Como dijo este año el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-Moon, la corrupción malogra las oportunidades, crea desigualdades flagrantes, socava los derechos humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y distorsiona los mercados.
El domingo pasado fue el Día Internacional Contra la
Corrupción, establecido por la Asamblea General de la ONU en el 2003,
para llamar la atención a la cantidad de recursos públicos malversados y
robados con sus consecuencias para la salud, educación, vivienda y
demás necesidades fundamentales de las personas.
En la República
Dominicana, ubicada entre los países donde hay más corrupción, nos
arropa con consecuencias negativas que comprometen la vida de la
ciudadanía, un costo que ya el país se ha cansado de pagar. De la región
de Latinoamérica y el Caribe, nos ubicamos entre los 15 países con
mayor corrupción.
Las secuelas de la corrupción son
desproporcionadamente negativas para mujeres y niñas, porque comprometen
seriamente su acceso a centros educativos y clínicas de calidad, su
propio empoderamiento social y económico e incluso las perspectivas para
el país de crecimiento, igualdad de género y equidad en general.
Las
investigaciones sociales aseguran que las mujeres somos las más
afectadas por los resultados de la corrupción, debido a la brecha de
desigualdad existente entre los hombres y las mujeres, en detrimento de
estas últimas, especialmente en países en vías de desarrollo como el
nuestro, donde la brecha de género tiene una tasa en rango 73 entre 134
países, y un valor de desigualdad debajo de uno, 0.6774, de acuerdo al
índice del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para mayo de
2011.
Como dijo este año el secretario general de la Organización
de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-Moon, la corrupción malogra las
oportunidades, crea desigualdades flagrantes, socava los derechos
humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y
distorsiona los mercados. Además, dice Ki-Moon, agudiza los problemas
ambientales, a causa del vertimiento ilegal de residuos peligrosos y el
comercio ilegal de la fauna y la flora facilitados por el soborno y los
incentivos encubiertos que determinan a quién se han de adjudicar los
contratos, en particular cuando se trata de proyectos de infraestructura
a gran escala sumamente lucrativos.
Cuando existe corrupción en
la prestación de servicios básicos, todos los sectores sufren y los
efectos pueden continuar manifestándose generación tras generación, pero
las mujeres y las niñas soportamos en mayor medida por: la dificultad
que tenemos para acceder a los recursos; somos las principales usuarias
de los servicios públicos; tenemos menos voz y participación político
social y estamos menos implicadas en funciones públicas y
administrativas relacionadas con la prestación de servicios clave tales
como agua, salud, saneamiento y escolarización; quedamos al margen de la
toma de decisiones y finalmente, nuestros derechos no gozan de la
protección adecuada.
La corrupción profundiza la pobreza, ¡y la feminiza!
susipola@gmail.com

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