Un balance alarmante de feminicidios, nos recuerda la complicación en fuerza y presencia de las violencias contra las mujeres, sin terminar de convencernos que no estamos haciendo las cosas correctamente para contener y disminuir las violencias de género, tal y como dijera hace un tiempo la Fiscal del Distrito Nacional.
La última inmolación antes de escribir este artículo, fue la información de que Tomás Brito Sánchez, 37 años, prófugo, había sido apresado en una finca de San Francisco de Macorís. Este hombre, mató de un machetazo a la jovencita Alba Luz Reynoso Santana, de 19 años, en el parque de Las Guáranas, mientras se celebraban las Fiestas Patronales de esa comunidad.
Lejos de controlarse la violencia basada en el género contra las mujeres y las niñas, se incrementa en el país al punto que en estos días, tanto el Procurador General de la República, como la Ministra de la Mujer, manifestaron su preocupación tomando en cuenta que las proyecciones para este año serán bastante más altas que las de año pasado.
Es Estado tiene mucho que hacer por la responsabilidad constitucional asignada que no puede rehuir, obligado a garantizar mediante todas las medidas necesarias, la prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en el género contra la mujer. Sin embargo, en la práctica como país, hemos cumplido mínimamente con las recomendaciones internacionales.
Desde hace dos años, hay un plan estratégico a 2016 para prevenir, detectar, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, desde la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra a Violencia Intrafamiliar (Conapluvi), formada por 15 instituciones gubernamentales y una representación de la sociedad civil. En este tiempo, ha sido nula la posibilidad de convocatoria a los Ministros y Ministras, que forman parte de la Comisión, porque no han demostrado atención ni sensibilidad frente al problema. Mucho menos motivación a disponer de recursos presupuestarios para contener esta peligrosa y compleja violencia, responsable de un verdadero generocidio en el país.
Falta presupuesto adecuado para la prevención, también falta voluntad política para las medidas, que son a nivel nacional, y con todos los ministerios comprometidos. Como Estado, hemos dejado al Ministerio Público solo para resolver el problema, pero sin asignación de presupuesto adecuado, una situación peligrosa que fortalece la impunidad y el doloroso descontento.
Este es un país de masculinos violentos extremos, no hay que dibujar el concepto, las cifras mal registradas se encargan de decirlo, mientras el dinero para los más absurdos inconsecuentes, corre y sobra. Si de verdad se quieren contener las muertes violentas de las dominicanas, al Gobierno que no siga indiferente y responda!
Género y seguridad ciudadana
El Proyecto “Fortalecimiento de la Acción de la Policía Nacional en la Lucha y Atención a las Víctimas de Violencia Basada en Género”, ejecutado por Profamilia apoyada por la Unión Europea, recibió el pasado junio, a la Licda. María Dolores Fernós, abogada especialista en Género y Derechos Humanos, profesora de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Catedrática Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Convocada por Profamilia, la Procuraduría General de la República y la Oficina de Equidad de Género de la Policía Nacional, la conferencia fue sobre género y seguridad ciudadana, en ella participaron oficiales superiores y subalternos, así como alistados de la PN, y ministerio público participante en el nombrado Proyecto.
Fernós, se refirió al género y seguridad ciudadana, partiendo de la necesidad de entender las diferencias en las maneras cómo hombres y mujeres reaccionamos, es decir, entendiendo los contextos en que mujeres y hombres nos desenvolvemos, para poder modificar las respuestas institucionales hacia la compleja violencia de género.
Para garantizar la seguridad ciudadana, hay que reconocer que hay sectores excluidos de esa protección, históricamente marginados en la atención del Estado a sus derechos ciudadanos. Una marginación que gravita en el imaginario sociocultural actual, impidiendo identificar desigualdades normalizadas en la cotidianidad.
Fernós, definió tres conceptos que explican cómo las sociedades fundamentan el comportamiento “debido”, de mujeres y hombres: el discrimen, el género y la perspectiva de género. Todo un “conjunto de conocimientos, intuiciones, saberes y actitudes acumulados por hombres y mujeres a través del tiempo. Patrones culturales, sociales, políticos y jurídicos, producto de procesos históricos de raíz muy profunda”.
Después del análisis breve de las diferencias de género, la especialista profundizó sobre el tema de la seguridad ciudadana, llamando la atención a lo grave “que las prácticas discriminatorias que se producen en las instituciones principales como los tribunales, o los cuerpos policiales, tiendan a reproducir el discrimen, o peor aún, a avalarlo, para lo que se requieren esfuerzos inmediatos, sostenidos y efectivos para remediar la situación y las mejores prácticas”.
Como aseveración, Fernós decía que, “No hay un mensaje más destructivo para la confianza pública en su sistema de justicia que comprobar que existe un trato diferencial o preferencial hacia los integrantes de la fuerza que violentan la ley, sobre todo en los casos de violencia de género, el mensaje hacia las víctimas es en esa circunstancia demoledor, pues la coloca ante una realidad de absoluta indefensión”.
SusiPola@gmail.com
Convocada por Profamilia, la Procuraduría General de la República y la Oficina de Equidad de Género de la Policía Nacional, la conferencia fue sobre género y seguridad ciudadana, en ella participaron oficiales superiores y subalternos, así como alistados de la PN, y ministerio público participante en el nombrado Proyecto.
Fernós, se refirió al género y seguridad ciudadana, partiendo de la necesidad de entender las diferencias en las maneras cómo hombres y mujeres reaccionamos, es decir, entendiendo los contextos en que mujeres y hombres nos desenvolvemos, para poder modificar las respuestas institucionales hacia la compleja violencia de género.
Para garantizar la seguridad ciudadana, hay que reconocer que hay sectores excluidos de esa protección, históricamente marginados en la atención del Estado a sus derechos ciudadanos. Una marginación que gravita en el imaginario sociocultural actual, impidiendo identificar desigualdades normalizadas en la cotidianidad.
Fernós, definió tres conceptos que explican cómo las sociedades fundamentan el comportamiento “debido”, de mujeres y hombres: el discrimen, el género y la perspectiva de género. Todo un “conjunto de conocimientos, intuiciones, saberes y actitudes acumulados por hombres y mujeres a través del tiempo. Patrones culturales, sociales, políticos y jurídicos, producto de procesos históricos de raíz muy profunda”.
Después del análisis breve de las diferencias de género, la especialista profundizó sobre el tema de la seguridad ciudadana, llamando la atención a lo grave “que las prácticas discriminatorias que se producen en las instituciones principales como los tribunales, o los cuerpos policiales, tiendan a reproducir el discrimen, o peor aún, a avalarlo, para lo que se requieren esfuerzos inmediatos, sostenidos y efectivos para remediar la situación y las mejores prácticas”.
Como aseveración, Fernós decía que, “No hay un mensaje más destructivo para la confianza pública en su sistema de justicia que comprobar que existe un trato diferencial o preferencial hacia los integrantes de la fuerza que violentan la ley, sobre todo en los casos de violencia de género, el mensaje hacia las víctimas es en esa circunstancia demoledor, pues la coloca ante una realidad de absoluta indefensión”.
SusiPola@gmail.com
No valió la pena
No valió que, ordenadamente, asistiéramos a las vistas públicas a exponer la situación de la mortalidad materna, del acorralamiento de las mujeres con la violencia en nuestra contra que nos mata cientos de veces al año ni que propusiéramos soluciones democráticas.
No valió saber que las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil y el Foro Feminista, trabajamos de cerca con las más pobres y sus miles de problemas de supervivencia, desde hace más de cuarenta años, porque no les interesan ni ellas, ni nosotras.
No valió que nos integremos a espacios intersectoriales e interinstitucionales para evaluar, monitorear y proponer, ni que respetáramos los acuerdos resultados.
No valió que escribiéramos cientos de páginas con cuadros, argumentos, propuestas y hasta matrices comparativas, solicitadas para estar “claros/as”.
No valió saber que la R. Dominicana está altamente comprometida a nivel internacional para otorgar a las mujeres sus derechos.
No valió el repudio por la manera cómo la presidencia del Senado recibió la visita del Enlace de la Iglesia Católica, el mismo día de la segunda lectura del proyecto de Código Penal, así como la llamada del “jefe” del purpurado y les obedeciera.
No valió saber que las dominicanas, que los/as elegimos, necesitamos legislaciones precisas para no morir como Esperancita y tantas adolescentes que sucumbieron en los miles de abortos clandestinos, inseguros, ilegales.
No valió que nos manifestáramos y hasta gritáramos frente al Congreso dominicano, porque no nos escuchan ni nos temen.
No valió que las mujeres, solicitáramos por activa y por pasiva, entrevistas con el jefismo político partidista, porque no nos recibieron, demostrando que más de la mitad del país, por ser mujeres, les importamos un pito.
No valió saber que somos las mujeres las que votamos y los/as elegimos.
No valió que, pocos días antes, el presidente del Senado, en su campaña proselitista para la presidencia del país, dijera “Me encargaré de que se aplique todo el peso de la ley contra quienes abusen de las mujeres, pero también combatiré el problema social que representa el embarazo en las adolescentes, porque está decidido, las mujeres y los jóvenes serán el centro de mis programas”.
No valió tampoco que en la concentración frente a miles de mujeres, también asegurara: “Las mujeres, madres de familia, solteras, emprendedoras, jóvenes universitarias, mujer del campo, víctimas de violencia y envejecientes, contarán conmigo”.
No valió que protestáramos ni que nos calláramos, porque el Senado no quiso oírnos. Prefirió el eterno compinche con la jerarquía eclesial que amenaza y atemoriza en la lucha por mantener los privilegios terrenales más extravagantes.
¡No, no valió la pena!
SusiPola@gmail.com
No valió saber que las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil y el Foro Feminista, trabajamos de cerca con las más pobres y sus miles de problemas de supervivencia, desde hace más de cuarenta años, porque no les interesan ni ellas, ni nosotras.
No valió que nos integremos a espacios intersectoriales e interinstitucionales para evaluar, monitorear y proponer, ni que respetáramos los acuerdos resultados.
No valió que escribiéramos cientos de páginas con cuadros, argumentos, propuestas y hasta matrices comparativas, solicitadas para estar “claros/as”.
No valió saber que la R. Dominicana está altamente comprometida a nivel internacional para otorgar a las mujeres sus derechos.
No valió el repudio por la manera cómo la presidencia del Senado recibió la visita del Enlace de la Iglesia Católica, el mismo día de la segunda lectura del proyecto de Código Penal, así como la llamada del “jefe” del purpurado y les obedeciera.
No valió saber que las dominicanas, que los/as elegimos, necesitamos legislaciones precisas para no morir como Esperancita y tantas adolescentes que sucumbieron en los miles de abortos clandestinos, inseguros, ilegales.
No valió que nos manifestáramos y hasta gritáramos frente al Congreso dominicano, porque no nos escuchan ni nos temen.
No valió que las mujeres, solicitáramos por activa y por pasiva, entrevistas con el jefismo político partidista, porque no nos recibieron, demostrando que más de la mitad del país, por ser mujeres, les importamos un pito.
No valió saber que somos las mujeres las que votamos y los/as elegimos.
No valió que, pocos días antes, el presidente del Senado, en su campaña proselitista para la presidencia del país, dijera “Me encargaré de que se aplique todo el peso de la ley contra quienes abusen de las mujeres, pero también combatiré el problema social que representa el embarazo en las adolescentes, porque está decidido, las mujeres y los jóvenes serán el centro de mis programas”.
No valió tampoco que en la concentración frente a miles de mujeres, también asegurara: “Las mujeres, madres de familia, solteras, emprendedoras, jóvenes universitarias, mujer del campo, víctimas de violencia y envejecientes, contarán conmigo”.
No valió que protestáramos ni que nos calláramos, porque el Senado no quiso oírnos. Prefirió el eterno compinche con la jerarquía eclesial que amenaza y atemoriza en la lucha por mantener los privilegios terrenales más extravagantes.
¡No, no valió la pena!
SusiPola@gmail.com
Acoso sexual en el trabajo
Por estos días se dilucida en los tribunales del país, un caso de acoso laboral que afecta a una persona cercana, una historia con cuatro años de duración que terminó con la dimisión de la víctima y posterior demanda en los tribunales. Una autoridad laboral directa de la acosada, mantuvo una conducta permanente de hostigamiento sobre ella con comentarios, insinuaciones, gestos de intimidad, “piropos” alusivos, invitaciones a viajes, hasta oferta de vehículo de lujo si la víctima aceptaba tener relaciones sexuales con él. La joven hostigada, sintiéndose humillada, impotente, denigrada, con dificultad para dormir y sobre todo, con miedo y desesperación, renunció a su trabajo.
Las leyes dominicanas tipifican penalmente este crimen muy conocido y poco apelado por la sutileza de la cultura patriarcal en que vivimos en nuestro país, donde las relaciones laborales son patriarcales y en ellas, el acoso sexual pasa a rodearse de una ambigüedad y complejidad que debe afrontar desde su propia subjetividad, la persona afectada.
Sin embargo, para la ley penal dominicana, toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad por sus funciones, es acoso sexual, castigándolo con un año de prisión y en caso de ser en el trabajo, con derecho a la dimisión justificada prevista por las leyes laborales del país.
El acoso sexual, es una expresión de poder y sea en el trabajo, en las escuelas, en el ambiente de las iglesias o en cualquier espacio en el que se presente, se convierte en un indicador de la dimensión patriarcal de las relaciones entre “superiores y subordinadas” y entre hombres y mujeres. Y “es posible por el trasfondo cultural, social e ideológico que configura el imaginario colectivo, en el que, toma un papel decisivo el sistema de organización patriarcal que preside la vida de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad”. (En “El acoso sexual en el mundo laboral: un indicador patriacal”, por Teresa Torns, Vicente Borras y Alfonso Romero)
Como práctica dañina, el acoso sexual en el trabajo, afecta a las mujeres en su intimidad, dignidad e integridad, entorpeciendo su desempeño laboral y limitando sus oportunidades de desarrollo, lo que lo convierte en una de las peores violencias basadas en el género, reconocida por toda nuestra legislación nacional, Constitución, Código Penal, Código de Trabajo y por los acuerdos internacionales.
Es hora de que los tribunales entiendan que los dominicanos, deben aprender que no son dueños de las mujeres. Hay una mirada peligrosa y machista que nos agrede, mutila y mata.
SusiPola@gmail.com
Las leyes dominicanas tipifican penalmente este crimen muy conocido y poco apelado por la sutileza de la cultura patriarcal en que vivimos en nuestro país, donde las relaciones laborales son patriarcales y en ellas, el acoso sexual pasa a rodearse de una ambigüedad y complejidad que debe afrontar desde su propia subjetividad, la persona afectada.
Sin embargo, para la ley penal dominicana, toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad por sus funciones, es acoso sexual, castigándolo con un año de prisión y en caso de ser en el trabajo, con derecho a la dimisión justificada prevista por las leyes laborales del país.
El acoso sexual, es una expresión de poder y sea en el trabajo, en las escuelas, en el ambiente de las iglesias o en cualquier espacio en el que se presente, se convierte en un indicador de la dimensión patriarcal de las relaciones entre “superiores y subordinadas” y entre hombres y mujeres. Y “es posible por el trasfondo cultural, social e ideológico que configura el imaginario colectivo, en el que, toma un papel decisivo el sistema de organización patriarcal que preside la vida de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad”. (En “El acoso sexual en el mundo laboral: un indicador patriacal”, por Teresa Torns, Vicente Borras y Alfonso Romero)
Como práctica dañina, el acoso sexual en el trabajo, afecta a las mujeres en su intimidad, dignidad e integridad, entorpeciendo su desempeño laboral y limitando sus oportunidades de desarrollo, lo que lo convierte en una de las peores violencias basadas en el género, reconocida por toda nuestra legislación nacional, Constitución, Código Penal, Código de Trabajo y por los acuerdos internacionales.
Es hora de que los tribunales entiendan que los dominicanos, deben aprender que no son dueños de las mujeres. Hay una mirada peligrosa y machista que nos agrede, mutila y mata.
SusiPola@gmail.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)