"La crisis de la salud reproductiva y los derechos humanos de las mujeres dominicanas" Colectiva Mujer y Salud


La crisis de la salud reproductiva y los derechos humanos de las mujeres dominicanas


Declaración de la Colectiva Mujer y Salud en ocasión del 28 de Mayo,

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres




En ocasión de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Observatorio Ciudadano de las Mujeres de la Colectiva Mujer y Salud hace un llamado de atención sobre la crisis de la salud reproductiva que sigue afectando a las mujeres dominicanas y limitando su ejercicio de derechos. Las muertes maternas enteramente prevenibles de cientos de mujeres cada año constituyen la expresión más dolorosa de esta situación y suscitan graves cuestionamientos a la responsabilidad de los funcionarios llamados a prevenirlas.




La República Dominicana sigue teniendo una de las tasas de mortalidad materna más altas del hemisferio occidental. Cuando el país asumió en 1990 los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se comprometió a reducir en 75% la tasa de mortalidad materna para el año 2015, lo que suponía alcanzar una tasa de mortalidad de 47 por 100,000 nacimientos para esa fecha. A pesar de las reducciones en este indicador que reportan las autoridades, la tasa registrada fue de 110 por 100,000 nacidos vivos para el año 2012, cifra que todavía más que duplica nuestro compromiso con los ODM, además de superar considerablemente el promedio para la región de América Latina y Caribe, que actualmente se sitúa en 85/100,000[1].

El año pasado el Ministerio de Salud puso en marcha su Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016 a fin de continuar el proceso de reducción de la mortalidad materna que, según el Ministerio, bajó de 143 en 2006 a 106 en 2012[2]. Sin embargo, las cifras oficiales despiertan dudas en cuanto a la magnitud real de la reducción, así como la efectividad de las medidas introducidas por el Plan Estratégico Nacional, sobre cuya implementación se conoce muy poco.

Los cuestionamientos a la confiabilidad de las cifras oficiales obedecen en primer lugar a las disparidades que históricamente se han presentado entre éstas y las de las Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESA). Por ejemplo, cuando la ENDESA-2002 situaba la MM en 178 muertes/100,000 nacimientos, las estadísticas del Ministerio de Salud la situaban en 130; cuando la ENDESA-2007 la situaba en 159, la cifra del Ministerio era 127[3]. Como lamentablemente la ENDESA 2013 no reporta estimados de mortalidad materna, en la actualidad no contamos con ese recurso para evaluar las estadísticas oficiales, aunque sí podemos señalar algunas evidencias preocupantes:

Mientras el Ministerio de Salud destaca la supuesta reducción en las tasas de mortalidad materna, sus datos señalan que el número de muertes en realidad va en aumento: en el año 2011 se notificaron 174 muertes, que aumentaron a 175 en el 2012 y a 183 en el año 2013[4].



Cuando se hace el cálculo de las 175 muertes maternas del 2012 en relación al total de nacidos vivos que presenta la misma fuente, la tasa de mortalidad materna resultante es de 181 por 100,000, una cifra considerablemente mayor a las 110 que presentan los Indicadores Básicos. Cuando usamos la cifra de 183 muertes reportadas para el 2013, la tasa sube a 189[5].



De acuerdo a las informaciones disponibles, estas enormes disparidades son producto de la metodología de estimación utilizada por el Ministerio de Salud, que en lugar de utilizar el número real de nacimientos registrados en los establecimientos de salud, utiliza unas proyecciones de población elaboradas internamente, utilizando una metodología no divulgada. La explicación ofrecida al respecto es que las cifras de nacimientos presentan mucho subregistro, aunque es innegable que este problema también afecta a los demás datos, incluyendo las muertes maternas. Las proyecciones de nacimientos utilizadas proporcionan un denominador más alto que el número real de nacimientos registrados, por lo que el cálculo de la tasa de mortalidad materna resultante es mucho más baja que la real.[6]

A lo anterior habría que agregar las dudas relativas al subregistro de muertes maternas, desconociéndose en qué medida los procedimientos de estimación usados por el Ministerio corrigen adecuadamente el problema. En relación a esto hay que señalar que a la Colectiva ha recibido testimonios escalofriantes sobre la mala calidad del servicio y las negligencias médicas que resultan en muertes maternas -que luego son atribuidas a otras causas-, así como otras irregularidades en el manejo interno de estos casos.

En el mejor de las casos, las disparidades señaladas llaman la atención a la necesidad de actualizar la metodología y transparentar las informaciones oficiales relativas a la mortalidad materna, incluyendo los procedimientos de estimación utilizados; en el peor, estas cifras no hacen más que reforzar el escepticismo con que se reciben las estadísticas oficiales desde hace años, además de evidenciar los pocos avances logrados por el Plan Estratégico Nacional en su propósito de reducir la mortalidad materna.

Aún los organismos estatales reconocen que la principal causa de la elevada mortalidad materna en el país es la baja calidad de los servicios obstétricos ofrecidos por los establecimientos públicos, como consignan con crudeza los Informes de Seguimiento de los ODM preparados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tras destacar que la abrumadora mayoría de muertes maternas son evitables:

“Se considera que la atención que reciben las mujeres embarazadas en los centros hospitalarios no es la adecuada por incumplimiento de las normas de calidad, junto al ausentismo del personal que debe estar presente en las labores de parto, que con frecuencia delega sus responsabilidades en personal no especializado, sin la formación necesaria (auxiliares, estudiantes internos y personal médico pasante o residente). Es necesario mejorar el seguimiento a la aplicación de las normas sobre atención de la salud materna por parte del personal médico, toda vez que con el nivel de cobertura de control prenatal y asistencia al parto por personal especializado existente en el país, la mortalidad materna debió haber experimentado una reducción mucho mayor en los últimos años” (énfasis nuestro).[7]

La escasez de estudios a profundidad sobre la problemática de la mortalidad materna en el país limita el análisis de los factores que intervienen en el fenómeno, pero a simple vista se puede notar el rol que juegan las cesáreas innecesarias, ya de por sí consideradas un importante indicador de la calidad de la atención obstétrica. Según los datos del Ministerio de Salud, en el año 2012 el 43.5% de todos los nacimientos en establecimientos públicos ocurrieron por cesárea, proporción que casi triplica el porcentaje máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 15%[8].

La cesárea, como toda cirugía mayor, implica riesgos mucho más altos que el parto natural, sobre todo cuando las condiciones de calidad de los servicios obstétricos son deficientes. Pero, asombrosamente, el porcentaje de cesáreas no se ha reducido tras la puesta en marcha del Plan Estratégico, sino que en efecto ha aumentado, pasando del 40.9% en el 2011 al 43.5% en el 2012 y al 44.4% en el 2013[9].




Otro factor que contribuye a los altos índices de mortalidad materna es el aborto inducido, tema sobre el cual existe una aguda escasez de datos en el país. Según las estadísticas oficiales, en el 2013 el aborto representó la cuarta causa de muerte por causas obstétricas directas en el país, con un total de 17 fallecimientos. De todas las estadísticas vinculadas a la mortalidad materna, las de aborto son las menos confiables debido a los problemas de subregistro asociados a la ilegalidad. En este sentido, vale la pena observar las cifras de mujeres atendidas por complicaciones de aborto en los establecimientos públicos del país, ya que estas ofrecen pistas tanto sobre el número de procedimientos como sobre los terribles costos de salud que pagan las mujeres por la ilegalidad.

Según los datos del Ministerio, en el año 2012 se atendieron 21,059 mujeres por complicaciones de aborto, un tercio más que las 14,650 atendidas veinte años atrás, en 1992[10]. Este incremento es sorprendente porque según los expertos, el uso generalizado del misoprostol (Cytotec) en el país desde finales de los años 90 tendría que haber reducido la frecuencia y severidad de complicaciones, por tratarse de un método abortivo menos peligroso que los que prevalecían anteriormente[11]. ¿Cómo explicar entonces estos altos índices de morbilidad por aborto, cuando por otro lado las estadísticas relegan el aborto a una posición secundaria dentro de las causas de mortalidad materna?




El análisis anterior hace inevitable los cuestionamientos a las estadísticas oficiales sobre salud reproductiva en sentido general y mortalidad materna en particular, sobre todo ante las declaraciones triunfalistas del Ministerio de Salud sobre la supuesta reducción de la mortalidad en los últimos años. Es igualmente evidente que el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016 tiene muy pocos logros que mostrar, particularmente en lo que respecta a la sanción oportuna y ejemplarizante de los médicos que incurren en violaciones a las normas de atención obstétrica, señaladas como la principal causa de muertes maternas en el país.

Las escandalosas cifras de muertes maternas y la impunidad asociadas a éstas, el inaceptable abuso de las cesáreas, los altos índices de embarazo adolescente y de morbilidad por aborto reflejan las limitaciones que enfrentan las mujeres dominicanas para el ejercicio de sus derechos humanos en el ámbito de la salud, particularmente sus derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo: el derecho a recibir una atención de calidad en el embarazo, parto y puerperio; a regular la fecundidad con métodos eficaces, seguros y asequibles; el acceso al aborto legal y seguro; y el derecho a ejercer una sexualidad sin riesgos ni consecuencias indeseables e inoportunas. Ante esta situación, demandamos:




Transparentar y mejorar la metodología para el cálculo de las muertes maternas, lo que a su vez requiere mejorar los procedimientos de registro de datos estadísticos en los centros de salud. Mientras no se logre esto, las cifras oficiales seguirán siendo cuestionadas y el país no dispondrá de datos confiables para el diseño y evaluación de políticas.




Que el Ministerio de Salud Pública adopte medidas estructurales para mejorar la calidad de los servicios de salud materna, empezando por la aplicación de sanciones ejemplarizantes al personal de salud que por negligencia o incumplimiento de las normas de atención se viera implicado en una muerte materna y/o en su encubrimiento posterior.

Que el Colegio Médico Dominicano cumpla con sus obligaciones éticas e institucionales frente a los actos de negligencia y/o encubrimiento del personal médico implicado en muertes maternas, colocando el bienestar de las pacientes por encima de las lealtades e intereses personales.

Que se garantice el acceso al aborto legal y seguro a todas las mujeres, al menos cuando corre peligro su salud o el embarazo es producto de violencia sexual.

Que se apruebe una ley marco sobre salud sexual, salud reproductiva y maternidad segura que permita enfrentar de manera efectiva la situación de crisis en que nos encontramos y reducir la cantidad de muertes innecesarias.

Que se dé participación activa a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área de salud de las mujeres en todas las acciones de planificación, ejecución y monitoreo del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012- 2016.

Colectiva Mujer y Salud

28 de mayo 2014


[1] Naciones Unidas. 2014. Estimaciones de las tendencias de la mortalidad materna, 1990 a 2013. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2013/en/

[2] Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de Seguimiento 2013. República Dominicana. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Santo Domingo. http://www.do.undp.org/content/dam/dominican_republic/docs/odm/pnud_do_informeodm2013.pdf

Los datos actualizados del Ministerio de Salud sitúan la tasa del 2012 en 110 por 100,000, ligeramente más alta.

[3] Ibid

[4] Ministerio de Salud Pública y OPS/OMS, Indicadores Básicos de Salud, República Dominicana 2013; Estadísticas de muertes maternas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), Ministerio de Salud Pública, 2014.

[5] A falta del dato definitivo sobre número de nacimientos en el 2013, se usa la cifra publicada correspondiente al año anterior.

[6] Tanto el número reportado de nacimientos como de muertes maternas para el año 2012 aparecen consignados en los Indicadores Básicos 2013 (Op. cit.). El cálculo de la tasa se hace mediante una simple fórmula que multiplica el número de fallecimientos por 100,000 y divide el resultado entre el total de nacidos vivos.

[7] La cita es de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de Seguimiento 2010. República Dominicana. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Santo Domingo, noviembre de 2010. http://www.undg.org/docs/11721/Informe-Objetivos-de-Milenio-2010.pdf . El Informe de Seguimiento 2013 (Op. Cit) reitera el señalamiento en torno a la calidad.

[8] Ver información al respecto en la página de la OMS, http://www.who.int/es/

[9] Anuario Estadístico 2011 del Ministerio de Salud; Indicadores Básicos 2013 (Op. Cit). Las cifras del 2013 fueron proporcionadas por la Dirección de Información y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud y son todavía provisionales.

[10] La cifra de 1992 procede del Anuario Estadístico de Salud Pública y es reproducida en: The Alan Guttmacher Institute. 1994. Aborto Clandestino: Una Realidad Latinoamericana. New York; la cifra para el 2012 procede de los datos del SINAVE. Los datos provisionales del 2013 muestran un aumento a 23,396 casos.

[11] Ver Paiewonsky, Denise. 1995. Determinantes Sociales y Consecuencias del Aborto Inducido en la República Dominicana. Santo Domingo, Instituto de Estudios de Población y Desarrollo – PROFAMILIA.

Minou

La semana pasada, Minou Tavárez Mirabal, diputada al Congreso Nacional, renunció a su partido político, “convocada por la democracia, por la crisis institucional, el descrédito de la política, la falta de credibilidad de tantos representantes populares, el aumento inmoral de la pobreza, y la lucha por mejores gobiernos, poder legislativo, mejores gobiernos municipales y por una justicia independiente”, dijo. Con reiteración se habla de crisis en los partidos políticos, jugando con las palabras para decir también, crisis en la política, el caso es que estas organizaciones, así como la democracia que representan, cada vez más se alejan de los objetivos tradicionales que los crearon. La ciudadanía, percibimos a los partidos muy lejos de sus propósitos con el pueblo, con liderazgos carentes de credibilidad y confianza, sin renovación de los mismos, sin haberse podido adaptar a los cambios y nuevos paradigmas socio culturales, con visiones clientelares individualistas, empeñados en mantener una política que no incluye y que, por lo tanto, no resuelve las reconocidas nuevas necesidades. En el caso de las mujeres, como gran objetivo político que no se acaba de ver en estas organizaciones, el fracaso partidario por la escasa conciencia, es total, tanto por la poca percepción de la importancia de encauzar y promover los intereses de las mujeres militantes a lo interno, como las ciudadanas electoras, más de la mitad del país y las que realmente votamos. En este marco de acciones políticas atrasadas, el activismo partidista de las mujeres, se recrea en un escenario poco amigable, desde la invisibilidad de sus aportes, hasta la utilización de sus fuerzas para fines tradicionales. Sin embargo, algunas de las políticas dominicanas, han conseguido desarrollar liderazgos firmes, demostrando que las mujeres, somos capaces de hacer una práctica política que no es “politiquera” y que trasciende, diferente a la clásica manera masculina de ejercerla. Minou, es una representante democrática que no solo ha conquistado espacios dirigenciales dentro de un partido de estructuras jerarquizadas en masculino, resistente a las demandas de otros grupos en su interior, además de las mujeres, si no que también fuera de esas fronteras, en las de la ciudadanía, es muy respetada, reconocida y apoyada. Como dominicanas ciudadanas y electoras, reconocemos en Minou nuestra representante, una que ha tenido que pagar el precio de asumir decisiones que no son del agrado de la dirigencia peledeista, cada vez más entrampada en la práctica inmoral de la política. Y cuando una mujer política militante da un paso adelante, todas las mujeres lo hacemos. Por eso, avanzadas por ella, la seguimos y apoyamos, porque es una política diferente y demócrata que siente por el pueblo! SusiPola@gmail.com

DELINCUENCIA CON FACTURA NUEVA Por: Ramón Antonio Veras

DELINCUENCIA CON FACTURA NUEVA

Por: Ramón Antonio Veras

1.- No es de un día para otro que la criminalidad llena de horror a los hombres y mujeres de bien; ha de surgir un modo nuevo de operar el delincuente para que sus actos revelen que ha llegado una forma diferente de  trastornar la seguridad personal y de bienes.

2.- En las sociedades humanas los actos delincuenciales no surgen  como consecuencia de la voluntad o capricho de un grupo determinado; ellos son el resultado de un alto nivel de descomposición de un sistema social alrededor del cual se levanta un ordenamiento con rígidas estructuras.

3.-  La suma de desigualdad, pobreza, hambre  y miseria, mendicidad e indigencia, generan opresión  social,  la que a su vez trae como consecuencia irritación,  enojo y desesperación  en amplios sectores, clases y capas sociales.

4.- En nuestro país la delincuencia con factura nueva  ha hecho acto de presencia como consecuencia de un sistema desgastado,  agrietado, lo que se  expresa en la debilidad del órgano  familiar, deterioro en la educación  y  de  las instituciones del Estado.

SICARIATO Y SECUESTROS (II)

1.-  No siempre ha existido la misma clase de crímenes y delitos; ellos  evolucionan y  hacen acto de presencia partiendo de vicios sociales vigentes en una coyuntura específica.

2.- En la sociedad deben de  haberse producido toda una serie de transformaciones que incidan  en forma negativa en el comportamiento de los entes sociales  para que  ocurran crímenes con estampa propia de ese período.

3.- Así, por ejemplo,  en nuestro país  en los últimos treinta y cinco (35) años se han desarrollado acciones delincuenciales  anteriormente    desconocidas.

4.- El crimen salvaje, acompañado de torturas  y otros tormentos, se ejecuta  respondiendo a una línea de criminalidad  propia  del bajo mundo vinculado  con el crimen organizado;  y ramificaciones del consumo,  distribución  y tráfico de  estupefacientes 

5.- Las operaciones de sicariato y los secuestros, están presentes en nuestro medio  como consecuencia de la descomposición social y el desarrollo del consumo de las drogas ilegales.

6.- Para hacerle frente a la criminalidad vinculada con el crimen organizado no bastan medidas artificiales, represivas ni legales. Se impone un trabajo combinado de amplios sectores de la sociedad dispuestos a  combatir el crimen, y una voluntad política  que mande un mensaje de firmeza  desde  las alturas del  Estado.

20 de mayo de 2014

DELINCUENCIA CON FACTURA NUEVA

Por: Ramón Antonio Veras


Campaña “Cambia la vieja”

Sorprendió la última promoción de la nueva cédula de identidad por la Junta Central Electoral, que refiere “cambiar la vieja”, una expresión obvia de doble sentido que alude a la cédula solo después de haber representado al cambio de las mujeres.
Para hacerlo, la reducida creatividad vernácula, utiliza la figura de un actor cómico, de gran fuerza machista en sus personajes, muy reconocido y apreciado en el imaginario social dominicano, que forma parte del pretendido “pícaro” mensaje.

Como reacción, la Fundación “Manos Arrugadas” solicitó a la Junta retirar de los medios la campaña por considerarla discriminatoria con las mujeres en general y con las envejecientes, en particular. Otras muchas personas se manifestaron por las redes sociales agregando argumentaciones en contra de un spot tan fuera de lugar.

El presidente de la JCE, explicó entonces, por las redes y a la prensa, que esta campaña “puede referir a la vieja casa, la vieja goma, la vieja llave, en fin muchas cosas, la vieja costumbre”, pero “no cree que se refiera a la mujer, ni que sea machista, como sostienen algunos sectores”.

Claro que el presidente de la JCE no es ni especialista ni sensible al género, y sin esa perspectiva no se da cuenta que, precisamente la asociación de una mujer con una cédula, “o muchas cosas”, como él dice, forma parte del marco sociocultural que mantiene la brecha de género, cosificándonos.

Decía en estos días pasados y por esta columna, que si las leyes todas ya hubieran sido constitucionalizadas, tendríamos claro que una persona cualquiera que vive de hacer reír a la gente, loable profesión, no puede hacerlo a costa de estereotipos negativos, sean por género, por edad, por creencias, por preferencias u opciones sexuales, por clase social, etc.

Y agrego, también las propagandas y promociones. Porque la Constitución dominicana se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes.
Por lo demás, mucho se ha hablado de esos patrones que mantienen la cultura irrespetuosa y violenta del machismo dominicano, que están resultando en un incremento de la delincuencia y los crímenes, sostenida, reciclada y festejada por funcionarios que no tienen idea de cuanto transmiten las imágenes y las palabras.

El presidente de la JCE, de reconocido ejercicio “atento a él”, no piensa retirar la campaña ni disculparse. Qué así sea, el llegará al punto del desprecio de la misma sociedad que está ayudando a formar, porque al final, somos viejas y viejos todas las personas!

SusiPola@gmail.com

"En el Día Mundial Contra la Homofobia" Colectiva Mujer y Salud

 A lo largo de su historia republicana nuestro país ha vivido de muchas formas la injusticia que supone la discriminación y la intolerancia contra diversos grupos sociales: las personas de raza negra sufrieron racismo oprobioso y durante años vivieron el temor del retorno a la esclavitud (abolida por los­­ haitianos en 1822); las mujeres eran excluidas de la educación y la ciudadanía, lo que las reducía a la condición social y jurídica de menores de edad; a las iglesias protestantes se les negó la libertad de conciencia y culto y, en el caso de los Testigos de Jehová, sufrieron persecución religiosa y cárcel; a los haitianos y sus descendientes dominicanos los hemos discriminado, explotado y odiado hasta el punto del genocidio (1937) y la desnacionalización (2013).

Este 17 de mayo se conmemora el Día Mundial Contra la Homofobia, fecha en que reivindicamos la condición humana y los derechos ciudadanos de otro grupo históricamente despreciado, discriminado y excluido.  Resulta difícil aceptar que en pleno siglo XXI el sexo del ser amado pueda todavía determinar la calidad de la ciudadanía, los afectos familiares, las oportunidades laborales, el reconocimiento social de una persona. Resulta difícil aceptar que los adolescentes gays y lesbianas sean abusados y hostigados despiadadamente en las escuelas sin que las autoridades educativas los protejan; que las madres lesbianas pierdan la tutela de sus hijos a manos de los tribunales de justicia; que las transexuales sean asesinadas en las calles sin que las autoridades se dignen investigar a fondo sus muertes; que podamos perder nuestros empleos y ver destruidas nuestras aspiraciones profesionales sin más motivo que el prejuicio homofóbico; que las iglesias nos sigan acosando con el estigma del pecado y promoviendo “terapias de reconversión” cuya crueldad e inutilidad han sido denunciadas por organismos de salud y de derechos humanos de todo el mundo.

Nuestro país debe enfrentar de una vez por todas los dilemas éticos y políticos que plantea la homofobia. No podemos seguir proclamando nuestra vocación democrática mientras le negamos derechos a las y los ciudadanos con orientación sexual diferente; no podemos declararnos partidarios de la globalización mientras ignoramos las normativas internacionales de derechos humanos; no podemos decir que la nuestra es la religión del amor, mientras sus sacerdotes y ministros siguen promoviendo el odio.

De todas las instituciones sociales, las iglesias tienen la mayor obligación moral en este sentido por ser ellas la principal fuente de sustentación ideológica y  legitimación ética de la homofobia. Esas mismas iglesias que se autoproclaman la brújula moral de nuestra sociedad –y que en otros tiempos apelaron a los textos bíblicos para justificar la esclavitud de los negros y la subordinación de las mujeres- tienen hoy la responsabilidad histórica de dejar atrás el ensañamiento homofóbico, convirtiéndose en agentes de respeto y tolerancia. Deben entender que sus discursos incitan a la persecución y al odio, que generan terribles sufrimientos y destruyen vidas. Que no esperen más, no sea cosa que la historia les haga la mala jugada que ya les hizo en el caso de Galileo, de las brujas y los herejes achicharrados en las hogueras, de los judíos perseguidos, los indios exterminados y los africanos esclavizados.

Hoy vemos con alegría y esperanza el acelerado proceso de cambios que tiene lugar en tantos países del mundo, sobre todo de nuestra América Latina, y que inevitablemente llegará también a nuestras orillas. Esperamos ansiosamente la hora en que también en la República Dominicana la valoración social de las personas se base en sus esfuerzos y logros, y no en el sexo de quien comparte sus afectos.

El respeto a la diversidad salva vidas. Dejemos atrás el odio y la intolerancia.

Colectiva Mujer y Salud

17 de mayo 2014

Leyes y homofobia

La semana pasada, hubo gran alarma en el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas por el Proyecto de Ley Orgánica que crearía un Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, sancionada el año pasado por el Senado y en las Comisiones de Justicia y Género, de la Cámara Baja actualmente.

La pieza fue trabajada en el marco de un espacio intersectorial e interinstitucional en el que participaron instituciones gubernamentales, como Ministerio de la Mujer, Procuraduría General, Suprema Corte de Justicia, así como organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, precisamente invitadas al espacio por las dos primeras instituciones.

Por haber formado parte del conjunto que, previas discusiones, contrató una pequeña comisión de cinco personas expertas en la creación de leyes de tercera generación, nos sentimos más que sorprendida por la alusión a que, en esa propuesta se establecía la posibilidad del matrimonio gay. Y por eso la explicación.

El objeto único del Proyecto de Ley Orgánica mencionado, es la prevención, detección, atención integral, persecución, sanción y seguimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres, basadas en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, mediante la regulación de políticas públicas orientadas al reconocimiento, respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Y su contenido es absolutamente referido a esta violencia. Que de las treinta definiciones que tiene la propuesta, la número 17, que refiere a la mujer como la “persona de sexo femenino en cualquier etapa de su vida, y persona cuya identidad de género sea reconocida por ella misma y su entorno social, como femenina”, sea la que haya causado la confusión, resulta inexplicable, porque la claridad del texto jamás alude al matrimonio gay.

Hay que tener la mente maleada para ver esto. Lo que explican las normativas con enfoque de derechos humanos, es que consideran mujer a una persona que lo sea para ella misma y para los demás, cuando es víctima de violencia por un agresor que así la considera. Así, sin la sombra de uniones formales que, por otro lado, no es un problema que quite el sueño a nadie en un país como el nuestro donde, el mayor porcentaje de uniones son consensuales.

(Y eso sin contar las uniones extramatrimoniales, frecuentes en todo caballero que se precie de serlo aquí) Sería verdaderamente lamentable que por la homofobia exagerada de quienes no se molestaron en leer la propuesta, esta sea desechada, cuando es una legislación impecable y acorde a los mejores intereses de esta sociedad, donde cada día y medio, se mata a una mujer por violencia machista y misógina.

SusiPola@gmail.com

Machismo Dominicano

La ciudadanía dominicana está preocupada porque, percepción o no, sufre una cadena de violencias ejecutadas cada vez más cerca de la mayoría: ya en nuestro país hay una experiencia traumática familiar o en el círculo de amistades.

La represión fortalecida por la normativa y las prácticas, no siempre legales, no ha dado resultado, porque el problema de la violencia se sostiene en la complejidad de un entramado socio cultural que las autoridades no acaban de entender ni aplicar. Sin embargo, no es difícil concluir que, el común denominador de los casos violentos delincuenciales, el ejecutor es masculino, con un perfil joven y con una crueldad cada vez mayor.

Estas violencias, ocurren dentro de lo que el especialista canadiense Michael Kaufman llama, “la tríada de la violencia de los hombres”. Kaufman dice que “la violencia de los hombres contra las mujeres no ocurre en aislamiento, sino que está vinculada a la violencia de los hombres contra otros hombres y a la interiorización de la violencia; es decir, la violencia de un hombre contra sí mismo”.

En nuestro país, las estadísticas nos lo comprueban: crímenes son de ejecución masculina, sea contra mujeres o contra hombres, y los suicidios, también tienen rostro masculino.

La semana pasada fue emblemática para reflexionar seriamente. Mientras los tribunales dictaban sentencias: en Santo Domingo Este, tres meses de coerción contra dos civiles y un policía por asalto a mano armada y homicidios; en Dajabón, condena a 30 años de prisión a hombre ultimó a golpes y lanzó luego su cuerpo al río, a su expareja en 2013; en Valverde, se condena a 30 años de prisión al culpable de haber abusado sexualmente y provocado la muerte a su expareja, en 2012; en Gualey, un niño de siete años ataca a su tía con un cuchillo provocándole una herida grave en un pulmón; una menor de 17 años muere tras recibir un balazo en el cuello, por un joven de 20 años, quien huyó luego; en San Cristóbal, un hombre, de 30 años, dio más de 60 machetazos a otro de 28, porque supuestamente convivía con su ex mujer; y en Harlem, Nueva York, Robert Cartagena, dominicano, fue condenado a 25 años y cadena perpetua por el asesinato de una estudiante.

En el compendio de toda esta violencia machista, una beba de cuatro meses, en estado de gravedad, a borde de una ambulancia, muere por la retención violenta e irracional del vehículo, de una patrulla de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Se imponen medidas socio culturales para desmontar el machismo violento, o no?

SusiPola@gmail.com

A LOS 47 MESES DE LA TENTATIVA DE ASESINATO CONTRA MI HIJO JORDI. Por: Ramón Antonio Veras.

A LOS 47 MESES DE LA TENTATIVA DE ASESINATO CONTRA MI HIJO JORDI.

Por: Ramón Antonio Veras.

1.- No importa el tiempo transcurrido; el hecho lo tengo presente como el mismo día que ocurrió, el 2 de junio de 2010. Hoy se cumplen 47 meses de la tentativa de asesinato contra mi hijo Jordi Veras.
2.- Aquellos que se asociaron para matar a Jordi, no solo ejecutaron la acción criminal, sino que también han querido burlar la justicia, utilizando todas clases de artimañas, porque están conscientes de que la vara de la justicia les alcanzará.
3.- En la audiencia de ayer se puso de manifiesto, nuevamente, el concierto entre la Defensoría Pública y Adriano Román, la cual fue reenviada porque el defensor público que había sido designado para asistir a Román, abandonó la sala en un acto de desprecio a los magistrados y a todos los integrantes del tribunal.
4.- El funcionamiento normal de la justicia no puede estar a merced del capricho y conveniencia de Adriano Román, los demás imputados, y la Defensoría Pública.
5.- Resulta una bofetada a la sociedad dominicana decente, que con el mayor descaro una asociación de criminales utilice un órgano del sistema judicial, como la Defensoría Pública, para impedir que se haga justicia.
6.- Una sociedad civilizada no puede vivir bajo el miedo, terror y espanto; el gatillo de los sicarios hay que detenerlo ya, pues de lo contrario el crimen organizado continuará imponiendo sus designios de criminalidad.
7.- Precisamente ahora, cuando el sicariato está en su más alto nivel en nuestro país, se impone que la justicia tome su imperio imponiéndole una sanción ejemplarizadora a los responsables del acto criminal contra mi hijo Jordi.
8.- Los hombres y mujeres más sensatas y consecuentes del país deben mantenerse alerta y firme denunciando y rechazando la delincuencia en todas sus manifestaciones y espacios.


Santiago de los Caballeros,
2 de mayo de 2014.

A LOS 47 MESES DE LA TENTATIVA DE ASESINATO CONTRA MI HIJO JORDI.

Por: Ramón Antonio Veras.

"El Primero de Mayo en la historia" Por: Ramón Antonio Veras.

El Primero  de Mayo en la historia

Por: Ramón Antonio Veras.


En todo el curso de la historia  de la humanidad,  la lucha desarrollada por las clases sociales, al igual que la de los pueblos, tiene su  significado y contenido;  por tal razón hay que conocer  su esencia  y  causa generadora.

Las acciones ejecutadas por las masas populares en determinados  períodos pueden servir como fuente de inspiración para la realización de reclamos políticos, económicos y sociales, así como  para  enarbolar justas reivindicaciones y demandar la vigencia de libertades y  derechos conculcados.

En este escrito procuro  destacar el significativo valor histórico  del Primero de Mayo, fecha que debe   ser debidamente conocida, en su componente clasista, por la clase obrera nacional e internacional de cada país.

El  Primero  de Mayo comenzó  a tener trascendencia histórica desde el instante  que  el movimiento obrero le imprimió  sello  de clase  con la sangre desarrollada  por los Mártires de Chicago.
 ¿Cuál  es la historia real y el valor del Primero de Mayo,  y su  vinculación con   la clase obrera? La explicación   es la siguiente:  

En octubre de 1884, la convención anual de las organizaciones obreras norteamericanas decidió aprobar como plan de lucha la implantación de la    jornada de ocho horas de trabajo a partir  del 1 de mayo  de 1886,   para hacer desaparecer las extenuantes jornadas de 14 y 16 horas diarias, a las que eran sometidos los trabajadores  y las trabajadoras.   En esta fecha estallaron numerosas huelgas, y en Chicago 40 mil  obreros abandonaron sus labores.

El día 4 de mayo, en  la misma ciudad de Chicago, fuerzas policiales trataron  de disolver por la fuerza una manifestación dando muerte e hiriendo a una gran cantidad de manifestantes;  en esa oportunidad, provocadores pagados por los patronos hicieron  estallar  una bomba. Numerosas personas vinculadas al movimiento obrero  fueron detenidas;  el predicador metodista  Samuel Fielden  y el periodista Michael Schwab,   condenados a prisión perpetua; otros cuatro resultaron condenados a la horca y ejecutados. La revisión del proceso llevada a cabo años después, demostró la inocencia de esas personas, y se comprobó la provocación de los policías  y patronos.

En la historia del movimiento obrero se recuerda a las víctimas como los “Mártires de Chicago”. En homenaje a los obreros norteamericanos, el Congreso Internacional Obrero y Socialista de París, reunido en 1889, fijó el 1 de mayo de 1890, como fecha para una demostración obrera internacional, la cual se llevó a cabo en muchos países.

En los países socialistas, el Primero de Mayo siempre ha sido una  gran fiesta de la clase obrera, mientras que en los países  capitalistas se ha maniobrado para despojar al 1 de mayo de su contenido y valor histórico.  En  los Estados Unidos el   el día del trabajo se celebra el primer lunes del mes de septiembre

En nuestro país, en las  décadas  del 60 y 70 del pasado siglo, el Primero de Mayo, que siempre era día no laborable,  el movimiento obrero y sindical aprovechaba la ocasión para hacer grandes manifestaciones; pasar revista a sus jornadas de lucha y  elaborar  planes para futuras batallas reivindicativas.

Tengo la dicha de, en compañía de  compañeras y compañeros, amigas y amigos identificados con la causa de la clase obrera nacional e internacional, haber participado en muchas de las manifestaciones, concentraciones y asambleas  de  carácter unitario, festivo, masivo  y  sentido combativo a la gloriosa fecha del Primero de Mayo.

Hoy como ayer,  desde lo más profundo de mi corazón, me sale  el deseo,  la inspiración de decir: Viva el Primero de Mayo. Viva la clase obrera internacional. Gloria eterna a los Mártires  de Chicago.

Santiago de los Caballeros,
30 de abril 2014.

El Primero  de Mayo en la historia

Por: Ramón Antonio Veras.