PRONUNCIAMIENTO
El Foro Feminista, espacio de articulación de mujeres
comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país, alerta
a la sociedad dominicana ante las intenciones de representantes de la alta jerarquía
de la iglesia católica de impedir la despenalización del aborto terapéutico y la tipificación del feminicidio en el nuevo
Código Penal, actualmente en discusión en el Congreso Nacional.
Ante este inaceptable propósito,
que desconoce el deber del Estado de reconocer y proteger derechos humanos de
las mujeres así como la voluntad y opinión de la ciudadanía, reiteramos
nuestras demandas a los legisladores y legisladoras del Congreso Nacional.
Demandamos
la inclusión de la figura del feminicidio en el nuevo Código Penal:
-
Porque al igual que otros delitos, como el infanticidio y
el parricidio, la tipificación del feminicidio visibiliza la mayor peligrosidad
y gravedad que conlleva dar muerte a una mujer mediando ideologías machistas y relaciones
desiguales de poder del autor sobre la víctima, y éste es un mensaje dirigido a
educar a la sociedad y reducir la comisión de estos hechos.
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Visibilizar y sancionar el feminicidio en el Código Penal
transmite un mensaje de intolerancia social a un hecho que además reviste dimensiones
alarmantes en nuestra sociedad.
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En la República Dominicana pierden la vida más de 150
mujeres en promedio cada año, como resultado de la violencia machista.
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República Dominicana es uno de los países
de la región que presenta las más altas tasas de feminicidios, al llegar a 1.27
por cada 100 mil habitantes (CEPAL, 2011).
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Las mujeres en nuestro país son privadas de su vida,
dentro de sus hogares y fuera de ellos, por causas vinculadas a su condición de
género, y el Estado tiene el deber de protegerla a través de todos los
mecanismos a su alcance, incluida la ley penal.
Demandamos
también la despenalización del aborto cuando peligra la vida de la mujer y
cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto.
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República Dominicana es uno de los 8 países del mundo en que
se criminaliza el aborto en todas las circunstancias. Este hecho, lejos de
denotar una excepcional protección del Estado a los Derechos Humanos, nos ubica
en la reducida lista de países que en siglo XXI aún no reconocen que la total
penalización del aborto representa una flagrante violación de Derechos Humanos
de las mujeres, entre ellos del derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a
la integridad y a la no discriminación.
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La penalización del aborto en todas las circunstancias
obliga a las mujeres pobres de este país a recurrir a vías inseguras que ponen
en peligro su vida y su salud; en consecuencia, la penalización del aborto sin
excepciones promueve e institucionaliza la injusticia social.
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La
penalización del aborto sin excepciones, impone la maternidad forzada a las
mujeres y niñas víctimas de violación o cuyos embarazos ponen en peligro su
salud y su vida.
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Fuentes de consulta a la ciudadanía, como el Barómetro de las Américas (2012), informan
que más del 60% de la población consultada opina que la despenalización del
aborto terapéutico es una necesidad. No atender estas
opiniones mayoritarias equivale a dar la espalda a la ciudadanía, por esa razón la despenalización del aborto bajo las causales enunciadas es también
un asunto de defensa de la democracia y el Estado de Derecho.
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Si bien la penalización absoluta del aborto impide su
estimación e impacto directo en la mortalidad materna, estimaciones basadas en
fuentes oficiales hablan de un mínimo de 22 y un máximo de 69 muertes maternas
vinculadas a complicaciones por aborto, la mayoría de ellas evitables.
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Las decisiones de política pública
no pueden basarse en dogmas religiosos que además atentan contra la libertad de culto, de
conciencia y de religión, al pretender imponer
la concepción moral de su religión por
encima de los derechos humanos y al margen de toda evidencia científica, jurídica
y social.
Estamos conscientes de la gran
responsabilidad que tienen los legisladores y legisladoras y esperamos que
honren los compromisos que ha asumido el Estado dominicano ante la comunidad
internacional, pero sobre todo que honren el compromiso que tienen con las mujeres
que vivimos en este país, quienes no constituimos un grupo ni un sector, sino
la la mitad de la población dominicana.
Estaremos atentas y vigilantes de las
decisiones de quienes están llamados a representar y defender nuestros derechos.
FORO FEMINISTA
Santo Domingo, 11 de junio del 2014
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