Dos testimonios impactantes en esta semana pasada, llevan a soñar una vida correspondida por democracia. Por un lado, el Paraguay sanciona moralmente a 23 senadores que votaron contra el desafuero de un parlamentario oficialista, contratante supuesto de una niñera con dinero público, impidiéndoles entrar en diferentes comercios de Asunción. Por otro lado, la repentina presencia del presidente de Uruguay, José (Pepe) Mujica, en las calles céntricas de Montevideo promoviendo volantes contra la violencia machista.
Que un país entero, motus propio, decida castigar la corrupción de sus funcionarios, suena el acto más ético de una comunidad, demostrando que no es indefensa y usa mecanismos asertivos de democracia para mostrar desprecio a la corrupción institucional.
Lo de José (Pepe) Mujica, no tiene parangón! Verlo conversar directamente con el pueblo y decirle escandalizado: “Acá, en Uruguay, mueren 40 mujeres por año”, refiriéndose a los feminicidios, mientras repartía volantes que decían “hay que saber perder”, es increíble. En un momento dado, un joven, alentado por tanta apertura democrática, le dice: “Mujica, Mujica, No se trata de perder o ganar, se trata de que somos iguales hombres y mujeres, se trata de respeto”, insistiendo en su argumento, entonces, el presidente Mujica le responde: “No, viejito, no! No te vengas a poner difícil! Dejáte de literatura! Significa que si una mujer te dio la espalda, te “amuró”, no la agarrás por el pescuezo y le das palos! Claro que hay que respetar siempre, pero hay que respetar cuando te duele!”, dice Mujica, figurando el lenguaje que su gente entiende como el hombre que se cree que pierde, mata a la mujer. El joven, solo atina a decirle: “Está bien, jefe”! Sigue Pepe Mujica caminando y entregando volantes a la gente que, incrédula, lo abraza y le prodiga cariño. Finalmente, Pepe Mujica le dice a un reportero: “Las palabras que pusimos en ese volante las pensé yo, tal vez no tienen nada filosófico ni difícil, aprender a perder!”. El reportero le pregunta: “Somos un país machista el Uruguay?” y Pepe Mujica le responde: “Y, una característica del machismo es no saber perder, creerse siempre que hay que ser ganador en toda la vida y la vida, no es así!”. Como el reportero insiste en qué tanto tienen que ver los hechos de violencia doméstica y contra la mujer con perder o ganar, Mujica responde: “Que no hay trabas culturales, entonces los sentimientos terminan transformándose en el ego y la conducta”.
¡Cuántos dominicanos tienen que aprender a perder!
Qué un presidente de la nación entienda la violencia machista, ya es lo máximo, pero que decida hacer activismo contra ella, es envidiable! (No deje de verlo)
(susipola@gmail.com)
Historia de noviembre
Es curiosa la manera en que las historias se pierden o distorsionan, no ya de generación en generación, también a pocos años de sucedidas. En estos comienzos de noviembre, me sorprendió que algunas de las jóvenes mujeres activistas que se han incorporado a la causa de la demanda por los derechos humanos de las mujeres, desconocen la crónica verdadera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si no la saben ellas, que será del resto, me dije, comprometiéndome a relatar las circunstancias en que se instituyó ese día conmemorativo.
El Día Internacional por la No Violencia Contra las Mujeres, se decidió durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en julio de 1981 en Bogotá, Colombia, y sus promotoras fueron las dominicanas Magaly Pineda y Ángela Hernández que participaban en el mismo. En esa reunión, se pensó en la necesidad de un día emblemático y para esos fines, se solicitó a todas las participantes de la región que sugirieran una fecha simbólica para sus países. Así, casi al finalizar el encuentro, se eligió unánimemente el 25 de noviembre, propuesto por las compañeras dominicanas, en memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, en 1960.
Magaly Pineda, conocida activista política ya para la época por su participación desde la universidad en el movimiento de resistencia contra la dictadura de Trujillo, ya al frente del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), del que fue su creadora y ya con un accionar desde el feminismo. Al regreso del Encuentro, Magaly propuso un espacio de coordinación nacional para realizar la primera actividad pública del 25 de noviembre en República Dominicana, realizándose una semana de denuncia, incorporando también violencia en el trabajo, violencia social, violencia sexual y violencia doméstica.
Posteriormente, siendo Gladis Gutiérrez diputada por el PLD, presentó la propuesta al Congreso dominicano que determinó, también a unanimidad, el carácter oficial del 25 de noviembre como fecha conmemorativa nacional del Día de la No Violencia Contra la Mujer.
Lo demás es historia, y más de 10 años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, declaró para el mundo entero, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse anualmente cada 25 de noviembre.
En aquellos años, muchas dominicanas estuvimos de acuerdo que la lucha contra la violencia hacia las mujeres debía encabezar la agenda de las latinoamericanas y caribeñas y seguimos a Magali y a Ángela en su propuesta. Hasta hoy, en que aún reivindicamos el origen feminista de esta historia.
(susipola@gmail.com)
El Día Internacional por la No Violencia Contra las Mujeres, se decidió durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en julio de 1981 en Bogotá, Colombia, y sus promotoras fueron las dominicanas Magaly Pineda y Ángela Hernández que participaban en el mismo. En esa reunión, se pensó en la necesidad de un día emblemático y para esos fines, se solicitó a todas las participantes de la región que sugirieran una fecha simbólica para sus países. Así, casi al finalizar el encuentro, se eligió unánimemente el 25 de noviembre, propuesto por las compañeras dominicanas, en memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, en 1960.
Magaly Pineda, conocida activista política ya para la época por su participación desde la universidad en el movimiento de resistencia contra la dictadura de Trujillo, ya al frente del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), del que fue su creadora y ya con un accionar desde el feminismo. Al regreso del Encuentro, Magaly propuso un espacio de coordinación nacional para realizar la primera actividad pública del 25 de noviembre en República Dominicana, realizándose una semana de denuncia, incorporando también violencia en el trabajo, violencia social, violencia sexual y violencia doméstica.
Posteriormente, siendo Gladis Gutiérrez diputada por el PLD, presentó la propuesta al Congreso dominicano que determinó, también a unanimidad, el carácter oficial del 25 de noviembre como fecha conmemorativa nacional del Día de la No Violencia Contra la Mujer.
Lo demás es historia, y más de 10 años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, declaró para el mundo entero, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse anualmente cada 25 de noviembre.
En aquellos años, muchas dominicanas estuvimos de acuerdo que la lucha contra la violencia hacia las mujeres debía encabezar la agenda de las latinoamericanas y caribeñas y seguimos a Magali y a Ángela en su propuesta. Hasta hoy, en que aún reivindicamos el origen feminista de esta historia.
(susipola@gmail.com)
Cuando ser padre es peligroso
La violencia machista, ejercida por algunos hombres contra las mujeres, en una direccionalidad fundamentada en el género, es una calamidad nacional con grandes visos de epidemia, porque mata más que muchas enfermedades.
Una manifestación de esta violencia nos toca como país con más frecuencia de la que quisiéramos y es la que refiere la ampliación de las agresiones al entorno de la mujer víctima, muchas veces antecedidas por la amenaza “te voy a dar por donde más te duela”.
Sea porque se trata de personas que se encuentran en la “línea de fuego” de la víctima o porque la violencia principal es dirigida a ellas -muchas veces menores- para castigarla, el escenario es siempre el mismo: violencia machista dirigida a la mujer que culturalmente “obliga” al agresor a “poner orden” en una situación de conflicto, bajo violencias legitimadas socialmente, sean las que sean. Una lógica que abarca varios escenarios, incluyendo el del propio suicidio del agresor feminicida que, en la ideología ancestral de la dominación, por la pérdida de control, precipita el feminicido y suicidio posterior.
La semana pasada, Julio Arias (Raúl), de 33 años, envenenó a sus hijas Raidienis y Yaidienis, de ocho y nueve años, suicidándose después de la misma manera, se cree que debido a que, Dilania Ortega, su expareja y madre, de las menores, se negaba a volver con él.
Esta situación recurrente ya, nos lleva a reflexionar sobre si es prudente, que un masculino violento que tiene hijos o hijas menores con su víctima mantenga la patria potestad respecto a ellos/as cuando la situación es registrada en el sistema jurídico legal. No nos referimos a la simple guarda, que tiene un contenido más inmediato de cuidado y atención de los/as menores, atribuido al progenitor o a la progenitora, en un régimen conjunto aunque estén separados.
Las referencias indican que los masculinos violentos, categoría de género que mantienen una percepción rígida y estructurada de la realidad, en la que el convencimiento de ser dueño y encargado del dominio de todo, tiene niveles ideológicos capaces de afectar límites y circunstancias. Por lo tanto, en nombre de la dominación obligada respecto de la mujer pareja, justifica las violencias ampliadas, aunque impliquen la muerte de sus propios hijos o hijas.
En estos momentos de actividad legislativa para adecuar leyes civiles y penales, hay que tener en cuenta los rasgos de dominación arraigada en algunos sujetos, contenidos en la construcción de la masculinidad como un imperativo ideológico en los que ejercen la violencia contra las mujeres, capaz de desbordar a la relación con una víctima para castigarla.
(susipola@gmail.com)
Una manifestación de esta violencia nos toca como país con más frecuencia de la que quisiéramos y es la que refiere la ampliación de las agresiones al entorno de la mujer víctima, muchas veces antecedidas por la amenaza “te voy a dar por donde más te duela”.
Sea porque se trata de personas que se encuentran en la “línea de fuego” de la víctima o porque la violencia principal es dirigida a ellas -muchas veces menores- para castigarla, el escenario es siempre el mismo: violencia machista dirigida a la mujer que culturalmente “obliga” al agresor a “poner orden” en una situación de conflicto, bajo violencias legitimadas socialmente, sean las que sean. Una lógica que abarca varios escenarios, incluyendo el del propio suicidio del agresor feminicida que, en la ideología ancestral de la dominación, por la pérdida de control, precipita el feminicido y suicidio posterior.
La semana pasada, Julio Arias (Raúl), de 33 años, envenenó a sus hijas Raidienis y Yaidienis, de ocho y nueve años, suicidándose después de la misma manera, se cree que debido a que, Dilania Ortega, su expareja y madre, de las menores, se negaba a volver con él.
Esta situación recurrente ya, nos lleva a reflexionar sobre si es prudente, que un masculino violento que tiene hijos o hijas menores con su víctima mantenga la patria potestad respecto a ellos/as cuando la situación es registrada en el sistema jurídico legal. No nos referimos a la simple guarda, que tiene un contenido más inmediato de cuidado y atención de los/as menores, atribuido al progenitor o a la progenitora, en un régimen conjunto aunque estén separados.
Las referencias indican que los masculinos violentos, categoría de género que mantienen una percepción rígida y estructurada de la realidad, en la que el convencimiento de ser dueño y encargado del dominio de todo, tiene niveles ideológicos capaces de afectar límites y circunstancias. Por lo tanto, en nombre de la dominación obligada respecto de la mujer pareja, justifica las violencias ampliadas, aunque impliquen la muerte de sus propios hijos o hijas.
En estos momentos de actividad legislativa para adecuar leyes civiles y penales, hay que tener en cuenta los rasgos de dominación arraigada en algunos sujetos, contenidos en la construcción de la masculinidad como un imperativo ideológico en los que ejercen la violencia contra las mujeres, capaz de desbordar a la relación con una víctima para castigarla.
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Realidad de noviembre
La semana pasada, en el lanzamiento de la campaña contra la violencia hecha a la mujer, “Cada día menos, hasta llegar a CERO”, el Procurador General de la República encabezó el acto con la Vicepresidenta del país, la esposa del Presidente Medina, la ministra de la Mujer y la Vicepresidenta del Senado, con mensajes motivadores para seguir trabajando en la disminución y erradicación de esta epidemia.
El total de 24,265 denuncias por violencias contra la mujer, físicas, verbales y sicológicas, junto a 30,763 órdenes de protección emitidas y a los 2,187 delitos sexuales, como agresión, violación y acoso sexual, sustracción de menores e incesto, que reporta la Procuraduría General de la República en su página web, para el primer semestre de este año de 2013, junto a 98 feminicidios generales, indican que en la R. Dominicana, tenemos un problema grave de violencia basada en el género.
Las violencias contra las mujeres y el feminicidio, como punto final de estas violencias, deben ser abordadas en las cifras con el mayor rigor científico y con perspectiva de género, asegurando aquellos indicadores que las identifican, una tarea que aún no hemos especializado y que está pendiente.
Una situación que la justicia penal sola, especialmente Ministerio Público, no puede resolver. Actualmente, el peso del impacto social dejado por el maltrato y la muerte de tantas mujeres, recae sobre la Procuraduría General de la República, a la que se están incorporando acciones de la Policía Nacional en el último año. Las Unidades especializadas del Ministerio Público, intervienen en el fenómeno con una práctica multidisciplinaria que abarca apoyo emocional de evaluación, referencia a Casas de Acogida y a hospitales.
Mientras, el Ministerio de la Mujer, con el menor de los presupuestos, tiene una Oficina Provincial de la Mujer, en 31 provincias del país y otras municipales, llegando a más de cincuenta en todo el país, donde se reciben los casos de mujeres sobrevivientes para apoyo emocional y legal, manteniendo las dos Casas de Acogida que existen en el país y ejecutando programas de sensibilización en diferentes niveles. Las organizaciones de la Sociedad Civil, coordinadas en redes también con el sector gubernamental, mantienen el trabajo de más de 30 años, denunciando, atendiendo y fortaleciendo el sistema de atención, con monitoreo y coordinaciones intersectoriales. Pero esto no es suficiente, se necesita vincular todos estos esfuerzos para caminar en la misma dirección.
El desafío tiene que incluir a otros sectores, como salud y educación, pero siempre remite a la necesidad de reconocer los derechos de las mujeres en este país, donde aún se conculcan.
(susipola@gmail.com)
El total de 24,265 denuncias por violencias contra la mujer, físicas, verbales y sicológicas, junto a 30,763 órdenes de protección emitidas y a los 2,187 delitos sexuales, como agresión, violación y acoso sexual, sustracción de menores e incesto, que reporta la Procuraduría General de la República en su página web, para el primer semestre de este año de 2013, junto a 98 feminicidios generales, indican que en la R. Dominicana, tenemos un problema grave de violencia basada en el género.
Las violencias contra las mujeres y el feminicidio, como punto final de estas violencias, deben ser abordadas en las cifras con el mayor rigor científico y con perspectiva de género, asegurando aquellos indicadores que las identifican, una tarea que aún no hemos especializado y que está pendiente.
Una situación que la justicia penal sola, especialmente Ministerio Público, no puede resolver. Actualmente, el peso del impacto social dejado por el maltrato y la muerte de tantas mujeres, recae sobre la Procuraduría General de la República, a la que se están incorporando acciones de la Policía Nacional en el último año. Las Unidades especializadas del Ministerio Público, intervienen en el fenómeno con una práctica multidisciplinaria que abarca apoyo emocional de evaluación, referencia a Casas de Acogida y a hospitales.
Mientras, el Ministerio de la Mujer, con el menor de los presupuestos, tiene una Oficina Provincial de la Mujer, en 31 provincias del país y otras municipales, llegando a más de cincuenta en todo el país, donde se reciben los casos de mujeres sobrevivientes para apoyo emocional y legal, manteniendo las dos Casas de Acogida que existen en el país y ejecutando programas de sensibilización en diferentes niveles. Las organizaciones de la Sociedad Civil, coordinadas en redes también con el sector gubernamental, mantienen el trabajo de más de 30 años, denunciando, atendiendo y fortaleciendo el sistema de atención, con monitoreo y coordinaciones intersectoriales. Pero esto no es suficiente, se necesita vincular todos estos esfuerzos para caminar en la misma dirección.
El desafío tiene que incluir a otros sectores, como salud y educación, pero siempre remite a la necesidad de reconocer los derechos de las mujeres en este país, donde aún se conculcan.
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