El viernes pasado, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Margarita Cristo, dictó tres meses de prisión preventiva a Ramón Antonio Custodio Díaz, acusado de supuestamente pagar a menores, sumas de 1,500 a 2,000 pesos por grabar videos porno que luego subía a internet. La jueza aclaró que la medida hubiera podido ser menos gravosa, pero la peligrosidad que implica la imputación del delito, justificaba toda su atención.
Muy bien por esta magistrada que tiene en cuenta la vulnerabilidad de las y los menores frente al riesgo de explotación sexual comercial infantil en que viven un gran número de nuestros niños y niñas.
La explotación sexual comercial infantil es una grave violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y una forma de explotación económica análoga a la esclavitud y al trabajo forzoso, que incluye la producción, promoción y distribución de pornografía que involucra niños, niñas y adolescentes, así como la prostitución infantil y la trata.
Según la Organización Internacional del Trabajo, de los 12,3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, 1,39 millones están involucradas en la prostitución infantil forzosa, y de un 40% a un 50 % son niños y niñas, cifras que se aplican en proporción a los países, como el nuestro, donde la pobreza es uno de los primeros factores de riesgo.
En la República Dominicana, pese al marco jurídico que existe y al compromiso internacional con tratados y convenios de los que somos signatarios, la niñez está desprotegida por el Estado, el entorno social y la misma familia, y el imaginario socio cultural que clasifica a las personas a partir de “poder” asignado para la convivencia, se impone.
El Estado, más allá de reconocer y admitir el alto riesgo de explotación sexual, debe cumplir con los marcos jurídicos que tenemos, como hizo la jueza en el caso citado. Además, se necesita un sistema de atención y proveedores de servicios que tengan conocimiento del problema para responder protegiendo a la minoridad.
El entorno social y el comunitario, es reticente a intervenir en estos casos por desconocimiento, por miedo o simplemente porque consideran que ya “esa niña está dañada”, y no hay “nada que hacer”. En la familia, las cosas no son diferentes, y es frecuente que estas niñas y niños sean abandonados a su suerte y hasta separados del débil núcleo familiar, en un peregrinar que suele terminar en la calle.
El gobierno tiene que revisar el funcionamiento de los organismos encargados y desligar las direcciones del clientelismo politiquero que atrasa la atención a la niñez dominicana. Porque niños, niñas y adolescentes están en riesgo ahora!
susipola@gmail.com
Pobre Carta Pastoral
Este pasado 2013, no ha sido muy propicio para la Iglesia católica local que, al igual que las de otros países en su momento, se ha topado de cara con los crímenes sexuales cometidos aquí, por consagrados nacionales e internacionales. Y no porque en República Dominicana sea un fenómeno nuevo -hace más de diez años que se denuncian casos de pederastia clerical por católicos- pero la presencia de un nuncio, máxima autoridad fuera de Roma para la Iglesia católica, acusado directamente por víctimas menores aquí, creó el gran escándalo. El nuncio, siéndolo aún, fue apartado subrepticiamente por el Episcopado dominicano, para evitar la confrontación con la justicia, y más tarde, destituido en Roma.
Un poco antes, la acusación de varios niños, víctimas del cura polaco establecido en Juncalito desde hacía 8 años, todo durante las vacaciones de este en Polonia, ya habían consternado a este país que, sumado a muchas otras acusaciones, despertó al clamor internacional por este concepto.
Y es que, la dimensión de los casos de pederastia dentro de la Iglesia católica es tan grande que incluso, como hemos visto en estos últimos días referidos por El Vaticano, tienen una figura para regularlo y hasta un tribunal encargado de tratarlos. De acuerdo al investigador mexicano, Alberto Athié, son más de cien mil las víctimas reconocidas en varios países y hay procesos iniciados incluso, en la década de los setenta y los ochenta.
La regla de la Iglesia católica ha sido encubrir estos crímenes, realizando el traslado de clérigos culpables a otras latitudes, a pesar de que todos los ordenamientos jurídicos democráticos del mundo tipifican como delito penal las conductas sexuales con menores y su encubrimiento.
En el caso de la Iglesia católica local, el colofón de esta indiferencia tradicional hacia las víctimas de los crímenes sexuales clericales, es probablemente la Carta Pastoral del Episcopado dominicano, con foto trucada y todo. En un marco reiterativo, anacrónico y familista tradicional, no cabía ni una mención al escándalo suscitado por la pederastia clerical dominicana, una disculpa pública, una explicación a las víctimas y familias. No, imposible, el documento recalca la intransigencia de un grupo masculino, creído oráculo de Dios cuando deja detrás una larga cola de mentiras que vamos pisando.
Una pena y falta grande de visión de una jerarquía eclesial cada vez más desacreditada frente al pueblo dominicano. Menos mal que la Iglesia Católica local tiene a Rogelio Cruz, Nino Ramos, Tony Ramos, Ramón Abréu y otros más que integran el Grupo Sacerdotal Don Hélder Cámara, manteniendo la fe, en el punto evangélico necesario.
Susipola@gmail.com
Un poco antes, la acusación de varios niños, víctimas del cura polaco establecido en Juncalito desde hacía 8 años, todo durante las vacaciones de este en Polonia, ya habían consternado a este país que, sumado a muchas otras acusaciones, despertó al clamor internacional por este concepto.
Y es que, la dimensión de los casos de pederastia dentro de la Iglesia católica es tan grande que incluso, como hemos visto en estos últimos días referidos por El Vaticano, tienen una figura para regularlo y hasta un tribunal encargado de tratarlos. De acuerdo al investigador mexicano, Alberto Athié, son más de cien mil las víctimas reconocidas en varios países y hay procesos iniciados incluso, en la década de los setenta y los ochenta.
La regla de la Iglesia católica ha sido encubrir estos crímenes, realizando el traslado de clérigos culpables a otras latitudes, a pesar de que todos los ordenamientos jurídicos democráticos del mundo tipifican como delito penal las conductas sexuales con menores y su encubrimiento.
En el caso de la Iglesia católica local, el colofón de esta indiferencia tradicional hacia las víctimas de los crímenes sexuales clericales, es probablemente la Carta Pastoral del Episcopado dominicano, con foto trucada y todo. En un marco reiterativo, anacrónico y familista tradicional, no cabía ni una mención al escándalo suscitado por la pederastia clerical dominicana, una disculpa pública, una explicación a las víctimas y familias. No, imposible, el documento recalca la intransigencia de un grupo masculino, creído oráculo de Dios cuando deja detrás una larga cola de mentiras que vamos pisando.
Una pena y falta grande de visión de una jerarquía eclesial cada vez más desacreditada frente al pueblo dominicano. Menos mal que la Iglesia Católica local tiene a Rogelio Cruz, Nino Ramos, Tony Ramos, Ramón Abréu y otros más que integran el Grupo Sacerdotal Don Hélder Cámara, manteniendo la fe, en el punto evangélico necesario.
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Wesolowski y la impunidad asegurada
La noticia de que el Vaticano no extraditará al ex nuncio Josef Wesolowski no tomó por sorpresa a quienes creemos que el giro dado por la Iglesia Católica con el nombramiento del Papa Francisco, tiene más un “make-over” que de realidad.
Josef Wesolowski, fungiendo como nuncio apostólico dentro de las estructuras jerárquicas de la Iglesia Católica, es acusado en R. Dominicana, de crímenes contra niños menores, castigables por la justicia penal, se habla de abuso y violaciones sexuales, todo esto a la sombra de una iglesia local cómplice, que al parecer, conociendo las prácticas criminales del ex nuncio, callaban otorgando. Pero lo peor, esta misma iglesia católica local, facilitó la secreta salida del ex nuncio criminal para Roma, y El Vaticano completó el resto del encubrimiento.
Históricamente, a través de las demandas por casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero de la iglesia católica en varios países de Europa y América, conocidos en los últimos cincuenta años pero hechos públicos apenas unos 20 o 25 años atrás, hasta la fecha, El Vaticano ha dado la misma respuesta de protección a los acusados de su clero, pervirtiendo procesos, encubriendo, logrando que autoridades civiles también encubran a los criminales y manteniendo la impunidad.
¿Qué argumentos puede tener un estado, como dicen es El Vaticano, para violentar las reglas internacionales del derecho entre estados? Mientras decenas de miles de personas dicen haber sido víctimas de clérigos, El Vaticano no solo no sigue los protocolos internacionales establecidos, tampoco informa y lo peor, protege a miles de perpetradores.
¿Es realmente un Estado, El Vaticano? El derecho internacional referido a las políticas de relaciones entre los estados, tiene que revisar la situación de esta especie de fundo, por su tamaño, capaz de establecer acuerdos leoninos, llamados Concordatos, en nombre de Dios. ¿Qué respuesta tiene la Organización de las Naciones Unidas, ONU, frente al desacato entronizado, protegido por este organismo? ¿Cuál es el concepto de Estado? Por otro lado, y siempre en la ONU, el Comité de los Derechos del Niño, ¿No debiera intervenir por los más de cien mil niños y niñas víctimas de estos abusos clericales católicos?
Muchos cabos para atar son los que quedan y ya que la Iglesia Católica, la de Roma y la de aquí, no se conmueven por nuestros niños que acusan al ex nuncio y a otros curas católicos, sea el gobierno dominicano que haga las diligencias, recordando que, el bien último de nuestras leyes, son los niños y niñas.Tratándose de un caso de derecho penal y público, solicitemos la publicidad del informe enviado a El Vaticano por el Cardenal dominicano y que el Papa también haga públicas las acciones que se están tomando en contra del nuncio acusado violador. Es de justicia!
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