En Santiago, la Coalición de la Sociedad Civil por el Derecho de las Vidas de las Mujeres, conformada por: Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM, Profamilia, Acción Callejera, Coordinadora Mujeres del Cibao (CMC), Casa Abierta, Organización para el Desarrollo de la Mujer Dominicana (ODEMUD), Fundación Vanesa y Mujer Iglesia, presentaron ayer un documento a la prensa, explicando el caso de Amalfi Altagracia Tavares, imputada por Trata para Explotación Sexual Comercial de niñas y adolescente, punto de quedar libre.
Explican que, “desde hace más de dos años el NAM y otras organizaciones han estado denunciando lo que ocurrían en Cien Fuegos de Santiago con niñas y adolescentes que eran trasladadas a San Cristóbal para fines de Explotación Sexual Comercial. Posteriormente a la denuncia, la Fiscalía de Santiago, en coordinación con la de San Cristóbal, apresó a Amalfi Altagracia Tavares presentando acusación en su contra.
En el transcurso del proceso de más de 3 años, son muchos los obstáculos presentados para mantener la acusación ya que el sistema nacional de atención a estos casos no cuenta con mecanismos que garanticen la integridad de las víctimas y testigos durante el proceso legal y posterior a él.
Las alternativas de reinserción social como: acompañamiento legal, emocional, capacitación, oferta laboral, alojamiento en lugares seguros para ellas, sus hijos e hijas, son escasas, por lo que continúan en estado de vulnerabilidad, expuestas a la comisión de nuevos crímenes y delitos, especialmente de género.
La escasez de recursos y medidas de atención efectivas lleva a que los casos, que pueden ser presentados ante las autoridades judiciales terminen en la impunidad, circunstancia de omisión estatal que promueve la violación a derechos humanos de las mujeres ante la pasividad estatal para prevenirlas y sancionarlas debidamente.
A pesar de que el país se encuentra dentro de los primeros cinco en el mundo expulsores de víctimas de Trata para fines de explotación sexual comercial, todavía no se sientan las bases para el manejo del fenómeno a nivel interno, lo que constituiría un paso importante de prevención”.
La Coalición de la Sociedad Civil, esta vez llama la atención al Ministerio de la Mujer y a la Procuraduría General de la República para tomar las medidas necesarias urgentes para crear programas efectivos y eficaces de atención y prevención a las víctimas de este tipo de crimen.
El interés superior del Estado dominicano, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución de 2010, la familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
susipola@gmail.com
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