De los más de 150 feminicidios para el año 2003 en el país, el de Pilar Betances Arias, fue de los que más conmovió a Santiago, y a nueve años de la tragedia, que se cumplirán el 2 de agosto, para la familia Betances Arias, siguen siendo dolorosos los días sin ella.
El caso de Pili desmonta una vez más el mito que asocia el poder y la autodeterminación de una persona por la educación académica y el estatus social, condiciones que no pesan cuando se trata de crímenes por violencia contra la mujer. Psicóloga con muchos años de experiencia en el área infantil, en el Colegio de La Salle de esta ciudad, ¿Qué la hizo aguantar en silencio a su propio verdugo? Probablemente, el peso de una educación tradicional y el miedo a generar conflictos y enfrentamientos entre familias, hermanos e hijos, con el agresor.
A Pili, compañera de trabajo por más de diez años, no podemos dejar de rememorarla, una triste promesa a su partida. Ella se ha convertido en referente, y cualquier situación relatada, se deduce como la suya, y a partir de la inferencia, muchas veces se presentan alternativas, como si Pili las dictara desde un lugar especial de luz y bendiciones.
Como ella, algunas de las mujeres muertas a manos de sus compañeros del momento, de antes o de siempre, se convierten en una especie de paradigma para bregar con este pesaroso y complejo fenómeno, en el sentido de pautar comportamientos y reacciones que se pueden comparar para comprender cada caso y muchas veces, prevenir el mismo desenlace. Mujeres que no hablaron vivas, pero nos guían muertas.
En este agosto de Pili, hay que recordar las obligaciones que tiene el Estado frente a los derechos humanos de las mujeres, porque son la expresión jurídico obligatoria de principios y valores éticos basados en la dignidad humana consagrada tanto en la nueva Constitución como en los instrumentos internacionales y regionales.
Alguien nos contó que estos nueve años sin Pili, concretan la mitad de la pena del feminicida, compañero matrimoniado con ella por casi 20 años al momento de ejecutarla, y con ese motivo, él quiere la pena cumplida, porque puede solicitar la clemencia que esperó y no tuvo de él Pili, una ventaja que le lleva por estar vivo.
Ojalá quienes deban, recuerden el clamor de endurecimiento de las penas por feminicidio y la realidad que vivimos para que no trastabillen en la decisión y exijan la pena completa para el asesino de Pili.
susipola@gmail.com
La vida en la Constitución
Mientras, ningún Comité de Ética está por encima de la Constitución, del sentimiento de la madre de la menor embarazada, del sentir razonado de todas las personas que tenemos hijas y no queremos perderlas.
La noticia de una joven de 16 años paciente de leucemia con nueve semanas de embarazo y con necesidad urgente de someterse a tratamientos de quimioterapia para sobrevivir, pone a prueba el razonamiento nacional al tener que decidir entre su vida y la de un embrión que aún no se sabe si podrá existir.
Mientras un Comité de Ética y un grupo de Hematólogos, aconsejan que la menor embarazada no puede recibir su tratamiento hasta después de las 12 semanas de embarazo para no afectar al embrión, su madre dice que su único interés es salvaguardar a su hija, por lo que pide que en lo inmediato se le aplique la medicina a la niña. ¿No es razonable? ¿Quién se atreve a violar la Constitución dominicana y el buen sentido que indican el derecho a la vida de esa adolescente?
Por razones contrarias a los derechos y garantías que un Estado debe representar para su ciudadanía, la suspensión del embarazo ha sido un tema proscrito históricamente en la República Dominicana y su discusión se centraliza en ideas y creencias religiosas, lejos de ubicarse en las leyes y el estado de derecho que debe regir en el país.
Esta postura es favorecida sobre todo por la Iglesia Católica, que pese a reconocer su protagonismo en la ejecución de delitos sexuales y pedir perdón, se ha erogado por aparente derecho divino, la evaluación “moral” del contínuo vida y muerte en la salud sexual y salud reproductiva, presionando, no siempre limpiamente, a los/as legisladores/as y gobernantes, primero, para que introduzcan el artículo 30, hoy 37, en la Constitución dominicana y después, para que crean que con eso “re penalizaron” el aborto en el país.
Los juristas constitucionalistas tienen que empezar a dilucidar el estado de garantías de la Constitución dominicana sobre la vida, la dignidad, la libertad y la autonomía del propio cuerpo, principios de filosofía moral y política que fundamentan la construcción de todo moderno Estado constitucional de derecho, como el nuestro, fuera de la radicalidad de las creencias religiosa. Otros países lo hicieron o lo están haciendo.
Los países que han dividido las cuestiones religiosas de las legislativas, que no solo declaran –como es nuestro caso- la laicicidad de Estado, sino que también la aplican, llevan mejor la tarea que unos muy pocos, como el nuestro, donde la Iglesia Romana aún es beneficiaria de todos los favores terrenales posibles, a cambio de oraciones y “buenos pensamientos”.
En el preámbulo de la Constitución dominicana, son valores supremos la dignidad, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, pero también en el artículo 40, numeral 15 se establece que “a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica.”
Como dice el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, en su libro La Interrupción del Embarazo, Análisis Constitucional para el Debate, citando a Isaiah Berlin, la libertad es “el deseo por parte del individuo de ser su propio dueño. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo, y no de fuerzas exteriores, sean éstas del tipo que sean. Quiero ser el instrumento de mí mismo y no de los actos de voluntad de otros hombres. Quiero ser sujeto y no objeto, ser movido por razones y por propósitos conscientes que son míos, y no por causas que me afectan, por así decirlo, desde fuera. Quiero ser alguien, no nadie; quiero actuar, decidir, no que decidan por mí; dirigirme a mí mismo y no ser movido por la naturaleza exterior o por otros hombres como si fuera una cosa, un animal o un esclavo incapaz de representar un papel humano; es decir, concebir fines y medios propios y realizarlos.”
Pero no es solo el artículo 40 de nuestra Constitución el que ampara la vida de la adolescente embarazada, también el artículo 5 fundamenta el respeto a la dignidad humana y el artículo 38 establece que el Estado descansa sobre la base de la dignidad de la persona y que se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales, diciendo que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
El mismo Ministro de Salud Pública, Dr. Bautista Rojas Gómez, favorece que la adolescente embarazada reciba el tratamiento de quimioterapia para combatir leucemia, asegurando que su vida es primero. El Estado dominicano tienen en sus manos la responsabilidad de la vida de esta menor y los ojos internacionales están pendientes de ello.
Mientras, ningún Comité de Ética está por encima de la Constitución, del sentimiento de la madre de la menor embarazada, del sentir razonado de todas las personas que tenemos hijas y no queremos perderlas.
¡Las mujeres decidimos, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias no intervienen!
susipola@gmail.com
Feminicidios: emergencia nacional
Representantes de casi sesenta entidades de la sociedad civil, entregaron un documento a un grupo de diputadas, encabezado por la doctora Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputadas, cuando el 11 de julio pasado, junto a cientos de organizaciones, redes y coaliciones a nivel nacional y de la diáspora dominicana en Estados Unidos, proclamaron ese día de luto nacional y solicitaron declarar el país en emergencia nacional frente a los feminicidios.
El documento dice que, con más de 100 casos hasta la fecha, los feminicidios se han convertido en una tragedia tristemente cotidiana para la que urge buscar solución. “La escalada en número y la ferocidad de estos asesinatos deja pocas dudas de que nos enfrentamos a una verdadera emergencia nacional, cuya solución no se puede seguir postergando. El feminicidio es ahora la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva, lo que remite a una grave crisis social, de salud pública y de seguridad humana”.
Para las organizaciones convocantes, a pesar de que como país reconocemos la gravedad de la situación, no hemos salido de las lamentaciones a la acción efectiva, siendo signatarios de convenios internacionales que comprometen al país a erradicar toda forma de violencia contra la mujer, lo que demanda presupuestos adecuados, una legislación mejorada y esfuerzos interinstitucionales que evidencien una clara vocación de enfrentar la situación con hechos y no solo con palabras.
Agregan en su documento, que desde la vigencia de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (Ley 24-97) ningún gobierno haya dedicado la atención y los recursos necesarios para enfrentar la crisis a una lucha sin presupuesto propio, debiendo mendigar recursos internacionales para ofrecer respuestas que han resultado a todas luces insuficientes.
Reclaman agilización en la prevención de parte del Estado entero, sobre todo y de manera inmediata, de los Ministerios de Salud y Educación, apelando a una inversión nacional decente para establecerla, con más refugios en funcionamiento, más Unidades de atención especializadas del Ministerio Público, aplicación de las Normas Nacionales en Salud y su Protocolo, apertura de programas que apoyen a los/as más de mil niños y niñas huérfanos/as por feminicidio, entre otras medidas urgentes.
Participando en esta jornada por la tragedia de los feminicidios, una vez más solicitamos a Poder Ejecutivo, que declare el año 2013 de Emergencia Nacional por Feminicidios, para que los esfuerzos nacionales sean prioritarios en este sentido, y se encaminen a fortalecer un sistema de prevención nacional que parta de todo el quehacer nacional, dedicando partidas presupuestarias especiales y decentes para eso.
¡No podemos esperar más!
susipola@gmail.com
El documento dice que, con más de 100 casos hasta la fecha, los feminicidios se han convertido en una tragedia tristemente cotidiana para la que urge buscar solución. “La escalada en número y la ferocidad de estos asesinatos deja pocas dudas de que nos enfrentamos a una verdadera emergencia nacional, cuya solución no se puede seguir postergando. El feminicidio es ahora la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva, lo que remite a una grave crisis social, de salud pública y de seguridad humana”.
Para las organizaciones convocantes, a pesar de que como país reconocemos la gravedad de la situación, no hemos salido de las lamentaciones a la acción efectiva, siendo signatarios de convenios internacionales que comprometen al país a erradicar toda forma de violencia contra la mujer, lo que demanda presupuestos adecuados, una legislación mejorada y esfuerzos interinstitucionales que evidencien una clara vocación de enfrentar la situación con hechos y no solo con palabras.
Agregan en su documento, que desde la vigencia de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (Ley 24-97) ningún gobierno haya dedicado la atención y los recursos necesarios para enfrentar la crisis a una lucha sin presupuesto propio, debiendo mendigar recursos internacionales para ofrecer respuestas que han resultado a todas luces insuficientes.
Reclaman agilización en la prevención de parte del Estado entero, sobre todo y de manera inmediata, de los Ministerios de Salud y Educación, apelando a una inversión nacional decente para establecerla, con más refugios en funcionamiento, más Unidades de atención especializadas del Ministerio Público, aplicación de las Normas Nacionales en Salud y su Protocolo, apertura de programas que apoyen a los/as más de mil niños y niñas huérfanos/as por feminicidio, entre otras medidas urgentes.
Participando en esta jornada por la tragedia de los feminicidios, una vez más solicitamos a Poder Ejecutivo, que declare el año 2013 de Emergencia Nacional por Feminicidios, para que los esfuerzos nacionales sean prioritarios en este sentido, y se encaminen a fortalecer un sistema de prevención nacional que parta de todo el quehacer nacional, dedicando partidas presupuestarias especiales y decentes para eso.
¡No podemos esperar más!
susipola@gmail.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)