A finales de la semana pasada, conmovió el hallazgo del cadáver de una adolescente de 13 años, encontrado con signos de violencia en una casa abandonada, pero lo más impresionante de la noticia reseñada en los periódicos, fue saber que el autor presumiblemente fue un adulto con quien la niña “tenía amores”.
La prensa no proporciona más datos, sin embargo, es fácil imaginar la historia por lo frecuente que es en nuestra cultura el abuso a las niñas, las consecuencias de embarazos a destiempo y una vida empezada con violencia y terminada de la misma manera.
La niña, Isolina Guzmán de la Cruz, no vivió lo suficiente como para saber que las relaciones sexuales entre adultos y menores son abusivas e ilegales, principalmente porque ni su padre, nombrado por la prensa, ni su madre, ni en la escuela, le proporcionaron educación sexual para saberlo.
Tampoco lo sabía Papito Martínez, quien se presume era su novio, agresor, machista y con paradero desconocido. Al igual que muchos hombres dominicanos que no acaba de enterarse que las niñas no son propiedad pública y tampoco pertenecen a padres y madres, muchas veces irresponsables.
Necesitamos que la sociedad misma sea menos tolerante porque el Estado no aterriza en hechos su discurso y mantiene sin respuesta la situación de desamparo de las niñas, dejadas a su suerte, mientras se ignora la necesidad urgente de incluir una educación sexual, oportuna, segura, científica y no religiosa.
Padres y madres, no hacen más que transmitir las peores prácticas, en un país sin reacción proactiva frente a la decadencia social, sobre las relaciones entre hombres y mujeres. El sistema educativo, que ha gastado el 97% de su presupuesto del 4%, sigue sin entender cuales son las prioridades en forma y fondo de los programas que también tienen que conseguir disminuir la mortalidad de las dominicanas.
La educación sexual, como proceso de adquisición de información y formación de actitudes, creencias y valores sobre la sexualidad, debe de incorporarse de verdad en la educación dominicana, no como dicten las morales religiosas, sino como se plantea desde los avances científicos y probados.
La educación sexual es responsabilidad de todas las personas que están en contacto con las niñas y los niños, y el primer paso a dar es del Estado desde las políticas públicas. Padres, madres, educadores y educadoras están permanentemente trasmitiendo pautas sexuales con sus actitudes, consciente o inconscientemente y los resultados no bajan el número de embarazos en adolescentes, ni los feminicidios.
Podrá descansar en paz Isolina?
SusiPola@gmail.com
Violencia obstétrica
Una reflexión compartida por mi querida amiga Myrna Flores, nos recordó una de las violencias estatales contra las mujeres, a partir del servicio de salud, mas ignorada en nuestro país. Se trata de “Las secuelas de la violencia obstétrica”, de la médica especialista española Ibone Olza Fernández, publicado en 2013, que describe este flagelo como una rutina en la práctica médica muy frecuentemente aplicada.
Para la Dra. Olza Fernández, el parto puede ser uno de los peores traumas para las mujeres y refiere diversos estudios realizados en diferentes países que señalan una alta prevalencia de síntomas de estrés postraumático a partir del parto, e invoca la definición establecida del parto traumático, como aquel en el que hay un peligro real o amenaza vital para la madre o para su bebe. Una experiencia para la mujer que se acompaña de miedo, indefensión y terror, dice Olza Fernández.
En los sistemas públicos y privados de salud, en los países investigados y citados por la especialista española, muchas son las mujeres que refieren haber sido tratadas “de manera deshumanizada, irrespetuosa y descuidada, utilizando palabras como bárbaro, invasivo, terrible y degradante, para describir las acciones.
Si preguntáramos a las dominicanas que dan a luz, acerca de sus experiencias en el momento del parto, en las diferentes maternidades y hospitales del país o en las clínicas privadas, ¿que nos responderían? No es muy difícil adivinar las respuestas de dolor en una realidad como la nuestra, donde la práctica médica, sobre todo pública, deja mucho que desear aún en obstetricia y ginecología.
De acuerdo a la española, entre las razones que llevan a los y las profesionales que atienden partos a ejercer la violencia obstétrica, resaltan estas razones:
• La falta de formación y de habilidades técnicas para afrontar los aspectos emocionales y sexuales del parto.
• El personal del parto que tienen un síndrome de burnout generan un trato aún más deshumanizado con lo cual las cifras de mujeres que sufren partos traumáticos pueden seguir aumentando indefinidamente.
La propuesta de Ley de salud sexual y salud reproductiva, así como la Ley especial contra la violencia hecha a la mujer, ya en el Congreso Dominicano, contemplan la violencia obstétrica como un delito penal a castigar, y su promulgación urge en un país agobiado por las secuelas emocionales de todo tipo.
En este 2015, es de esperar que el Ministerio de la Mujer y el de Salud Pública, junto a la sociedad civil organizada e independiente, presionen al congreso dominicano para que la violencia obstétrica se haga visible.
SusiPola@gmail.com
Para la Dra. Olza Fernández, el parto puede ser uno de los peores traumas para las mujeres y refiere diversos estudios realizados en diferentes países que señalan una alta prevalencia de síntomas de estrés postraumático a partir del parto, e invoca la definición establecida del parto traumático, como aquel en el que hay un peligro real o amenaza vital para la madre o para su bebe. Una experiencia para la mujer que se acompaña de miedo, indefensión y terror, dice Olza Fernández.
En los sistemas públicos y privados de salud, en los países investigados y citados por la especialista española, muchas son las mujeres que refieren haber sido tratadas “de manera deshumanizada, irrespetuosa y descuidada, utilizando palabras como bárbaro, invasivo, terrible y degradante, para describir las acciones.
Si preguntáramos a las dominicanas que dan a luz, acerca de sus experiencias en el momento del parto, en las diferentes maternidades y hospitales del país o en las clínicas privadas, ¿que nos responderían? No es muy difícil adivinar las respuestas de dolor en una realidad como la nuestra, donde la práctica médica, sobre todo pública, deja mucho que desear aún en obstetricia y ginecología.
De acuerdo a la española, entre las razones que llevan a los y las profesionales que atienden partos a ejercer la violencia obstétrica, resaltan estas razones:
• La falta de formación y de habilidades técnicas para afrontar los aspectos emocionales y sexuales del parto.
• El personal del parto que tienen un síndrome de burnout generan un trato aún más deshumanizado con lo cual las cifras de mujeres que sufren partos traumáticos pueden seguir aumentando indefinidamente.
La propuesta de Ley de salud sexual y salud reproductiva, así como la Ley especial contra la violencia hecha a la mujer, ya en el Congreso Dominicano, contemplan la violencia obstétrica como un delito penal a castigar, y su promulgación urge en un país agobiado por las secuelas emocionales de todo tipo.
En este 2015, es de esperar que el Ministerio de la Mujer y el de Salud Pública, junto a la sociedad civil organizada e independiente, presionen al congreso dominicano para que la violencia obstétrica se haga visible.
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Un apunte al comenzar 2015
El año empezó mal para Elis Mariana Díaz, de 32 años, ultimada por su ex pareja, probablemente porque no quería regresar a una relación violenta. Tampoco comenzó bien para Sharleny Díaz, una joven de 20 años, cuyo cadáver fue encontrado en la habitación de un hotel, en Higüey.
Entre augurios, estrenos y esperanzas, una reflexión obligada y de provecho para llamar la atención de quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambios en acciones y políticas.
De la 114 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, realizada en Nairobi en el año 2006, ya hace bastante tiempo, rescatamos el plan de políticas a aplicar para enfrentar la violencia contra las mujeres en todas las áreas, eficaces en algunos países que las adoptaron.
Nos referimos a seis prioridades básicas que un Estado debe desarrollar para obtener resultados positivos en la lucha contra la Violencia Basada en el Género, partiendo de un presupuesto adecuado en disposición. Si las revisamos en nuestro país, podemos sacar algunas conclusiones:
1. Adoptar leyes que funcionen: hay evaluaciones del marco jurídico nacional para esta violencia desde espacios intersectoriales, y solo hay que aplicar resultados.
2. Asegurarse de la aplicación efectiva de las leyes: la Ley 24-97 no es suficiente para resolver el fenómeno, hay vacíos entre la igualdad de jure y la de facto, por lo tanto la aplicación no siempre es efectiva y las brechas producen impunidad y reincidencia.
3. Educar y sensibilizar: no hemos logrado desde el sistema formal e informal de educación un cambio de actitud en la interlocución social y se mantiene poca conciencia de lo relacionado con los derechos de las mujeres y las acciones positivas.
4. Crear alianzas: en nuestro país, hay experiencias de trabajo coordinado entre sectores e instituciones que han funcionado con dificultad por la resistencia relacionada con la poca institucionalización de parte de los sectores de poder, sobre todo, pero que podrían servir de ejemplos.
5. Demostrar una firme voluntad política: el Estado dominicano no se ha comprometido firmemente aún con las dominicanas. La violencia contra la mujer es una cuestión de fuerte voluntad política a partir de la consideración de prioridad nacional.
6. Establecer un marco institucional sólido: necesario junto a organismos nacionales con capacidad y poder para actuar y que no tenemos aún en la R. Dominicana donde, fuera del Ministerio Público en la justicia, no hay concurso de otras instituciones, ni de salud ni de educación.
¡Solo un repaso a la luz de nuestra realidad para empezar el año 2015!
SusiPola@gmail.com
Entre augurios, estrenos y esperanzas, una reflexión obligada y de provecho para llamar la atención de quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambios en acciones y políticas.
De la 114 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, realizada en Nairobi en el año 2006, ya hace bastante tiempo, rescatamos el plan de políticas a aplicar para enfrentar la violencia contra las mujeres en todas las áreas, eficaces en algunos países que las adoptaron.
Nos referimos a seis prioridades básicas que un Estado debe desarrollar para obtener resultados positivos en la lucha contra la Violencia Basada en el Género, partiendo de un presupuesto adecuado en disposición. Si las revisamos en nuestro país, podemos sacar algunas conclusiones:
1. Adoptar leyes que funcionen: hay evaluaciones del marco jurídico nacional para esta violencia desde espacios intersectoriales, y solo hay que aplicar resultados.
2. Asegurarse de la aplicación efectiva de las leyes: la Ley 24-97 no es suficiente para resolver el fenómeno, hay vacíos entre la igualdad de jure y la de facto, por lo tanto la aplicación no siempre es efectiva y las brechas producen impunidad y reincidencia.
3. Educar y sensibilizar: no hemos logrado desde el sistema formal e informal de educación un cambio de actitud en la interlocución social y se mantiene poca conciencia de lo relacionado con los derechos de las mujeres y las acciones positivas.
4. Crear alianzas: en nuestro país, hay experiencias de trabajo coordinado entre sectores e instituciones que han funcionado con dificultad por la resistencia relacionada con la poca institucionalización de parte de los sectores de poder, sobre todo, pero que podrían servir de ejemplos.
5. Demostrar una firme voluntad política: el Estado dominicano no se ha comprometido firmemente aún con las dominicanas. La violencia contra la mujer es una cuestión de fuerte voluntad política a partir de la consideración de prioridad nacional.
6. Establecer un marco institucional sólido: necesario junto a organismos nacionales con capacidad y poder para actuar y que no tenemos aún en la R. Dominicana donde, fuera del Ministerio Público en la justicia, no hay concurso de otras instituciones, ni de salud ni de educación.
¡Solo un repaso a la luz de nuestra realidad para empezar el año 2015!
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Mujeres y violencia: hacia 2015
No conocemos el saldo trágico de la violencia basada en el género contra la mujer en este 2014 del país, números más o menos, la cifra ya es demasiado grande para aceptarla. En la primera etapa del feriado navideño, cuatro feminicidios reportados en los medios, un padre que mata al pretendiente de su hija y un altísimo porcentaje en las emergencias por violencia intrafamiliar, anuncia que terminamos el año, como lo empezamos, bastante mal.
A pesar de que desde 1997, aquí se adoptaron legislaciones que han generado políticas y prácticas para prevenir, abordar, sancionar y erradicar esta violencia, seguimos manteniendo altos niveles de impunidad, situación denunciada por la sociedad civil organizada y reconocida por las instituciones del Estado dominicano.
A partir de reformar el Código Penal, por la ley 24-97, no con la velocidad necesaria y requerida, se ha ido trabajando desde algunas instituciones, más por impulsos primarios de personas ubicadas en la línea de atención al fenómeno que a las políticas públicas debidas. En el acceso a la justicia, a pesar de la estructura creada que fortalece la normativa desde la Constitución misma, no hay un presupuesto transparentado para aplicar a estas violencias que son diferentes y recicladas por la propia cultura, por lo tanto, prevenibles.
En este sentido, el desafío hacia el 2015 para el Estado dominicano es doble. Por un lado, el establecimiento de un cambio cultural en nuestra sociedad, capaz de desmontar, en general, las formas de control públicas y privadas a la mujer, y en particular, todas las violencias especificadas en su contra. Por otro lado, optimizar el acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia, en cantidad y en calidad.
En ambos ejes, es necesaria una articulación de todo el sistema político, económico y social, es decir, una vinculación con consecuencias en todo el ámbito nacional, del poder y de la sociedad, que abarque la capacitación necesaria para la comprensión del fenómeno. Que estas leyes, llamadas de segunda generación, no sean letra muerta porque quienes las aplican no las entiendan, por ejemplo.
En el mundo y aquí también, se vislumbra un cambio en la correlación de fuerzas que puede ser favorable para grandes temas democráticos, pero a las mujeres, sabemos que nos va a costar más allá de este inicio de saberes y creencias. Tenemos el ejemplo en el desentendimiento legislativo de la modificación al C. Penal, una débil institucionalidad cuando se trata de reconocer derechos de las mujeres.
¡Las dominicanas, tenemos que estar y ser, frente a este 2015 que despunta!
SusiPola@gmail.com
A pesar de que desde 1997, aquí se adoptaron legislaciones que han generado políticas y prácticas para prevenir, abordar, sancionar y erradicar esta violencia, seguimos manteniendo altos niveles de impunidad, situación denunciada por la sociedad civil organizada y reconocida por las instituciones del Estado dominicano.
A partir de reformar el Código Penal, por la ley 24-97, no con la velocidad necesaria y requerida, se ha ido trabajando desde algunas instituciones, más por impulsos primarios de personas ubicadas en la línea de atención al fenómeno que a las políticas públicas debidas. En el acceso a la justicia, a pesar de la estructura creada que fortalece la normativa desde la Constitución misma, no hay un presupuesto transparentado para aplicar a estas violencias que son diferentes y recicladas por la propia cultura, por lo tanto, prevenibles.
En este sentido, el desafío hacia el 2015 para el Estado dominicano es doble. Por un lado, el establecimiento de un cambio cultural en nuestra sociedad, capaz de desmontar, en general, las formas de control públicas y privadas a la mujer, y en particular, todas las violencias especificadas en su contra. Por otro lado, optimizar el acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia, en cantidad y en calidad.
En ambos ejes, es necesaria una articulación de todo el sistema político, económico y social, es decir, una vinculación con consecuencias en todo el ámbito nacional, del poder y de la sociedad, que abarque la capacitación necesaria para la comprensión del fenómeno. Que estas leyes, llamadas de segunda generación, no sean letra muerta porque quienes las aplican no las entiendan, por ejemplo.
En el mundo y aquí también, se vislumbra un cambio en la correlación de fuerzas que puede ser favorable para grandes temas democráticos, pero a las mujeres, sabemos que nos va a costar más allá de este inicio de saberes y creencias. Tenemos el ejemplo en el desentendimiento legislativo de la modificación al C. Penal, una débil institucionalidad cuando se trata de reconocer derechos de las mujeres.
¡Las dominicanas, tenemos que estar y ser, frente a este 2015 que despunta!
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