las violencias que se ejecutan contra mujeres.
Además, reduce las penas por incesto y la posibilidad de acogerse a ninguna circunstancia atenuante, dispuesta por la reforma de 1997.
También elimina la obligación que actualmente tienen los agresores infractores de asistir a programas terapéuticos o de orientación familiar por un lapso no menor de seis meses en una institución pública o privada, única disposición regenerativa para los masculinos violentos.
Asimismo, elimina la sanción a la violencia sexual hecha por la pareja y reduce la violencia a daños corporales, al descartar “daños sicológicos o físicos” en la definición de violencia intrafamiliar y en las sanciones y agravantes.
Estos retrocesos respecto a las violencias de género contra la mujer, lesionan los acuerdos internacionales firmados, la propia Constitución de 2010 y toda la conceptualización de este tipo de violencias, adelantada desde 1997 en el sistema de atención que se vería altamente disminuido, produciéndose muchos más casos de feminicidios que hasta ahora, lo que de por sí es una tragedia.
Igualmente, el anteproyecto que nos presentan los/as diputados/as, incorpora la figura del “femicidio”, un término desconocido para el imaginario dominicano que siempre lo nombró feminicidio, pero sólo cuando el crimen se da en el marco de una relación de pareja, una restricción lamentable que dejará impunes los feminicidios que sean cometidos por extraños.
Además, penaliza el aborto en todas las circunstancias, pronunciando penas mayores para los/as médicos/as y haciendo oídos sordos a todo razonamiento lógico científico y humano, profundizando así la mortalidad materna por abortos inseguros e ilegales.
En consecuencia, tendríamos un marco legal referido a las violencias contra las mujeres, que incluyen la obligación de no abortar aún en peligro de muerte, cuando el embarazo es producto de una violación o de un incesto, tan atrasado que ni siquiera responde a la Constitución actual dominicana.
El pesar de la sorpresa es que estos/as congresistas fueron elegidos por seis años con la esperanza de que harían bien las cosas, sin festinar las normativas, sin la prisa y las presiones de períodos electorales. No se que pensar, de verdad. Digan Uds.!
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La hora cero
El viernes 12 de octubre pasado tres dominicanas perdieron la vida a manos de sus compañeros y una a manos de un vecino, una proyección que nos da idea del promedio aumentado de feminicidios que tendrá en 2012 la lista de estos casos.
Manuel Rodríguez, asesinó a su pareja sentimental Wilma Díaz, delante de su hijita de 14 meses, en New York; Pedro Nicolás Fondeur, mató a su esposa Liscania Vila, en San Pedro de Macorís; Gilberto González Cruz mató a su vecina María Xiomara Nova Mora y a su esposa Jacqueline Méndez, en el Ensanche Luperón. Los tres agresores feminicidas, se suicidaron después.
Ya no hay que contar más a quienes mueren por violencia basada en el género contra la mujer, ni tampoco las niñas y niños que quedan en la orfandad por este concepto, porque ya son muchas, demasiado para un país tan pequeño que también exporta el patrón, como en el caso de la pareja dominicana de New York.
Los feminicidios perpetrados en los últimos meses son la muestra de una violencia ejecutada y no prevenida que nos desborda porque sus escenarios se incrementado en truculencia, ampliándose a terceras personas, con mayor frecuencia delante de menores y alrededor de 30% de feminicidas que también se suicidan.
No estamos haciendo lo suficiente para prevenir estas violencias: la justicia penal sanciona cuando los hechos se han ejecutado; el sistema de salud no detecta las situaciones de violencia en las pacientes; el sistema educación, tampoco identifica violencias y mucho menos previene con sus currículas atrasadas, reforzadoras de mitos depredadores y del poder masculino a ultranza; el Estado no invierte en estrategias de disminución porque es insensible al género y sus consecuencias; y la comunidad, porque tiene el freno de los mitos y estereotipos culturales.
El caso de la joven madre asesinada por su ex compañero en Santiago, el domingo 30 de septiembre, puso al desnudo las deficiencias del sistema penal, envolviendo policía, Ministerio Público y poder judicial como corresponsables, y la crítica reclamante, se ensañó contra él.
Sin embargo, dentro de esa corresponsabilidad está el entorno familiar y comunitario que pasa días, meses y hasta años, observando como convidado de piedra, los episodios violentos que anteceden a un feminicidio sin reaccionar, esperando, porque “en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter”, creen, y atestiguando el desenlace con expresiones más o menos afectadas, como, “…eso se veía venir…siempre tenían un pleito…a cada rato ella volvía”, etc.
Mientras el sistema formal del Estado reconoce y se disculpa, ¿Qué hacemos en las comunidades para prevenir estos crímenes? ¡Allí se determina si la hora cero es el anochecer o el amanecer!
susipola@gmail.com
Manuel Rodríguez, asesinó a su pareja sentimental Wilma Díaz, delante de su hijita de 14 meses, en New York; Pedro Nicolás Fondeur, mató a su esposa Liscania Vila, en San Pedro de Macorís; Gilberto González Cruz mató a su vecina María Xiomara Nova Mora y a su esposa Jacqueline Méndez, en el Ensanche Luperón. Los tres agresores feminicidas, se suicidaron después.
Ya no hay que contar más a quienes mueren por violencia basada en el género contra la mujer, ni tampoco las niñas y niños que quedan en la orfandad por este concepto, porque ya son muchas, demasiado para un país tan pequeño que también exporta el patrón, como en el caso de la pareja dominicana de New York.
Los feminicidios perpetrados en los últimos meses son la muestra de una violencia ejecutada y no prevenida que nos desborda porque sus escenarios se incrementado en truculencia, ampliándose a terceras personas, con mayor frecuencia delante de menores y alrededor de 30% de feminicidas que también se suicidan.
No estamos haciendo lo suficiente para prevenir estas violencias: la justicia penal sanciona cuando los hechos se han ejecutado; el sistema de salud no detecta las situaciones de violencia en las pacientes; el sistema educación, tampoco identifica violencias y mucho menos previene con sus currículas atrasadas, reforzadoras de mitos depredadores y del poder masculino a ultranza; el Estado no invierte en estrategias de disminución porque es insensible al género y sus consecuencias; y la comunidad, porque tiene el freno de los mitos y estereotipos culturales.
El caso de la joven madre asesinada por su ex compañero en Santiago, el domingo 30 de septiembre, puso al desnudo las deficiencias del sistema penal, envolviendo policía, Ministerio Público y poder judicial como corresponsables, y la crítica reclamante, se ensañó contra él.
Sin embargo, dentro de esa corresponsabilidad está el entorno familiar y comunitario que pasa días, meses y hasta años, observando como convidado de piedra, los episodios violentos que anteceden a un feminicidio sin reaccionar, esperando, porque “en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter”, creen, y atestiguando el desenlace con expresiones más o menos afectadas, como, “…eso se veía venir…siempre tenían un pleito…a cada rato ella volvía”, etc.
Mientras el sistema formal del Estado reconoce y se disculpa, ¿Qué hacemos en las comunidades para prevenir estos crímenes? ¡Allí se determina si la hora cero es el anochecer o el amanecer!
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Código Penal atrasado
Con sorpresa vimos en la página web de la Cámara de Diputados/as, la propuesta de Código Penal, comprobando que mantiene los postulados del Código Napoleónico heredado y profundiza aún más las penas en caso de interrupción voluntaria del embarazo, castigando a toda persona que intervenga, así sea con consejos, y también a la madre. No importa que el embarazo sea fruto del crimen de la violación, o del incesto a una menor, y tampoco interesa a la ley si la vida de la embarazada corre peligro: que se muera en nombre de Dios como Esperancita, las mujeres estamos para inmolarnos, dirán los sectarios.
El aborto estaría en la sección número tres del Código Penal, quedando entre los 8 países del mundo que lo penalizan absolutamente. El artículo 90 definiría la práctica como la de causar o cooperar directamente a la interrupción del embarazo, con alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, aunque la mujer consienta, y quien lo haga, será sancionado con la pena de dos a tres años de prisión menor, junto con la mujer a quien se le practique. Además, las personas que pusieran en relación o comunicación con otra persona para el aborto, aun cuando no hayan cooperado directamente en el, se castigarán con uno a dos años de prisión.
En el artículo 91 de la propuesta, médicos/as, cirujanos/as, parteras/os, enfermeras/os, farmacéuticos/as y otros profesionales de la medicina que, abusando de su profesión, causen o ayuden a causar el aborto, serían sancionados con la pena de cuatro a diez años de prisión mayor, castigándose en el artículo 92 la tentativa como el crimen mismo.
Esto no se corresponde con más de doce años de preparación del Código Penal: mientras en los demás países del área se discute el tema con profundidad y se liberan derechos humanos retenidos a las mujeres, mantenemos una actitud medieval frente al problema, reduciéndolo a posturas radicales que no se compadecen el pleno siglo XXI.
La Cámara de Diputados/as actual, integra la generación de legisladores/as a quienes les toca dar la cara por las dominicanas, para que no sigamos muriendo por causas asociadas a la maternidad y por aborto ilegal e inseguro y para que las altas tasas de mortalidad materna puedan bajar. Actualmente, pueden trabajar sin presiones, con apego a la ciencia y a las obligaciones legislativas, por lo que no se compadece un documento como el que presentan.
Una llamada a que se ubiquen en un país y en un momento que necesita de acciones verdaderamente democráticas, apegadas a los derechos humanos de las personas. ¿Estamos esperando demasiado?
susipola@gmail.com
El aborto estaría en la sección número tres del Código Penal, quedando entre los 8 países del mundo que lo penalizan absolutamente. El artículo 90 definiría la práctica como la de causar o cooperar directamente a la interrupción del embarazo, con alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, aunque la mujer consienta, y quien lo haga, será sancionado con la pena de dos a tres años de prisión menor, junto con la mujer a quien se le practique. Además, las personas que pusieran en relación o comunicación con otra persona para el aborto, aun cuando no hayan cooperado directamente en el, se castigarán con uno a dos años de prisión.
En el artículo 91 de la propuesta, médicos/as, cirujanos/as, parteras/os, enfermeras/os, farmacéuticos/as y otros profesionales de la medicina que, abusando de su profesión, causen o ayuden a causar el aborto, serían sancionados con la pena de cuatro a diez años de prisión mayor, castigándose en el artículo 92 la tentativa como el crimen mismo.
Esto no se corresponde con más de doce años de preparación del Código Penal: mientras en los demás países del área se discute el tema con profundidad y se liberan derechos humanos retenidos a las mujeres, mantenemos una actitud medieval frente al problema, reduciéndolo a posturas radicales que no se compadecen el pleno siglo XXI.
La Cámara de Diputados/as actual, integra la generación de legisladores/as a quienes les toca dar la cara por las dominicanas, para que no sigamos muriendo por causas asociadas a la maternidad y por aborto ilegal e inseguro y para que las altas tasas de mortalidad materna puedan bajar. Actualmente, pueden trabajar sin presiones, con apego a la ciencia y a las obligaciones legislativas, por lo que no se compadece un documento como el que presentan.
Una llamada a que se ubiquen en un país y en un momento que necesita de acciones verdaderamente democráticas, apegadas a los derechos humanos de las personas. ¿Estamos esperando demasiado?
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Estamos despertando
Como sociedad civil, organizada o no, estamos despertando a una nueva práctica de participación, a partir de las demandas, apoyándonos en algunas legislaciones recientes y motivadoras. Al final, las leyes son políticas públicas por excelencia si sabemos reivindicarlas, sin que sea tarea fácil, para una comunidad nacional que está bastante sola, sin muchos chapulines justicieros que la acompañen.
En general, nuestra realidad política es de mala práctica, con poca oposición en términos de reclamos justos, reducida a la politiquería de partidos que se parecen demasiado y que solo pelean por “lo suyo” - en términos dominicanos, lo individual y primero- sin demostrar interés por aquel “bien común” enunciado antiguamente como el propósito primero de una nación.
Sin embargo, hay personas cabales en todas las instancias de los poderes democráticos del país y nos toca ensalzar de vez en cuando, a funcionarias y funcionarios que sobreviven entre el desorden, manteniendo su adhesión a los valores de la pobre y vapuleada democracia vernácula.
Esas voluntades, que tampoco hay que premiar porque ese es su trabajo, junto a la de la sociedad y sus organizaciones, puede hacer la diferencia, como en el caso del funcionario obligado a devolver su empeño por un retiro multimillonario, la revelación de alimentos poco más que envenenados y su consiguiente bloqueo, la intención difundida de no otorgar privilegios a presos de confianza, el compromiso de reabrir casos de corrupción que implica a funcionarios y funcionarias, la adhesión al pueblo de algunas/as congresistas, entre otras.
El ejercicio de ciudadanía completa, comprende el derecho a reclamar, manteniendo demandas por una sociedad política mejor que la caricatura que se nos ofrece: en la medida que perseveremos, las personas que dicen gobernarnos, cambiarán y recordarán que el pueblo es el objeto de su función, no ellas y sus organizaciones.
Quienes nos acompañan de verdad desde el poder no pueden seguir en la ceguera: aquí hay que transparentar todo, desde los poderes del Estado, a los fácticos como las iglesias, especialmente la Católica, que tanto dinero cuestan a esta nación, excesos que nosotros, pueblo doliente, pagamos a través de los impuestos que directa o indirectamente se nos cargan.
Esta sociedad, demasiado gráfica para enseñarles a los y las menores a delinquir y luego castigarles, tiene que despertar del letargo cuasi medieval en que se mantiene y empezar a discriminar figuras y liderazgos fabricados sobre el barro, para sostener las demandas del funcionariado limpio y rechazar el impostor con resistencia.
En estos momentos, la mira del pueblo está sobre el Estado administrado y sus acciones. ¡Contabilicemos!
susipola@gmail.com
En general, nuestra realidad política es de mala práctica, con poca oposición en términos de reclamos justos, reducida a la politiquería de partidos que se parecen demasiado y que solo pelean por “lo suyo” - en términos dominicanos, lo individual y primero- sin demostrar interés por aquel “bien común” enunciado antiguamente como el propósito primero de una nación.
Sin embargo, hay personas cabales en todas las instancias de los poderes democráticos del país y nos toca ensalzar de vez en cuando, a funcionarias y funcionarios que sobreviven entre el desorden, manteniendo su adhesión a los valores de la pobre y vapuleada democracia vernácula.
Esas voluntades, que tampoco hay que premiar porque ese es su trabajo, junto a la de la sociedad y sus organizaciones, puede hacer la diferencia, como en el caso del funcionario obligado a devolver su empeño por un retiro multimillonario, la revelación de alimentos poco más que envenenados y su consiguiente bloqueo, la intención difundida de no otorgar privilegios a presos de confianza, el compromiso de reabrir casos de corrupción que implica a funcionarios y funcionarias, la adhesión al pueblo de algunas/as congresistas, entre otras.
El ejercicio de ciudadanía completa, comprende el derecho a reclamar, manteniendo demandas por una sociedad política mejor que la caricatura que se nos ofrece: en la medida que perseveremos, las personas que dicen gobernarnos, cambiarán y recordarán que el pueblo es el objeto de su función, no ellas y sus organizaciones.
Quienes nos acompañan de verdad desde el poder no pueden seguir en la ceguera: aquí hay que transparentar todo, desde los poderes del Estado, a los fácticos como las iglesias, especialmente la Católica, que tanto dinero cuestan a esta nación, excesos que nosotros, pueblo doliente, pagamos a través de los impuestos que directa o indirectamente se nos cargan.
Esta sociedad, demasiado gráfica para enseñarles a los y las menores a delinquir y luego castigarles, tiene que despertar del letargo cuasi medieval en que se mantiene y empezar a discriminar figuras y liderazgos fabricados sobre el barro, para sostener las demandas del funcionariado limpio y rechazar el impostor con resistencia.
En estos momentos, la mira del pueblo está sobre el Estado administrado y sus acciones. ¡Contabilicemos!
susipola@gmail.com
Por nuestros cuerpos y nuestras vidas
Llamamos la atención a que los distintos Comités de las Naciones Unidas
han manifestado preocupación por la elevada tasa de mortalidad materna
que existe en la región
Como miembra del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, capítulo dominicano, comparto el documento de demandas que, con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, circula en todos los países de la región:
El Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, CLADEM, red de organizaciones y mujeres activistas en más de 13 países de la región exigimos en este día que los Estados respeten los derechos reproductivos de las mujeres. La ciudadanía empieza en democracia, por decidir en libertad y sin coerción sobre el propio cuerpo, el poder optar sexualmente sin temor a la discriminación o violencia. No hay ciudadanía real para las mujeres si nuestros cuerpos están colonizados y/o controlados por políticas y leyes que nos colocan como personas que deben ser tuteladas por el Estado.
Reivindicamos que la autonomía reproductiva es un derecho humano de las mujeres y se traduce en la posibilidad de decidir si tenemos o no hijos, cuántos, con qué intervalos y con quién; la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado o forzado; de contar con el asesoramiento y los medios para prevenir un embarazo no deseado, para acceder a él a través de nuevas tecnologías, o para llevarlo a cabo sin riesgos; para tener partos seguros y prevenir y evitar la morbilidad y mortalidad materna.
Reivindicamos que la sexualidad es una dimensión constituyente de la dignidad de las personas, que se expresa como el derecho a la autonomía sexual, consistente en ejercer la ciudadanía sobre el propio cuerpo y en el poder de decisión sobre las opciones sexuales sin temor a discriminación o violencia. Por ello es necesario que los Estados proporcionen educación sexual como estrategia de calidad de vida actual y futura.
Llamamos la atención a que los distintos Comités de las Naciones Unidas han manifestado preocupación por la elevada tasa de mortalidad materna que existe en la región y que especialmente afecta a las mujeres más pobres. Frente a esto han recomendado a los Estados revisar la legislación que criminaliza el aborto. Sin embargo, los Estados con visión patriarcal continúan penalizándolo en alianza con la jerarquía de la iglesia católica y de iglesias fundamentalistas, pese a que está entre las principales causas de muerte materna.
Decimos noa la criminalización de las mujeres que deciden abortar, más aún cuando su vida está en peligro o porque producto de violación sexual o incesto enfrentan un embarazo no deseado. Tal como lo establece el Comité de Derechos Humanos los Estados deben brindar el servicio de aborto terapéutico, de lo contrario violan el derecho de las mujeres a no ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Exigimos a los Estados que revisen su legislación en materia de aborto y que prevean excepciones a la prohibición total del aborto ante casos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, embarazos productos de violación o incesto, tal como lo han recomendado el Consejo de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en distintas observaciones finales.
Denunciamos que aún en los Estados donde existen estas excepciones a la ley y se permite la interrupción legal del embarazo bajo ciertas circunstancias como salvar la vida, la salud o en casos de violación, se dificulta su acceso en los hospitales públicos por falta de información, de servicios amigables y con calidad y por la tan aludida “objeción de consciencia” de los servidores/as públicos/as Estos casos muchas veces son judicializados constituyendo una práctica institucional innecesaria e ilegal que coloca en mayor riesgo a las mujeres.
Convocamos a todas las personas, a las organizaciones de derechos humanos, a los Estados y a la comunidad internacional a no dar un paso atrás por el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El aborto es una problemática que requiere ser analizada desde la perspectiva de los derechos humanos, como un problema social y de salud pública.
¡Exigimos respeto irrestricto a la laicidad de los Estados de la región!¡Autonomía sexual y reproductiva, ya!
susipola@gmail.com
Como miembra del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, capítulo dominicano, comparto el documento de demandas que, con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, circula en todos los países de la región:
El Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, CLADEM, red de organizaciones y mujeres activistas en más de 13 países de la región exigimos en este día que los Estados respeten los derechos reproductivos de las mujeres. La ciudadanía empieza en democracia, por decidir en libertad y sin coerción sobre el propio cuerpo, el poder optar sexualmente sin temor a la discriminación o violencia. No hay ciudadanía real para las mujeres si nuestros cuerpos están colonizados y/o controlados por políticas y leyes que nos colocan como personas que deben ser tuteladas por el Estado.
Reivindicamos que la autonomía reproductiva es un derecho humano de las mujeres y se traduce en la posibilidad de decidir si tenemos o no hijos, cuántos, con qué intervalos y con quién; la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado o forzado; de contar con el asesoramiento y los medios para prevenir un embarazo no deseado, para acceder a él a través de nuevas tecnologías, o para llevarlo a cabo sin riesgos; para tener partos seguros y prevenir y evitar la morbilidad y mortalidad materna.
Reivindicamos que la sexualidad es una dimensión constituyente de la dignidad de las personas, que se expresa como el derecho a la autonomía sexual, consistente en ejercer la ciudadanía sobre el propio cuerpo y en el poder de decisión sobre las opciones sexuales sin temor a discriminación o violencia. Por ello es necesario que los Estados proporcionen educación sexual como estrategia de calidad de vida actual y futura.
Llamamos la atención a que los distintos Comités de las Naciones Unidas han manifestado preocupación por la elevada tasa de mortalidad materna que existe en la región y que especialmente afecta a las mujeres más pobres. Frente a esto han recomendado a los Estados revisar la legislación que criminaliza el aborto. Sin embargo, los Estados con visión patriarcal continúan penalizándolo en alianza con la jerarquía de la iglesia católica y de iglesias fundamentalistas, pese a que está entre las principales causas de muerte materna.
Decimos noa la criminalización de las mujeres que deciden abortar, más aún cuando su vida está en peligro o porque producto de violación sexual o incesto enfrentan un embarazo no deseado. Tal como lo establece el Comité de Derechos Humanos los Estados deben brindar el servicio de aborto terapéutico, de lo contrario violan el derecho de las mujeres a no ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Exigimos a los Estados que revisen su legislación en materia de aborto y que prevean excepciones a la prohibición total del aborto ante casos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, embarazos productos de violación o incesto, tal como lo han recomendado el Consejo de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en distintas observaciones finales.
Denunciamos que aún en los Estados donde existen estas excepciones a la ley y se permite la interrupción legal del embarazo bajo ciertas circunstancias como salvar la vida, la salud o en casos de violación, se dificulta su acceso en los hospitales públicos por falta de información, de servicios amigables y con calidad y por la tan aludida “objeción de consciencia” de los servidores/as públicos/as Estos casos muchas veces son judicializados constituyendo una práctica institucional innecesaria e ilegal que coloca en mayor riesgo a las mujeres.
Convocamos a todas las personas, a las organizaciones de derechos humanos, a los Estados y a la comunidad internacional a no dar un paso atrás por el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El aborto es una problemática que requiere ser analizada desde la perspectiva de los derechos humanos, como un problema social y de salud pública.
¡Exigimos respeto irrestricto a la laicidad de los Estados de la región!¡Autonomía sexual y reproductiva, ya!
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SDOG y el aborto
El miércoles pasado, la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, SDOG, presentó al país su posicionamiento sobre el aborto inseguro en la República Dominicana a partir de lo que llamó, una declaración de consenso, leída por su actual presidente, el doctor Ruddy Guerrero.
En su discurso, el doctor Guerrero dijo que en el país, a pesar del rígido marco legal que penaliza la práctica del aborto en todas sus formas, este sigue estrechamente vinculado a la muerte materna, estableciendo que su control no depende de intervenciones punitivas sino de la efectividad de programas y políticas de prevención.
Guerrero manifestó que las cifras estadísticas oficiales reflejan que el aborto se registra entre las primeras cinco causas de muerte materna, promediando el 9% en el periodo 2000-201 , asociándose las complicaciones a condiciones médicas como infecciones, hemorragia uterina y lesión de órganos, destacándose la perforación uterina o intestinal, situaciones clínicas precedidas por demoras para acceder a los servicios a consecuencia de la ilegalidad, la práctica del aborto en medios no habilitados, la intervención de personal no entrenado y el empleo de instrumentos contaminados, y las complicaciones derivadas de procedimientos anestésicos.
La SDOG, llama la atención de que las mujeres afectadas, por lo general, son jóvenes y pobres, víctimas de la exclusión social y con escaso acceso a métodos anticonceptivos modernos.
De acuerdo a los datos reportados por el doctor Guerrero, la Asamblea Mundial de la OMS del año 2004, identificó la prevención del aborto como parte de los objetivos para el desarrollo del milenio en la meta de mejora de la salud materna y la SDOG, afiliada a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), se siente comprometida con el mejoramiento de la salud sexual y salud reproductiva de la ciudadanía dominicana.
Como factores que profundizan el problema, se destacó la insuficiencia de métodos anticonceptivos en general; control ejercido por los grupos religiosos en las escuelas; barreras socioculturales existentes; falta de enfoque de género que garantice una educación afectivo sexual en niños y niñas; atención deficiente post aborto inseguro y total penalización por la interrupción del embarazo, aún en casos de violación, incesto y peligro de muerte de la madre.
La SDOG, llamó a sus afiliadas/os a participar de forma activa en el debate nacional relacionado con la modificación del Código Penal, el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva, y la Ley Especial de Violencia Contra las Mujeres, considerando que el aborto debe abordarse de forma esencial desde la perspectiva sanitaria, excluyendo las conceptualizaciones de orden religioso.
Nos queda felicitar a la SDOG por su pronunciamiento, oportuno y necesario para las dominicanas.
susipola@gmail.com
En su discurso, el doctor Guerrero dijo que en el país, a pesar del rígido marco legal que penaliza la práctica del aborto en todas sus formas, este sigue estrechamente vinculado a la muerte materna, estableciendo que su control no depende de intervenciones punitivas sino de la efectividad de programas y políticas de prevención.
Guerrero manifestó que las cifras estadísticas oficiales reflejan que el aborto se registra entre las primeras cinco causas de muerte materna, promediando el 9% en el periodo 2000-201 , asociándose las complicaciones a condiciones médicas como infecciones, hemorragia uterina y lesión de órganos, destacándose la perforación uterina o intestinal, situaciones clínicas precedidas por demoras para acceder a los servicios a consecuencia de la ilegalidad, la práctica del aborto en medios no habilitados, la intervención de personal no entrenado y el empleo de instrumentos contaminados, y las complicaciones derivadas de procedimientos anestésicos.
La SDOG, llama la atención de que las mujeres afectadas, por lo general, son jóvenes y pobres, víctimas de la exclusión social y con escaso acceso a métodos anticonceptivos modernos.
De acuerdo a los datos reportados por el doctor Guerrero, la Asamblea Mundial de la OMS del año 2004, identificó la prevención del aborto como parte de los objetivos para el desarrollo del milenio en la meta de mejora de la salud materna y la SDOG, afiliada a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), se siente comprometida con el mejoramiento de la salud sexual y salud reproductiva de la ciudadanía dominicana.
Como factores que profundizan el problema, se destacó la insuficiencia de métodos anticonceptivos en general; control ejercido por los grupos religiosos en las escuelas; barreras socioculturales existentes; falta de enfoque de género que garantice una educación afectivo sexual en niños y niñas; atención deficiente post aborto inseguro y total penalización por la interrupción del embarazo, aún en casos de violación, incesto y peligro de muerte de la madre.
La SDOG, llamó a sus afiliadas/os a participar de forma activa en el debate nacional relacionado con la modificación del Código Penal, el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva, y la Ley Especial de Violencia Contra las Mujeres, considerando que el aborto debe abordarse de forma esencial desde la perspectiva sanitaria, excluyendo las conceptualizaciones de orden religioso.
Nos queda felicitar a la SDOG por su pronunciamiento, oportuno y necesario para las dominicanas.
susipola@gmail.com
Adolescentes dominicanas
En el mundo, anualmente nacen 17 millones de hijos/as de madres adolescentes entre 15 a 19 años, lo que equivale al 13% de todos los nacimientos. Esto ocurre entre las mujeres más pobres y con menor educación, estableciendo una inequidad social de raíces en las discriminaciones por género, constituyéndose en una puerta de entrada a la pobreza, así como en un mecanismo de reproducción generacional de ella.
En América Latina y el Caribe, cerca del 50% de las y los adolescentes menores de 17 años ya son sexualmente activos antes de cumplir los 18 años y el 65% de ellos/as, no usan una protección anticonceptiva ni contra las infecciones de transmisión sexual en su primera relación sexual.
De acuerdo a Prevención del Embarazo en Adolescentes con Perspectiva de Género y Enfoque de DDHH: Hacia una Política Nacional, publicación del Comité Técnico Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, del país, es un fenómeno que va más allá del sector salud, debido a que acarrea múltiples consecuencias no sólo en el orden de la salud, sino también para el desarrollo social en general, con consecuencias que alcanzan a la mujer adolescente, a su hijo o hija, a su pareja, a su familia y a la comunidad misma a la cual pertenece.
Además, entre los países de la región, la República Dominicana está entre los 5 con más altos índices de embarazos en adolescentes, presentando una de las más altas tasas de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad, registrada en 92 por 1.000 mujeres.
Como causas estructurales y complejas el estudio mencionado, habla de las deficiencias respecto a la sexualidad de las y los adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad, sin una educación sexual que permita a los/as adolescentes manejar su sexualidad con responsabilidad, así como la falta de oportunidades educativas y laborales y de proyecto de vida, todo esto dentro de una visión familista que a través de diversos mecanismos, amortigua los costos de la reproducción temprana.
El país aún está abrumado con el caso de Esperancita o Rosaura, la adolescente embarazada y con leucemia, que la ciencia criolla, timorata y genuflexa, no pudo salvar por empecinarse en conservar un embrión de pocas semanas que también se fue en el intento.
El 26 de septiembre es el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes y debemos recordar que su prevención es tarea de todos los sectores gubernamentales y de la sociedad civil, incluyendo a los medios de comunicación y la iniciativa privada.
¡No más casos de Esperanzas que matan a Rosauras!
susipola@gmail.com
En América Latina y el Caribe, cerca del 50% de las y los adolescentes menores de 17 años ya son sexualmente activos antes de cumplir los 18 años y el 65% de ellos/as, no usan una protección anticonceptiva ni contra las infecciones de transmisión sexual en su primera relación sexual.
De acuerdo a Prevención del Embarazo en Adolescentes con Perspectiva de Género y Enfoque de DDHH: Hacia una Política Nacional, publicación del Comité Técnico Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, del país, es un fenómeno que va más allá del sector salud, debido a que acarrea múltiples consecuencias no sólo en el orden de la salud, sino también para el desarrollo social en general, con consecuencias que alcanzan a la mujer adolescente, a su hijo o hija, a su pareja, a su familia y a la comunidad misma a la cual pertenece.
Además, entre los países de la región, la República Dominicana está entre los 5 con más altos índices de embarazos en adolescentes, presentando una de las más altas tasas de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad, registrada en 92 por 1.000 mujeres.
Como causas estructurales y complejas el estudio mencionado, habla de las deficiencias respecto a la sexualidad de las y los adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad, sin una educación sexual que permita a los/as adolescentes manejar su sexualidad con responsabilidad, así como la falta de oportunidades educativas y laborales y de proyecto de vida, todo esto dentro de una visión familista que a través de diversos mecanismos, amortigua los costos de la reproducción temprana.
El país aún está abrumado con el caso de Esperancita o Rosaura, la adolescente embarazada y con leucemia, que la ciencia criolla, timorata y genuflexa, no pudo salvar por empecinarse en conservar un embrión de pocas semanas que también se fue en el intento.
El 26 de septiembre es el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes y debemos recordar que su prevención es tarea de todos los sectores gubernamentales y de la sociedad civil, incluyendo a los medios de comunicación y la iniciativa privada.
¡No más casos de Esperanzas que matan a Rosauras!
susipola@gmail.com
Diputados en pena
El caso del diputado perredeista por Santiago Rodríguez, Ramón Antonio Fernández, Papo, efectivamente no es el primero, ni será el último, mirando como funciona la solidaridad entre pares, aún sean mujeres y en el pesar de violencias de género y violaciones sexuales, para eso la doble moral quedó establecida en parte del Congreso Dominicano.
Por cierto y sin casualidad, de los 39 diputados/as del PRD que se opusieron al retiro de la inmunidad parlamentaria al acusado, once que ocupaban una curul durante la discusión de la reforma constitucional de 2009, votaron a favor del controvertido artículo 30, hoy 37, que prohíbe toda forma de interrupción del embarazo, incluso si con ello salva la vida de la madre. Un buen intento de parte de esos/as diputados/as, de agregar solidariamente a la inmunidad, la impunidad.
Condenado en marzo pasado en la Suprema Corte de Justicia por haber seducido y convivido maritalmente con una adolescente de 14 años, Ramón Antonio Fernández, de acuerdo a la prensa, reconoció ser "un chin culpable", durante la audiencia celebrada el jueves en la Cámara de Diputados, sin que podamos identificar los dicotómicos valores mínimos, que atraen simpatías para los “bandoleros que buscan ser agradables”.
Otro desacierto imprudente del presunto violador, es el alegato de que “los hechos sucedieran cuando él no era diputado”, con lo que, además de asegurar que las cosas se dieron, pretende confundir respecto a la integridad de un funcionario, elegido por el pueblo, antes, durante o después de su asunción como representante de un buen grupo ciudadano. (Deberían de condenarlo también, por el engaño).
Los partidos políticos tienen que recogerse porque están demasiado expuestos y en evidencia de sus males, mayores de lo que se creía. Van a tener que espulgar bien sus candidaturas para no pasar vergüenzas tan grandes, sabiendo que las personas candidatas, no pueden pasear colas tan largas que terminan siendo pisoteadas.
Entre quienes favorecieron la “impunidad” –que ya no es inmunidad- del legislador está Radhamés Ramos, el que compartió, en los “debates” del artículo 30 la receta del aborto permitido -porque ni la iglesia se opuso- consistente en que la embarazada se “tirara de nalgas” por una escalera, coincidentemente, condenado por la justicia por traficar chinos.
También se inclinaron por la peculiar inmunidad, las herederas
diputadas que no lo eran cuando el artículo 30: Sonya Abreu, esposa de Julio Romero, y Aracelis Duarte, viuda da Pablo Adón, coherentes con el voto de sus maridos entonces.
En fin, el “hoy por mí, mañana por ti”, conmovió, pero no ganó. ¡Ahora, es hora de ver si el refajo de la Justicia sigue asomando!
susipola@gmail.com
Por cierto y sin casualidad, de los 39 diputados/as del PRD que se opusieron al retiro de la inmunidad parlamentaria al acusado, once que ocupaban una curul durante la discusión de la reforma constitucional de 2009, votaron a favor del controvertido artículo 30, hoy 37, que prohíbe toda forma de interrupción del embarazo, incluso si con ello salva la vida de la madre. Un buen intento de parte de esos/as diputados/as, de agregar solidariamente a la inmunidad, la impunidad.
Condenado en marzo pasado en la Suprema Corte de Justicia por haber seducido y convivido maritalmente con una adolescente de 14 años, Ramón Antonio Fernández, de acuerdo a la prensa, reconoció ser "un chin culpable", durante la audiencia celebrada el jueves en la Cámara de Diputados, sin que podamos identificar los dicotómicos valores mínimos, que atraen simpatías para los “bandoleros que buscan ser agradables”.
Otro desacierto imprudente del presunto violador, es el alegato de que “los hechos sucedieran cuando él no era diputado”, con lo que, además de asegurar que las cosas se dieron, pretende confundir respecto a la integridad de un funcionario, elegido por el pueblo, antes, durante o después de su asunción como representante de un buen grupo ciudadano. (Deberían de condenarlo también, por el engaño).
Los partidos políticos tienen que recogerse porque están demasiado expuestos y en evidencia de sus males, mayores de lo que se creía. Van a tener que espulgar bien sus candidaturas para no pasar vergüenzas tan grandes, sabiendo que las personas candidatas, no pueden pasear colas tan largas que terminan siendo pisoteadas.
Entre quienes favorecieron la “impunidad” –que ya no es inmunidad- del legislador está Radhamés Ramos, el que compartió, en los “debates” del artículo 30 la receta del aborto permitido -porque ni la iglesia se opuso- consistente en que la embarazada se “tirara de nalgas” por una escalera, coincidentemente, condenado por la justicia por traficar chinos.
También se inclinaron por la peculiar inmunidad, las herederas
diputadas que no lo eran cuando el artículo 30: Sonya Abreu, esposa de Julio Romero, y Aracelis Duarte, viuda da Pablo Adón, coherentes con el voto de sus maridos entonces.
En fin, el “hoy por mí, mañana por ti”, conmovió, pero no ganó. ¡Ahora, es hora de ver si el refajo de la Justicia sigue asomando!
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Poder Judicial y violencia
Apenas hace unos días, una abogada defensora de un juez indefendible, recordó lo “inadmisible de la crítica por parte de organizaciones y personas de la sociedad civil” con las sentencias, pero mantengo mis trece y creo que la judicatura dominicana se está relajando. Lo reitero aunque, enganchados/as a doctrinólogos/as del derecho tradicional, me llamen “penalista populista”.
Algunas sentencias, en especial si se refieren a las violencias contra las mujeres, hablan por sí solas y la ciudadanía tiene derecho de cuestionarlas cuando considere que vulneran los derechos de las víctimas, sobre todo de las sobrevivientes.
Es notoria la desproporción de algunas sentencias dictadas en el marco de la resistencia sociocultural al tema de la discriminación de género, por hombres y mujeres que, nos queda desear, nunca tengan que esperar justicia para sus madres, hermanas, hijas, compañeras, amigas o a ellas mismas.
El 28 de agosto, otro tribunal colegiado se destapó con una sentencia condenatoria de 6 años de cárcel, a Enmanuel Pérez Santos o David Guzmán, quien el 17 de noviembre de 2010, infirió a su exesposa, Fiordaliza Fructuoso, 19 puñaladas porque “si no es de él, no será de nadie”, dejándola por muerta. Pero como no murió, los magistrados José Aníbal Madera Francisco y Eduardo de los Santos Rosario y la magistrada Josefina Guerrero, alegaron a favor de su decisión, que Enmanuel Pérez Santos o David Guzmán no mató a Fiordaliza Fructuoso, quien, según ellos, a pesar de una perforación del pulmón y otras lesiones permanentes, bien puede restablecer su vida con normalidad.
Así de simple. No importa que de los seis años, apenas queden casi cuatro, y posiblemente menos en este sistema, que el frustrado feminicida llame aún desde la cárcel para advertirle que cuando salga, termina su trabajo, que ella haya manifestado su terror siempre frente al tribunal y sobre todo, que si no la mató, no fue porque la “diligencia” del crimen no fuera bien hecha, sino más bien, por un milagro.
En un país como el nuestro, donde cada día y medio se asesina a una mujer por razones de género, ninguna persona en la línea sancionadora de la administración de justicia, debe mostrar ignorancia frente a estos casos, complejos y difíciles. No pueden existir jueces y juezas que se resistan al tema y lo consideren irrelevante y no especializado. Cuando se tratan estas violencias, hay que conocer la perspectiva de género como una transversalidad permanente.
De lo contrario, habrá que incluir, junto a la incidencia y la impunidad, al Poder Judicial como parte del problema del feminicidio en República Dominicana.
susipola@gmail.com
Algunas sentencias, en especial si se refieren a las violencias contra las mujeres, hablan por sí solas y la ciudadanía tiene derecho de cuestionarlas cuando considere que vulneran los derechos de las víctimas, sobre todo de las sobrevivientes.
Es notoria la desproporción de algunas sentencias dictadas en el marco de la resistencia sociocultural al tema de la discriminación de género, por hombres y mujeres que, nos queda desear, nunca tengan que esperar justicia para sus madres, hermanas, hijas, compañeras, amigas o a ellas mismas.
El 28 de agosto, otro tribunal colegiado se destapó con una sentencia condenatoria de 6 años de cárcel, a Enmanuel Pérez Santos o David Guzmán, quien el 17 de noviembre de 2010, infirió a su exesposa, Fiordaliza Fructuoso, 19 puñaladas porque “si no es de él, no será de nadie”, dejándola por muerta. Pero como no murió, los magistrados José Aníbal Madera Francisco y Eduardo de los Santos Rosario y la magistrada Josefina Guerrero, alegaron a favor de su decisión, que Enmanuel Pérez Santos o David Guzmán no mató a Fiordaliza Fructuoso, quien, según ellos, a pesar de una perforación del pulmón y otras lesiones permanentes, bien puede restablecer su vida con normalidad.
Así de simple. No importa que de los seis años, apenas queden casi cuatro, y posiblemente menos en este sistema, que el frustrado feminicida llame aún desde la cárcel para advertirle que cuando salga, termina su trabajo, que ella haya manifestado su terror siempre frente al tribunal y sobre todo, que si no la mató, no fue porque la “diligencia” del crimen no fuera bien hecha, sino más bien, por un milagro.
En un país como el nuestro, donde cada día y medio se asesina a una mujer por razones de género, ninguna persona en la línea sancionadora de la administración de justicia, debe mostrar ignorancia frente a estos casos, complejos y difíciles. No pueden existir jueces y juezas que se resistan al tema y lo consideren irrelevante y no especializado. Cuando se tratan estas violencias, hay que conocer la perspectiva de género como una transversalidad permanente.
De lo contrario, habrá que incluir, junto a la incidencia y la impunidad, al Poder Judicial como parte del problema del feminicidio en República Dominicana.
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La vejez de los condenados
Todo el país, también sabe, que el mismo Adriano Román desde su celda de Rafey, pagó para matar al abogado que defendió y apoyó a Miguelina en el proceso, Jordi Veras Rodríguez, el 2 de junio de 2010, en un atentado que dejó a este joven profesional con secuelas de por vida.
Todo el país conoce la historia de Miguelina Llaverías, una dominicana que sobrevivió al intento de feminicidio en octubre del año 2005, cuando el padre de sus cuatro hijos e hijas, el industrial Adriano Román, casi consiguió asesinarla de un tiro en la cabeza, disparado por un sicario pagado que la dejó por muerta.
El proceso legal que siguió en la justicia penal desde el año 2006, terminó en una condena firme el 25 del mes de Junio del año 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia envió a Adriano Román y a sus cómplices, Engels Carela Castro, Fausto Aris Pérez, a la cárcel por 20 años, y a Dámaso Nova Peralta, autor material del intento, por 30 años, sentenciando definitivamente, en los dos grados y en casación, el crimen del feminicidio en contra de Miguelina Llaverías.
Todo el país, también sabe, que el mismo Adriano Román desde su celda de Rafey, pagó para matar al abogado que defendió y apoyó a Miguelina en el proceso, Jordi Veras Rodríguez, el 2 de junio de 2010, en un atentado que dejó a este joven profesional con secuelas de por vida.
La historia de Miguelina es la de una mujer víctima sobreviviente de violencia de género intrafamiliar que empezó cuando se casó con el condenado Adriano Román, sufriendo maltratos y vejámenes que no terminaron con el divorcio después de 13 años de matrimonio, dos hijos y dos hijas. En 1978, ya divorciada, Miguelina fue secuestrada, maltratada física, sexual y emocionalmente por Román,en una finca que tenía este en la comunidad de Villa González, torturándola cruelmente por espacio de 72 horas y haciéndola violar por un peón, mientras él tomaba fotos, un hecho que consternó a la ciudad de Santiago y al país, al extremo que una multitud enardecida de hombres y mujeres de todas las clases sociales, trató de linchar al referido imputado que para entonces fue privilegiado con una fianza de apenas $100.00 y protegido por una justicia ciega al género, además de corrupta.
Desde 1978, Adriano Román ha demostrado que es un masculino violento coherente y forma parte de ese 10 a 15% de los hombres machistas que son peligrosos porque no son fácilmente regenerables: durante 20 años amenazó a Miguelina con matarla, una lógica que los especialistas en masculinidad violenta suelen reconocer como la mayor adhesión a los roles de género que, en el caso de los hombres, obliga al control y hasta la muerte.
El caso es que, el miércoles 29 de agosto, el condenado Román, recluido en la cárcel de Rafey por sentencia definitiva, solicitó por tercera vez, un cambio de su régimen penitenciario y el permiso de cumplirlo en su domicilio, alegando sus 74 años cumplidos y el privilegio del artículo 342 del Código Procesal Penal.
Hay que llamar a la atención de la Justicia sobre el compromiso que tiene de proteger a Miguelina a quien, precisamente por haberla desamparado en 1978, sin reconocer el riesgo que significaba para ella la extrema violencia de género, física, emocional y sexual cometida por Román contra ella entonces, facilitó los acontecimientos del año 2005.
Hay aún más, el condenado Román no solo representa peligro contra Miguelina, también ha mantenido las peores amenazas para toda persona que la rodea y la apoya, incluyendo a sus hijas e hijos, su actual esposo de más de 20 años, periodistas, amistades, abogados/as y hasta Ministerio Público y Judicatura. Y la justicia no tiene porque dudarlo, solo con recordar que Román también atentó contra la vida de su hermano Pablo, a quien le echó ácido de baterías y dio choques eléctricos, hecho por el que estuvo preso tres meses y cuya querella fue retirada en diciembre de 2005 por el abogado del agredido, sin que la víctima supiera. (Estas violencias están registradas en la justicia de Santiago, pero hay muchas más, hacia su hermana fallecida, a un sobrino y más, asentadas en la memoria de esta ciudad).
No, la edad de Adriano Román importa poco ante la peligrosidad de sus acciones violentas prolongadas en el tiempo y si la cárcel no lo ha cambiado, hay que asegurar que lo que le queda de los 20 años de condena tampoco serán suficientes. Román es tan selectivamente violento e incapaz de reconocer y aceptar su personalidad asesina, que debe quedarse donde está para tranquilidad de todo el país.
En las cárceles dominicanas hay alrededor de sesenta condenados masculinos que sobrepasan la edad de Adriano Román y cuyos expedientes estudiados en los tribunales, determinaron que la tranquilidad del envejecimiento es una labor de las personas para crecer cuando somos jóvenes y adultas. Porque la serenidad, el sosiego, la paz y la calma son virtudes de aquellas personas envejecientes que se las ganaron construyendo la fortaleza y el amor de la familia que crearon y mantuvieron.
Todo el país conoce la historia de Miguelina Llaverías, una dominicana que sobrevivió al intento de feminicidio en octubre del año 2005, cuando el padre de sus cuatro hijos e hijas, el industrial Adriano Román, casi consiguió asesinarla de un tiro en la cabeza, disparado por un sicario pagado que la dejó por muerta.
El proceso legal que siguió en la justicia penal desde el año 2006, terminó en una condena firme el 25 del mes de Junio del año 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia envió a Adriano Román y a sus cómplices, Engels Carela Castro, Fausto Aris Pérez, a la cárcel por 20 años, y a Dámaso Nova Peralta, autor material del intento, por 30 años, sentenciando definitivamente, en los dos grados y en casación, el crimen del feminicidio en contra de Miguelina Llaverías.
Todo el país, también sabe, que el mismo Adriano Román desde su celda de Rafey, pagó para matar al abogado que defendió y apoyó a Miguelina en el proceso, Jordi Veras Rodríguez, el 2 de junio de 2010, en un atentado que dejó a este joven profesional con secuelas de por vida.
La historia de Miguelina es la de una mujer víctima sobreviviente de violencia de género intrafamiliar que empezó cuando se casó con el condenado Adriano Román, sufriendo maltratos y vejámenes que no terminaron con el divorcio después de 13 años de matrimonio, dos hijos y dos hijas. En 1978, ya divorciada, Miguelina fue secuestrada, maltratada física, sexual y emocionalmente por Román,en una finca que tenía este en la comunidad de Villa González, torturándola cruelmente por espacio de 72 horas y haciéndola violar por un peón, mientras él tomaba fotos, un hecho que consternó a la ciudad de Santiago y al país, al extremo que una multitud enardecida de hombres y mujeres de todas las clases sociales, trató de linchar al referido imputado que para entonces fue privilegiado con una fianza de apenas $100.00 y protegido por una justicia ciega al género, además de corrupta.
Desde 1978, Adriano Román ha demostrado que es un masculino violento coherente y forma parte de ese 10 a 15% de los hombres machistas que son peligrosos porque no son fácilmente regenerables: durante 20 años amenazó a Miguelina con matarla, una lógica que los especialistas en masculinidad violenta suelen reconocer como la mayor adhesión a los roles de género que, en el caso de los hombres, obliga al control y hasta la muerte.
El caso es que, el miércoles 29 de agosto, el condenado Román, recluido en la cárcel de Rafey por sentencia definitiva, solicitó por tercera vez, un cambio de su régimen penitenciario y el permiso de cumplirlo en su domicilio, alegando sus 74 años cumplidos y el privilegio del artículo 342 del Código Procesal Penal.
Hay que llamar a la atención de la Justicia sobre el compromiso que tiene de proteger a Miguelina a quien, precisamente por haberla desamparado en 1978, sin reconocer el riesgo que significaba para ella la extrema violencia de género, física, emocional y sexual cometida por Román contra ella entonces, facilitó los acontecimientos del año 2005.
Hay aún más, el condenado Román no solo representa peligro contra Miguelina, también ha mantenido las peores amenazas para toda persona que la rodea y la apoya, incluyendo a sus hijas e hijos, su actual esposo de más de 20 años, periodistas, amistades, abogados/as y hasta Ministerio Público y Judicatura. Y la justicia no tiene porque dudarlo, solo con recordar que Román también atentó contra la vida de su hermano Pablo, a quien le echó ácido de baterías y dio choques eléctricos, hecho por el que estuvo preso tres meses y cuya querella fue retirada en diciembre de 2005 por el abogado del agredido, sin que la víctima supiera. (Estas violencias están registradas en la justicia de Santiago, pero hay muchas más, hacia su hermana fallecida, a un sobrino y más, asentadas en la memoria de esta ciudad).
No, la edad de Adriano Román importa poco ante la peligrosidad de sus acciones violentas prolongadas en el tiempo y si la cárcel no lo ha cambiado, hay que asegurar que lo que le queda de los 20 años de condena tampoco serán suficientes. Román es tan selectivamente violento e incapaz de reconocer y aceptar su personalidad asesina, que debe quedarse donde está para tranquilidad de todo el país.
En las cárceles dominicanas hay alrededor de sesenta condenados masculinos que sobrepasan la edad de Adriano Román y cuyos expedientes estudiados en los tribunales, determinaron que la tranquilidad del envejecimiento es una labor de las personas para crecer cuando somos jóvenes y adultas. Porque la serenidad, el sosiego, la paz y la calma son virtudes de aquellas personas envejecientes que se las ganaron construyendo la fortaleza y el amor de la familia que crearon y mantuvieron.
Apoyo a Rita Mella
Rita Mella Febles, emigró a Estados Unidos a los 22 años, licenciada en Educación, graduada Summa Cum Laude y egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). En ese país, realizó una maestría en Historia de América, en la Universidad de Gainsville, Florida, y se graduó como abogada de la Facultad de Derecho en CUNY, en New York.
Inició carrera en una oficina especializada en defensoría penal, acompañando clientes ante los tribunales y sirviendo como abogada durante 14 años. Sirvió a la Corte de Sucesiones y Tutela del Condado de Kings, como asistente principal de la jueza Margarita López Torres, donde, además de asistir a casos y apoyar decisiones legales, trabajó en el establecimiento del sistema de rendición de cuentas de la Corte para una administración más ágil, eficaz y transparente.
En noviembre 2006, fue electa para la Corte de lo Civil de la Séptima Jurisdicción para el Distrito de Manhattan, comprendiendo el área de Washington Heights, Inwood y el oeste de Harlem. Estando asignada al Tribunal Penal de Manhattan, durante dos años ha presidido la Sala de Tratamiento para la Drogadicción por Delitos Menores en Manhattan, ofreciendo a los imputados que hayan delinquido por causa de una adicción la oportunidad de ingresar a un programa de rehabilitación en lugar de ir a la cárcel.
Actualmente, preside el Comité para la Equidad de Género del Tribunal Penal de Manhattan, luchando contra la violencia de género, incluyendo la trata con fines de explotación sexual y comercial de mujeres jóvenes, la violencia basada en género en adolescentes y los vínculos entre la comunidad transgénero y el Tribunal Penal. Además, forma parte de la Junta Directiva del Centro de Desarrollo de Mujeres Dominicanas y del Centro Altagracia de Fe y Justicia, organizaciones comunitarias dedicadas a la promoción de la justicia social en Washington Heights.
Forma parte de la Asociación Nacional de Mujeres Juezas; la Asociación de Jueces Hispanos, la Asociación de Abogados/as del Estado de Nueva York, Trusts and Estates Section; la Asociación de Mujeres abogadas de Nueva York; la Asociación de Abogados/as Hispanos; la Asociación de Abogados/as Dominicanos y la Asociación de Abogados/as de Puerto Rico. Y le queda tiempo para ejercer como profesora adjunta de la Facultad de Derecho de CUNY, donde imparte Derecho Administrativo.
Para el 13 de septiembre, en comicios que se realizan cada 14 años, Rita quiere convertirse en magistrada titular de la Corte de Sucesiones y Tutela de Manhattan, una de las más prestigiosas de la justicia estadounidense, oportunidad singular para esta dominicana de origen y nacimiento, y motivo de orgullo para el país.
¡Desde aquí, voto por ella!
susipola@gmail.com
Inició carrera en una oficina especializada en defensoría penal, acompañando clientes ante los tribunales y sirviendo como abogada durante 14 años. Sirvió a la Corte de Sucesiones y Tutela del Condado de Kings, como asistente principal de la jueza Margarita López Torres, donde, además de asistir a casos y apoyar decisiones legales, trabajó en el establecimiento del sistema de rendición de cuentas de la Corte para una administración más ágil, eficaz y transparente.
En noviembre 2006, fue electa para la Corte de lo Civil de la Séptima Jurisdicción para el Distrito de Manhattan, comprendiendo el área de Washington Heights, Inwood y el oeste de Harlem. Estando asignada al Tribunal Penal de Manhattan, durante dos años ha presidido la Sala de Tratamiento para la Drogadicción por Delitos Menores en Manhattan, ofreciendo a los imputados que hayan delinquido por causa de una adicción la oportunidad de ingresar a un programa de rehabilitación en lugar de ir a la cárcel.
Actualmente, preside el Comité para la Equidad de Género del Tribunal Penal de Manhattan, luchando contra la violencia de género, incluyendo la trata con fines de explotación sexual y comercial de mujeres jóvenes, la violencia basada en género en adolescentes y los vínculos entre la comunidad transgénero y el Tribunal Penal. Además, forma parte de la Junta Directiva del Centro de Desarrollo de Mujeres Dominicanas y del Centro Altagracia de Fe y Justicia, organizaciones comunitarias dedicadas a la promoción de la justicia social en Washington Heights.
Forma parte de la Asociación Nacional de Mujeres Juezas; la Asociación de Jueces Hispanos, la Asociación de Abogados/as del Estado de Nueva York, Trusts and Estates Section; la Asociación de Mujeres abogadas de Nueva York; la Asociación de Abogados/as Hispanos; la Asociación de Abogados/as Dominicanos y la Asociación de Abogados/as de Puerto Rico. Y le queda tiempo para ejercer como profesora adjunta de la Facultad de Derecho de CUNY, donde imparte Derecho Administrativo.
Para el 13 de septiembre, en comicios que se realizan cada 14 años, Rita quiere convertirse en magistrada titular de la Corte de Sucesiones y Tutela de Manhattan, una de las más prestigiosas de la justicia estadounidense, oportunidad singular para esta dominicana de origen y nacimiento, y motivo de orgullo para el país.
¡Desde aquí, voto por ella!
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¿Un país sin Esperanza?
Visitando a nuestros hijos en New Orleans y en vacaciones, nos llega la noticia del fallecimiento de Esperancita, un nombre inventado para la ilusión de conservar una vida de 16 años que despuntó con demasiada carga para esta sociedad.
Los hombres -y algunas mujeres- elegidos para que “nos representen”, no se interesaron por las Esperanzas dominicanas. Los médicos y médicas que la atendieron tuvieron miedo, se auto amordazaron y le impusieron el martirio. Porque Rosalba Almonte, Esperancita, cayó en las manos del sobresalto producido por la propia Constitución dominicana.
La Iglesia romana, la jerárquica, fue la que estableció las pautas frente a un personal pusilánime que no solo obedeció: se dice de médicos y médicas que manipulaban a la niña con sonografías donde se veía un embrión que ellas y ellos figuraban como “un bebé en salud” y alentaban la maternidad que la mató.
Algunas personas especialistas personalmente consultadas, dicen que lo primero como tratamiento, en aquellas siete u ocho semanas de preñez al hacer el diagnóstico, era desembarazarla, antes de empezar la famosa quimio que se retardó por razones “de conciencia”.
Médicas y médicos sabían que la mayoría de las drogas que cruzan la placenta en los tres primero meses de embarazo, actúan sobre el feto y en el caso de Rosalba/Esperancita, la situación se agravaba con una enfermedad que afectaba su propia sangre.
Un sistema de salud desforzado, acobardado por la intimidación de una Iglesia desubicada del contexto religioso, empoderada frente a una sociedad de políticos y políticas timorata a la que manipula fácilmente.
Faltaron manos intrépidas, corazones conmovidos e inteligencias libres de prejuicios entre quienes atendían a esta niña, sacrificada en nombre de la decencia fingida y la doble moral practicada.
¡Pobre país el nuestro, que ni siquiera puede salvar a una niña! Triste sistema que antepone la muerte de quien conoce a la vida desconocida y finalmente, en el intento, mata a ambos!
¿Qué dirán ahora los y las congresistas que se doblegaron a la Iglesia y al artículo 30/37 y justificaron sus posturas haciendo célebre la frase de que “no se podían suicidar políticamente”?
No valió que la madre de esa niña manifestara públicamente que elegía a su hija viva, un círculo eclesiástico la encerró y oró con ella por la dicotomía de la vida y la muerte, y cerró los ojos de Rosalba/Esperancita arropándola con cantos religiosos. Amén
susipola@gmail.com
Los hombres -y algunas mujeres- elegidos para que “nos representen”, no se interesaron por las Esperanzas dominicanas. Los médicos y médicas que la atendieron tuvieron miedo, se auto amordazaron y le impusieron el martirio. Porque Rosalba Almonte, Esperancita, cayó en las manos del sobresalto producido por la propia Constitución dominicana.
La Iglesia romana, la jerárquica, fue la que estableció las pautas frente a un personal pusilánime que no solo obedeció: se dice de médicos y médicas que manipulaban a la niña con sonografías donde se veía un embrión que ellas y ellos figuraban como “un bebé en salud” y alentaban la maternidad que la mató.
Algunas personas especialistas personalmente consultadas, dicen que lo primero como tratamiento, en aquellas siete u ocho semanas de preñez al hacer el diagnóstico, era desembarazarla, antes de empezar la famosa quimio que se retardó por razones “de conciencia”.
Médicas y médicos sabían que la mayoría de las drogas que cruzan la placenta en los tres primero meses de embarazo, actúan sobre el feto y en el caso de Rosalba/Esperancita, la situación se agravaba con una enfermedad que afectaba su propia sangre.
Un sistema de salud desforzado, acobardado por la intimidación de una Iglesia desubicada del contexto religioso, empoderada frente a una sociedad de políticos y políticas timorata a la que manipula fácilmente.
Faltaron manos intrépidas, corazones conmovidos e inteligencias libres de prejuicios entre quienes atendían a esta niña, sacrificada en nombre de la decencia fingida y la doble moral practicada.
¡Pobre país el nuestro, que ni siquiera puede salvar a una niña! Triste sistema que antepone la muerte de quien conoce a la vida desconocida y finalmente, en el intento, mata a ambos!
¿Qué dirán ahora los y las congresistas que se doblegaron a la Iglesia y al artículo 30/37 y justificaron sus posturas haciendo célebre la frase de que “no se podían suicidar políticamente”?
No valió que la madre de esa niña manifestara públicamente que elegía a su hija viva, un círculo eclesiástico la encerró y oró con ella por la dicotomía de la vida y la muerte, y cerró los ojos de Rosalba/Esperancita arropándola con cantos religiosos. Amén
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Ministerio Público para la Mujer
Las dominicanas somos las que votamos y elegimos, los políticos lo saben y nos convocan desde el discurso solamente para después, ¿Seguir haciendo lo mismo?
Con gran sorpresa vimos que entre las ratificaciones y designaciones de los/as pocuradores/as adjuntos, por parte del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que no se encuentra el de la Magistrada Roxanna Reyes, Procuradora Adjunta de la Mujer y persona con experticia para el cargo que ha desempeñado proactivamente en estos últimos siete años.
Conforme al artículo 31 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, es atribución del Procurador General de la República, designar a la mitad de sus procuradores adjuntos, seleccionados entre los procuradores generales de la corte de apelación que cumplan con los requisitos establecidos en la ley ya que de conformidad con las disposiciones del artículo 30, acápite 2 de la ley orgánica del ministerio público.
Roxanna Reyes, junto a otros/as, está pendiente de confirmación, o en su defecto de ser removida: es el Presidente quien decidirá su suerte, y en el caso de la actual Procuradora Adjunta de la Mujer, es la de todas las dominicanas, bastante minimizadas ya en las primeras disposiciones, que solo han incluido a un 14.8% de mujeres en las altas funciones del nuevo gobierno.
La actual Procuradora Adjunta, además de tener una experticia indispensable para su línea de trabajo, acaba de iniciar la implementación de un protocolo de atención a la Violencia Contra la Mujer para las Unidades de Atención a la Violencia Contra la Mujer, Intrafamiliar y/o Sexual, fundamentado en una planeación estratégica que pondría en funcionamiento un programa estable de atención desde el Ministerio Público, vinculado al resto de las acciones que interactúan en el proceso.
Esta planeación estratégica establecida por la Procuradora de la Mujer, nos consta que ha sido con el mayor de los consensos y reconocimiento del fenómeno de este tipo de violencia, una consulta que fue manejada por ella y su equipo de trabajo con visión técnica y experticia.
Las dominicanas no aguantamos más improvisación en la línea de atención a las acciones violentas contra nosotras y pedimos una muestra de interés real desde el gobierno que se inaugura, dejando a las funcionarias que si responden, como se hizo con la Ministra de la Mujer.
Por otro lado, nos sentimos impotentes frente a tanta indiferencia de parte del Estado dominicano, mientras los feminicidios aumentan y la transversalización del género a la temática del poder, se diluye en la politiquería.
Las dominicanas somos las que votamos y elegimos, los políticos lo saben y nos convocan desde el discurso solamente para después, ¿Seguir haciendo lo mismo?
Queremos estabilidad y mejoramiento en lo que se ha avanzado, como en la atención desde la Procuraduría Adjunta de la Mujer: quitar a Roxanna Reyes es retroceder, un lujo que no podemos permitirnos en este país donde las mujeres mueren víctimas de feminicidios cometidos por particulares y por la indiferencia del mismo Estado dominicano.
¡Qué se quede la Magistrada Roxanna Reyes al frente de la Procuraduría Adjunta de la Mujer!
susipola@gmail.com
Con gran sorpresa vimos que entre las ratificaciones y designaciones de los/as pocuradores/as adjuntos, por parte del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que no se encuentra el de la Magistrada Roxanna Reyes, Procuradora Adjunta de la Mujer y persona con experticia para el cargo que ha desempeñado proactivamente en estos últimos siete años.
Conforme al artículo 31 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, es atribución del Procurador General de la República, designar a la mitad de sus procuradores adjuntos, seleccionados entre los procuradores generales de la corte de apelación que cumplan con los requisitos establecidos en la ley ya que de conformidad con las disposiciones del artículo 30, acápite 2 de la ley orgánica del ministerio público.
Roxanna Reyes, junto a otros/as, está pendiente de confirmación, o en su defecto de ser removida: es el Presidente quien decidirá su suerte, y en el caso de la actual Procuradora Adjunta de la Mujer, es la de todas las dominicanas, bastante minimizadas ya en las primeras disposiciones, que solo han incluido a un 14.8% de mujeres en las altas funciones del nuevo gobierno.
La actual Procuradora Adjunta, además de tener una experticia indispensable para su línea de trabajo, acaba de iniciar la implementación de un protocolo de atención a la Violencia Contra la Mujer para las Unidades de Atención a la Violencia Contra la Mujer, Intrafamiliar y/o Sexual, fundamentado en una planeación estratégica que pondría en funcionamiento un programa estable de atención desde el Ministerio Público, vinculado al resto de las acciones que interactúan en el proceso.
Esta planeación estratégica establecida por la Procuradora de la Mujer, nos consta que ha sido con el mayor de los consensos y reconocimiento del fenómeno de este tipo de violencia, una consulta que fue manejada por ella y su equipo de trabajo con visión técnica y experticia.
Las dominicanas no aguantamos más improvisación en la línea de atención a las acciones violentas contra nosotras y pedimos una muestra de interés real desde el gobierno que se inaugura, dejando a las funcionarias que si responden, como se hizo con la Ministra de la Mujer.
Por otro lado, nos sentimos impotentes frente a tanta indiferencia de parte del Estado dominicano, mientras los feminicidios aumentan y la transversalización del género a la temática del poder, se diluye en la politiquería.
Las dominicanas somos las que votamos y elegimos, los políticos lo saben y nos convocan desde el discurso solamente para después, ¿Seguir haciendo lo mismo?
Queremos estabilidad y mejoramiento en lo que se ha avanzado, como en la atención desde la Procuraduría Adjunta de la Mujer: quitar a Roxanna Reyes es retroceder, un lujo que no podemos permitirnos en este país donde las mujeres mueren víctimas de feminicidios cometidos por particulares y por la indiferencia del mismo Estado dominicano.
¡Qué se quede la Magistrada Roxanna Reyes al frente de la Procuraduría Adjunta de la Mujer!
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A Roberto Salcedo
Distinguido alcalde del Distrito Nacional: felicitarlo por encabezar la semana pasada, junto a personalidades de la vida nacional, una marcha de protesta a la violencia contra las mujeres y por decir a los hombres que abandonen la creencia de que somos objetos de su propiedad. A usted, figura pública relevante, le oye y sigue mucha gente.
Como dijo usted en la manifestación, las mujeres nos estamos tratando de emancipar no solo siendo madres, también preparándonos en las universidades, capacitándonos y trabajando en el aparato productivo nacional.
La marcha solo de hombres impactó: engalanados de rosado compartiendo valientemente un color indefinido y dudoso que nos identifica -no de manera inocente- por una cultura que reservó el azul, color de fuerza e inmensidad, para los varones, un mito que por cierto, a desmontar.
Las dominicanas del Distrito Nacional y de todo el país, agradecemos el gesto y después de más de 10 años en la alcaldía más importante del país, esperamos como continuación a esta marcha una serie de acciones que, de seguro ya se estarán implementando desde su Alcaldía como políticas públicas para la prevención de la violencia machista.
Sobre todo, pensando que la ejecución de las políticas públicas solo es posible si se cuenta con los recursos presupuestarios necesarios, tenemos la seguridad de que, el 4% del presupuesto de esa Alcaldía, como lo señala el artículo 21 de la ley 176-07, estará siendo dedicado a la aplicación de programas de género, salud y educación, una de las nueve líneas presupuestarias municipales que más se ha regateado hasta ahora en todo el país, sin excepción.
Que el límite del veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal fijo o bajo contrato temporal, señalado en el mismo artículo mencionado, se esté respetando y de ninguna manera, tomándose del dinero correspondiente al 4% para nóminas y nominillas donde se inscriben hombres y mujeres adláteres.
Que el mismo presupuesto municipal, señalado como participativo en el artículo 237 de la ley mencionada, y garantizando la participación de la comunidad y los diferentes sectores de desarrollo local, identifique las demandas de las mujeres, sus necesidades y prioridades y que en general, haya una línea presupuestaria para prevenir la violencia contra la mujer. Además, imaginamos que esa Alcaldía estará planificando la Casa de Acogida o Refugio a establecer en el Distrito Nacional.
Finalmente, esperamos que Ud. esté aplicando una Auditoría Municipal de Género para transversalizar la perspectiva de género en los hombres y mujeres que planifican, ejecutan y evalúan los trabajos municipales.
¡Entonces sí valdrá la pena la marcha rosada!
susipola@gmail.com
Como dijo usted en la manifestación, las mujeres nos estamos tratando de emancipar no solo siendo madres, también preparándonos en las universidades, capacitándonos y trabajando en el aparato productivo nacional.
La marcha solo de hombres impactó: engalanados de rosado compartiendo valientemente un color indefinido y dudoso que nos identifica -no de manera inocente- por una cultura que reservó el azul, color de fuerza e inmensidad, para los varones, un mito que por cierto, a desmontar.
Las dominicanas del Distrito Nacional y de todo el país, agradecemos el gesto y después de más de 10 años en la alcaldía más importante del país, esperamos como continuación a esta marcha una serie de acciones que, de seguro ya se estarán implementando desde su Alcaldía como políticas públicas para la prevención de la violencia machista.
Sobre todo, pensando que la ejecución de las políticas públicas solo es posible si se cuenta con los recursos presupuestarios necesarios, tenemos la seguridad de que, el 4% del presupuesto de esa Alcaldía, como lo señala el artículo 21 de la ley 176-07, estará siendo dedicado a la aplicación de programas de género, salud y educación, una de las nueve líneas presupuestarias municipales que más se ha regateado hasta ahora en todo el país, sin excepción.
Que el límite del veinticinco por ciento (25%) para gastos de personal fijo o bajo contrato temporal, señalado en el mismo artículo mencionado, se esté respetando y de ninguna manera, tomándose del dinero correspondiente al 4% para nóminas y nominillas donde se inscriben hombres y mujeres adláteres.
Que el mismo presupuesto municipal, señalado como participativo en el artículo 237 de la ley mencionada, y garantizando la participación de la comunidad y los diferentes sectores de desarrollo local, identifique las demandas de las mujeres, sus necesidades y prioridades y que en general, haya una línea presupuestaria para prevenir la violencia contra la mujer. Además, imaginamos que esa Alcaldía estará planificando la Casa de Acogida o Refugio a establecer en el Distrito Nacional.
Finalmente, esperamos que Ud. esté aplicando una Auditoría Municipal de Género para transversalizar la perspectiva de género en los hombres y mujeres que planifican, ejecutan y evalúan los trabajos municipales.
¡Entonces sí valdrá la pena la marcha rosada!
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Pilar Betances, in memóriam
De los más de 150 feminicidios para el año 2003 en el país, el de Pilar Betances Arias, fue de los que más conmovió a Santiago, y a nueve años de la tragedia, que se cumplirán el 2 de agosto, para la familia Betances Arias, siguen siendo dolorosos los días sin ella.
El caso de Pili desmonta una vez más el mito que asocia el poder y la autodeterminación de una persona por la educación académica y el estatus social, condiciones que no pesan cuando se trata de crímenes por violencia contra la mujer. Psicóloga con muchos años de experiencia en el área infantil, en el Colegio de La Salle de esta ciudad, ¿Qué la hizo aguantar en silencio a su propio verdugo? Probablemente, el peso de una educación tradicional y el miedo a generar conflictos y enfrentamientos entre familias, hermanos e hijos, con el agresor.
A Pili, compañera de trabajo por más de diez años, no podemos dejar de rememorarla, una triste promesa a su partida. Ella se ha convertido en referente, y cualquier situación relatada, se deduce como la suya, y a partir de la inferencia, muchas veces se presentan alternativas, como si Pili las dictara desde un lugar especial de luz y bendiciones.
Como ella, algunas de las mujeres muertas a manos de sus compañeros del momento, de antes o de siempre, se convierten en una especie de paradigma para bregar con este pesaroso y complejo fenómeno, en el sentido de pautar comportamientos y reacciones que se pueden comparar para comprender cada caso y muchas veces, prevenir el mismo desenlace. Mujeres que no hablaron vivas, pero nos guían muertas.
En este agosto de Pili, hay que recordar las obligaciones que tiene el Estado frente a los derechos humanos de las mujeres, porque son la expresión jurídico obligatoria de principios y valores éticos basados en la dignidad humana consagrada tanto en la nueva Constitución como en los instrumentos internacionales y regionales.
Alguien nos contó que estos nueve años sin Pili, concretan la mitad de la pena del feminicida, compañero matrimoniado con ella por casi 20 años al momento de ejecutarla, y con ese motivo, él quiere la pena cumplida, porque puede solicitar la clemencia que esperó y no tuvo de él Pili, una ventaja que le lleva por estar vivo.
Ojalá quienes deban, recuerden el clamor de endurecimiento de las penas por feminicidio y la realidad que vivimos para que no trastabillen en la decisión y exijan la pena completa para el asesino de Pili.
susipola@gmail.com
El caso de Pili desmonta una vez más el mito que asocia el poder y la autodeterminación de una persona por la educación académica y el estatus social, condiciones que no pesan cuando se trata de crímenes por violencia contra la mujer. Psicóloga con muchos años de experiencia en el área infantil, en el Colegio de La Salle de esta ciudad, ¿Qué la hizo aguantar en silencio a su propio verdugo? Probablemente, el peso de una educación tradicional y el miedo a generar conflictos y enfrentamientos entre familias, hermanos e hijos, con el agresor.
A Pili, compañera de trabajo por más de diez años, no podemos dejar de rememorarla, una triste promesa a su partida. Ella se ha convertido en referente, y cualquier situación relatada, se deduce como la suya, y a partir de la inferencia, muchas veces se presentan alternativas, como si Pili las dictara desde un lugar especial de luz y bendiciones.
Como ella, algunas de las mujeres muertas a manos de sus compañeros del momento, de antes o de siempre, se convierten en una especie de paradigma para bregar con este pesaroso y complejo fenómeno, en el sentido de pautar comportamientos y reacciones que se pueden comparar para comprender cada caso y muchas veces, prevenir el mismo desenlace. Mujeres que no hablaron vivas, pero nos guían muertas.
En este agosto de Pili, hay que recordar las obligaciones que tiene el Estado frente a los derechos humanos de las mujeres, porque son la expresión jurídico obligatoria de principios y valores éticos basados en la dignidad humana consagrada tanto en la nueva Constitución como en los instrumentos internacionales y regionales.
Alguien nos contó que estos nueve años sin Pili, concretan la mitad de la pena del feminicida, compañero matrimoniado con ella por casi 20 años al momento de ejecutarla, y con ese motivo, él quiere la pena cumplida, porque puede solicitar la clemencia que esperó y no tuvo de él Pili, una ventaja que le lleva por estar vivo.
Ojalá quienes deban, recuerden el clamor de endurecimiento de las penas por feminicidio y la realidad que vivimos para que no trastabillen en la decisión y exijan la pena completa para el asesino de Pili.
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La vida en la Constitución
Mientras, ningún Comité de Ética está por encima de la Constitución, del sentimiento de la madre de la menor embarazada, del sentir razonado de todas las personas que tenemos hijas y no queremos perderlas.
La noticia de una joven de 16 años paciente de leucemia con nueve semanas de embarazo y con necesidad urgente de someterse a tratamientos de quimioterapia para sobrevivir, pone a prueba el razonamiento nacional al tener que decidir entre su vida y la de un embrión que aún no se sabe si podrá existir.
Mientras un Comité de Ética y un grupo de Hematólogos, aconsejan que la menor embarazada no puede recibir su tratamiento hasta después de las 12 semanas de embarazo para no afectar al embrión, su madre dice que su único interés es salvaguardar a su hija, por lo que pide que en lo inmediato se le aplique la medicina a la niña. ¿No es razonable? ¿Quién se atreve a violar la Constitución dominicana y el buen sentido que indican el derecho a la vida de esa adolescente?
Por razones contrarias a los derechos y garantías que un Estado debe representar para su ciudadanía, la suspensión del embarazo ha sido un tema proscrito históricamente en la República Dominicana y su discusión se centraliza en ideas y creencias religiosas, lejos de ubicarse en las leyes y el estado de derecho que debe regir en el país.
Esta postura es favorecida sobre todo por la Iglesia Católica, que pese a reconocer su protagonismo en la ejecución de delitos sexuales y pedir perdón, se ha erogado por aparente derecho divino, la evaluación “moral” del contínuo vida y muerte en la salud sexual y salud reproductiva, presionando, no siempre limpiamente, a los/as legisladores/as y gobernantes, primero, para que introduzcan el artículo 30, hoy 37, en la Constitución dominicana y después, para que crean que con eso “re penalizaron” el aborto en el país.
Los juristas constitucionalistas tienen que empezar a dilucidar el estado de garantías de la Constitución dominicana sobre la vida, la dignidad, la libertad y la autonomía del propio cuerpo, principios de filosofía moral y política que fundamentan la construcción de todo moderno Estado constitucional de derecho, como el nuestro, fuera de la radicalidad de las creencias religiosa. Otros países lo hicieron o lo están haciendo.
Los países que han dividido las cuestiones religiosas de las legislativas, que no solo declaran –como es nuestro caso- la laicicidad de Estado, sino que también la aplican, llevan mejor la tarea que unos muy pocos, como el nuestro, donde la Iglesia Romana aún es beneficiaria de todos los favores terrenales posibles, a cambio de oraciones y “buenos pensamientos”.
En el preámbulo de la Constitución dominicana, son valores supremos la dignidad, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, pero también en el artículo 40, numeral 15 se establece que “a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica.”
Como dice el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, en su libro La Interrupción del Embarazo, Análisis Constitucional para el Debate, citando a Isaiah Berlin, la libertad es “el deseo por parte del individuo de ser su propio dueño. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo, y no de fuerzas exteriores, sean éstas del tipo que sean. Quiero ser el instrumento de mí mismo y no de los actos de voluntad de otros hombres. Quiero ser sujeto y no objeto, ser movido por razones y por propósitos conscientes que son míos, y no por causas que me afectan, por así decirlo, desde fuera. Quiero ser alguien, no nadie; quiero actuar, decidir, no que decidan por mí; dirigirme a mí mismo y no ser movido por la naturaleza exterior o por otros hombres como si fuera una cosa, un animal o un esclavo incapaz de representar un papel humano; es decir, concebir fines y medios propios y realizarlos.”
Pero no es solo el artículo 40 de nuestra Constitución el que ampara la vida de la adolescente embarazada, también el artículo 5 fundamenta el respeto a la dignidad humana y el artículo 38 establece que el Estado descansa sobre la base de la dignidad de la persona y que se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales, diciendo que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
El mismo Ministro de Salud Pública, Dr. Bautista Rojas Gómez, favorece que la adolescente embarazada reciba el tratamiento de quimioterapia para combatir leucemia, asegurando que su vida es primero. El Estado dominicano tienen en sus manos la responsabilidad de la vida de esta menor y los ojos internacionales están pendientes de ello.
Mientras, ningún Comité de Ética está por encima de la Constitución, del sentimiento de la madre de la menor embarazada, del sentir razonado de todas las personas que tenemos hijas y no queremos perderlas.
¡Las mujeres decidimos, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias no intervienen!
susipola@gmail.com
Feminicidios: emergencia nacional
Representantes de casi sesenta entidades de la sociedad civil, entregaron un documento a un grupo de diputadas, encabezado por la doctora Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputadas, cuando el 11 de julio pasado, junto a cientos de organizaciones, redes y coaliciones a nivel nacional y de la diáspora dominicana en Estados Unidos, proclamaron ese día de luto nacional y solicitaron declarar el país en emergencia nacional frente a los feminicidios.
El documento dice que, con más de 100 casos hasta la fecha, los feminicidios se han convertido en una tragedia tristemente cotidiana para la que urge buscar solución. “La escalada en número y la ferocidad de estos asesinatos deja pocas dudas de que nos enfrentamos a una verdadera emergencia nacional, cuya solución no se puede seguir postergando. El feminicidio es ahora la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva, lo que remite a una grave crisis social, de salud pública y de seguridad humana”.
Para las organizaciones convocantes, a pesar de que como país reconocemos la gravedad de la situación, no hemos salido de las lamentaciones a la acción efectiva, siendo signatarios de convenios internacionales que comprometen al país a erradicar toda forma de violencia contra la mujer, lo que demanda presupuestos adecuados, una legislación mejorada y esfuerzos interinstitucionales que evidencien una clara vocación de enfrentar la situación con hechos y no solo con palabras.
Agregan en su documento, que desde la vigencia de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (Ley 24-97) ningún gobierno haya dedicado la atención y los recursos necesarios para enfrentar la crisis a una lucha sin presupuesto propio, debiendo mendigar recursos internacionales para ofrecer respuestas que han resultado a todas luces insuficientes.
Reclaman agilización en la prevención de parte del Estado entero, sobre todo y de manera inmediata, de los Ministerios de Salud y Educación, apelando a una inversión nacional decente para establecerla, con más refugios en funcionamiento, más Unidades de atención especializadas del Ministerio Público, aplicación de las Normas Nacionales en Salud y su Protocolo, apertura de programas que apoyen a los/as más de mil niños y niñas huérfanos/as por feminicidio, entre otras medidas urgentes.
Participando en esta jornada por la tragedia de los feminicidios, una vez más solicitamos a Poder Ejecutivo, que declare el año 2013 de Emergencia Nacional por Feminicidios, para que los esfuerzos nacionales sean prioritarios en este sentido, y se encaminen a fortalecer un sistema de prevención nacional que parta de todo el quehacer nacional, dedicando partidas presupuestarias especiales y decentes para eso.
¡No podemos esperar más!
susipola@gmail.com
El documento dice que, con más de 100 casos hasta la fecha, los feminicidios se han convertido en una tragedia tristemente cotidiana para la que urge buscar solución. “La escalada en número y la ferocidad de estos asesinatos deja pocas dudas de que nos enfrentamos a una verdadera emergencia nacional, cuya solución no se puede seguir postergando. El feminicidio es ahora la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva, lo que remite a una grave crisis social, de salud pública y de seguridad humana”.
Para las organizaciones convocantes, a pesar de que como país reconocemos la gravedad de la situación, no hemos salido de las lamentaciones a la acción efectiva, siendo signatarios de convenios internacionales que comprometen al país a erradicar toda forma de violencia contra la mujer, lo que demanda presupuestos adecuados, una legislación mejorada y esfuerzos interinstitucionales que evidencien una clara vocación de enfrentar la situación con hechos y no solo con palabras.
Agregan en su documento, que desde la vigencia de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (Ley 24-97) ningún gobierno haya dedicado la atención y los recursos necesarios para enfrentar la crisis a una lucha sin presupuesto propio, debiendo mendigar recursos internacionales para ofrecer respuestas que han resultado a todas luces insuficientes.
Reclaman agilización en la prevención de parte del Estado entero, sobre todo y de manera inmediata, de los Ministerios de Salud y Educación, apelando a una inversión nacional decente para establecerla, con más refugios en funcionamiento, más Unidades de atención especializadas del Ministerio Público, aplicación de las Normas Nacionales en Salud y su Protocolo, apertura de programas que apoyen a los/as más de mil niños y niñas huérfanos/as por feminicidio, entre otras medidas urgentes.
Participando en esta jornada por la tragedia de los feminicidios, una vez más solicitamos a Poder Ejecutivo, que declare el año 2013 de Emergencia Nacional por Feminicidios, para que los esfuerzos nacionales sean prioritarios en este sentido, y se encaminen a fortalecer un sistema de prevención nacional que parta de todo el quehacer nacional, dedicando partidas presupuestarias especiales y decentes para eso.
¡No podemos esperar más!
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Adriano Román, enemigo público
¿La lista de víctimas de Adriano Román, pasadas y probables, deben sufrir entonces, por los efectos de una justicia encajonada en un cuadro de derechos iguales para todas las personas?
El concepto del derecho penal del enemigo, considerado a finales del siglo recién pasado por su propulsor, el jurista penal y filósofo Günther Jakobs, se fundamenta en el derecho que tiene la ciudadanía a obtener un mínimo de seguridad frente a quienes no cabe establecer expectativas cognitivas de regeneración, porque reinciden permanentemente, y refiere a las normas que en el sistema de derecho alemán, sancionan penalmente conductas, sin que se hubiere afectado el bien jurídico, castigando a la persona autora de las mismas por el hecho de considerarlo peligroso.
Para1999, Jakobs, defensor del criterio desde mediados de 1980, trajo el concepto al mundo del derecho en un Coloquio Internacional de Derecho Penal, y desde entonces es motivo de reflexión en los círculos filosóficos del derecho, volviéndose punto polémico para juristas en general, sobre todo ante la ola de criminalidad que es universal, aunque mucho más en nuestra región.
Para el jurista español, Francisco Muñoz Conde el derecho penal del enemigo es el conjunto de normas penales sui géneris aplicables para un tipo de delincuente, inicialmente para autores de delitos económicos, pero últimamente a quien comete hechos terroristas, de narcotráfico, o es autor de delitos de delincuencia organizada.
Estas reglas, explica la jurista mexicana María del Pilar Espinosa Torres, serían diferentes a las del derecho penal tradicional o aplicables a una persona “normal”, infractora de otros ilícitos, que sí contaría con los derechos y garantías reconocidas por el derecho penal moderno consignadas en las constituciones y convenios internacionales. Se trataría de dos derechos penales distintos y con distintas finalidades o funciones, comprendidos en un mismo ordenamiento o bien en leyes especiales. El enemigo, se dice, sería una “no persona”, por lo tanto no puede ser tratado como tal y los términos y derechos quedarían suspendidos a conveniencia de la autoridad.
Si bien la práctica de un derecho del enemigo plantea una serie de preguntas, referidas a sus propios derechos y al garantismo de los sistemas en este sentido, también tenemos que preguntarnos cómo definir al enemigo, a qué grupo ciudadano se lo remite, y cómo afectaría el principio de igualdad que debe abarcar a todas las personas, porque el derecho penal del enemigo, como dice Muñoz Conde, responde a un modelo funcional en el cual el valor prioritario es la estabilidad del sistema y para ello el instrumento deberá ser útil y eficiente.
En ese sentido, personas como el imputado Román, se convierte en un enemigo público a quien habría que aplicarle este derecho, porque habiendo sumado un rosario de crímenes desde su adolescencia, contra sus propios familiares, vecinos y vecinas, compueblanos y complueblanas, mantiene la misma capacidad de reclamo y derechos que los niños y niñas de teta, es decir, una protección distorsionada, capaz de poner en peligro a sus víctimas pasadas y futuras y llegar a la impunidad.
¿La lista de víctimas de Adriano Román, pasadas y probables, deben sufrir entonces, por los efectos de una justicia encajonada en un cuadro de derechos iguales para todas las personas?
De acuerdo a la definición de la ONU en la Declaración sobre los principios básicos de la justicia para las víctimas de delitos y de abuso de poder, son víctimas “aquellas personas que de forma individual o colectiva han sufrido un perjuicio, especialmente, un ataque a su integridad física omental; un sufrimiento moral o una pérdida material, o un ataque grave de sus derechos fundamentales, en acciones u omisiones que infringen las leyes penales vigentes de un Estado”.
Jordi Veras y su familia, fuimos víctimas en junio de 2010 de la crueldad de Román, un imputado reincidente, posibilitado desde una celda para crear y mantener una trama fundamentada en el dinero que tiene y puede manejar aún como enemigo público, y en el proceso, seguimos siendo víctimas de un sistema en el que prevalece la misma vara para medir a unas y otras personas.
Adriano Román, condenado definitivamente a 20 años de prisión el 25 de junio de 2008, pudo maquinar, hacer transacciones económicas millonarias, contactar personas y “despachar” desde una celda condenatoria, el asesinato del abogado Jordi Veras que defendió a su víctima, Miguelina Llaverías. Solo por eso se convierte en enemigo público, amenaza constante para la tranquilidad del mismo Estado que tuvo que intervenir conmovido cuando ocurrieron los hechos el 2 de junio de 2010.
¿Es esto justo?
susipola@gmail.com
El concepto del derecho penal del enemigo, considerado a finales del siglo recién pasado por su propulsor, el jurista penal y filósofo Günther Jakobs, se fundamenta en el derecho que tiene la ciudadanía a obtener un mínimo de seguridad frente a quienes no cabe establecer expectativas cognitivas de regeneración, porque reinciden permanentemente, y refiere a las normas que en el sistema de derecho alemán, sancionan penalmente conductas, sin que se hubiere afectado el bien jurídico, castigando a la persona autora de las mismas por el hecho de considerarlo peligroso.
Para1999, Jakobs, defensor del criterio desde mediados de 1980, trajo el concepto al mundo del derecho en un Coloquio Internacional de Derecho Penal, y desde entonces es motivo de reflexión en los círculos filosóficos del derecho, volviéndose punto polémico para juristas en general, sobre todo ante la ola de criminalidad que es universal, aunque mucho más en nuestra región.
Para el jurista español, Francisco Muñoz Conde el derecho penal del enemigo es el conjunto de normas penales sui géneris aplicables para un tipo de delincuente, inicialmente para autores de delitos económicos, pero últimamente a quien comete hechos terroristas, de narcotráfico, o es autor de delitos de delincuencia organizada.
Estas reglas, explica la jurista mexicana María del Pilar Espinosa Torres, serían diferentes a las del derecho penal tradicional o aplicables a una persona “normal”, infractora de otros ilícitos, que sí contaría con los derechos y garantías reconocidas por el derecho penal moderno consignadas en las constituciones y convenios internacionales. Se trataría de dos derechos penales distintos y con distintas finalidades o funciones, comprendidos en un mismo ordenamiento o bien en leyes especiales. El enemigo, se dice, sería una “no persona”, por lo tanto no puede ser tratado como tal y los términos y derechos quedarían suspendidos a conveniencia de la autoridad.
Si bien la práctica de un derecho del enemigo plantea una serie de preguntas, referidas a sus propios derechos y al garantismo de los sistemas en este sentido, también tenemos que preguntarnos cómo definir al enemigo, a qué grupo ciudadano se lo remite, y cómo afectaría el principio de igualdad que debe abarcar a todas las personas, porque el derecho penal del enemigo, como dice Muñoz Conde, responde a un modelo funcional en el cual el valor prioritario es la estabilidad del sistema y para ello el instrumento deberá ser útil y eficiente.
En ese sentido, personas como el imputado Román, se convierte en un enemigo público a quien habría que aplicarle este derecho, porque habiendo sumado un rosario de crímenes desde su adolescencia, contra sus propios familiares, vecinos y vecinas, compueblanos y complueblanas, mantiene la misma capacidad de reclamo y derechos que los niños y niñas de teta, es decir, una protección distorsionada, capaz de poner en peligro a sus víctimas pasadas y futuras y llegar a la impunidad.
¿La lista de víctimas de Adriano Román, pasadas y probables, deben sufrir entonces, por los efectos de una justicia encajonada en un cuadro de derechos iguales para todas las personas?
De acuerdo a la definición de la ONU en la Declaración sobre los principios básicos de la justicia para las víctimas de delitos y de abuso de poder, son víctimas “aquellas personas que de forma individual o colectiva han sufrido un perjuicio, especialmente, un ataque a su integridad física omental; un sufrimiento moral o una pérdida material, o un ataque grave de sus derechos fundamentales, en acciones u omisiones que infringen las leyes penales vigentes de un Estado”.
Jordi Veras y su familia, fuimos víctimas en junio de 2010 de la crueldad de Román, un imputado reincidente, posibilitado desde una celda para crear y mantener una trama fundamentada en el dinero que tiene y puede manejar aún como enemigo público, y en el proceso, seguimos siendo víctimas de un sistema en el que prevalece la misma vara para medir a unas y otras personas.
Adriano Román, condenado definitivamente a 20 años de prisión el 25 de junio de 2008, pudo maquinar, hacer transacciones económicas millonarias, contactar personas y “despachar” desde una celda condenatoria, el asesinato del abogado Jordi Veras que defendió a su víctima, Miguelina Llaverías. Solo por eso se convierte en enemigo público, amenaza constante para la tranquilidad del mismo Estado que tuvo que intervenir conmovido cuando ocurrieron los hechos el 2 de junio de 2010.
¿Es esto justo?
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Caso de Trata en Santiago
En Santiago, la Coalición de la Sociedad Civil por el Derecho de las Vidas de las Mujeres, conformada por: Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM, Profamilia, Acción Callejera, Coordinadora Mujeres del Cibao (CMC), Casa Abierta, Organización para el Desarrollo de la Mujer Dominicana (ODEMUD), Fundación Vanesa y Mujer Iglesia, presentaron ayer un documento a la prensa, explicando el caso de Amalfi Altagracia Tavares, imputada por Trata para Explotación Sexual Comercial de niñas y adolescente, punto de quedar libre.
Explican que, “desde hace más de dos años el NAM y otras organizaciones han estado denunciando lo que ocurrían en Cien Fuegos de Santiago con niñas y adolescentes que eran trasladadas a San Cristóbal para fines de Explotación Sexual Comercial. Posteriormente a la denuncia, la Fiscalía de Santiago, en coordinación con la de San Cristóbal, apresó a Amalfi Altagracia Tavares presentando acusación en su contra.
En el transcurso del proceso de más de 3 años, son muchos los obstáculos presentados para mantener la acusación ya que el sistema nacional de atención a estos casos no cuenta con mecanismos que garanticen la integridad de las víctimas y testigos durante el proceso legal y posterior a él.
Las alternativas de reinserción social como: acompañamiento legal, emocional, capacitación, oferta laboral, alojamiento en lugares seguros para ellas, sus hijos e hijas, son escasas, por lo que continúan en estado de vulnerabilidad, expuestas a la comisión de nuevos crímenes y delitos, especialmente de género.
La escasez de recursos y medidas de atención efectivas lleva a que los casos, que pueden ser presentados ante las autoridades judiciales terminen en la impunidad, circunstancia de omisión estatal que promueve la violación a derechos humanos de las mujeres ante la pasividad estatal para prevenirlas y sancionarlas debidamente.
A pesar de que el país se encuentra dentro de los primeros cinco en el mundo expulsores de víctimas de Trata para fines de explotación sexual comercial, todavía no se sientan las bases para el manejo del fenómeno a nivel interno, lo que constituiría un paso importante de prevención”.
La Coalición de la Sociedad Civil, esta vez llama la atención al Ministerio de la Mujer y a la Procuraduría General de la República para tomar las medidas necesarias urgentes para crear programas efectivos y eficaces de atención y prevención a las víctimas de este tipo de crimen.
El interés superior del Estado dominicano, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución de 2010, la familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
susipola@gmail.com
Explican que, “desde hace más de dos años el NAM y otras organizaciones han estado denunciando lo que ocurrían en Cien Fuegos de Santiago con niñas y adolescentes que eran trasladadas a San Cristóbal para fines de Explotación Sexual Comercial. Posteriormente a la denuncia, la Fiscalía de Santiago, en coordinación con la de San Cristóbal, apresó a Amalfi Altagracia Tavares presentando acusación en su contra.
En el transcurso del proceso de más de 3 años, son muchos los obstáculos presentados para mantener la acusación ya que el sistema nacional de atención a estos casos no cuenta con mecanismos que garanticen la integridad de las víctimas y testigos durante el proceso legal y posterior a él.
Las alternativas de reinserción social como: acompañamiento legal, emocional, capacitación, oferta laboral, alojamiento en lugares seguros para ellas, sus hijos e hijas, son escasas, por lo que continúan en estado de vulnerabilidad, expuestas a la comisión de nuevos crímenes y delitos, especialmente de género.
La escasez de recursos y medidas de atención efectivas lleva a que los casos, que pueden ser presentados ante las autoridades judiciales terminen en la impunidad, circunstancia de omisión estatal que promueve la violación a derechos humanos de las mujeres ante la pasividad estatal para prevenirlas y sancionarlas debidamente.
A pesar de que el país se encuentra dentro de los primeros cinco en el mundo expulsores de víctimas de Trata para fines de explotación sexual comercial, todavía no se sientan las bases para el manejo del fenómeno a nivel interno, lo que constituiría un paso importante de prevención”.
La Coalición de la Sociedad Civil, esta vez llama la atención al Ministerio de la Mujer y a la Procuraduría General de la República para tomar las medidas necesarias urgentes para crear programas efectivos y eficaces de atención y prevención a las víctimas de este tipo de crimen.
El interés superior del Estado dominicano, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución de 2010, la familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
susipola@gmail.com
El lenguaje y su referencia sexuada
Esta semana el director de la Academia Dominicana de la Lengua, puso un huevo de avestruz, como dicen en el argot popular, cuando declaró rechazar el uso del lenguaje inclusivo, enfatizando que “las palabras tienen género, pero no sexo; en cambio, los seres vivos tienen sexo, pero no género”, e ignorando todo el trabajo científico social realizado en los últimos 70 años.
Para Rosario Candelier, “El concepto de género no es de naturaleza biológica, sino gramatical, se aplica a sustantivos y adjetivos masculino/femenino”, y la fórmula del doble género “es promovida por grupos feministas para promover a la mujer”, un descubrimiento que nos deja atónita por la simpleza y por su rechazo visceral al supuesto de inclusión.
De acuerdo a la CEPAL, el movimiento de mujeres ha puesto en la agenda pública global el tema del género, lo que ha representado potenciales de cambio social en cuanto amplían y enriquecen las formas de hacer política, la concepción de la ciudadanía, de los derechos y la relación entre los Estados y órganos supranacionales con la sociedad civil.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, dice que el concepto de género hace referencia a los estereotipos, roles sociales, condición y posición adquirida, comportamientos, actividades y atributos apropiados que cada sociedad en particular construye y asigna a hombres y mujeres. Todos ellos pueden llevar a desigualdades y, a su vez, estas desigualdades pueden causar inequidad entre hombres y mujeres en el estado de salud y el derecho a la salud.
Es probable que el director de la Academia Dominicana de la Lengua no se sienta en ánimo de que a las mujeres se nos incluya en la agenda “humana” universal, contando a sus hijas, a sus nietas, si las tuviera, y a su madre, que la tuvo. Para él posiblemente, las mujeres somos cosas reutilizables y desechables y la carga misógina de su intelecto reconocido, llega hasta ahí. No más.
Hay que recordarle a este señor que el “tan vapuleado tema del sexismo gramatical y sexismo lingüístico, como consecuencia del uso abusivo del doble género gramatical”, es una necesidad para el desmonte de una cultura autoritaria, androcéntrica y depredadora, que no solo mata un número escandaloso de mujeres y niñas, sino que también acaba con la humanidad.
El lenguaje transmite ideas y las ideas se concretizan en acciones y ese es el miedo por el que se resisten las personas conservadoras que, a pesar de todo, pasarán como pasó el sometimiento de la esclavitud y la brutalidad del feudalismo medieval, porque la dinámica de la historia es de avance y el retroceso, aunque puede suceder, nunca es proporcional al progreso.
En el reciente debate “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, por una docena de personalidades españolas de la cultura, la política y la educación, planteado por Ignacio Bosque, gramático de la lengua española y miembro electo de la Real Academia Española, RAE, desde 1995, Adelaida De La Calle, Presidenta de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, dijo que “La sociedad española ha funcionado normalmente con un lenguaje muy sexista y hay que cambiarlo, igual que hemos cambiado montones de actuaciones. La mujer debe contar en todo, y eso incluye el lenguaje. Es cierto que la lengua es algo vivo y se va adaptando a las circunstancias en cada momento y características, y que, hasta hace relativamente poco, la mujer no formaba parte de muchos aspectos y era difícil que contase en una estructura lingüística diferente a la que se había ido generando a lo largo del tiempo. Ahora somos conscientes y lo estamos intentando. Hay que poner a la mujer en valor y hacer el esfuerzo de cambiar el lenguaje, aunque no se puede lograr de la noche a la mañana. Debemos trabajar desde los primeros niveles de la enseñanza. También tengo claro que el genérico se debe seguir utilizando porque no se hace con tono discriminatorio”. Una postura sin radicalidad y razonada.
La deuda histórica con la mitad de la humanidad también comprende el lenguaje, a través del cual se sostienen las diferencias del imaginario social patriarcal que con ellas se recicla. Pobre intervención la del Director de la Academia Dominicana de la Lengua, que para la próxima, deberá informarse por donde andan las expresiones para despegarse de la tradición que tanto les gusta a las personas conservadoras como él.
susipola@gmail.com
Para Rosario Candelier, “El concepto de género no es de naturaleza biológica, sino gramatical, se aplica a sustantivos y adjetivos masculino/femenino”, y la fórmula del doble género “es promovida por grupos feministas para promover a la mujer”, un descubrimiento que nos deja atónita por la simpleza y por su rechazo visceral al supuesto de inclusión.
De acuerdo a la CEPAL, el movimiento de mujeres ha puesto en la agenda pública global el tema del género, lo que ha representado potenciales de cambio social en cuanto amplían y enriquecen las formas de hacer política, la concepción de la ciudadanía, de los derechos y la relación entre los Estados y órganos supranacionales con la sociedad civil.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, dice que el concepto de género hace referencia a los estereotipos, roles sociales, condición y posición adquirida, comportamientos, actividades y atributos apropiados que cada sociedad en particular construye y asigna a hombres y mujeres. Todos ellos pueden llevar a desigualdades y, a su vez, estas desigualdades pueden causar inequidad entre hombres y mujeres en el estado de salud y el derecho a la salud.
Es probable que el director de la Academia Dominicana de la Lengua no se sienta en ánimo de que a las mujeres se nos incluya en la agenda “humana” universal, contando a sus hijas, a sus nietas, si las tuviera, y a su madre, que la tuvo. Para él posiblemente, las mujeres somos cosas reutilizables y desechables y la carga misógina de su intelecto reconocido, llega hasta ahí. No más.
Hay que recordarle a este señor que el “tan vapuleado tema del sexismo gramatical y sexismo lingüístico, como consecuencia del uso abusivo del doble género gramatical”, es una necesidad para el desmonte de una cultura autoritaria, androcéntrica y depredadora, que no solo mata un número escandaloso de mujeres y niñas, sino que también acaba con la humanidad.
El lenguaje transmite ideas y las ideas se concretizan en acciones y ese es el miedo por el que se resisten las personas conservadoras que, a pesar de todo, pasarán como pasó el sometimiento de la esclavitud y la brutalidad del feudalismo medieval, porque la dinámica de la historia es de avance y el retroceso, aunque puede suceder, nunca es proporcional al progreso.
En el reciente debate “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, por una docena de personalidades españolas de la cultura, la política y la educación, planteado por Ignacio Bosque, gramático de la lengua española y miembro electo de la Real Academia Española, RAE, desde 1995, Adelaida De La Calle, Presidenta de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, dijo que “La sociedad española ha funcionado normalmente con un lenguaje muy sexista y hay que cambiarlo, igual que hemos cambiado montones de actuaciones. La mujer debe contar en todo, y eso incluye el lenguaje. Es cierto que la lengua es algo vivo y se va adaptando a las circunstancias en cada momento y características, y que, hasta hace relativamente poco, la mujer no formaba parte de muchos aspectos y era difícil que contase en una estructura lingüística diferente a la que se había ido generando a lo largo del tiempo. Ahora somos conscientes y lo estamos intentando. Hay que poner a la mujer en valor y hacer el esfuerzo de cambiar el lenguaje, aunque no se puede lograr de la noche a la mañana. Debemos trabajar desde los primeros niveles de la enseñanza. También tengo claro que el genérico se debe seguir utilizando porque no se hace con tono discriminatorio”. Una postura sin radicalidad y razonada.
La deuda histórica con la mitad de la humanidad también comprende el lenguaje, a través del cual se sostienen las diferencias del imaginario social patriarcal que con ellas se recicla. Pobre intervención la del Director de la Academia Dominicana de la Lengua, que para la próxima, deberá informarse por donde andan las expresiones para despegarse de la tradición que tanto les gusta a las personas conservadoras como él.
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