La cuestión del incesto, un tema polémico universal, ha sido históricamente cuestionada por todas las culturas y castigado en la mayoría de los países, primando la prohibición, con las variaciones dadas dependiendo del contexto.
En nuestra ley penal actual, se define como incesto a todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer grado y la acción se castiga con el máximo de la reclusión sin que, además, puedan acogerse atenuantes para quien cometa el crimen. (Artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal dominicano).
Actualmente, cuando hablamos de pena de reclusión mayor, nos referimos a la de 3 a 20 años de prisión, salvo en aquellos casos establecidos por el artículo 303-4 del Código Penal, como es el del incesto, en que significará la pena de 30 años, el máximo de la reclusión.
La modificación al Código Penal, presentada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados/as, define el incesto en el artículo 110 de la propuesta, como todo acto de naturaleza sexual cometido por una persona, no importa su forma, en contra de otra persona con la cual esté vinculada por parentesco hasta el cuarto grado o afinidad hasta el tercer grado, lo sanciona con las penas de cuatro a diez años de prisión mayor y multa de cuatro a diez salarios, y cuando sea cometido contra un/a menor de edad, establece la pena de veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios. Es decir que se eliminaría el parentesco adoptivo, se reconocería el incesto contra personas adultas y sí se disminuiría la pena, porque en la ley propuesta, la pena máxima es de cuarenta años.
La aprobación en primera lectura de la propuesta de Código Penal, presentada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados/as, asombró al país y sobre todo, a las organizaciones y movimientos de mujeres que tienen más de doce años siguiendo el proceso de modificación de leyes de manera activa.
Tan solo dos diputadas y tres diputados, de los 132 presentes al pleno, rechazaron, votando no, la propuesta de no leer la pieza legislativa, nos referimos a Guadalupe Valdés, diputada por la APD, Magda Rodríguez, por el PLD y los diputados perredeistas Eugenio Cedeño, Miguel Collado y Hugo Tolentino. Para el resto de los/as presentes, es indiferente la importancia de una reforma de tanta envergadura, a pesar de tratarse del Congreso con más disponibilidad de tiempo y sin presiones pre electorales.
susipola@gmail.com
Código Penal ¿qué pensar?
De sancionarse tal como está la propuesta de Código Penal conocida en primera lectura por la Cámara de Diputados/as, para el tema de las violencias contra la mujer significaría un atraso tan grande como volver a la normativa penal de antes de la reforma de 1997.
La propuesta elimina la disposición que sanciona la violencia de género contra las mujeres, con lo que una mujer solo podría ampararse en la ley cuando fuera agredida en el marco de una relación de pareja, dejando fuera a más de un 30% de las violencias que se ejecutan contra mujeres.
Además, reduce las penas por incesto y la posibilidad de acogerse a ninguna circunstancia atenuante, dispuesta por la reforma de 1997.
También elimina la obligación que actualmente tienen los agresores infractores de asistir a programas terapéuticos o de orientación familiar por un lapso no menor de seis meses en una institución pública o privada, única disposición regenerativa para los masculinos violentos.
Asimismo, elimina la sanción a la violencia sexual hecha por la pareja y reduce la violencia a daños corporales, al descartar “daños sicológicos o físicos” en la definición de violencia intrafamiliar y en las sanciones y agravantes.
Estos retrocesos respecto a las violencias de género contra la mujer, lesionan los acuerdos internacionales firmados, la propia Constitución de 2010 y toda la conceptualización de este tipo de violencias, adelantada desde 1997 en el sistema de atención que se vería altamente disminuido, produciéndose muchos más casos de feminicidios que hasta ahora, lo que de por sí es una tragedia.
Igualmente, el anteproyecto que nos presentan los/as diputados/as, incorpora la figura del “femicidio”, un término desconocido para el imaginario dominicano que siempre lo nombró feminicidio, pero sólo cuando el crimen se da en el marco de una relación de pareja, una restricción lamentable que dejará impunes los feminicidios que sean cometidos por extraños.
Además, penaliza el aborto en todas las circunstancias, pronunciando penas mayores para los/as médicos/as y haciendo oídos sordos a todo razonamiento lógico científico y humano, profundizando así la mortalidad materna por abortos inseguros e ilegales.
En consecuencia, tendríamos un marco legal referido a las violencias contra las mujeres, que incluyen la obligación de no abortar aún en peligro de muerte, cuando el embarazo es producto de una violación o de un incesto, tan atrasado que ni siquiera responde a la Constitución actual dominicana.
El pesar de la sorpresa es que estos/as congresistas fueron elegidos por seis años con la esperanza de que harían bien las cosas, sin festinar las normativas, sin la prisa y las presiones de períodos electorales. No se que pensar, de verdad. Digan Uds.!
susipola@gmail.com
La propuesta elimina la disposición que sanciona la violencia de género contra las mujeres, con lo que una mujer solo podría ampararse en la ley cuando fuera agredida en el marco de una relación de pareja, dejando fuera a más de un 30% de las violencias que se ejecutan contra mujeres.
Además, reduce las penas por incesto y la posibilidad de acogerse a ninguna circunstancia atenuante, dispuesta por la reforma de 1997.
También elimina la obligación que actualmente tienen los agresores infractores de asistir a programas terapéuticos o de orientación familiar por un lapso no menor de seis meses en una institución pública o privada, única disposición regenerativa para los masculinos violentos.
Asimismo, elimina la sanción a la violencia sexual hecha por la pareja y reduce la violencia a daños corporales, al descartar “daños sicológicos o físicos” en la definición de violencia intrafamiliar y en las sanciones y agravantes.
Estos retrocesos respecto a las violencias de género contra la mujer, lesionan los acuerdos internacionales firmados, la propia Constitución de 2010 y toda la conceptualización de este tipo de violencias, adelantada desde 1997 en el sistema de atención que se vería altamente disminuido, produciéndose muchos más casos de feminicidios que hasta ahora, lo que de por sí es una tragedia.
Igualmente, el anteproyecto que nos presentan los/as diputados/as, incorpora la figura del “femicidio”, un término desconocido para el imaginario dominicano que siempre lo nombró feminicidio, pero sólo cuando el crimen se da en el marco de una relación de pareja, una restricción lamentable que dejará impunes los feminicidios que sean cometidos por extraños.
Además, penaliza el aborto en todas las circunstancias, pronunciando penas mayores para los/as médicos/as y haciendo oídos sordos a todo razonamiento lógico científico y humano, profundizando así la mortalidad materna por abortos inseguros e ilegales.
En consecuencia, tendríamos un marco legal referido a las violencias contra las mujeres, que incluyen la obligación de no abortar aún en peligro de muerte, cuando el embarazo es producto de una violación o de un incesto, tan atrasado que ni siquiera responde a la Constitución actual dominicana.
El pesar de la sorpresa es que estos/as congresistas fueron elegidos por seis años con la esperanza de que harían bien las cosas, sin festinar las normativas, sin la prisa y las presiones de períodos electorales. No se que pensar, de verdad. Digan Uds.!
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La hora cero
El viernes 12 de octubre pasado tres dominicanas perdieron la vida a manos de sus compañeros y una a manos de un vecino, una proyección que nos da idea del promedio aumentado de feminicidios que tendrá en 2012 la lista de estos casos.
Manuel Rodríguez, asesinó a su pareja sentimental Wilma Díaz, delante de su hijita de 14 meses, en New York; Pedro Nicolás Fondeur, mató a su esposa Liscania Vila, en San Pedro de Macorís; Gilberto González Cruz mató a su vecina María Xiomara Nova Mora y a su esposa Jacqueline Méndez, en el Ensanche Luperón. Los tres agresores feminicidas, se suicidaron después.
Ya no hay que contar más a quienes mueren por violencia basada en el género contra la mujer, ni tampoco las niñas y niños que quedan en la orfandad por este concepto, porque ya son muchas, demasiado para un país tan pequeño que también exporta el patrón, como en el caso de la pareja dominicana de New York.
Los feminicidios perpetrados en los últimos meses son la muestra de una violencia ejecutada y no prevenida que nos desborda porque sus escenarios se incrementado en truculencia, ampliándose a terceras personas, con mayor frecuencia delante de menores y alrededor de 30% de feminicidas que también se suicidan.
No estamos haciendo lo suficiente para prevenir estas violencias: la justicia penal sanciona cuando los hechos se han ejecutado; el sistema de salud no detecta las situaciones de violencia en las pacientes; el sistema educación, tampoco identifica violencias y mucho menos previene con sus currículas atrasadas, reforzadoras de mitos depredadores y del poder masculino a ultranza; el Estado no invierte en estrategias de disminución porque es insensible al género y sus consecuencias; y la comunidad, porque tiene el freno de los mitos y estereotipos culturales.
El caso de la joven madre asesinada por su ex compañero en Santiago, el domingo 30 de septiembre, puso al desnudo las deficiencias del sistema penal, envolviendo policía, Ministerio Público y poder judicial como corresponsables, y la crítica reclamante, se ensañó contra él.
Sin embargo, dentro de esa corresponsabilidad está el entorno familiar y comunitario que pasa días, meses y hasta años, observando como convidado de piedra, los episodios violentos que anteceden a un feminicidio sin reaccionar, esperando, porque “en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter”, creen, y atestiguando el desenlace con expresiones más o menos afectadas, como, “…eso se veía venir…siempre tenían un pleito…a cada rato ella volvía”, etc.
Mientras el sistema formal del Estado reconoce y se disculpa, ¿Qué hacemos en las comunidades para prevenir estos crímenes? ¡Allí se determina si la hora cero es el anochecer o el amanecer!
susipola@gmail.com
Manuel Rodríguez, asesinó a su pareja sentimental Wilma Díaz, delante de su hijita de 14 meses, en New York; Pedro Nicolás Fondeur, mató a su esposa Liscania Vila, en San Pedro de Macorís; Gilberto González Cruz mató a su vecina María Xiomara Nova Mora y a su esposa Jacqueline Méndez, en el Ensanche Luperón. Los tres agresores feminicidas, se suicidaron después.
Ya no hay que contar más a quienes mueren por violencia basada en el género contra la mujer, ni tampoco las niñas y niños que quedan en la orfandad por este concepto, porque ya son muchas, demasiado para un país tan pequeño que también exporta el patrón, como en el caso de la pareja dominicana de New York.
Los feminicidios perpetrados en los últimos meses son la muestra de una violencia ejecutada y no prevenida que nos desborda porque sus escenarios se incrementado en truculencia, ampliándose a terceras personas, con mayor frecuencia delante de menores y alrededor de 30% de feminicidas que también se suicidan.
No estamos haciendo lo suficiente para prevenir estas violencias: la justicia penal sanciona cuando los hechos se han ejecutado; el sistema de salud no detecta las situaciones de violencia en las pacientes; el sistema educación, tampoco identifica violencias y mucho menos previene con sus currículas atrasadas, reforzadoras de mitos depredadores y del poder masculino a ultranza; el Estado no invierte en estrategias de disminución porque es insensible al género y sus consecuencias; y la comunidad, porque tiene el freno de los mitos y estereotipos culturales.
El caso de la joven madre asesinada por su ex compañero en Santiago, el domingo 30 de septiembre, puso al desnudo las deficiencias del sistema penal, envolviendo policía, Ministerio Público y poder judicial como corresponsables, y la crítica reclamante, se ensañó contra él.
Sin embargo, dentro de esa corresponsabilidad está el entorno familiar y comunitario que pasa días, meses y hasta años, observando como convidado de piedra, los episodios violentos que anteceden a un feminicidio sin reaccionar, esperando, porque “en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter”, creen, y atestiguando el desenlace con expresiones más o menos afectadas, como, “…eso se veía venir…siempre tenían un pleito…a cada rato ella volvía”, etc.
Mientras el sistema formal del Estado reconoce y se disculpa, ¿Qué hacemos en las comunidades para prevenir estos crímenes? ¡Allí se determina si la hora cero es el anochecer o el amanecer!
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Código Penal atrasado
Con sorpresa vimos en la página web de la Cámara de Diputados/as, la propuesta de Código Penal, comprobando que mantiene los postulados del Código Napoleónico heredado y profundiza aún más las penas en caso de interrupción voluntaria del embarazo, castigando a toda persona que intervenga, así sea con consejos, y también a la madre. No importa que el embarazo sea fruto del crimen de la violación, o del incesto a una menor, y tampoco interesa a la ley si la vida de la embarazada corre peligro: que se muera en nombre de Dios como Esperancita, las mujeres estamos para inmolarnos, dirán los sectarios.
El aborto estaría en la sección número tres del Código Penal, quedando entre los 8 países del mundo que lo penalizan absolutamente. El artículo 90 definiría la práctica como la de causar o cooperar directamente a la interrupción del embarazo, con alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, aunque la mujer consienta, y quien lo haga, será sancionado con la pena de dos a tres años de prisión menor, junto con la mujer a quien se le practique. Además, las personas que pusieran en relación o comunicación con otra persona para el aborto, aun cuando no hayan cooperado directamente en el, se castigarán con uno a dos años de prisión.
En el artículo 91 de la propuesta, médicos/as, cirujanos/as, parteras/os, enfermeras/os, farmacéuticos/as y otros profesionales de la medicina que, abusando de su profesión, causen o ayuden a causar el aborto, serían sancionados con la pena de cuatro a diez años de prisión mayor, castigándose en el artículo 92 la tentativa como el crimen mismo.
Esto no se corresponde con más de doce años de preparación del Código Penal: mientras en los demás países del área se discute el tema con profundidad y se liberan derechos humanos retenidos a las mujeres, mantenemos una actitud medieval frente al problema, reduciéndolo a posturas radicales que no se compadecen el pleno siglo XXI.
La Cámara de Diputados/as actual, integra la generación de legisladores/as a quienes les toca dar la cara por las dominicanas, para que no sigamos muriendo por causas asociadas a la maternidad y por aborto ilegal e inseguro y para que las altas tasas de mortalidad materna puedan bajar. Actualmente, pueden trabajar sin presiones, con apego a la ciencia y a las obligaciones legislativas, por lo que no se compadece un documento como el que presentan.
Una llamada a que se ubiquen en un país y en un momento que necesita de acciones verdaderamente democráticas, apegadas a los derechos humanos de las personas. ¿Estamos esperando demasiado?
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El aborto estaría en la sección número tres del Código Penal, quedando entre los 8 países del mundo que lo penalizan absolutamente. El artículo 90 definiría la práctica como la de causar o cooperar directamente a la interrupción del embarazo, con alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, aunque la mujer consienta, y quien lo haga, será sancionado con la pena de dos a tres años de prisión menor, junto con la mujer a quien se le practique. Además, las personas que pusieran en relación o comunicación con otra persona para el aborto, aun cuando no hayan cooperado directamente en el, se castigarán con uno a dos años de prisión.
En el artículo 91 de la propuesta, médicos/as, cirujanos/as, parteras/os, enfermeras/os, farmacéuticos/as y otros profesionales de la medicina que, abusando de su profesión, causen o ayuden a causar el aborto, serían sancionados con la pena de cuatro a diez años de prisión mayor, castigándose en el artículo 92 la tentativa como el crimen mismo.
Esto no se corresponde con más de doce años de preparación del Código Penal: mientras en los demás países del área se discute el tema con profundidad y se liberan derechos humanos retenidos a las mujeres, mantenemos una actitud medieval frente al problema, reduciéndolo a posturas radicales que no se compadecen el pleno siglo XXI.
La Cámara de Diputados/as actual, integra la generación de legisladores/as a quienes les toca dar la cara por las dominicanas, para que no sigamos muriendo por causas asociadas a la maternidad y por aborto ilegal e inseguro y para que las altas tasas de mortalidad materna puedan bajar. Actualmente, pueden trabajar sin presiones, con apego a la ciencia y a las obligaciones legislativas, por lo que no se compadece un documento como el que presentan.
Una llamada a que se ubiquen en un país y en un momento que necesita de acciones verdaderamente democráticas, apegadas a los derechos humanos de las personas. ¿Estamos esperando demasiado?
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Estamos despertando
Como sociedad civil, organizada o no, estamos despertando a una nueva práctica de participación, a partir de las demandas, apoyándonos en algunas legislaciones recientes y motivadoras. Al final, las leyes son políticas públicas por excelencia si sabemos reivindicarlas, sin que sea tarea fácil, para una comunidad nacional que está bastante sola, sin muchos chapulines justicieros que la acompañen.
En general, nuestra realidad política es de mala práctica, con poca oposición en términos de reclamos justos, reducida a la politiquería de partidos que se parecen demasiado y que solo pelean por “lo suyo” - en términos dominicanos, lo individual y primero- sin demostrar interés por aquel “bien común” enunciado antiguamente como el propósito primero de una nación.
Sin embargo, hay personas cabales en todas las instancias de los poderes democráticos del país y nos toca ensalzar de vez en cuando, a funcionarias y funcionarios que sobreviven entre el desorden, manteniendo su adhesión a los valores de la pobre y vapuleada democracia vernácula.
Esas voluntades, que tampoco hay que premiar porque ese es su trabajo, junto a la de la sociedad y sus organizaciones, puede hacer la diferencia, como en el caso del funcionario obligado a devolver su empeño por un retiro multimillonario, la revelación de alimentos poco más que envenenados y su consiguiente bloqueo, la intención difundida de no otorgar privilegios a presos de confianza, el compromiso de reabrir casos de corrupción que implica a funcionarios y funcionarias, la adhesión al pueblo de algunas/as congresistas, entre otras.
El ejercicio de ciudadanía completa, comprende el derecho a reclamar, manteniendo demandas por una sociedad política mejor que la caricatura que se nos ofrece: en la medida que perseveremos, las personas que dicen gobernarnos, cambiarán y recordarán que el pueblo es el objeto de su función, no ellas y sus organizaciones.
Quienes nos acompañan de verdad desde el poder no pueden seguir en la ceguera: aquí hay que transparentar todo, desde los poderes del Estado, a los fácticos como las iglesias, especialmente la Católica, que tanto dinero cuestan a esta nación, excesos que nosotros, pueblo doliente, pagamos a través de los impuestos que directa o indirectamente se nos cargan.
Esta sociedad, demasiado gráfica para enseñarles a los y las menores a delinquir y luego castigarles, tiene que despertar del letargo cuasi medieval en que se mantiene y empezar a discriminar figuras y liderazgos fabricados sobre el barro, para sostener las demandas del funcionariado limpio y rechazar el impostor con resistencia.
En estos momentos, la mira del pueblo está sobre el Estado administrado y sus acciones. ¡Contabilicemos!
susipola@gmail.com
En general, nuestra realidad política es de mala práctica, con poca oposición en términos de reclamos justos, reducida a la politiquería de partidos que se parecen demasiado y que solo pelean por “lo suyo” - en términos dominicanos, lo individual y primero- sin demostrar interés por aquel “bien común” enunciado antiguamente como el propósito primero de una nación.
Sin embargo, hay personas cabales en todas las instancias de los poderes democráticos del país y nos toca ensalzar de vez en cuando, a funcionarias y funcionarios que sobreviven entre el desorden, manteniendo su adhesión a los valores de la pobre y vapuleada democracia vernácula.
Esas voluntades, que tampoco hay que premiar porque ese es su trabajo, junto a la de la sociedad y sus organizaciones, puede hacer la diferencia, como en el caso del funcionario obligado a devolver su empeño por un retiro multimillonario, la revelación de alimentos poco más que envenenados y su consiguiente bloqueo, la intención difundida de no otorgar privilegios a presos de confianza, el compromiso de reabrir casos de corrupción que implica a funcionarios y funcionarias, la adhesión al pueblo de algunas/as congresistas, entre otras.
El ejercicio de ciudadanía completa, comprende el derecho a reclamar, manteniendo demandas por una sociedad política mejor que la caricatura que se nos ofrece: en la medida que perseveremos, las personas que dicen gobernarnos, cambiarán y recordarán que el pueblo es el objeto de su función, no ellas y sus organizaciones.
Quienes nos acompañan de verdad desde el poder no pueden seguir en la ceguera: aquí hay que transparentar todo, desde los poderes del Estado, a los fácticos como las iglesias, especialmente la Católica, que tanto dinero cuestan a esta nación, excesos que nosotros, pueblo doliente, pagamos a través de los impuestos que directa o indirectamente se nos cargan.
Esta sociedad, demasiado gráfica para enseñarles a los y las menores a delinquir y luego castigarles, tiene que despertar del letargo cuasi medieval en que se mantiene y empezar a discriminar figuras y liderazgos fabricados sobre el barro, para sostener las demandas del funcionariado limpio y rechazar el impostor con resistencia.
En estos momentos, la mira del pueblo está sobre el Estado administrado y sus acciones. ¡Contabilicemos!
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