Derechos de las ciudadanas

El año pasado, la Cámara de Diputados y Diputadas, pensando en las dominicanas y respetando sus derechos humanos, votó la reforma al Código Penal, incluyendo la tipificación del feminicidio íntimo y despenalizando el aborto por la causal de “estado de necesidad”, es decir, cuando peligra la vida de la mujer.

Dos avances para el reconocimiento de las dominicanas, partiendo de la reflexión de la propia Cámara Baja y desde las diferentes comisiones encargadas, como la de Género, de Salud, de Justicia, entre otras. El proceso seguido por diputados y diputadas, generó el compromiso con las que sufrimos por la absurda creencia de que nuestro cuerpo no nos pertenece, que es un objeto social y que, las mujeres, no tenemos capacidad de discernir ni de responder sobre nosotras mismas.

Estas ideas fundamentan la concepción religiosa que condena a la mujer a parir obligatoriamente, lo quiera o no, amenazando la propia democracia en sus atributos esenciales, como son el pluralismo, la coexistencia y el respeto en la diversidad, a la diferencia y a la disidencia.

El nuestro es un Estado aconfesional, en el que las diversas creencias, incluyendo la católica, deben respetarse, sin promover mayor compromisos con ninguna, aceptándolas a todas. Sin embargo, la trayectoria histórica de una jerarquía eclesial católica organizada siempre en el entorno del poder, cualquiera sea la ideología de él, nos muestra esfuerzos reiterativos y reciclados para presionar a ese mismo poder.

Cuando la iglesia amenaza con su injerencia, trata a políticos y políticas como títeres en permanente campaña, que solo abordan temas para las próximas elecciones y que no cumplen con el objetivo de fortalecer la ciudadanía de las personas que les eligieron para facilitar la vida de todo el pueblo.

Al del aborto, un tema complejo y polarizado que a creencia de muchos legisladores puede significar su “muerte política”, porque eso es lo que les han dicho, ahora la jerarquía católica dominicana, agrega el del feminicidio, negando su tipificación también, sin entender la importancia que esto tiene para prevenirlo.

¿Cuál es la finalidad política de violar los derechos consagrados de la mitad de la humanidad? ¿Por qué cuesta tanto desligar las creencias e ideologías religiosas de los derechos aplicados a las mujeres? ¿A quién/es le conviene mantener la dicotomía y la ambivalencia permanente en nuestra cultura? ¿Por qué la pobreza es tan femenina? ¿Por qué las violencias son ejercidas por los hombres a las mujeres? ¿Cómo no se escandaliza el estatus quo de tantos yerros, unilateralmente dirigidos hacia la categoría mujer, con verdadera saña y sin remordimiento? ¿Por qué dejar morir tantas Esperancitas?

¡Es hora de ir contestando!

SusiPola@gmail.com

Al Senado de la República

Honorables senadores y senadoras. La semana pasada, supimos que en plena segunda lectura de la propuesta del Código Penal en esa Cámara Alta, la presidencia recibió una copia de los artículos referidos al feminicidio y al aborto, con sendos comentarios adversos y recomendación de excluirlos del documento, encaminada y con tutoría señalada al pie, del sacerdote que ejerce como Enlace del Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica Dominicana.

La primera sorpresa fue saber que el Poder Ejecutivo tiene un enlace con la Iglesia Católica, otra de las ventajas que lleva esa institución religiosa, por encima del infausto Concordato, esta vez. La segunda sorpresa, refiere un intervencionismo de facto, históricamente practicado por la jerarquía católica, con la intriga y alevosía que caracterizan sus acciones detrás del poder, ambicionado, compartido y utilizado para sus propósitos.

Sin embargo, el Estado dominicano, no tiene que rendir cuentas a la Iglesia Católica o a cualquier otra, porque no es confesional y por definición constitucional, garantiza la libertad de conciencia y de cultos, es decir que, ministros, prelados, pastores y pastoras, pueden decir lo que les dé la gana y según su convicción, desde sus púlpitos.

Eso fue lo que hicieron en 2010 los curas católicos en sus homilías, cuando detractaron a los y las congresistas que votaron por la no inclusión de la coletilla “desde la concepción”, a la inviolabilidad de la vida del artículo 37 de la Constitución. Para entonces, la lista de los nombres de aquellos y aquellas congresistas, fueron colocadas en las puestas de las iglesias y publicadas en panfletos entregados a la feligresía. ¡No se olviden!

Esta vez, la jerarquía católica dominicana, manda su aviso directamente a la presidencia del Senado dominicano, para exigirles que se olviden de tipificar el feminicidio, un crimen altamente preocupante que mata a más de 200 dominicanas al año, porque dicen, es discriminante, ya que no existe “masculinicido”, mostrando una insensibilidad asombrosa y una ignorancia lastimosa. Además, conminan a que excluyan ustedes la parte in fine del artículo 90 de la propuesta de Código Penal, que libera de penalizar la interrupción del embarazo cuando es practicada por personal médico especializado en centros de salud, públicos o privados, como consecuencia de un estado de necesidad, en concordancia con el artículo 10 de la misma propuesta.

Es de un Senado, totalmente peledeísta, comprometido con las dominicanas a avanzar en el respeto a nuestros derechos, aún desde el mismo discurso del presidente Reinaldo Pared Pérez, recién pronunciado en su campaña preelectoral, que las mujeres en este país esperamos.

SusiPola@gmail.com

PRONUNCIAMIENTO - FORO FEMINISTA - Santo Domingo, 11 de junio del 2014

 

PRONUNCIAMIENTO

 El Foro Feminista, espacio de articulación de mujeres comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país, alerta a la sociedad dominicana ante las intenciones de representantes de la alta jerarquía de la iglesia católica de impedir la despenalización del aborto terapéutico y la tipificación del feminicidio en el nuevo Código Penal, actualmente en discusión en el Congreso Nacional.

Ante este inaceptable propósito, que desconoce el deber del Estado de reconocer y proteger derechos humanos de las mujeres así como la voluntad y opinión de la ciudadanía, reiteramos nuestras demandas a los legisladores y legisladoras del Congreso Nacional.

Demandamos la inclusión de la figura del feminicidio en el nuevo Código Penal:

-      Porque al igual que otros delitos, como el infanticidio y el parricidio, la tipificación del feminicidio visibiliza la mayor peligrosidad y gravedad que conlleva dar muerte a una mujer mediando ideologías machistas y relaciones desiguales de poder del autor sobre la víctima, y éste es un mensaje dirigido a educar a la sociedad y reducir la comisión de estos hechos.

-      Visibilizar y sancionar el feminicidio en el Código Penal transmite un mensaje de intolerancia social a un  hecho que además reviste dimensiones alarmantes en nuestra sociedad.

-      En la República Dominicana pierden la vida más de 150 mujeres en promedio cada año, como resultado de la violencia machista.

-      República Dominicana es uno de los países de la región que presenta las más altas tasas de feminicidios, al llegar a 1.27 por cada 100 mil habitantes (CEPAL, 2011).

-      Las mujeres en nuestro país son privadas de su vida, dentro de sus hogares y fuera de ellos, por causas vinculadas a su condición de género, y el Estado tiene el deber de protegerla a través de todos los mecanismos a su alcance, incluida la ley penal.

Demandamos también la despenalización del aborto cuando peligra la vida de la mujer y cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto.

-      República Dominicana es uno de los 8 países del mundo en que se criminaliza el aborto en todas las circunstancias. Este hecho, lejos de denotar una excepcional protección del Estado a los Derechos Humanos, nos ubica en la reducida lista de países que en siglo XXI aún no reconocen que la total penalización del aborto representa una flagrante violación de Derechos Humanos de las mujeres, entre ellos del derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la integridad y a la no discriminación.

-      La penalización del aborto en todas las circunstancias obliga a las mujeres pobres de este país a recurrir a vías inseguras que ponen en peligro su vida y su salud; en consecuencia, la penalización del aborto sin excepciones promueve e institucionaliza la injusticia social.

-      La penalización del aborto sin excepciones, impone la maternidad forzada a las mujeres y niñas víctimas de violación o cuyos embarazos ponen en peligro su salud y su vida.

-      Fuentes de consulta a la ciudadanía, como el Barómetro de las Américas (2012), informan que más del 60% de la población consultada opina que la despenalización del aborto terapéutico es una necesidad. No atender estas opiniones mayoritarias equivale a dar la espalda a la ciudadanía, por esa razón la despenalización del aborto bajo las causales enunciadas es también un asunto de defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

-      Si bien la penalización absoluta del aborto impide su estimación e impacto directo en la mortalidad materna, estimaciones basadas en fuentes oficiales hablan de un mínimo de 22 y un máximo de 69 muertes maternas vinculadas a complicaciones por aborto, la mayoría de ellas evitables.

-      Las decisiones de política pública no pueden basarse en dogmas religiosos que además atentan contra la libertad de culto, de conciencia y de religión, al  pretender imponer la concepción moral de  su religión por encima de los derechos humanos y al  margen de toda evidencia científica, jurídica y social.

Estamos conscientes de la gran responsabilidad que tienen los legisladores y legisladoras y esperamos que honren los compromisos que ha asumido el Estado dominicano ante la comunidad internacional, pero sobre todo que honren el compromiso que tienen con las mujeres que vivimos en este país, quienes no constituimos un grupo ni un sector, sino la la mitad de la población dominicana.

Estaremos atentas y vigilantes de las decisiones de quienes están llamados a representar y defender nuestros derechos. 

FORO FEMINISTA

Santo Domingo, 11 de junio del 2014

Llegó la Guagua: Entidades de la sociedad civil objetan intento de reformar la ley municipal

 

 Entidades de la sociedad civil objetan intento de reformar la ley municipal

La reforma de la Ley 176-07 que rige a los municipios y el Distrito Nacional no debe ser hecha de manera irreflexiva y a espaldas de la sociedad y la opinión pública, opinaron hoy un conjunto de personas y organizaciones de la sociedad civil convocadas por el Foro de Municipalistas.

El Foro de Municipalistas es un espacio virtual que integra a más de 300 miembros entre alcaldes y alcaldesas, regidores/as, académicos, intelectuales, técnicos y activistas sociales que desde hace varios años dan seguimiento a los asuntos de interés municipal.

“Ante la información de que hay un proyecto de ley en el Senado de la República que busca introducir un conjunto de reformas a la ley municipal y que ha sido aprobado en primera lectura en esa cámara legislativa, revisamos el contenido de ese proyecto y la forma de abordarlo por parte de los legisladores y tenemos serias objeciones tanto al contenido del mismo como al procedimiento que se ha querido seguir para su conocimiento y aprobación”, expresó Domingo Matías, gestor y coordinador del Foro.

El dirigente municipalista informó que en la mañana de hoy, miembros de ese foro y representantes de organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa, OXFAM y CEPAE, sostuvieron una reunión para concertar sus puntos de vista sobre el proyecto de ley que busca reformar la ley municipal.

Las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en objetar el contenido y los procedimientos seguidos por el Senado en cuanto a la reforma de la legislación municipal. Consideraron que la iniciativa, introducida por el senador por la provincia de Azua, Rafael Calderón, es contraria a las sentencias del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la autonomía de los Distritos Municipales. “Además, tratar de pasar casi en secreto una reforma que abriría el riesgo de que los presupuestos municipales sean utilizados para incrementar las nóminas de los gobiernos locales sin establecer criterios, contraviene el proceso de reforma de la administración pública que viene impulsando el Poder Ejecutivo a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, indicó Matías.

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil visitaron al Presidente y al Director de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) para expresarles sus aprensiones sobre la reforma de la legislación municipal y solicitar que cualquier reforma se haga en coherencia con la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo y que dicho proceso sea abierto, transparente y plural.

Las entidades informaron que desarrollarán un amplio proceso de visitas a medios de comunicación, instituciones, dirigentes políticos y sociales para exponer sus puntos de vista y objeciones al proyecto de reforma de la legislación municipal y que han convocado a un foro de organizaciones de la sociedad civil que se realizaría el próximo martes 24 de junio.

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La Guagua.

17 de junio de 2014, 18:33

Dominicana en alerta: Preocupación por intento de eliminación del Feminicidio y causal del "estado de necesidad" como excepción a la penalización del aborto

Jueves, 12 Junio 2014 22:29

Dominicana en alerta: Preocupación por intento de eliminación del Feminicidio y causal del "estado de necesidad" como excepción a la penalización del aborto

De nuestra consideración:

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), es una organización regional feminista que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, agrupa a personas y organizaciones no gubernamentales en 15 países de la región, con estatus consultivo para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la OEA y la UNESCO.

Hemos recibido con gran preocupación la información de que a raíz del conocimiento de la segunda lectura del Código Penal en el Senado, la alta jerarquía de la iglesia católica ha propuesto la eliminación del Feminicidio como figura legal y la causal del “estado de necesidad” como excepción a la penalización del aborto, aprobados el pasado año por la Cámara de Diputados.

Deseamos recordar a la ilustre Cámara, que la República Dominicana ha reflejado la tasa más altas de feminicidios cometidos por parejas en la región (1.7), en comparación con nueve países de Latinoamérica. La tipificación de esta figura legal parte del reconocimiento a las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, y a la violencia que reciben las mujeres por su condición de género, cuya expresión extrema conlleva a la muerte. La sanción legal contribuiría para contar con medidas de prevención y correspondiente sanción; así como también el diseño de políticas públicas, indicadores estadísticos y presupuestos adecuados . Estas razones han llevado a otros países de la región a incluirlo dentro de sus legislaciones: Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

La penalización absoluta del aborto, también se convierte en otra expresión de violencia hacia las mujeres cuando desde el Estado no se toman las medidas legales necesarias y obligatorias para impedir la muerte. República Dominicana se encuentra dentro de los países con las tasas más altas de mortalidad materna de la región (150/100,000, en cuarto lugar precedido por Bolivia, Guyana y Haití), cuyo promedio es de 91/100,000. En múltiples estudios se ha comprobado el vínculo entre la penalización absoluta y esta alta tasa, por lo que las extremas restricciones legales no contribuyan a su eliminación o disminución.

A raíz de la presentación de los informes sexto y séptimo al Comité Para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, el pasado año, el país recibió importantes reconocimiento por haber aprobado el “estado de necesidad” como una excepción a la penalización del aborto, y por haber tipificado el Feminicidio como figura legal en el marco de la aprobación del Código Penal en la Cámara de Diputados. Expresamente en el año 2014 el Comité de la CEDAW ha recomendado al Estado dominicano que “…Se asegure de que el proyecto de enmienda del Código Penal, que despenaliza el aborto en caso de que la vida de la madre se vea amenazada, se aprobará con prontitud y se ampliará para cubrir otras circunstancias, como la violación, el incesto y la malformación grave del feto, de acuerdo con la recomendación general núm. 24 del Comité".

Recordamos a las y los honorables integrantes del Senado que el Consenso de Montevideo reafirma la laicidad del Estado como fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas.

Exhortamos a los/as honorables senadores/as, emular la decisión tomada por sus colegas de la Cámara de Diputados/as de tipificar el feminicidio y acoger la excepción al aborto como “estado de necesidad”, y de incluir alguna modificación sea favorable para abrir oportunidades a otras causales como la violación sexual o el incesto.

En sus manos se encuentra una decisión histórica de contribución a la democracia nacional a través de la demostración de independencia y autonomía institucional en un Estado social, democrático y de derechos, sin sometimiento a dogmas religiosos, cumpliendo con el deber de garantizar el derecho a la vida de las mujeres y el de una vida libre de todas formas de violencia.

Con consideración y alta estima,

Elba Núñez

Coordinadora Regional

Denuncia pública de la Colectiva Mujer y Salud, a propósito de las nuevas injerencias de la Iglesia católica en la reforma del Código Penal

Denuncia pública de la Colectiva Mujer y Salud, a propósito de las nuevas injerencias de la Iglesia católica en la reforma del Código Penal

A lo largo de la última década, las y los legisladores dominicanos han sido objeto de presiones, amenazas y hasta de chantajes por parte de una Iglesia católica que, actuando al margen de principios y procedimientos democráticos, se empecina en utilizar el poder coercitivo del Estado para imponer sus posiciones doctrinales particulares a toda la población.

En esta ocasión la injerencia eclesiástica en el proceso legislativo resulta particularmente ofensiva porque apunta contra medidas tan razonables y oportunas como son la tipificación del feminicidio y la adopción del Estado de Necesidad para permitir la interrupción médica del embarazo cuando éste amenace de forma inminente la vida de la mujer. 

Este proceder eclesiástico resulta por demás incomprensible: ¿Cómo es posible que a estas alturas la Iglesia se oponga a una medida que busca combatir el feminicidio, en un país donde los asesinatos de mujeres alcanzan la categoría de catástrofe nacional? Y no sólo se opone, sino que utiliza el argumento baladí de que la calificación resulta discriminatoria contra los hombres, por no existir en el Código la contrapartida del “masculinicidio”!

En lo que respecta a los artículos del Código relativos al aborto, las posiciones de la Iglesia alcanzan un grado de fanatismo extremo: 1) Pide incrementar a 30-40 años la pena de cárcel para la mujer que aborta, entendiendo que éste debe ser castigado como homicidio premeditado; 2) Pide se elimine el párrafo del Art. 90 que permitiría “la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en establecimientos de salud públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad”, es decir, cuando el embarazo represente “un peligro actual o inminente” contra la vida de la mujer.

El principal argumento de la Iglesia en este sentido es que ante una complicación que ponga en peligro la vida de la mujer, el médico “está obligado a luchar para salvar las dos vidas y si en este esfuerzo uno de los dos muere no hay ninguna responsabilidad penal”. Esto es lenguaje canónico cifrado para edulcorar un poco la posición despiadada e inhumana de la Iglesia frente el aborto terapéutico, que se reduce a lo siguiente: el embarazo no debe interrumpirse nunca, aunque muera la mujer, porque el embrión es una persona y como tal tiene el mismo derecho a la vida que la mujer adulta.

¿Debe la sociedad dominicana, por vía de nuestros representantes electos al Congreso, permitir que la Iglesia nos imponga esta visión extremista, oscurantista y misógina? La oposición de la Iglesia a la anticoncepción y al aborto terapéutico son una cuestión doctrinal particular que en todo caso correspondería cumplir a ese 56% de la población dominicana que se identifica como católica según el Latinobarómetro del 2012 (57% según la Penn & Schoen del 2013).

Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que esta doctrina se nos imponga a todos con fuerza de ley, porque sólo las teocracias proceden de esta manera –y cabe recordar que hasta en las teocracias más recalcitrantes, como Irán y Arabia Saudita, se permite el aborto terapéutico!

La Colectiva Mujer y Salud entiende que la prohibición del aborto viola los derechos fundamentales de la mujer a la autodeterminación, a la integridad corporal, a la dignidad, a la intimidad, a la salud. Entiende que las mujeres somos personas con derecho a tomar decisiones reproductivas propias, no incubadoras a las órdenes del Estado o de la Iglesia. Entiende que el Estado que obliga a una mujer a llevar a término un embarazo que amenaza su salud o que sea producto de violencia sexual merece el calificativo de barbárico.

Nuestros legisladores harán bien en reconocer que la Iglesia católica no sólo que no tiene derecho a imponer sus doctrinas por la fuerza de la ley, sino que tampoco cuenta con la capacidad efectiva para chantajear a los actores políticos que se nieguen a obedecerla. Basta recordar cuan inútiles resultaron sus amenazas electorales contra los 33 legisladoras/es que se opusieron al Art. 30 (actual 37) de la Constitución.

La sociedad dominicana está decididamente a favor de la despenalización del aborto terapéutico, como muestran todos los estudios y encuestas de los últimos años. Los nuevos e insólitos argumentos eclesiales en contra de la tipificación del feminicidio con toda seguridad merecerán también el rechazo de la ciudadanía.

La Colectiva llama a las y los ciudadanos a manifestar su indignación frente a las exigencias de la Iglesia por todas las vías a su alcance: llamadas o cartas a las/os legisladores, participación telefónica en programas radiales, uso intensivo de las redes sociales, etc. Llamamos asimismo a que nos acompañen el próximo martes 17 a las 7:30 de la mañana en la actividad “Temprano Contra los Feminicidios” frente al Congreso Nacional, donde reiteraremos nuestra demanda de que se tipifique el feminicidio en toda la amplitud del término y que cómo mínimo se despenalice el aborto terapéutico y en casos de violación o incesto.

Colectiva Mujer y Salud

12 de junio 2014

Mata la homofobia

Hace dos meses, transcribía en esta columna una nota electrónica recibida, en la que una pareja de lesbianas, relataba una verdadera persecución homofóbica de parte de una familia vecina, al punto de recibir amenazas de muerte. La Fiscalía de Santiago intervino en el caso y las cosas se mantienen tensas, pero con conocimiento de las autoridades. Decía, que el caso evidenciaba como estas violaciones constantes y cotidianas a los derechos de otras personas, se dan en los entornos mediatos e inmediatos con impunidad, a pesar del enfoque de derechos humanos de nuestra legislación.

Desde entonces, tres crímenes homofóbicos se han producido en Santiago, ambos en escenarios crueles y con la mayor de las sañas. El 26 de marzo pasado, en la zona Sur de la ciudad, Elías Luis Díaz, de 63 años, asesinó a machetazos a Ámbar Taína Mejía Tapia de 27 años y a Yanelis María Rodríguez Morel de 22, pareja lesbiana con la que el asesino mantenía una “relación sentimental”. La semana pasada, Adelka Miguelina Liranzo, de 30 años, fue encontrada descuartizada hasta en sus partes íntimas, en la comunidad de Villa González, la que en vida mantenía una relación sentimental lésbica con una mujer casada y al mismo tiempo, relaciones de pareja con José Joaquín Vallejo de 63 años, quien está siendo investigado.

En mayo pasado, con motivo del Día Mundial contra la Homofobia, conocíamos el dato de que, América Latina y el Caribe es la región del mundo donde se producen más crímenes por homofobia y donde menos se sancionan, manteniéndose las barreras de homosexuales, bisexuales y transexuales para el acceso a la “participación política y otros ámbitos de la vida pública”.

En nuestro país, la comunidad gay, reclama legislar contra la negación de derechos fundamentales y cuenta 25 crímenes de odio desde el 2009, a los que agregamos las tres mujeres asesinadas en estos últimos días en Santiago. Además, el Informe Sombra presentado al treceavo Consejo de Derechos Humanos, explica que “se ha convertido en una práctica común en el territorio Dominicano que personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, sean expulsadas de sus trabajos, sufran acoso de algún tipo de parte de sus superiores o compañeros de trabajo, abuso y acoso de los estamentos militares y policial“.

Mientras esto sucede, en el imaginario y más que nunca, se mantiene la incitación a la inquina desde el discurso reduccionista y radical, sin importar si es desde los grupos eclesiales o sectores reaccionarios con poder, lo que promueve los crímenes de odio a la población LGTB. Un juego muy peligroso.

SusiPola@gmail.com

Feminicidio en La Victoria

La semana pasada, en ocasión de su visita conyugal a la cárcel de La Victoria, María del Carmen Henríquez B., de 22 años, fue asesinada por José Paulino Ovidio F., de 29, reo acusado de violar sexualmente a más de quince mujeres, entre ellas una menor de 15 años.

Ella era su pareja desde hacía unos dos años y su familia cuenta que después de tres meses de convivencia juntos, ella regresó a la casa materna porque él llegaba borracho con frecuencia, era agresivo, posesivo y celoso, tanto, refieren, que no quería que ella visitará a la familia y se juntara con sus amistades. Es decir, un reo acusado de violador en serie, con una historia de violencia doméstica y cuya situación no fue identificada por el sistema carcelario.

Las llamadas “visitas conyugales” no deben ser vistas como un privilegio sino como un derecho natural de cualquier ser humano, por lo que además de reconocer el respeto a ese derecho para los imputados internos en cáceles, también fuera deseable que sea una política para las imputadas internas.

En el contexto carcelario, existe la opinión generalizada de que las relaciones sexuales constituyen un mecanismo fisiológico por el que, la persona privada de la libertad, además de obtener una gratificación inmediata, disminuye los niveles de tensión física y emocional, provocadoras de violencia en las prisiones, lógica puede llevar a la legitimación del comercio sexual y la violencia contra las mujeres al interior de las prisiones.

El ser humano es sexual desde que nace hasta que muere y no se le puede privar de este componente de vida porque haya cometido una falta, sin embargo, institucionalmente, hay que saber si la falta cometida es por violencia contra la mujer, así como tener programas para la detección de estas violencias en los reos a favorecer.

Al parecer, María del Carmen Henríquez Boció, no escuchó a su madre, quien refiere haberle dicho muchas veces que no fuera a ver a José Ovidio Paulino, y el miércoles 28 de mayo pasado, él la estranguló, ahorcándose luego en el área de enfermería de la cárcel de La Victoria.

El escenario en que esta joven dominicana se encontró con la violencia de una muerte provocada por el desbalance de poder entre hombres y mujeres en nuestro país, es diferente a los usuales, señalándonos que la violencia machista, es por múltiples causas y se presenta en cualquier espacio.

El Estado dominicano, una vez más se deja sorprender, ahora en su sistema de justicia, por el impacto de una violencia que desesquematiza en su complejidad socio cultural. Definitivamente, hay poco empeño y poco dolor aún en las instituciones ubicadas en la ruta crítica que recorren víctimas y agresores.

SusiPola@gmail.com

"DECLARACIÓN DE LA COALICION DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRAVESTIS, TRANSEXUALES, TRANSGENERO E INTERSEX DE LAS AMERICAS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA." Asunción, Paraguay, 04 DE JUNIO DE 2014

DECLARACIÓN DE LA COALICION DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRAVESTIS, TRANSEXUALES, TRANSGENERO E INTERSEX DE LAS AMERICAS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Asunción, Paraguay, 04 DE JUNIO DE 2014

 

Señor Secretario General, Señoras Ministras y Señores Ministros, integrantes de las delegaciones oficiales, colegas de la sociedad civil:

 

Las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, en adelante LGBTTTI reunidas en la Ciudad de Asunción, del 3 al 5 de junio de 2014 conforme a las directrices establecidas por la Asamblea General de la OEA que determinan un marco normativo para aumentar y fortalecer la participación de la Sociedad Civil en la OEA y en el proceso de Cumbres de las Américas, expresan que:

 

El colectivo LGBTTTI saluda el que esta Asamblea tenga como tema central el Desarrollo con Inclusión Social, por entender que la exclusión por cualquier motivo produce efectos sociales y económicos indeseables que deben ser tomados en cuenta por los Estados. Los grupos sociales discriminados son marginados de los beneficios del desarrollo, presentan mayores niveles de pobreza y son más vulnerables a la violencia.

 

Para que el desarrollo sea incluyente debe tener un enfoque de derechos humanos que tome en cuenta las especificidades de las poblaciones discriminadas, como son las personas LGBTTTI, las afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las trabajadores y trabajadores sexuales, las personas adultas mayores, las personas privadas de la libertad y otros grupos.

 

La exclusión de una parte de la población de los beneficios del desarrollo no sólo viola sus derechos humanos sino que además empobrece el capital social de la nación en su conjunto. No puede haber desarrollo pleno cuando a las personas LGBTTTI se les margina del derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la justicia.

 

El acoso y el bullying a niños y jóvenes gays, lesbianas y trans en las escuelas, cuando no su exclusión directa del sistema escolar, les niega las destrezas necesarias para su posterior inserción en el mundo laboral. Sumado a la discriminación en las contrataciones y los despidos arbitrarios debido a prejuicios homofóbicos, el resultado es que un gran número de ciudadanos y ciudadanas se ven impedidos de ejercer sus derechos en el ámbito laboral. La pobreza resultante es particularmente evidente en el caso de las personas transexuales y transgénero, que sufren la discriminación laboral en grado extremo, y en el de las lesbianas, cuya marginación es potenciada por el sexismo que las afecta como mujeres.

 

La prevención y sanción de la discriminación laboral por motivo de orientación sexual e identidad de género son por tanto imprescindibles para el logro del desarrollo pleno. Los Estados deben adicionalmente poner en marcha políticas de acción afirmativa en la capacitación profesional y técnica de la población LGBTTTI, a fin de hacer más efectivas las políticas que buscan la incorporación de todos los grupos sociales a los planes de desarrollo.

 

Otro ámbito de gran preocupación para la comunidad LGBTTTI es el de la seguridad ciudadana y la violencia, visto que América Latina y el Caribe sigue siendo la región del mundo con el mayor número de crímenes de odio. En la mayoría de los países de la región no se reconoce ni se sanciona la violencia motivada por la homofobia/ transfobia / lesbofobia, lo que aumenta la vulnerabilidad de este colectivo social y la impunidad. En el caso de las personas trans, la falta de reconocimiento legal de su identidad las coloca en una situación de inseguridad adicional que las expone a la violencia -incluyendo la cometida por la policía- y les impide al acceso a la justicia.

 

Nuestro colectivo desea manifestar preocupación por la negativa de los Estados del CARICOM por invisibilizar a las personas LGBTTI y no asumir sus responsabilidades políticas. Además de afectar su dignidad y su calidad de vida, la falta de reconocimiento de los derechos ciudadanos de este sector promueve su marginación social y económica e impide su incorporación a los procesos de formación de capital humano indispensables para el desarrollo.

 

Por otro lado, deseamos expresar a los Estados miembros nuestra agradecimiento por la adopción de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Exhortamos a todos los países de la región a adherirse a estas convenciones, demostrando de esta forma su compromiso con los derechos humanos de toda la ciudadanía, sin exclusiones.

 

También expresamos a la Comisión Interamericana nuestra satisfacción por la creación de la Relatoría Sobre los Derechos de las Personas LGBTI. Así como rechazamos cualquier atentado contra la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana.

 

Expresamos por último nuestra desazón ante el discurso intolerante y de incitación al odio por parte de sectores fundamentalistas en Paraguay y en otros países de la región, incluyendo algunos altos funcionarios de los estados, que de manera abierta continúan oponiéndose al reconocimiento de derechos de las personas GLBTTTI incluidas en las resoluciones y convenciones aprobadas por este organismo.

 

En virtud de lo anterior demandamos que los Estados Miembros:

 

1.  Firmen, ratifiquen y ejecuten la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y Formas Conexas de Intolerancia.

 

2.  Adopten legislaciones y políticas públicas conformes a los compromisos asumidos en las resoluciones sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género aprobadas por las anteriores asambleas generales.

 

3.  Adopten medidas que aseguren el acceso a la justicia, garanticen el debido proceso e  impidan la impunidad, bajo los principios de no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

 

4. Adopten estrategias de salud integral y específica para poblaciones LGBTTTI, con particular énfasis en las necesidades diferenciadas de las personas trans.

 

5. Revisen sus marcos legislativos, derogando leyes que criminalicen las relaciones entre personas del mismo sexo.

 

6.   Adopten leyes que reconozcan la identidad de género de las personas trans.

 

7. Que se adopten leyes y se actualicen los cuerpos normativos para garantizar el reconocimiento de los difirentes tipos de familia.

 

8. Eliminen procedimientos médicos donde se sometan a mutilaciones genitales a niños y niñas intersex y elaboren protocolos basados en derechos humanos y respeto a la identidad de género.

 

9.  Promuevan la participación directa de las personas LGBTTTI y grupos de la sociedad civil en los diálogos, consultas, definición y elaboración de los planes nacionales de desarrollo.

 

10. Que los estados del CARICOM, en los próximos dos años, definan políticas que respondan a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas LGBTI y mejoren los mecanismos en la planificación de las políticas estatales para que incluyan servicios para jovenes LGBTI.

 

11. Exhortamos a los Estados miembros a dotar de recursos financieros, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, para implementar acciones que garanticen su pleno desarrollo y  la restitución de derechos de los hombres y mujeres LGBTI afrodescendientes de las américas.

 

12.  Consideren la propuesta de una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

                                                           
Que la Asamblea General:

Apruebe el proyecto de Resolución "Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género" presentada por la delegación de Brasil y los paises copatrocinantes, cuya iniciativa agradecemos.